Mar del Plata | El Gobierno denunció a los manifestantes que cortaron la libre circulación frente al Palacio Municipal
La Comuna puso a disposición imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para fundamentar este pedido.
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La Municipalidad de General Pueyrredón (MGP), a través de la Secretaría de Seguridad, denunció ante la Justicia el corte de tránsito y acampe que están llevando adelante organizaciones sociales en avenida Pedro Luro, entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen. La interrupción de la circulación también incluye ésta última calle.
Cabe señalar que se trata de un delito que pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como así también vulnera la certidumbre y tranquilidad para el desarrollo de las actividades de las personas.
Imágenes del COM que viralizó el Municipio de Mar del Plata sobre las manifestaciones
Desde Seguridad remarcaron que este tipo de hecho se encuadraría en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.
Asimismo, junto con esta nueva denuncia, la Municipalidad de General Pueyrredón puso a disposición los videos tomados por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
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En una entrevista con Radio Mitre, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció abiertamente que durante 2025 los suicidios dentro de las fuerzas de seguridad federales aumentaron un 30% respecto de 2024, sin precisar cifras absolutas ni un desglose por institución (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria).
La funcionaria no se limitó a admitir el dato, sino que lo enmarcó dentro de una tendencia nacional, afirmando que “se incrementaron los suicidios en el país. Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”. Esa declaración fue la que generó revuelo, porque pareció responsabilizar institucionalmente a la gestión actual del presidente Javier Milei, presentando la situación como parte de un fenómeno social más amplio en lugar de un problema concreto del personal de las fuerzas de seguridad.
Al ser consultada sobre las causas, Monteoliva vinculó el fenómeno con dos factores concretos. Por un lado, hizo hincapié en los problemas de salud mental y el nivel de endeudamiento, “muchas veces formales e informales”, que atraviesan los efectivos por los bajos salarios que perciben. Esa mención al endeudamiento resultó políticamente sensible porque conecta directamente con declaraciones recientes de Milei, quien calificó las deudas de las familias argentinas como “una transacción entre privados” que “tienen que arreglar entre privados”, y que remató con la frase “nadie les puso una pistola en la cabeza” para tomar un préstamo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, repitieron el mismo argumento. La contradicción que manejan es más que evidente, siendo que mientras el Gobierno considera que el sobreendeudamiento es un asunto exclusivamente privado, su propia ministra de Seguridad admite que ese mismo endeudamiento está empujando a suicidios dentro de las fuerzas del Estado, la supuesta “transacción entre privados” deja de ser tan privada cuando compromete la vida de los uniformados.
Cabe señalar que para entender por qué Monteoliva relativizó el aumento dentro de las fuerzas, hay que mirar el cuadro general que su propio ministerio publicó en el informe “Estadísticas Criminales 2025”, elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Según este, Argentina registró 5.209 suicidios consumados en 2025, la cifra más alta desde que existen registros comparables, un 22.6% más que los 4.249 casos de 2024. La tasa nacional trepó a 11.8 casos cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio mundial de la Organización Mundial de la Salud, que es de 9.1.
El relevamiento más impactante del estudio es comparativo. Solo en 2025 el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta del país, superando a los homicidios dolosos (1.676 casos) y a los siniestros viales. Es decir, murieron más argentinos por su propia mano que por manos ajenas o por accidentes de tránsito, algo que rompe con la percepción tradicional de la “inseguridad” centrada en el delito.
Los números muestran además que casi ocho de cada diez víctimas son varones, con mayor concentración entre los 18 y 34 años, y que el fenómeno no es parejo en el territorio. Provincias como Entre Ríos, San Luis y Salta presentan las tasas más altas del país. En la primera mitad de 2026 la tendencia no paró, y ya en el primer cuatrimestre mostró un salto del 56.4% en suicidios respecto del mismo período de 2025.
Dentro de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, los factores que describen especialistas e incontables reportes coinciden con el diagnóstico oficial, pero con matices propios del ámbito castrense. Una medición de la Fundación Encuentro detalla que el salario inicial de un gendarme arranca en $688.000, un prefecto en $757.000, un policía federal en $848.000 y un soldado del Ejército apenas por encima de $600.000, con una caída del salario real del 40% desde diciembre de 2023.
