La oposición presentó una nueva denuncia por las irregularidades en el reparto del programa de asistencia estatal, Potenciar Trabajo. Desde la bancada del PRO solicitaron que se investigue el rol de los funcionarios que aprobaron las adjudicaciones sobre las que no hubo ningún control previo.
La nueva denuncia se formalizó luego de que se conocieran varias irregularidades en el reparto del Potenciar Trabajo, tales como la entrega del beneficio social a personas fallecidas o a personas que declararon Bienes Personales, eran propietarios de autos 0KM e incluso compraron dólares. Esta denuncia presentada por el diputado Waldo Wolff se sumará a la investigación que inició el fiscal Guillermo Marijuan el viernes pasado, en donde le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe información sobre los beneficiarios que, percibiendo esta ayuda estatal, compraron dólares o declararon Bienes Personales.
“Presente denuncia penal contra los 2.800 estafadores que cobraron planes beneficiarios de personas muertas y pedí también que se investigue la responsabilidad penal de funcionarios e intermediarios“, adelantó el diputado opositor en redes.
En la presentación de Wolff se pide que se investiguen las irregularidades y falta de controles que apunta al rol de la Secretaría de Economía Social, comandada por el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. La secretaría de Empleo Social es la autoridad de aplicación del Potenciar Trabajo, es por ello que se apuntó directamente contra Pérsico, dado que es el encargado de entregar los beneficios económicos del Estado a los movimientos sociales.
Asimismo, su liderazgo en el Movimiento Evita se volvió un problema. En parte porque hay un evidente conflicto de intereses y también porque es una de las agrupaciones que más planes sociales recibe.
“Hay que identificar quiénes cobraron en nombre de los muertos, eso es estafa y puede haber defraudación al Estado. Y hay que investigar al movimiento social” correspondiente, dependiendo cada beneficiario, “para saber si habría algún funcionario responsable”, declaró Wolff al medio Clarín. Y agregó: “Hay que identificar a las personas y recuperar ese dinero“.
Por su parte, el fiscal Marijuan realizó un pedido de información a la ministra Tolosa Paz, sobre el informe solicitado a la AFIP por el exministro Zabaleta. Fue esta investigación preliminar la que detectó varias irregularidades en el cobro y manejo de la caja del Potenciar Trabajo. En ese relevamiento se expuso que hay 35 mil personas comprando divisas mientras perciben el beneficio social, otras 52.987 son propietarios de más de un inmueble y también otros que poseían autos, embarcaciones, aeronaves o prepagas de salud.
A la presentación de Wolff, previamente se solicitó la citación de Tolosa Paz a través de un proyecto de resolución de carácter “urgente” presentado por Graciela Ocaña. En el mismo pidió la presencia de la ministra de Desarrollo Social ante la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja por la “probable existencia del delito de defraudación al Estado”. Por el momento no hubo respuestas por parte de la ministra.
A estas exigencias se sumó la Coalición Cívica quien también puso bajo la lupa los descuidos de Desarrollo Social: “Suponemos que hay una cantidad importante de las personas que tenían incompatibilidades para recibir le plan ingresaron al Potenciar Trabajo con la verificación directa de la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Economía Social, cuyo titular es Emilio Pérsico y que está integrada por funcionarios que son dirigentes de organizaciones sociales”, sostuvieron.
