26 agosto, 2025

MÁS DEUDA: Sergio Massa pidió un préstamo de 700 millones de dólares al BID

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 700 millones de dólares para "promover la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas de Argentina".
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 700 millones de dólares para que la Argentina pueda promover “la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas”.

“El préstamo ofrecerá apoyo presupuestario para que Argentina cubra sus necesidades de financiamiento de corto plazo y proteja el gasto social a grupos vulnerables y en infraestructura, mientras se implementan reformas para reducir el déficit público, promover la estabilidad de los precios y asegurar la sostenibilidad de la deuda”, informó el banco desde Washington.

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Publicación oficial en las redes sociales del BID

“El financiamiento del BID está alineado con los objetivos del Programa de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado con el país en marzo de este año, y será complementado por asistencia financiera de otros organismos multilaterales a Argentina“, precisó.

En este sentido, destacó que “los recursos del préstamo del BID apoyarán los esfuerzos del Gobierno de Argentina en su programa de reformas con el FMI. Específicamente, el financiamiento del BID contribuirá a fortalecer las finanzas públicas, asistirá los esfuerzos encaminados a la estabilidad de precios, y apoyará el fortalecimiento de la balanza de pagos”.

BID

En particular, indicó que “el préstamo del BID tiene un plazo de amortización de siete años y un período de gracia de tres años y una tasa de interés basada en la SOFR”. Con lo cual, el caos financiero nacional podría perjudicar un futuro acuerdo.

Desde Washignton (Estados Unidos), en medio de las asambleas del FMI y el Banco Mundial, Sergio Massa expresó por Twitter: “El BID acaba de aprobar en Directorio un desembolso de 700 millones de dólares, que van a ingresar en las próximas 48 horas en las Reservas. Se aprobó por unanimidad. Forma parte del paquete de apoyos financieros que la Argentina tiene de distintos multilaterales”.

Ulises Catriel Cuenca

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Vecinos de Mendoza se organizaron para perseguir delincuentes: “Si esperamos a la Policía, se escapan”

El barrio Pedro Molina IV en Guaymallén, provincia de Mendoza, atraviesa una situación de inseguridad “extrema y constante” que ha llevado a los habitantes a organizarse por cuenta propia para protegerse ante la falta de respuesta por parte de la policía y del municipio. Los residentes han creado una especie de “guardia urbana vecinal” informal, donde no solo denuncian sino que también intervienen directamente.

“Somos un grupo fijo de vecinos pero cuando pasa algo, salimos muchos más. No tenemos otra opción, la situación está desbordada”, subrayaron los vecinos. “Si esperamos a que venga la policía, ya se escaparon. Eso que a cinco cuadras hay una comisaría, pero no actúan rápido”, agregaron.

– Fuente: Mendoza Post

La situación cobró visibilidad nacional a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas golpeando a un presunto ladrón que había intentado arrebatarle el celular a una niña de 12 años. El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando la menor logró filmar al agresor antes de que este escapara.

Según el relato del periodista Julián Chabert de Radio Post, quien estuvo en el lugar, la víctima rápidamente activó el sistema de comunicación vecinal a través de un grupo de WhatsApp barrial para “salir a buscarlo”. Los vecinos lograron ubicar al delincuente y lo sometieron antes de que llegara la policía.

“Los vecinos se organizan solos, están cansados de esperar. Hacen la denuncia, pero también intervienen por su cuenta”, afirmó Chabert.

La Comisaría 31, que debería brindar seguridad al distrito Pedro Molina y Belgrano, enfrenta serias limitaciones desde hace más de un año, teniendo un solo móvil policial funcional para toda la zona, un edificio administrativo que está parcialmente demolido y requiere reconstrucción completa, falta de recursos y personal suficiente para atender la demanda de delitos.

El gobierno mendocino ha licitado la demolición y construcción de una nueva Comisaría 31 desde mediados de julio de 2025, con un presupuesto de $915.299.924, pero la obra aún no ha comenzado. En 2024, Mendoza registró 32.357 robos, una tasa de 1.564 robos cada 100.000 habitantes, ubicándose como la tercera provincia más afectada del país, superada solo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Otro factor que agrava la situación es la presencia creciente de adictos en la zona. Los vecinos utilizan el término “piperos” para referirse a quienes “fuman cocaína y parecen zombies”. Según los testimonios recogidos por Chabert, “cada vez hay más y nadie hace nada”, con muchos de los delincuentes siendo conocidos cercanos, lo que complica aún más la convivencia y eleva la tensión en el barrio.