A esto se suma el colapso económico de una dos obras sociales formadas luego de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 88/2026, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) respectivamente, que acumula un déficit que supera los $213.000 millones, lo que se traduce en menos y peores prestaciones médicas y psicológicas justo cuando más se necesitarían.
Seguridad y Defensa: crisis en infraestructura, salarios, deudas y salud mental
Casos actuales en provincias como Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Santiago del Estero muestran un patrón repetido de endeudamiento, salarios por debajo de la línea de pobreza, licencias psiquiátricas y el acceso al arma reglamentaria como factor de letalidad. De acuerdo con Santiago Galar, investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP y CONICET, en su trabajo académico sobre el suicidio policial en Argentina identifica como “circunstancias precipitantes más frecuentes” los problemas de pareja, la violencia intrafamiliar, las enfermedades graves y, de forma reiterada, las “situaciones de deudas financieras”.
“El suicidio, además de complejo y multicausal, es un fenómeno de carácter psico-social, por lo que es imposible reducirlo a instancias privadas o individuales”, sostiene Galar, siendo primordial la disponibilidad permanente del arma de fuego reglamentaria que —incluso fuera de servicio, por el llamado “estado policial”— es un factor de riesgo estructural que distingue a este colectivo de la población general. Cerca del 25% del personal militar y de seguridad registra retrasos graves superiores a 90 días en sus compromisos crediticios, con el Ejército suponiendo la morosidad estatal con un 29.3%, seguido por el Servicio Penitenciario (28.1%) y la Policía Federal (23.8%)
En paralelo a esta problemática, el propio Estado vendría recortando recursos en el área que debería contener este cuadro crítico. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte sufrió una caída acumulada del 46% en su presupuesto real entre 2023 y 2026, y el gasto en salud mental proyectado para 2026 equivale a apenas 1.42% del presupuesto sanitario, muy por debajo del mínimo legal recomendado. Esto conecta con la crítica que hacen organizaciones como el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), ya que los suicidios se multiplican y el ajuste fiscal disminuye justamente los programas de salud mental que podrían mitigar el fenómeno.
— Gráfico de la ejecución presupuestaria histórica del Ministerio de Salud de la Nación, mostrando una fuerte contracción en las partidas presupuestarias hacia 2025
Asimismo, no habría una serie estadística legítima, pública y actualizada que permita establecer una tasa nacional confiable sobre reportes de suicidios de personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas argentinas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) del ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Alberto Presti.
“Yendo a números (no oficiales), entre los años 2021 y 2025 dentro de la fuerza se registraron un total de 33 casos de suicidio (exitosos e intentos). Esta cifra, en relación a una población aproximada de 50.000 efectivos, representa una tasa acumulada de 66 casos cada 100.000 miembros”, remarca el oficial del Ejército Argentino, Mayor Ariel Martín Torres, en una de las poquísimas indagaciones sobre el tema.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor de la Armada, admitió ante el medio Infobae quelos destructores MEKO 360 y las corbetas MEKO 140 tienen “prácticamente más de cuarenta años” de antigüedad, y que las opciones de renovación de la flota y de la Fuerza de Submarinos siguen “a disposición del Poder Ejecutivo” sin una decisión concreta tomada aún.
La desactualización, indicó, se vería principalmente en los sistemas de vigilancia y control, así como en algunos sistemas de armas. Esta brecha tecnológica, subrayó, se denota frente a otras fuerzas navales.
La renovación de la flota depende de decisiones del Poder Ejecutivo. Romay destacó que la Armada ya elevó propuestas orientadas a recuperar y ampliar sus capacidades, aunque la incorporación de nuevos buques y equipamiento debería portarse en un momento presupuestario más favorable.
La falta de cobertura
El caso del Hospital Médico Policial Churruca Visca, dependiente de la Policía Federal Argentina y bajo la órbita de Luis Alejandro Rollé, funciona como una radiografía de cómo actúa la crisis de las obras sociales de las fuerzas. Renuncias de médicos en especialidades críticas como cirugía, traumatología y terapia intensiva, guardias con cobertura insuficiente y salarios que perdieron poder adquisitivo frente al sector privado configuran un escenario de creciente deterioro, en tanto la conducción gubernamental no ha dado soluciones para revertir el panorama.
— Luis Alejandro Rollé
“Estamos totalmente colapsados”, aseguraron desde el nosocomio dirigido por el director Pablo Farina, con salarios que rondan los $750 mil mensuales por unas 35 horas semanales, ingresos que consideran insuficientes frente al costo de vida. “Hay gente que a mitad de mes ya tiene problemas para trasladarse hasta acá por no poder pagar el traslado”, añadieron.
