La Libertad Avanza “pidió la cabeza” de dos dirigentes políticas por orden de Juliana Santillán
Las referentes Virginia Luján "La Rusita" Sosa y Patricia Soprano, habrían sido señaladas por la ex pareja de Facundo Moyano para que dejen el espacio de Milei.
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La Libertad Avanza (LLA) se ha convertido en un espacio tradicional más entre internas, discrepancias y demás conflictos. En este caso, los ojos están en el armado de Mar del Plata, en dónde la fuente de peso venía siendo la dirigente que pasó por casi todos los espacios políticos, Juliana Santillán.
Ahora bien, comenzó a asomar de a poco una figura preponderante como es la ex oficial de seguridad bonaerense, Virginia Luján Sosa, reconocida por su apodo “La Rusita”. La cual ha comenzado a tener apoyos desde distintos sectores de la derecha en el Municipio de General Pueyrredón (MGP).
Patricia Soprano y Virginia Luján “La Rusita” Sosa siendo entrevistadas por la prensa en Mar del Plata y, luego, en una foto junto a empresarias locales
Según estimaron algunos referentes y amigos del diputado nacional Javier Milei, “la inmensa mayoría de quienes integran el espacio libertario, no quieren como cabecilla a Santillán. Por eso la llegada de ‘La Rusita’ es esencial”, sentenciaron fuentes oficiales a Data24.
“No soy bienvenida en este partido porque no me quiere la mismísima Juliana. Como tampoco quiere que se encuentre presente la líder provida Patricia Soprano. Pero lo peor es que Milei y su círculo rojo aprueben tales medidas. Una locura“, resaltó a este medio “La Rusita”.
Entrevista a Virginia Luján Sosa, junto a Patricia Soprano, en un evento con empresarios locales
A pesar de todo ello, tanto Soprano como Sosa se encuentran realizando actividades de manera particular ayudando a hospitales y avanzando en proyectos de seguridad. Todo con las miras puestas hacia las próximas elecciones en el 2023.
Del mismo modo, y ante todo lo referido, anónimos indicaron a este portal que el armado de Carlos Maslatón se encontraría sondeándolas, con la idea de poder aglomerar actores en una posible lista opositora local al armado de Juliana Santillán, bajo el sello de Avanzan Los Aliados (ALA).
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En Santiago del Estero, donde Gerardo Zamora maneja la provincia con mano de hierro desde hace casi dos décadas, se acaba de publicar una licitación pública que ya despierta todas las sospechas. Se trata del expediente 7/25 del ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, cuyo objeto es la adquisición de 3 mil mesas, 15 mil sillas y 2 mil camas cuchetas, por un monto estimado en 3.085 millones de pesos.
Hasta ahí, podría parecer un proceso normal. Pero como suele suceder en el zamorismo, el diablo está en los detalles:
– Un pliego inaccesible: el simple derecho a participar en la licitación cuesta 3 millones de pesos. Un monto desorbitante que funciona como la primera barrera para evitar la competencia. ¿Quién va a pagar semejante fortuna por un pliego, cuando todos saben que el contrato ya tiene dueño?
– Plazos exprés imposibles: la apertura de sobres fue fijada para el 22 de septiembre, apenas cuatro días después de la publicación oficial (con un fin de semana en el medio). En ese tiempo, una empresa debería conseguir el pliego, preparar la propuesta, reunir documentación, inscribirse en registros cerrados y diseñar la logística de entrega. Algo imposible para cualquiera, salvo para quien ya conoce de antemano cada requisito.
– Entrega en siete días: según empresarios que han participado en procesos similares, la entrega de los muebles debe realizarse en apenas una semana. Se trata de un volumen de decenas o cientos de camiones cargados de sillas, mesas y camas que deberían distribuirse en tiempo récord. Otra condición pensada para que sólo una empresa “elegida” pueda cumplir.
– Registro de proveedores bloqueado: se exige estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de la provincia, pero dicho registro lleva años cerrado. Empresarios que intentaron inscribirse labraron actas notariales al constatar que las oficinas les negaban el trámite, con el argumento insólito de que el cupo estaba “completo”.
