Mauricio Macri se lamentó por los años de peronismo y afirmó que llevaron al “fracaso” a la sociedad
El expresidente se reunió con el intelectual Mario Vargas Llosa y fue contundente con varias definiciones que arrastra al kirchnerismo: "Argentina era la única que estaba entre los 5 más ricos y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país".
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Este miércoles, Mauricio Macri generó polémica al referirse a la sociedad argentina como “fracasados”, sin embargo lo que algunos medios malintencionados no mencionaron es el contexto de la frase. El exmandatario se refirió a las políticas que se han implementado en el territorio argentino y cómo estas, lejos de mejorar la situación económica y social, la empeoró.
“Mi querido país debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque era la única que estaba entre los 5 más ricos y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza”, sostuvo públicamente en un actividad que mantuvo en Madrid, acompañado por el escritor e intelectual peruano, Mario Vargas Llosa, y el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni.
“.. debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque era la única entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50%..”@mauriciomacri sobre la delicada situación de Argentina, en un encuentro organizado por @FundacionFIL y @FundLibertadRos pic.twitter.com/JEex0ExC6L
Actualmente el expresidente se encuentra en el país trabajando en el lanzamiento de su nuevo libro: “Para qué”. No obstante, estas declaraciones se dieron a conocer este miércoles, luego de que el economista Ignacio Bongiovanni subiera el video a sus redes.
Las declaraciones que realizó en el video y que se viralizó, se produjeron durante el viaje que hizo el ex mandatario al Viejo Continente, fue allí donde dio un discurso de inauguración del programa de másteres en Global and Internacional Studies. A pesar de lo fuerte de su análisis, Macri también se mostró optimista y comentó que cree que se vienen “20 años de crecimiento” y agregó: “Ahora está pasando algo distinto en Argentina”, analizó.
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La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.
El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.
El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.
Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.
En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.
La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.
Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.
La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
La exsecretaria general de UTHGRA y actual concejal de Mar del Plata, Mercedes Morro, se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia que la señala por haber utilizado fondos del sindicato para comprar un departamento. El caso tomó mayor notoriedad luego de una tensa entrevista con el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto. Lo que pretendía ser un derecho a réplica, se convirtió en más de 30 minutos donde Morro mostró contradicciones constantes y evasivas ante preguntas directas.
“Si me equivoqué, me equivoqué. No me quedé con la plata. Si tengo que ir presa, iré presa”, afirmó Morro, admitiendo a su vez haber metido a familiares con ayuda de sus funciones, pero intentó torpemente defender que “todos trabajaron y cumplieron horario como cualquiera”.
La exsecretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos en Mar del Plata, de 78 años, con un mandato en el Concejo que finaliza en diciembre de 2025 y sin posibilidad de reelección, enfrenta una denuncia penal por presunta malversación de fondos sindicales utilizados para la compra de un departamento a su nombre propio.
“Yo compré un pozo de departamento. Lo pagué durante unos años, pero lo tuve que vender porque no podía seguir pagando la cuota”. subrayó Morro, enfatizando que a UTHGRA “se le devolvía el dinero después”. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre los documentos que acrediten dichas devoluciones.
En ese momento, la dirigente deslizó una confusa nueva versión en la que veía como posible que “en la Tesorería se quedaban con la plata".Según ella, su sueldo rondaba los tres millones de pesos.
Morro dijo desconocer la existencia de las actas que avalaran estas operaciones: "No te lo voy a decir, porque eso se va a decir en el juicio". Fuentes locales argumentaron que cinco miembros de su propia gestión en la Comisión Ejecutiva, que fueron consultados en el proceso de auditorías del sindicato, declararon que jamás se autorizó en acta ningún préstamo personal ni la compra del inmueble.
La investigación penal preparatoria número 20.440-25 radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de Mar del Plata investiga 14 transferencias bancarias realizadas desde las cuentas oficiales de UTHGRA hacia la empresa constructora Cuarzur Edificios SA entre 2016 y 2017. Estas transferencias, que a valores actuales superarían los 800 mil pesos, fueron destinadas al pago de cuotas de un departamento ubicado en la calle Salta, que figura registrada a nombre de Morro, no del sindicato.
Morro reconoció que "por ahí en ese sentido sí... podría haber cometido un abuso", aunque defendió que todos en su gestión "trabajaban y cumplían horario". Su hija, Nancy Todoroff, incluso se candidateó posteriormente para ser secretaria general del gremio, continuando lo que parecía ser una sucesión familiar hereditaria.
Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.
Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.
El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.
Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.
Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.
Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.
El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.
Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.
