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La vicepresidenta cuenta con allegados en lugares estratégicos dentro del organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont.
Cristina Kirchner comenzó con el reparto del poder y dentro de la AFIP ya ubicó allegados en lugares estratégicos del organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont.
Por debajo de la administradora, la excuñada de Máximo Kirchner y abogada Virginia García, encabeza la Dirección General Impositiva, la más importante de las tres direcciones por recaudar y fiscalizar el 60% de los impuestos y controlar buena parte de los casi 25.000 agentes repartidos en las 500 dependencias de la AFIP. García ya fue directora de la AFIP en Río Gallegos y luego senadora nacional con silla en el Consejo de la Magistratura.
Por su parte, la Dirección de Recursos de la Seguridad Social, la segunda más importante en volumen de fondos, estará en manos de Carlos Castagneto, un exarquero y contador que llegó a ser el viceministro de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner.
Mercedes Marcó del Pont
La subdirectora de Servicios al Contribuyente será Patricia Vaca Narvaja, tía de Camilo Vaca Narvaja (padre del nieto de Cristina) y exembajadora en México designada por la expresidenta. Mariano Abbruzzese ocupará la subdirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, responsable de monitorear a las empresas más grandes del país. Abbruzzese es hijo de Beatriz Paglieri, exinterventora del INDEC durante la gestión de Guillermo Moreno y exdirectora adjunta de la Aduana.
Otra gura vinculada a Del Pont es la abogada santafesina Susana Traverso, quien quedó al frente de la Dirección de Aduanas, donde se tramitan permisos de embarques y se tejen relaciones con los gobernadores.
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El brutal asesinato de Rita Mabel Suárez el jueves 15 de agosto en Villa Luzuriaga ha reavivado el intenso debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el nuevo epicentro de una polémica entre el gobierno nacional y el provincial del gobernador, Axel Kicillof.
El subsecretario de Medios, Javier Lanari, expresó contundentemente que “La Provincia es un baño de sangre” y acusó a la administración bonaerense de “proteger delincuentes y fomentar la violencia”. Por otro lado, Kicillof reclama que el gobierno nacional “quitó 750 mil millones de pesos de un fondo que estaba destinado a seguridad”, equivalente según él a “la compra de 10.000 patrulleros”. El gobernador habría creado un programa provincial de $170.000 millones con recursos propios para fortalecer el despliegue policial. “Sí salis, no sabes sí volvés”, declaró una vecina sobre el violento hecho.
Kicillof ha intentado despolitizar el debate, señalando que “algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor” y criticando que “se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”. Sin embargo, el funcionario reconoció la gravedad de la situación: “Asumo una responsabilidad sobre la seguridad de 17 millones de bonaerenses”.
Rita Suárez, una preceptora de 47 años y madre de dos hijos, fue asesinada a tiros mientras esperaba en su automóvil que su hija saliera de una clase de canto en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.
Según fuentes e imágenes de cámaras de seguridad, tres delincuentes —un mayor de 19 años y dos menores— intentaron robarle el Renault Sandero Stepway. Uno de los asaltantes, sin mediar palabra, abrió fuego a corta distancia a través del vidrio del conductor. Rita recibió el disparo mientras permanecía en el vehículo.
El hijo adolescente de la víctima, de 15 años, presenció la escena. En las grabaciones se lo escucha gritar desesperado: “Mamá, no”, mientras veía cómo disparaban contra su madre a solo unos centímetros. La mujer agonizó alrededor de 20 minutos hasta que un vecino la trasladó a la clínica Cruz Celeste de San Justo, donde finalmente falleció.
El crimen se produjo apenas 24 horas después de otro atroz suceso en el mismo partido, cuando motochorros asesinaron a una joven de 23 años en González Catán. En lo que va de 2024, La Matanza contabilizó 155 homicidios, once víctimas más que en 2023. Por su parte, 128.477 robos denunciados en 2024, representando un incremento del 18% respecto a 2023, junto con un aumento del 56% en homicidios en ocasión de robo en 2023 y el aproximado de 15 robos por hora (un robo cada cinco minutos), alimentando el reclamo de vecinos y autoridades por más medidas de seguridad.