– Fuente: Mendoza Post

Desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que la Comisaría 31 está operativa pero reconocieron que no tiene detenidos ni fiscalía donde los móviles paran y siguen funcionando. Los vecinos denuncian que no hay reclamos formales atendidos por el municipio sobre el cierre de baldíos que se convierten en refugio de delincuentes, mejoras en la iluminación pública y de cámaras de seguridad que no funcionan correctamente.

El problema no se limita al barrio Pedro Molina IV. Otros sectores de Guaymallén como San José también han experimentado situaciones similares, donde vecinos y hasta una concejal se han organizado para enfrentar la creciente inseguridad en “tierra de nadie”.

Redacción

info@data24.com.ar

Caminos rurales intransitables frenaron la producción de un tambo y el intendente pidió que “sigan pagando y recen que no llueva”

El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.

“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.

En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.

Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.

“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.

Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.

“El municipio no reconoce el problema”

Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.

“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.

Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.

*Con información de Bichos de Campo

Redacción

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Caputo anunció una reducción de aranceles para 27 bienes de capital

El Gobierno nacional publicó el 29 de julio en el Boletín Oficial el Decreto 513/2025 y redujo del 20‑35 % al 12,6 % el derecho de importación para 27 bienes de capital. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a abaratar los costos de inversión y a impulsar la incorporación de tecnología en sectores industriales estratégicos.

Incluyó máquinas de corte láser, plegadoras y prensas para la metalurgia; depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías para gas y petróleo; ascensores industriales, ventiladores y bombas centrífugas; maquinaria para fabricar helados, hornos de panadería, cortadoras de pelo y esquiladoras, entre otros equipos. También abarcó acumuladores eléctricos de iones de litio interconectados en módulos de hasta 1.500 V, esenciales para sistemas de almacenamiento de energía.

894498601-Decreto-513-2025

En 2024 casi 3.000 empresas importaron estos 27 productos, mientras que en el primer trimestre de 2025 lo hicieron casi 2.000. Los bienes de capital representaron alrededor del 20 % de las importaciones totales: más de 14.000 compañías compraron al exterior USD 9.979 millones en 2024 y más de 11.000 adquirieron otros USD 4.862 millones entre enero y abril de este año.

Desde la cartera de Comercio afirmaron que el gobierno de Alberto Fernández “había incrementado arbitrariamente los aranceles por encima del nivel del MERCOSUR (12,6 %) con fines recaudatorios, lo que desalentó las importaciones y generó mercados menos competitivos” y aseguraron que la rebaja permitirá a las empresas “adquirir estas maquinarias y herramientas a un costo más accesible y así mejorar su productividad”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la disposición en la red social X: “Bajar los aranceles a los bienes de capital es de las cosas más importante que podemos hacer para estimular el crecimiento de la economía y de los salarios reales”.

La publicación se conoció después de que plantas como la siderúrgica Acindar y la textil Mauro Sergio suspendieron personal por la caída de la producción, panorama que el Ejecutivo buscó revertir con menores costos de inversión.

Caputo recordó que en abril el Ejecutivo simplificó la importación de bienes de capital usados y sostuvo que “la medida elimina la intervención del Estado que demandó, sólo en 2024, la tramitación de alrededor de 1.500 expedientes”.

La reducción se basó en las facultades del Código Aduanero y en las decisiones del Mercosur que permiten mantener listas nacionales de excepciones hasta diciembre de 2028. El canciller Gerardo Werthein resaltó que “se trata de una decisión de gran relevancia porque introduce flexibilidad, manteniendo un esquema compartido” y agregó que la iniciativa “habilita de ese modo la adaptación de cada país, según sus prioridades, a las nuevas realidades del comercio internacional, sin perder un horizonte común”.