El gobernador Axel Kicillof cesanteó a veinticuatro oficiales superiores de la Policía Bonaerense tras una auditoría de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que “constató la veracidad de las denuncias anónimas” sobre una maniobra política dentro de la fuerza. Los operativos sorpresa se realizaron el miércoles pasado en dependencias de conducción ubicadas en el Bosque de La Plata y otras delegaciones.
Entre los desafectados quedó la cúpula completa de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, incluido el comisario mayor responsable del área. Fuentes oficiales indicaron que “están involucrados en esta maniobra, oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la Policía”. También fueron puestos en disponibilidad preventiva efectivos de Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó en Radio 10 que Asuntos Internos recibió “una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías”. El grupo habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar al ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza‑PRO a diputado provincial por la estratégica Tercera Sección del Conurbano.
Según Alonso, los implicados “diseñaron una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”. Las auditorías hallaron conversaciones de WhatsApp, nombres, audios, hojas con membretes de LLA, computadoras con fondos de pantalla del “León” que identifica al presidente Javier Milei y borradores de proyectos de ley sobre seguridad destinados a la Legislatura. Además, se detectó la redacción de un proyecto de reforma de la Policía en el que los involucrados se autoincluían en niveles de conducción jerárquica.
Por infringir el Decreto‑Ley 9.550 (artículo 58, inciso 10), que prohíbe la participación político‑partidaria del personal en actividad, los efectivos fueron cesanteados y puestos en disponibilidad preventiva. La cartera de Seguridad bonaerense elevó las actuaciones a la Justicia Penal para establecer si cometieron delitos.
Las medidas también suscitaron críticas de la oposición. Patricia Bullrich escribió en X: “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política. No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”. En la misma línea, Cristian Ritondo posteó: “Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta ‘vinculación política’. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y cobardía”.
Bondarenko —concejal de Florencio Varela, coordinador de LLA en ese distrito y ex candidato de Facundo Manes— fue propuesto por Karina Milei y responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente partidario en la provincia. El sábado, anunció en redes sociales: “Es un honor anunciar que seré candidato a la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza”. Agregó: “Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”.
– El ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso
La Tercera Sección, que abarca diecinueve distritos con casi cinco millones de votantes, constituye un bastión peronista donde Kicillof apuesta gran parte de su capital político. Bondarenko competirá contra Verónica Magario, vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria, por un escaño en la Legislatura, tras una disputa interna entre Kicillof y Máximo Kirchner que frustró la postulación de Mayra Mendoza.
Alonso advirtió que la intervención evitó “un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense” y recordó que el presidente Milei planteó una intervención federal tras calificar de “baño de sangre” la situación en el Conurbano. Fuentes de Seguridad señalaron que los oficiales proyectaron purgas y retiros obligatorios para quedarse al frente de áreas clave de la institución.
Si Bondarenko asume su banca el 10 de diciembre, sus vínculos con los jefes desplazados podrían quedar bajo la lupa judicial.
A horas del cierre de listas, la alianza Nuevos Aires —conformada por el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública— oficializó su desembarco en La Plata y presentó candidatos a diputados provinciales por la Octava Sección y a concejales en el distrito. El abogado penalista y excandidato a intendente Marcelo Peña encabezará la nómina legislativa, en un armado que reúne a sectores libertarios “blue”, referencias del PRO y una pata radical.
El espacio es impulsado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Fabián Luayza (bloque Unión Renovación y Fe), y por Gustavo Cuervo. También se incorporó la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez. En las últimas horas se sumaron a la estructura dos dirigentes del PRO: Adriana Cáceres, concejal de Pilar, y Alejandro Trotta, referente en Lomas de Zamora. La jugada consolida a los libertarios que en 2023 integraron La Libertad Avanza pero ahora buscan construir identidad propia con un acuerdo amplio.
Lista de diputados provinciales por la Octava Sección Marcelo Adrián Peña Karina Edith Vanoni Mariano Andrés Erzi Ivana del Pilar Nieva Ricardo Raúl Zic Claudia Karina Pavón
Lista de candidatos a concejales en La Plata Agustín Nahuel Schmidt Karen Elizabeth Shaarp Pedro Fernando Serino Julieta Vanina Cazzulo Luis Adrián Arrúa Verónica Soledad Haag Jorge Martín Gómez Irma Elena Aued Lucas Damián Chaulet Estefanía Denisse Morales Ubaldo Ariel Barrios Mendora Manuela Julieta Terán Aguilar
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
Sorprende que algunos no terminen de entender la herida generada por la cuarentena. Aquello mostró nítidamente a la política y los medios olvidando diferencias y dándose un abrazo corporativo protector mientras la gente sufría a sus suerte. A partir de entonces “consenso” fue… pic.twitter.com/Mt3eTxqD3V
