Salta | Mario Mimessi pierde el apoyo de la UCR y cuenta con una DENUNCIA POR INCUMPLIDOR

El intendente de Tartagal, Mario Mimessi, ya no es el máximo referente del radicalismo en la provincia y desde el espacio buscan desplazarlo.
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Semana complicada para el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, quién atraviesa días de mucha furia y valium tras darse cuenta que elecciones y política no son lo mismo. Por un lado, está la aceptación popular que, guste o no, puede tener en su tierra natal donde fue electo jefe comunal, diputado, concejal y convencional constituyente.

Otra, muy distinta, es el partido, la fuerza política que esta vez no le perdonó que quiera morder la mano que le dio de comer durante muchos años, dejándolo a cargo de todo durante algunos años.

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El intendente de Tartagal ya no es el máximo cabecilla del radicalismo en la provincia

Quiera o no, Mimessi debe de aceptar que él ya no es el máximo referente del radicalismo en la provincia. Este puesto se lo llevó Miguel Nanni quién, con apoyo externo y a pesar de tener pocos adherentes que comulguen con su postura, terminó llevándose la convención radical del sábado pasado en el bolsillo y, de forma casi asegurada, su candidatura a renovar la banca que hoy ostenta en la Cámara de Diputados de la Nación.

Lo ocurrido el sábado dejó a Mimessi muy mal parado. El cacique del norte arribó con todas las intenciones de arrasar en su idea de no permitir que la Unión Cívica Radical (UCR) forme parte del armado de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia.

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El dirigente Luis Zavaleta apoya de forma indirecta a Mario Mimessi

Apoyado indirectamente por el dirigente Luis Zavaleta, y con ideas similares a las del presidente del Comité Capital, Rubén “Chato” Correa, fracasaron frente a los votos obtenidos por Miguel Nanni que, aunque fue “bendecido” por el presidente del radicalismo nacional, Gerardo Morales, quién también quiere apartarse del macrismo a como dé lugar, determinaron que los correligionarios participen en JxC.

Ante esto, los seguidores de Mimessi, entre los que se encuentran funcionarios de su Gabinete comunal y dos legisladores provinciales, arremetieron con fuertes críticas carentes de fundamentos en contra del cafayateño Nanni quien, para su desgracia, tiene mucho de dónde dar que hablar. Aun así, la política esta vez le dio la derecha  y será él quien decida cómo accionará el próximo 14 de agosto.

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El diputado Miguel Nanni se encargó de posicionarse con su voto

Sumado a estos problemas, que ya tienen a maltraer al alcalde norteño cuyos reales propósitos son acompañar al peronismo que lleva las riendas de la provincia desde hace varios años; está la posible denuncia que reciba en las próximas semanas por parte de la Auditoría General que detectó serias irregularidades en el Municipio del departamento San Martín.

Gustavo Ferraris, presidente del organismo de control, afirmó días atrás que entre los 10 municipios que adeudan documentación referente a la gestión, se encuentra Tartagal, cuyo intendente, Mimessi, no rindió cuentas de la plata que recauda en municipio en diversos conceptos, tal vez la obligación más importante que tienen todos los jefes comunales.

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Gustavo Ferraris se encargó de exponer al Municipio de Tartagal por sus faltas

Esto, sin dudas, deja al “Gato” encerrado, o al menos acorralado, ante la posibilidad de que los poderes legislativos de la provincia pudieran avanzar en un juicio político contra él ya que la Constitución de Salta lo considera causal de mal desempeño de funciones; un delito.

Además, la AGP también puede denunciar a Mimessi por incumplimiento de deberes de funcionario. Ahora, de este modo, se entiende el interés de Mario René de acompañar en todo lo posible al oficialismo, en leyes como la suspensión de las PASO o el presupuesto, ya que lo tienen, como dirían en el barrio, “agarrado” de partes que riman con “nuevos”. Si se va del frente, pierde apoyo y podrían venirse tiempos judicial y administrativamente severos de cara al 2023.

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

CÓRDOBA | Los millones que se lleva Luis Majul del gobierno de Llaryora

A pesar de que el reconocido periodista mantiene históricamente una postura mediática anti-peronista, a Luis Majul no parece molestarle recibir dinero de los gobiernos que, en los papeles, dice criticar. Para no extendernos demasiado en el tiempo, analizamos lo que el conductor de televisión ha facturado en el último lustro, donde se observa un flujo constante de fondos públicos provenientes de las arcas cordobesas.

A partir de una publicación realizada por el periodista Lázaro Llorens, Data 24 investigó esta situación de la pauta oficial cordobesa, y más puntualmente de la destinada al famoso periodista.

Durante la gestión de Juan Schiaretti, y según los registros de transparencia.cba.gov.ar, la empresa La Cornisa Producciones S.A. recibió transferencias millonarias bajo el amparo de la pauta oficial. Al contrastar los montos nominales con su valor real ajustado por inflación a enero de 2026, la magnitud del gasto es evidente.

Mientras los cordobeses sufrían una de las cuarentenas más estrictas y prolongadas, con comercios asfixiados, el Estado destinaba millones a la productora del periodista.

· Ejercicio 2020: Cobró $1.863.400 (ajustado por inflación: $66.023.158).

· Ejercicio 2021: Cobró $2.539.700 (ajustado por inflación: $66.097.494).

· Ejercicio 2022: Cobró $3.420.200 (ajustado por inflación: $58.971.888).

· Ejercicio 2023: Cobró $11.428.000 (ajustado por inflación: $101.155.619).

Es fundamental destacar que, en todos los casos, el objeto del gasto fue Publicidad y difusión de actos de gobierno. En términos llanos: la provincia le paga a Majul para que difunda y promocione las acciones de la gestión de turno, convirtiendo al periodista en un engranaje más de la propaganda oficial.

Tras el pico de facturación en el año electoral 2023, se observa una particularidad: durante el año 2024, Luis Majul no recibió pauta oficial de Córdoba (al menos no a través de su productora La Cornisa Producciones S.A.). Sin embargo, esta austeridad fue sólo un paréntesis.

Desde que comenzó el ejercicio 2025, Majul retomó su red de negocios con el gobierno de Martín Llaryora, llevándose $12.000.000 adicionales. A pesar de que el gobernador cordobés mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno nacional de Javier Milei —círculo donde Majul se mueve con comodidad—, los intereses económicos parecen primar sobre las diferencias políticas.

El gasto de Córdoba en pauta oficial

La gestión de Martín Llaryora se ha consolidado como una de las que más recursos destina a la propaganda en todo el país. Al analizar los dos años de su mandato, los números reflejan una política de gasto en imagen que no conoce de crisis.

· 2024: El presupuesto vigente fue de $25.121.976.705 (ajustado: $71.429.845.795), con un monto devengado (gasto ya comprometido y por pagar) de $9.820.754.220 (ajustado: $27.923.558.222).

· 2025: El presupuesto pasó a $37.291.969.000, con un devengado de $27.868.718.043.

Un dato revelador para los contribuyentes: al ajustar por inflación, se observa que en 2024 y 2025 se devengó prácticamente la misma cifra (cerca de 28 mil millones de pesos actuales). La pauta oficial es, para el mandatario, un gasto blindado contra cualquier ajuste.

Cómo acceder a la información

Todos los datos vertidos en esta nota son públicos y se pueden chequear en el portal oficial transparencia.cba.gov.ar, sección “Ejecución presupuestaria”, seleccionando el año de ejercicio. Para hallar la información puntual sobre el periodista, se debe buscar por beneficiario bajo el nombre “La Cornisa Producciones”.

*Por Augusto Grinner

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

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