Rita Suárez era una persona conocida y querida en su comunidad: trabajadora de la educación, fanática de la banda La Renga y responsable de un emprendimiento llamado “Bordando Rock”. Su muerte, frente a su hijo adolescente, movilizó tanto a los vecinos como a las autoridades educativas de la zona.
La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró un rápido esclarecimiento del caso gracias a un detalle insólito. Los delincuentes habrían pagado sus compras con billeteras virtuales. Tras cometer el crimen, los tres sospechosos compraron agua en un supermercado chino ubicado a seis cuadras del lugar del asesinato, donde Máximo José Leguizamón (17 años) pagó con una aplicación a su nombre.
Posteriormente, tomaron un remis que abonaron con otra billetera virtual perteneciente a Alex Uriel Muñoz (19 años), quien fue detenido en su domicilio de Rafael Castillo vistiendo la misma ropa del momento del crimen. En el allanamiento se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, cincuenta municiones y prendas manchadas con sangre. Un menor continúa prófugo.
Tomás Ise Figueroa no es un improvisado ni un desconocido. Hasta diciembre de 2023 se movía como asesor de José Emilio “Pichón” Neder en el Senado, histórico operador del zamorismo y una de las espadas políticas más fuertes del norte argentino. Hoy aparece con el sello de La Libertad Avanza como candidato a senador nacional en Santiago del Estero.El giro desconcierta a propios y ajenos: de engranaje de la maquinaria kirchnerista y zamorista a “libertario” de pura cepa en cuestión de meses.
El burócrata aportó $1.778.400 para la campaña de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo a través de una transferencia bancaria, el 8 de agosto de 2019, según confirman los registros de la Cámara Nacional Electoral. Fue el segundo financista individual más importante del Frente de Todos, solamente superado por el empresario santafesino Walter Grenón.
A valores de hoy, el monto aportado por Figueroa ronda los $70 millones.
El contraste no termina ahí. Además de haber sido asesor del zamorismo y financista del kirchnerismo, Figueroa ni siquiera reside en Santiago del Estero: vive en la Ciudad de Buenos Aires.
La militancia libertaria, que esperaba renovación y ruptura, estalló en redes sociales. Varios jóvenes lo tildaron de “caballo de Troya” y otros directamente de “garrón”. El descontento se hizo sentir: quienes apoyaron a Milei en la calle no entienden cómo la dirigencia eligió a un exfinancista K como la cara visible en una provincia clave.
La conducción de LLA en Santiago defiende la jugada. Figueroa no solo asumió la presidencia provincial del partido de Karina Milei, sino que además diseñó el armado junto a dirigentes locales y se encargó de garantizar recursos para una campaña que, de otra manera, sería imposible de financiar. Para ellos, pesa más la capacidad técnica y económica que la “pureza ideológica” que reclaman los militantes de primera línea.
El contraste es brutal. Milei construyó su discurso sobre el rechazo frontal al populismo y a la casta política, pero en Santiago lo representa un hombre que trabajó con el zamorismo y aportó a la caja del kirchnerismo.
La lista completa de LLA en la provincia también muestra un armado con nombres variados: Andrea Jorge acompaña a Figueroa en el Senado, mientras Laura Godoy y Matías Faila encabezan las candidaturas a diputados nacionales. Ítalo Cioccolani, por su parte, competirá por la gobernación. Un mix de dirigentes jóvenes, empresarios y técnicos que intentan vender como “renovación”.
El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.
Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias.
De hecho, Catalán supo trabajar “codo a codo” con Guillermo Francos, hasta este miércoles, que fue nombrado jefe de Gabinete. Ahora es él quien maneja la cartera de Interior.