– Opacidad total: el pliego completo no se publica en ningún lado. Los oferentes deben viajar hasta Santiago del Estero para solicitarlo, y aun así enfrentan demoras deliberadas en su entrega. Un mecanismo que desalienta a cualquier competidor externo.
ESQUEMA REPETIDO
Nada de esto es nuevo. En Santiago del Estero, el monopolio de las licitaciones de mobiliario escolar, hospitalario y de viviendas sociales tiene nombre y apellido: Stilnovo Equipamiento, la empresa santiagueña de Domingo Serrano que desde hace más de quince años se lleva todos los contratos millonarios de la provincia.
El modus operandi es siempre el mismo: licitaciones convocadas con poca anticipación, plazos de entrega imposibles, pliegos caros e inaccesibles, registros cerrados y competidores “fantasma” que nunca cumplen los requisitos. La firma Stilnovo es siempre la única oferente válida, y sus propuestas coinciden sospechosamente al centavo con los presupuestos oficiales.
En julio de 2024, la misma empresa se quedó con un contrato por 3.085 millones de pesos para equipar viviendas sociales. En agosto de ese año, obtuvo otro por 1.208 millones para mobiliario hospitalario. En ambos casos, la “competencia” fue una firma llamada Offinet SRL, cuyo titular figura en los registros como empleado de la propia Stilnovo. Como era de esperarse, fue descalificada por “errores básicos”.
Las irregularidades son tan burdas que hasta los precios resultan escandalosos: un armario que en Neuquén se adquiere a 250 mil pesos, en Santiago del Estero fue comprado a 950 mil, casi cuatro veces más. El sobreprecio es la verdadera matriz del negocio.
Lo más grave es que nada de esto sería posible sin la complicidad del propio gobierno de Gerardo Zamora. Ningún organismo de control —ni el Tribunal de Cuentas, ni la fiscalía de Estado, ni las asesorías legales de los ministerios— ha objetado jamás estas maniobras. Por el contrario, todos los decretos de adjudicación llevan la firma del gobernador y de sus ministros de confianza.
Lejos de velar por la transparencia y la competencia, el zamorismo convirtió a la licitación pública en una parodia. Los empresarios locales lo saben bien: participar es una pérdida de tiempo, porque el resultado ya está escrito.
En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.
El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.
La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.
Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado había salido a la luz que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.
“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo un general en actividad, que mira los números con preocupación.
En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta del diario La Nación.
EL RETRASO SALARIAL:
Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía agosto último a $1.160.780.
Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.109.913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $987.202. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $889.995y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $806.045.
Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $853.088, un cabo primero, $765.596 y un cabo segundo, $765.596.
En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.
Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.
“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.
Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.
“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.
El Obispado de Río Gallegos aclaró que la candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina respondió exclusivamente a una decisión personal y no representó la posición institucional de la Iglesia. En un comunicado oficial firmado por el obispo Ignacio Medina, la diócesis informó que le otorgó una licencia canónica y que, en consecuencia, el presbítero no ejercería el ministerio sacerdotal en forma pública ni privada durante el período de campaña electoral y, en su caso, durante el ejercicio de un eventual mandato legislativo.
El documento eclesiástico, difundido por los canales institucionales y emitido desde la sede episcopal en la ciudad de Río Gallegos, subrayó que “dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos” y enfatizó que “ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”. De este modo, la autoridad eclesiástica se despegó de cualquier vinculación con la actividad proselitista del sacerdote.
Molina, de 58 años, encabezó la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña, que integraron el Partido de la Victoria, Kolina, el Partido Justicialista y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. En un encuentro con vecinos dijo, en tono de ‘chiste’, que todos aquellos que “no pongan la cruz en la lista 3” van a sufrir el castigo divino de “irse al infierno”.