Redacción

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Intendente cordobés donó su sueldo para reabrir un hospital abandonado

En Viamonte (Córdoba), un histórico hospital que estaba en ruinas volvió a funcionar gracias al trabajo conjunto del municipio, los vecinos y distintas entidades locales. La inauguración se realizó este miércoles. 

El intendente del pequeño poblado, Facundo Manzoni, uno de los políticos más jóvenes de la provincia, lideró la reconstrucción y donó su sueldo para financiar las obras. Durante la ceremonia destacó que la reapertura del hospital garantizó acceso a la salud para los habitantes del interior y cuestionó la ausencia de autoridades provinciales: “Es lamentable que no haya venido ningún funcionario del gobierno, mientras que nuestro compromiso con la gente fue total”.

Según informó la gestión local, la obra demandó 298 millones de pesos, cifra que representó casi el 20% del presupuesto anual de la intendencia (1.500 millones de pesos). Pese a estar invitados con varias semanas de anticipación, no asistieron al acto funcionarios provinciales ni ninguno de los legisladores del departamento Unión, y el jefe municipal pronunció un discurso en el que resaltó la obra y criticó a la Provincia de Córdoba por no participar de la ceremonia.

En diálogo con medios locales, Manzoni recordó los inicios de su gestión y detalló el esquema de financiamiento: “debí instalar un hospital de campaña en la Casa de la Cultura ya que el existente se caía a pedazos. De inmediato pusimos manos a la obra para construir un nuevo centro de salud. Iniciamos una campaña de donaciones y obtuvimos 20 millones. La Provincia nos envió un FOCOM por 70 millones y el municipio aportó 210 millones. De esta forma reunimos el dinero y edificamos un nuevo hospital que es un orgullo para Viamonte”.

El nuevo establecimiento cuenta con 600 metros cuadrados, cuatro habitaciones de internación, guardia, vacunatorio y seis consultorios, incluyendo odontología, lo que lo convirtió en uno de los centros de salud mejor equipados de la región

Al ser consultado por la ausencia de representantes provinciales, el intendente aseguró que “en el gobierno están enojados porque rechacé el ofrecimiento de integrar la lista de diputados nacionales. También lo hice con la Libertad Avanza. No apoyo a nadie. Sólo me preocupa trabajar por mi pueblo. Me molesta mucho que inventen cosas sobre mí, noticias falsas y hagan operaciones políticas. Viamonte pertenece a la Provincia de Córdoba y sus habitantes merecen el respeto de la Provincia”.

Manzoni es productor agropecuario y vive de esos ingresos. Trabaja gratis, ya que todos los meses dona su salario a una institución de bien público de la localidad. Todos los recibos de sueldos donados pueden encontrarse en su cuenta de Instagram, en la que detalla el monto y los organismos beneficiados. Sobre cuestionamientos a su trayectoria, el jefe comunal concluyó: “Me trataron de ñoqui porque trabajé 3 años en la Legislatura en el bloque del PRO antes de asumir como intendente. Todos los días cumplí con mis obligaciones como ahora lo hago en el municipio. Es muy triste lo que pasa ya que por castigarme a mí afectan a mi pueblo”.

Redacción

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La siderúrgica Acindar paralizó su planta en Santa Fe por caída en la demanda del acero

La empresa siderúrgica Acindar, propiedad del grupo internacional ArcelorMittal, paralizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto el 80% de la producción en su planta de Villa Constitución (Santa Fe) suspendiendo temporalmente a casi 600 trabajadores, quienes recibirán el 75% de sus salarios durante ese período.

Esta decisión afectó principalmente al sector de acería, con 200 empleados; al Tren Laminador 1, que tiene alrededor de 60 trabajadores; y al área de Reducción Directa, con 40 operarios.

Desde la empresa justificaron la paralización señalando la caída del consumo interno y el fuerte aumento en la importación de acero desde China. Según informaron, en 2024 Acindar operó a apenas el 50% de su capacidad instalada, con una producción anual de solo 600.000 toneladas frente a las 1,2 millones de toneladas alcanzadas en 2023.

Esto responde a la caída de la producción y las ventas. La empresa aplica suspensiones a compañeros y esperamos que esto cambie, porque se vienen tiempos difíciles y pronto pueden llegar los despidos”, expresó Pablo González Piparra, secretario general de la UOM local.

