25 septiembre, 2025

Causa Vialidad | El fiscal Luciani rechazó los pedidos de nulidad y el proceso se encamina al veredicto

Continúan los trámites judiciales previos a la posibilidad de que los acusados digan sus últimas palabras antes de la sentencia.
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El fiscal federal Diego Luciani volvió a hablar en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en el que pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y pidió que se rechacen los planteos de nulidad de las defensas. El letrado sostuvo que “el alegato se sostiene por sí mismo” y rechazó ingresar a la etapa del juicio de réplicas y dúplicas.

“No tenemos nada que replicar, nada que contestar”, aseguró el funcionario judicial y así despegó la duda de si iba a habilitar esa etapa del proceso. Sin embargo, la defensa del empresario Lázaro Báez objetó a la Fiscalía. Dijo que sí hizo réplicas y pidió el derecho a contestarlas. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aceptaron parcialmente el planteo y el abogado Martín Villanueva podrá responder el viernes.

La audiencia comenzó poco antes de las 10. Estaba destinada a que el fiscal conteste los planteos de nulidad que las defensas hicieron en sus alegatos. Pero iba a ser clave para saber si aceptaba que haya réplicas y dúplicas en el juicio. Luciani dijo que no usará esa etapa.

“No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una replica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar“, dijo Luciani al comienzo de su exposición ante el Tribunal Oral y las defensas.

Causa Vialidad
El fiscal federal Diego Luciani

La decisión del fiscal tiene impacto en el cronograma del juicio. Si aceptaba la etapa de réplicas y dúplicas se debían destinar algunas audiencias a ese momento. Pero así se pasa directamente a las últimas palabras de los acusados. La expectativa es que los jueces armen el cronograma de esa etapa porque cuando hable el último acusado deberán dar el veredicto. Los magistrados tiene la idea de darlo antes de fin de año.

Con la postura del fiscal parecía que todo se encaminaba hacia las últimas palabras y el armado del cronograma por parte del tribunal. Luego, Luciani comenzó a contestar las nulidades que hicieron las defensas durante sus alegatos. Son 5 y corresponden a las defensas de Báez, del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Causa Vialidad
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner

Al cierre de su presentación 2 defensas dijeron que en rigor la Fiscalía sí hizo réplicas y pidieron poder contestar. Fueron el abogado del empresario Lázaro Báez, Martín Villanueva, y el ex funcionario de Vialidad, Mariano Fragueiro Frías.

Tras un cuarto intermedio, los jueces dijeron que efectivamente la Fiscalía había introducido un tema que no se habían tratado en los alegatos. Se trata del acceso a la información pública o no de la defensa de Báez a documentación que expuso. El fiscal dijo que la defensa había anunciado que iba a aportar esa documentación a la causa y no lo hizo. Sobre ese punto contestará la defensa el viernes a las 9.30. Tras esa respuesta se espera que el Tribunal Oral de a conocer el cronograma de las últimas palabras y del veredicto.

Causa Vialidad
El empresario kirchnerista Lázaro Báez

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la vicepresidente pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para López, para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vilidad, Nelson Periotti, entre los principales acusados.

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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