En un acto en la sede del PJ de El Calafate, acompañado por los intendentes Javier Belloni y Pablo Grasso, declaró: “Quiero que Cristina esté libre”, y convocó a cerrar filas: “No hay último ni primero, somos un todo y dejémonos de joder. Si no nos dejamos de joder, pierde el pobre, pierde el laburante, pierde la mucama que se está quedando sin trabajo porque no se puede viajar más a El Calafate. Pierde el minero, pierden los petroleros. Nadie se salva solo”.
En declaraciones a Infobae, el sacerdote sostuvo que su postulación surgió del pedido de referentes locales y afirmó: “Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué”.
Durante el acto en El Calafate, Molina se autodefinió como un “díscolo” de la política y pidió que no lo llamaran más padre: “Me agregan 120 años, a partir de ahora soy el compañero Juan Carlos”. También aseguró que sufrió persecución: “Yo lo sufrí en carne propia”, al referirse a las investigaciones contra la Fundación Valdocco, creada por él en Santa Cruz.
Esa causa, iniciada en Caleta Olivia por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, continuó su trámite en el Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos. En ese mismo contexto, la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasguido, pidió la intervención de la justicia por posible vulneración de derechos de menores en la sede de Caleta Olivia, pero ese expediente se archivó.
La trayectoria pública de Molina incluyó su paso al frente del Sedronar entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
En la política porteña hablan de una caída de Patricia Bullrich en medio del escándalo de las coimas en Discapacidad. La ministra de Seguridad mide cerca de 36 puntos, aunque las proyecciones la dejan más cerca del 40% para octubre. En LLA lo niegan y dicen que las mediciones de la funcionaria se mantienen estables.
La debacle de la Provincia puso en alerta a los libertarios. Tras el cierre de la alianza con el PRO en la Ciudad, en La Libertad Avanzaplanteaban que Patricia podía llegar a 50 puntos, lo que la dejaba como una sólida candidata para la jefatura de Gobierno en 2027.
El sitio La Política OnLine tuvo acceso a los números de una importante consultora que trabaja con el gobierno porteño. Las cifras muestran que en las últimas semanas Bullrich comenzó a caer y pasó de 41 puntos a 36. Ese resultado la deja primera cómoda en la carrera al Senado, pero está lejos de las expectativas que había generado.
Otras tres consultoras que prefirieron no entregar sus mediciones tienen un escenario similar: el escándalo de las coimas le pegó a todos los candidatos del gobierno y Bullrich también comenzó a bajar.
En ese sentido, no parece casual que este miércoles la ministra haya salido a pedirle a Mauricio Macri -a quien denostaba hasta hace muy poco- que se sume a la campaña porteña.
“Me parece que sería bueno hablar en este momento con él. Me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre. Es un buen camino”, dijo la ministra.
Según la encuesta porteña para senadores, el peronista Mariano Recalde está en 26 puntos, Cristian Castillo del FIT obtendría 6,8% y Graciela Ocaña 5%.
En la performance para diputados los libertarios y el PJ tienen una importante caída respecto de los candidatos a senadores: Alejandro Fargosi baja a 29 puntos e Itai Hagman a 21. Myriam Bregman, en cambio, sacaría 9 puntos y Martín Lousteau 6,6%.
La cuestión de la boleta única no es menor: nadie sabe cómo reaccionará el electorado ante los candidatos menos conocidos como Fargosi o Hagman: es una ventaja para Bregman o Lousteau.
En La Libertad Avanza sostienen que la intención de voto de la ministra es un “electrocardiograma perfecto” y que no hubo diferencias en su imagen en los últimos meses. “Todas las encuestas que manejamos tienen una proyección de entre 40 y 45 puntos. Las que nos dan hoy 36 tienen una proyección a 41 o 42. En una elección tan polarizada estaríamos sacando 6 diputados, estaríamos mejor que ahora”, explicaron.
En 2021 la lista de María Eugenia Vidal obtuvo 48 puntos que se tradujeron en 7 bancas, pero tras el apoyo a la Ley Bases hubo un cisma y solo 4 diputados acompañaron al gobierno de manera lineal. A esas cuatro bancas se suman los escaños obtenidos por Javier Milei y Victoria Villarruel.