Trabajadores de la institución denunciaron un ambiente laboral marcado por una pérdida de profesionales de la salud, faltantes de insumos médicos básicos, dificultades para garantizar la cobertura de distintas áreas y una creciente sobrecarga laboral para quienes aún permanecen en funciones. Las dificultades resultan sensibles para las familias que necesitan prestaciones vinculadas con discapacidad. Conforme a información recabada por Realpolitik, centros y profesionales directamente evitarían trabajar con la cobertura de la Policía Federal debido a las demoras y los incumplimientos en los pagos.
La situación llevaría a los afiliados a dedicar semanas a la búsqueda de prestadores, solicitar múltiples presupuestos y atravesar una extensa serie de trámites que suelen acabar sin una solución. Todo fue brindada bajo reserva de identidad. Conforme a lo relatado, la decisión respondería al temor de sufrir represalias, sumarios administrativos o cambios de destino en caso de hacer públicos con nombre propios sus reclamos.
— Pablo Farina
“Se fue gente de todas las especialidades”, resumió uno de los trabajadores. Médicos, enfermeros, residentes y otros profesionales dejaron sus puestos por diferentes motivos, entre ellos los bajos salarios, las jubilaciones, la posibilidad de acceder a mejores propuestas laborales y, en algunos casos, por malos tratos dentro de la institución.
Prácticamente todos los servicios registraron bajas y las más afectadas fueron cirugía vascular, cirugía cardiovascular, cardiología, hematología, kinesiología y odontología, además de distintos sectores de áreas cerradas y unidades de emergencia.
La reducción de personal también habría obligado a derivar pacientes con cuadros complejos hacia otros establecimientos. De los centros mencionados aparecen el Hospital Británico, el Hospital Italiano y la Fundación Hospitalaria. No obstante, los empleados sostuvieron que estos convenios tampoco serían completamente estables y podrían interrumpirse ante eventuales inconvenientes relacionados con los pagos.
Raúl Padró, legislador mandato cumplido, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM sobre el proceso de enjuiciamiento al juez federal Alfredo López. Durante la entrevista, cuestionó a quienes impulsan la acusación, rechazó las denuncias por presuntas expresiones antisemitas y sostuvo que detrás del caso existe un intento de disciplinamiento político. A lo largo de la conversación, remarcó que su presencia en la audiencia fue en calidad de ciudadano y defendió la trayectoria del magistrado.
“Alfredo López es un hombre que tiene una trayectoria de 40 años en la justicia, todos lo sabemos, inmaculado, un hombre impoluto”, afirmó Padró al explicar por qué decidió acompañar al juez durante el proceso.
En ese sentido, cuestionó a los denunciantes y aseguró que carecen de autoridad moral para impulsar el juicio político. “Lo único que hizo fue coincidir con el Tribunal de la Corte Penal Internacional, lo mismo que hizo en su momento el Papa Jorge Bergoglio Francisco”, sostuvo al defender las declaraciones de López sobre el conflicto en Medio Oriente.
El exlegislador insistió en que su respaldo no responde a un vínculo personal con el magistrado, sino a una convicción sobre el caso. “Yo no soy amigo de López. Como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero en mayor medida soy amigo de la verdad y he visto que la verdad está del lado de López y no de esta banda de delincuentes acusadores que carecen de todo sustento moral y jurídico para hacer imputaciones al doctor Alfredo López”, manifestó.
Asimismo, aseguró que las acusaciones difundidas en distintos medios distorsionaron lo ocurrido durante la audiencia. “Nosotros en ningún momento hicimos ningún tipo de manifestación racista ni nada porque estamos bien de la cabeza. Nuestra cruzada, nuestra lucha es por la verdad y la justicia contra el racismo y la discriminación”, expresó.
En esa línea, rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar a quienes cuestionan al estado de Israel. “Nosotros en ningún momento hablamos de ningún judío”, enfatizó, y agregó: “Si ellos se sienten parte de eso, bueno, es un problema de ellos, evidentemente”.
Críticas al gobierno y a la libertad de expresión
Consultado sobre si considera que el caso afecta la libertad de expresión, Padró respondió que ese es uno de los aspectos centrales del conflicto. “Es uno de los argumentos que está ahí. Suerte que alguien lo grabó, porque está documentado”, señaló.