Por su parte, la diputada Florencia Carignano respaldó la posición de los trabajadores a través de redes sociales, señalando que Acindar tiene un excedente mensual de entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero, operando con solo un horno. Carignano denunció además la caída del consumo y señaló responsabilidad política en la situación.

Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar de la UOM local, destacó que la empresa argumentó el cierre temporal en la “caída de la producción producto de la falta de obra pública y del ingreso de acero chino”. Además, indicó que Acindar produjo en su mejor momento 1,2 millones de toneladas anuales, pero actualmente produce alrededor de 580.000 toneladas.

No es la primera vez que Acindar toma una medida de este tipo. Desde comienzos del año la empresa tiene vigente un acuerdo de suspensiones, con pago del 75% del salario, complementado por retiros voluntarios. En febrero de este año ya había aplicado suspensiones similares acordadas con la UOM, tras una caída en ventas de entre 35% y 40%. Otras empresas del sector, como AcerBrag y Ferroglobe Argentina, también adoptaron medidas parecidas durante este año debido a la crisis económica y caída en la demanda de acero.

ArcelorMittal evalúa extender estas suspensiones a sus otras cuatro plantas ubicadas en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que, por ahora, el parate alcanza solo a la planta santafesina y que la medida dependerá de la evolución del mercado interno y externo, adaptándose “a las necesidades operativas de la empresa”.

De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo cayó un 8,6% en junio respecto de mayo, evidenciando la gravedad del contexto actual del sector siderúrgico nacional.

Redacción

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FORMOSA | Convencionales opositores abandonaron la constituyente: “Se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”

La Convención Constituyente de Formosa atraviesa una crisis política profunda luego de la renuncia de seis miembros de la oposición. Los convencionales libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez, la dirigente de Nuevo País, Gabriela Neme, sumados a Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso, decidieron abandonar el recinto. Alegan que el oficialismo incumple sistemáticamente el reglamento, lo que convierte el proceso en una “farsa”.

Esa renuncia destruye cualquier fachada de pluralidad en un cuerpo que empezó con mayoría oficialista: el bloque peronista domina con 21 de los 30 miembros. La salida de los seis opositores deja a la UCR como única voz disidente, reduciendo aún más la representatividad institucional.

Los convencionales acusaron al PJ de violar derechos fundamentales en el debate: aprobaron artículos sin proyectarlos ante la oposición, bloquearon mociones, silenciaron a los minoritarios con cortes de micrófono y prohibición de nombrarse entre sí. Denuncian una “gravedad institucional” que desnaturaliza la discusión democrática.

Gabriela Neme resumió la situación con crudeza: sesiones a contrarreloj, falta de herramientas básicas, ausencia de apoyo técnico y desigualdad abrumadora frente al oficialismo. “Ellos tenían todo: personal, impresoras, acceso a los textos. Nosotros, nada.”

La carta jueza no solo refleja disconformidad técnica, sino también ideológica. Neme sostuvo: “No podemos legitimar una puesta en escena… se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”.

– La renuncia presentada por Gabriela Neme

Gildo Insfrán impulsa esta convención luego de que la Corte Suprema invalidó la reelección indefinida en Formosa. El artículo inconstitucional fue introducido por él mismo en 2003 para perpetuarse en el poder. Ahora, busca adaptar la Carta Magna ante ese fallo, aunque la oposición acusa manipulación política.

El peronismo formoseño argumenta que la reforma amplía derechos de tercera y cuarta generación, buscando legitimar su gesto institucional. Sin embargo, la oposición considera que se trata de una maniobra para sortear el fallo judicial mediante un maquillaje democrático.

El radicalismo, pese a compartir el rechazo al oficialismo, optó por permanecer en la convención. Su presidente provincial, Miguel Montoya, justificó su permanencia como una estrategia: permanecer les permite recolectar argumentos para futuras impugnaciones judiciales.

Montoya sostuvo que retirarse significaría abandonar la arena institucional. “En política, se representa. Nos votaron para estar ahí”, y remarcó que la democracia “no se forjó abandonando luchas”.

Christian Spadari

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