En LLA explican que seis bancas le permitirían a los libertarios mejorar la cosecha actual porque pasarían de 3 diputados propios (los libertarios Nicolás Emma y María Fernanda Araujo y Sabrina Ajmechet) y uno casi propio como Fernando Iglesias y satélites como María Eugenia Vidal y Martín Tetaz a seis libertarios puros.
La afirmación es cierta, pero solo parcialmente: Mauricio Macri colocó en la boleta violeta a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri. La inestabilidad del vínculo entre Macri y Milei hace imposible predecir cómo votarán sus delegados en el Congreso.
En 2021 la suma de los libertarios y Juntos fue de 65%. “Es un número imposible, tampoco podemos sumar los porcentajes de Adorni y Lospennato. En 2017 o 2021 fueron elecciones con el radicalismo, la Coalición, socialismo y GEN adentro. Hoy es imposible pensar en algo así”, dijeron. Sin embargo, creen que el resultado de la Provincia puede terminar beneficiando a los libertarios en la Ciudad: “En Capital se activó el gorilismo. La foto del domingo dejó a varios asustados y en dos días ya recibimos varios ofrecimientos para fiscalizar”, explicaron.
El exsecretario de Cultura argentino y actual coordinador de la Cátedra Vargas Llosa comenzó su análisis ratificando una afirmación propia. “El domingo publiqué un artículo en la Agencia Noticias Argentinas en el que decía ‘el Gobierno es el mayor enemigo del Gobierno’. La calamitosa elección del domingo confirmó esa teoría. Luego de que Milei dijera que iba a haber un ‘empate técnico’, el PJ arrasó al oficialismo. La torpeza infinita de La Libertad Avanza provocó esta paliza”.
Frente a este escenario, propuso “hacer un poco de historia”. Y recordó: “El país venia de cuatro años catastróficos de gobierno de Alberto Fernández, en el cual la inflación desangraba la economía de las personas, y hubo un encierro infinito por la pandemia que destrozó negocios y empresas y lógicamente dañó la psiquis de muchas personas. Para completar el desastre, el candidato del PJ que ganó la primera vuelta era Sergio Massa, que encarnaba todo lo malo de la política que había arruinado a miles de argentinos. Milei salió segundo votado por gente que estaba enojada y buscaba algo nuevo y romper el sistema corrupto argentino. A Juntos por el Cambio no le alcanzó y muchos de sus votantes históricos votaron por Milei”.
Y continuó: “Nadie sensato pensaba que Milei estaba en condiciones psíquicas de ser presidente, pero las opciones eran Milei o Massa.El loco inocente contra el representante de todo lo malo de la política argentina y continuador del peor gobierno de la historia democrática argentina. Cuando Macri le dio su apoyo, después de la primera vuelta, todos pensamos en una virtual coalición. Argentina no tiene un sistema parlamentario donde las coaliciones se realizan para poder formar gobierno, pero Milei no tenía partido ni personas formadas para ocupar los miles de cargos que hay en un gobierno y, además, no había ganado la primera vuelta y necesitaba imperiosamente que la gente que había votado a Bullrich lo votara a él. Así llegó Milei a presidente”.
Pero para Lopérfido ese no fue el único problema: “Para peor, Milei siguió insultando y diciendo tonterías como en campaña. Él y sus seguidores se dedicaron a insultar a todo el que planteaba diferencias. ‘Mandriles’, ‘viejos meados’ eran algunos de los insultos proferidos a, especialmente, gente que venía del macrismo y que lo había votado. Insultar a gente que te votó es una idiotez enorme. Insultó a dirigentes y a periodistas. Todo eso ya era grave, pero, además, nos enteramos de que había corrupción. Cuando uno llega al gobierno hablando de la ‘casta corrupta’, tiene que hacer una administración inmaculada. Este es un gobierno con problemas serios de corrupción. Desde el caso $Libra hasta ‘el 3%’ de Karina y los Menem hay demasiadas sospechas sobre corrupción. Se volvieron intolerantes echando a gente porque no seguía los designios de Karina y reciclaron a toda clase de peronistas en un armado que no tiene nada de liberal. Insultaron a los homosexuales y a los discapacitados”.
