13 septiembre, 2025

Causa Vialidad: se rechazó el pedido de CFK para apartar a los jueces y al fiscal que la juzgan

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra acorralada por la Justicia tras un rechazo a su pedido.
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La Cámara de Casación rechazó el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner contra la recusación de los jueces del tribunal que la juzgan en la Causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Como también contra los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Molas, con lo que ahora la vicepresidente podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

El abogado de CFK, Alberto Beraldi, había cuestionado a Giménez Uriburu y Luciani porque habían jugado al fútbol juntos en el mismo equipo amateur, Liverpool, en un torneo en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. En la misma línea, había cuestionado al juez Gorini por una reunión que mantuvo con la ex ministra y titular de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, en su despacho.

CFK
El fiscal de la Causa Vialidad, Diego Luciani

El magistrado dijo que se debió a que las fuerzas de seguridad ya habían fotografiado a Amado Boudou en pijama, cuando fue preso, y quería evitar que ocurriera lo mismo en el caso de las detenciones que dispuso por la tragedia de Once.

A estas recusaciones de Beraldi, contra los dos jueces y los fiscales Luciani y Mola, se sumaron luego los doctores defensores K de Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez y Nelson Guillermo Periotti.

CFK
El abogado de CFK, Alberto Beraldi

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del juicio, Gimenez Uriburu, Gorini y Andrés Basso, rechazaron “in limine” las recusaciones que habían planteado los defensores, ya que ninguna era causal para apartarse del caso, según informaron fuentes judiciales.

Contra esa decisión, CFK planteó un recurso de casación ante los propios jueces del tribunal oral federal número 2, pero los magistrados lo rechazaron por inadmisible. Por eso es que “La Jefa” planteó un recurso de queja directamente ante los estrados de la propia Cámara de Casación. Y este recurso de queja es el que ahora rechazó el tribunal con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

CFK
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra contra las cuerdas

Los camaristas dijeron que “las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia. Pues, no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna equiparable a ella”. Y señalaron que la Corte ratificó esta jurisprudencia.

Agregaron que la vicepresidente “no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada”, que permita considerar el caso como una excepción y habilitar la intervención de la Casación.

CFK
Los jueces que deben juzgar a CFK: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso

Asimismo, reiteraron que la defensa no demostró la arbitrariedad de la decisión de los jueces del tribunal contra el rechazo del recurso. Por eso, concluyeron de manera unánime “no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, sin costas en la instancia”.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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