Luego amplió sus críticas hacia el gobierno nacional y vinculó el proceso contra López con la política exterior de la administración de Javier Milei. “Este episodio de López es el paradigma de lo que significan toda esta casta de miserables sinvergüenzas y ladrones”, sostuvo.
Además, cuestionó el alineamiento internacional del Ejecutivo y afirmó: “Es hora de poner las cosas en su lugar, que el pueblo argentino tome conciencia y ubique estos individuos donde corresponde”.
Sobre el futuro del proceso disciplinario, Padró recordó que la decisión quedó en manos del tribunal y anticipó que, cualquiera sea el resultado, el conflicto continuará. “Terminó la sentencia. Ahora tiene que expedirse el tribunal. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver, porque esto no termina acá. La historia sigue”, concluyó.
Un grupo de personas fue imputado por la Fiscalía tucumana tras ingresar de forma coordinada a varios predios rurales de Concepción, destruir cañaverales en producción y comenzar a ocupar tierras dividiéndolas en parcelas y levantando casillas precarias. aún después del recrudecimiento de las “tomas ilegales” en la provincia.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, y el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien formuló los cargos en la audiencia.
Según la hipótesis fiscal, el operativo de ocupación no fue un hecho espontáneo sino una acción organizada con etapas claramente diferenciadas. Primero, entre el 13 y el 17 de julio, un grupo ingresó de manera coordinada a distintos predios ubicados en un amplio sector de Concepción, acompañado por otras personas que la investigación todavía no logró identificar. Luego, ya dentro de las fincas, procedieron a destruir los cañaverales con machetes y palas, causando daños significativos sobre plantaciones de caña de azúcar que se encontraban en plena producción.
El paso siguiente resulta clave para entender la intención detrás del hecho, ya que una vez despejados los sectores, los ocupantes comenzaron a marcar y dividir las parcelas usando palos, estacas, alambres y cintas, y a levantar casillas y construcciones precarias. Para los investigadores, este patrón —despejar, delimitar y construir— no es propio de una ocupación transitoria, sino que evidencia la intención de consolidarse permanentemente en el terreno, un elemento central para la calificación penal del delito de usurpación.
Un dato que la propia Fiscalía destaca es que la escala y altura de las plantaciones de caña jugaron a favor de los ocupantes. La extensión y densidad del cultivo dificultaba el control visual de las fincas por parte de los cuidadores, lo que permitió que el ingreso masivo pasara relativamente inadvertido hasta que el daño ya estaba hecho. Esto es relevante en términos investigativos, porque explica por qué la usurpación pudo avanzar en varias etapas (ingreso, destrucción de cultivo, loteo, construcción) antes de ser detectada y denunciada.
El sector comprometido está delimitado por Vicente López y Planes al este, Campos de las Carreras al oeste, la Acequia Los Méndez al sur y calle Las Palmeras al norte, lo que da una idea de la escala territorial del hecho. No se trata de una sola finca, sino de un sector amplio con varios predios afectados simultáneamente.
Este caso se tramita en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que es una de las dependencias que Tucumán fue reforzando en los últimos años frente al aumento de conflictos por tierras. Vale la pena contextualizar esto, siendo que la provincia también creó, desde la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone, una unidad especial para recuperar tierras fiscales usurpadas, identificando unas 10 zonas críticas (como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier) y habilitando canales de denuncia confidencial para detectar loteos irregulares. Esto muestra que la usurpación de tierras —tanto privadas como fiscales— es un fenómeno con múltiples focos en la provincia, no un hecho aislado.
“Hemos detectado que el patrimonio provincial, en términos de tierras fiscales, ha sido muy vulnerado. Hace mucho tiempo que el Estado perdió la posesión e incluso, en algunos casos, el título de propiedad de muchas tierras fiscales”, afirmó Pedicone.
Hay antecedentes recientes similares que ilustran el patrón de “loteo irregular” en la provincia que administra el gobernador justicialista Osvaldo Jaldo. En El Cadillal se condenó a un expolicía federal por usurpar un terreno fiscal y ocuparlo entre 2023 y 2025, y existe una causa activa por el llamado “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga a un grupo que habría creado una inmobiliaria para vender tierras fiscales con documentación falsificada. El común denominador en estos casos es la ocupación organizada por varias personas, con intención de fraccionar y “vender” o consolidar posesión sobre tierra que no les pertenece.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El informe pertenece al Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por la ONG Argentinos por la Educación de los especialistas Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, en busca de responder no solo cuántos chicos terminan la primaria “a tiempo”, sino cuántos la terminan habiendo aprendido lo esperado.
“Nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos”, afirmó Irene Kit, coautora del relevamiento.
Para eso combina dos fuentes de datos oficiales. El Relevamiento Anual (que mide trayectoria escolar: repitencia, abandono, sobreedad) y las pruebas Aprender (que miden desempeño en Lengua y Matemática). La edición 2025 sigue a la cohorte que ingresó a primer grado en 2020 —en plena pandemia— y llegó a sexto grado en 2025.
Durante años, el indicador que más se usaba para medir la calidad del sistema educativo era la tasa de promoción, siendo cuántos chicos pasan de grado sin repetir ni abandonar. Ese número, en Argentina, es alto y viene mejorando, pasando del 88% en la cohorte 2011-2016 al 94% en la cohorte 2020-2025.
El problema es que ese dato, por sí solo, puede ser engañoso, ya que un chico puede pasar de grado todos los años sin haber adquirido las competencias mínimas de lectura o cálculo. El IRE corrige esta distorsión exigiendo ambas condiciones simultáneamente, como una trayectoria sin retraso y desempeño satisfactorio o avanzado en las dos materias evaluadas.
Al aplicar ese doble filtro, el resultado nacional cae a la mitad. Solo 50 de cada 100 alumnos que empezaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en tiempo y forma, es decir, sin repetir, sin abandonar y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. Dicho de otro modo, aunque el 94% completa la trayectoria escolar sin atrasos, entre ese grupo solo el 54% alcanza el nivel de aprendizaje esperado en ambas materias a la vez.
Al desagregar por materia, la deuda es más marcada en Matemática que en Lengua. Mientras el 79% de los que llegaron a sexto sin sobreedad alcanzó un nivel satisfactorio en Lengua, en Matemática esa proporción cae al 58%. Esto confirma un patrón que se repite en casi todas las provincias, en donde el sistema educativo argentino tiene la brecha de aprendizaje más profunda es con las matemáticas.
La serie histórica muestra que el IRE nacional atraviesa una mejora reciente, aunque el indicador registra antecedentes de retroceso y fluctuaciones a lo largo del período analizado. Los valores permiten observar una evolución que pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y alcanzó el 50% en 2016-2021. Luego, descendió al 45% en 2018-2023, antes de volver a ubicarse en el 50% en 2020-2025. En este contexto, el resultado más reciente recupera el nivel máximo registrado en la serie y evidencia una mejora respecto de la caída observada en la cohorte anterior.
“Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos”, sostuvo al respecto el director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski.
— Cohorte 2020-2025 ordenado por nivel socioeconómico (NSE) promedio de los alumnos de las provincias
La caída a 45% en la cohorte 2018-2023 se explicó por un retroceso en el componente de aprendizajes (posiblemente afectado por la pandemia), y la recuperación a 50% en la medición más reciente indica una mejora de 5 puntos respecto a esa medición previa, aunque todavía sin superar el techo histórico.
Una Argentina desigual
El dato nacional esconde una brecha territorial muy amplia. Considerando solo el componente de aprendizajes (entre quienes llegan a sexto sin sobreedad), CABA lidera con 73% de desempeño satisfactorio simultáneo en Lengua y Matemática, seguida por Córdoba (61%) y Buenos Aires (52%); en el otro extremo aparecen Chaco (33%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (38%).
En cuanto a la trayectoria escolar (llegar a sexto sin repetir ni abandonar), también hay disparidades, aunque menores. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy prácticamente todos los alumnos llegan a tiempo, mientras que en Corrientes, Misiones y Entre Ríos la proporción no alcanza el 90%.
“Consolidar y profundizar la mejora que muestra este informe requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Que la enorme mayoría de los niños ingrese y complete la escuela primaria en el tiempo esperado demuestra el enorme valor que las familias argentinas le asignan a la educación”, destacó Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.