En ese contexto, continuó, “el único logro económico es haber bajado la inflación, pero no hay señales de recuperación económica”; de hecho, agregó, “en Argentina todo es carísimo y hay gente que no llega a fin de mes. La clase media y los jubilados están muy mal”.
Y concluyó: “Esta gente tenía una oportunidad única y la dilapidó rápido. Ya son la vieja política. La soberbia y la mediocridad suelen arruinar los proyectos. En medio de la crisis siguen matándose entre ellos. El daño autoinducido es muy difícil de levantar”.
La Universidad deBuenos Aires aparece en la última actualización de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con compromisos crediticios por más de 230 millones de pesos. Según los registros, la casa de estudios mantiene líneas activas con el Banco Galicia y el Banco Patagonia, todas en “situación 1”, es decir, normal y sin atrasos.
El dato más llamativo de la casa de estudios que conducen que conducen Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector respectivamente, surge en agosto de 2025, cuando la deuda declarada con el Galicia pasó de apenas 50 mil a más de 225 millones en un solo mes, lo que evidencia la toma de una nueva y significativa línea de financiamiento. Con el Patagonia, en tanto, la UBA sostiene un endeudamiento mucho más acotado de 4,6 millones, aunque también con un repunte marcado respecto de períodos anteriores.
A pesar de esta aceleración en su nivel de endeudamiento, según el informe del BCRA, la UBA muestra una estabilidad financiera general, sin cheques rechazados ni atrasos en pagos, lo que refleja una administración ordenada de sus compromisos en un contexto económico adverso.
El contraste, sin embargo, llega desde el frente político. La semana pasada, la propia universidad advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 del presidente Javier Milei profundiza la crisis del sistema universitario argentino. En un duro comunicado, sostuvo que las partidas previstas consolidan el deterioro salarial docente, no contemplan recomposiciones para gastos esenciales ni prevén la reactivación de obras de infraestructura paralizadas desde hace años.
“Los profesores seguirán con salarios bajo la línea de pobreza, las becas estudiantiles se mantienen congeladas y no existe previsión alguna para la recuperación del poder adquisitivo”, alertó la institución, que también remarcó que la inversión proyectada para 2026 se ubica por debajo del 0,5 por ciento del PBI, el piso histórico de las últimas dos décadas.
– Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector
La paradoja es evidente: mientras en los papeles financieros la UBA aparece como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a crédito bancario en condiciones normales, en la arena pública se presenta ahogada y amenazada en su funcionamiento.
Con esta doble fotografía, la universidad pública más importante del país queda atrapada entre la estabilidad y las denuncias de ajuste estructural contra el gobierno nacional, una tensión que anticipa nuevos capítulos en la disputa por el financiamiento educativo en 2026.
La AABE fijó un valor base que convierte la subasta en una de las mayores operaciones inmobiliarias recientes en la ciudad. La propuesta legislativa plantea afectar el terreno ‘a perpetuidad’ al Ejército y limitar usos a la defensa, la ciencia y la cultura.
Los rumores apuntan a un posible escándalo contable vinculado al Hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata, mientras internos sindicales y disputas familiares suman combustión al fuego gremial
Las acciones argentinas retrocedieron hasta 6,6% en Nueva York y los bonos en dólares promediaron bajas del 1,7%. El S&P Merval también cerró en rojo en medio de la volatilidad cambiaria y la cuenta regresiva hacia las elecciones.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
TWEET DEL DÍA
El Kirchnerismo corriendo a LLA / Espert de narcos es una cosa de locos!
Es gravísimo indecente y asqueroso si esto es verdad.
La verosimilitud surge porque el vínculo está comprobado por el uso de un avión y una camioneta en la campaña del 2021.