No obstante la designación de marras, Catalán ya había sido puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hacía ad honorem.
Se trata de un abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.
Supieron depender de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.
A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros. Uno de ellos, el de cobrar “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.
Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.
No es el único choreo: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.
Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata.Específicamente debe poner la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.
Algo similar ocurrió en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propuso como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales. Pero esa es otra historia…
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei fue citada por la Comisión Investigadora al estar mencionada en la causa $LIBRA tras haber permitido el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda. Su papel resulta clave en la investigación, ya que fue quien facilitó las reuniones entre su hermano, el Presidente, y los creadores de la estafa cripto.
Según lo recabado, los registros de la Casa Rosada muestran múltiples visitas de los principales involucrados en el esquema, incluyendo a Hayden Mark Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (KIP Protocol), los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (organizadores del Tech Forum), y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, han surgido acusaciones más graves. De acuerdo con mensajes de texto revelados por el sitio web CoinDesk, Hayden Davis subrayó que podía “controlar” al actual mandatario debido a los pagos que realizaba a su hermana.
– La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA designó al diputado nacional Maximiliano Ferraro, del bloque de la Coalición Cívica, como presidente
“Yo controlo a ese negro. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, afirmó Hayden Davis.
La comisión aprobó un reglamento interno que le otorga facultades extraordinarias, incluyendo la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados. Esta medida fue pensada específicamente para casos como el de Karina Milei, donde existía la posibilidad de que los señalados se rehúsen a comparecer ante la Justicia.
En total, 19 personas fueron convocadas a declarar ante la comisión investigadora. Entre los funcionarios gubernamentales figuran la propia Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial, Damián Reidel, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik y la exintegrante de la UTI $LIBRA, María Florencia Zicavo.
A la lista se suman otros nombres vinculados a la investigación, cómo Walter Kerr, traductor de Casa Rosada, Diógenes Casares, empresario que denunció el pago de sobornos y Charles Hoskinson, cocreador de Ethereum.
Aparte de las citaciones, la comisión decidió enviar un cuestionario escrito a Javier Milei, quien tiene cinco días hábiles para responder. Esta decisión se tomó como una vía intermedia antes de considerar una citación directa al mandamás.
El caso ha escalado a acusaciones de corrupción severas. Casares, hijo del empresario millonario Wenceslao Casares, aseguró en una entrevista que una autoridad estatal cobró por el tuit de Milei donde promocionaba el activo. Hoskinson, reveló que allegados al gobierno le ofrecieron sobornos para organizar una reunión con el presidente. Estas acusaciones se han visto reforzadas por el análisis de las transacciones de dinero digital, que revelan que tres de las cuatro billeteras que se beneficiaron con 100 millones de dólares aparecen etiquetadas con el nombre “Milei”.
– Gabriel Bornoroni (LLA): “se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías, en un mecanismo que va a dejar un precedente que vamos a impugnar”
La nueva estructura investigativa está bajo el liderazgo de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien fue designado presidente de la Comisión Investigadora después de cuatro meses de parálisis institucional. La comisión había permanecido empantanada debido al empate de 14 diputados oficialistas y 14 de oposición, situación que se resolvió cuando la oposición impuso una resolución que permite elegir autoridades basándose en los bloques que representen más diputados.
Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), fue nombrado secretario, mientras que la vicepresidencia quedó vacante debido al retiro del oficialismo. El oficialismo libertario impugnó esta designación y anunció que apelarán la decisión.
El gobierno intentó crear una “autoinvestigación” a través del Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción. Zicavo fue designada al frente de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), aunque críticos señalaron que era imposible que una funcionaria investigue seriamente a su propio jefe. La Oficina Anticorrupción, dirigida por Melik (exsocio del ministro de Justicia), cerró su investigación en junio de 2025 sin encontrar irregularidades, una acción que generó desconfianzas adicionales.
En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.
El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.
La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.
Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado había salido a la luz que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.
“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo un general en actividad, que mira los números con preocupación.
En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta del diario La Nación.
EL RETRASO SALARIAL:
Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía agosto último a $1.160.780.
Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.109.913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $987.202. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $889.995y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $806.045.
Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $853.088, un cabo primero, $765.596 y un cabo segundo, $765.596.
En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.
Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.
“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.
Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.
“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.
El exsecretario de Cultura argentino y actual coordinador de la Cátedra Vargas Llosa comenzó su análisis ratificando una afirmación propia. “El domingo publiqué un artículo en la Agencia Noticias Argentinas en el que decía ‘el Gobierno es el mayor enemigo del Gobierno’. La calamitosa elección del domingo confirmó esa teoría. Luego de que Milei dijera que iba a haber un ‘empate técnico’, el PJ arrasó al oficialismo. La torpeza infinita de La Libertad Avanza provocó esta paliza”.
Frente a este escenario, propuso “hacer un poco de historia”. Y recordó: “El país venia de cuatro años catastróficos de gobierno de Alberto Fernández, en el cual la inflación desangraba la economía de las personas, y hubo un encierro infinito por la pandemia que destrozó negocios y empresas y lógicamente dañó la psiquis de muchas personas. Para completar el desastre, el candidato del PJ que ganó la primera vuelta era Sergio Massa, que encarnaba todo lo malo de la política que había arruinado a miles de argentinos. Milei salió segundo votado por gente que estaba enojada y buscaba algo nuevo y romper el sistema corrupto argentino. A Juntos por el Cambio no le alcanzó y muchos de sus votantes históricos votaron por Milei”.
Y continuó: “Nadie sensato pensaba que Milei estaba en condiciones psíquicas de ser presidente, pero las opciones eran Milei o Massa.El loco inocente contra el representante de todo lo malo de la política argentina y continuador del peor gobierno de la historia democrática argentina. Cuando Macri le dio su apoyo, después de la primera vuelta, todos pensamos en una virtual coalición. Argentina no tiene un sistema parlamentario donde las coaliciones se realizan para poder formar gobierno, pero Milei no tenía partido ni personas formadas para ocupar los miles de cargos que hay en un gobierno y, además, no había ganado la primera vuelta y necesitaba imperiosamente que la gente que había votado a Bullrich lo votara a él. Así llegó Milei a presidente”.
Pero para Lopérfido ese no fue el único problema: “Para peor, Milei siguió insultando y diciendo tonterías como en campaña. Él y sus seguidores se dedicaron a insultar a todo el que planteaba diferencias. ‘Mandriles’, ‘viejos meados’ eran algunos de los insultos proferidos a, especialmente, gente que venía del macrismo y que lo había votado. Insultar a gente que te votó es una idiotez enorme. Insultó a dirigentes y a periodistas. Todo eso ya era grave, pero, además, nos enteramos de que había corrupción. Cuando uno llega al gobierno hablando de la ‘casta corrupta’, tiene que hacer una administración inmaculada. Este es un gobierno con problemas serios de corrupción. Desde el caso $Libra hasta ‘el 3%’ de Karina y los Menem hay demasiadas sospechas sobre corrupción. Se volvieron intolerantes echando a gente porque no seguía los designios de Karina y reciclaron a toda clase de peronistas en un armado que no tiene nada de liberal. Insultaron a los homosexuales y a los discapacitados”.
En ese contexto, continuó, “el único logro económico es haber bajado la inflación, pero no hay señales de recuperación económica”; de hecho, agregó, “en Argentina todo es carísimo y hay gente que no llega a fin de mes. La clase media y los jubilados están muy mal”.
Y concluyó: “Esta gente tenía una oportunidad única y la dilapidó rápido. Ya son la vieja política. La soberbia y la mediocridad suelen arruinar los proyectos. En medio de la crisis siguen matándose entre ellos. El daño autoinducido es muy difícil de levantar”.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