Por un lado, Corrientes está entre las jurisdicciones con mayor rezago escolar, con la proporción de chicos que llega a sexto grado a tiempo, sin repetir ni abandonar, quedando por debajo del 90% nacional. Por otro lado, en el componente de aprendizajes hay una mejora reciente. De acuerdo las Pruebas Aprender 2025 difundidas por la ministra de Educación provincial, Ana Miño, en Lengua el porcentaje de alumnos en los niveles más altos de desempeño pasó del 61.2% al 74.2% (un salto de 23 puntos), mientras que los que quedaron por debajo del nivel básico bajaron del 13.4% al 5.6%.
En Matemática la mejora fue más moderada. Los niveles satisfactorios subieron del 47.2% al 51.4%, y los estudiantes por debajo del nivel básico bajaron del 26.2% al 22.4%. Es decir, Corrientes mejora en aprendizajes pero sigue arrastrando un problema de trayectoria escolar (retraso, repitencia o abandono) que la aleja del promedio nacional.
El propio informe de Argentinos por la Educación advierte que Argentina es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de información educativa nominalizado a nivel nacional, lo que dificulta el seguimiento longitudinal de cohortes reales de estudiantes y obliga a construir estos índices con datos agregados de distintas fuentes.
La Policía Federal Argentina detuvo en Tigre a Griselda Inés Ortiz, una expolicía de la Bonaerense acusada de liderar una red que reclutaba a argentinos —civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad— para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania a cambio de 3.000 euros mensuales.
La causa está caratulada como trata de personas y tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, con el fiscal Sergio Mola. Durante el allanamiento estuvieron presentes integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), especialistas en cibercrimen y personal del Departamento Trata de Persona.
La investigación arrancó el 11 de marzo de 2026, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó en un preembarque en Ezeiza a cuatro pasajeros que decían viajar a trabajar como albañiles en tareas de “reconstrucción de infraestructura” en zonas dañadas por bombardeos. Sus itinerarios llamaron la atención, ya que volaban con Turkish Airlines hacia Estambul, con conexión en Chisináu (Moldavia), para luego ingresar a Ucrania.
Interrogados, los cuatro hombres finalmente admitieron que en realidad iban al frente de combate a cambio de 3.000 euros mensuales, y que firmarían un contrato recién al llegar a territorio ucraniano. Contaron que habían sido contactados a través de plataformas digitales y que conocieron a uno de sus reclutadores apenas horas antes de ser trasladados al aeropuerto.
Cuatro meses después de ese primer hallazgo, la pesquisa llevó a identificar a Ortiz como la organizadora del reclutamiento. En el allanamiento de su vivienda —un conventillo en Tigre— se secuestraron un arma de fuego, emblemas del ejército ucraniano, formularios de reclutamiento y sus antiguas credenciales policiales con número de legajo.
También se incautó su teléfono y una plataforma que operaba con criptoactivos, cuyos fondos fueron congelados por la Justicia. Según las pesquisas, la división de tareas dentro de la red era clara, con Ortiz encargándose del reclutamiento, mientras que su pareja —un exagente de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, hoy dado de baja— se ocupaba de los traslados. Este último, identificado como Agote, permanece prófugo y habría cruzado a Brasil. Hasta el momento se identificaron cuatro víctimas, todos varones.
La calificación de “trata de personas” resulta llamativa porque no se trata del típico esquema de explotación sexual o laboral clásico, sino de reclutamiento para combate armado bajo engaño. Sin embargo, en el domicilio de Ortiz no se encontró evidencia documental adicional ni indicios claros de coerción física sobre las víctimas, lo que deja abierta la discusión judicial sobre si corresponde estrictamente esa figura penal o una calificación distinta.
El patrón coincide con el marco señalado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que documentó que Rusia construyó un “sistema global de trata de personas” para reforzar sus filas, reclutando desde 2022 a al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países, entre ellos entre 1.000 y 8.000 latinoamericanos.
Este caso no es aislado. Desde 2024 se sabe que hay argentinos, en su mayoría retirados del Ejército, prestando servicios en la guerra ucraniana, tanto del lado ucraniano como del ruso. Del lado ucraniano, la Legión Internacional de Defensa Territorial ofrece abiertamente sueldos de hasta 4.800 dólares mensuales para quienes se desempeñan en combate, con contratos de tres años.
Del lado ruso, se conoció el caso de Dante Gianni Bettiga, un joven de Ushuaia que viajó a Rusia para estudiar idioma, abandonó sus estudios, aceptó una oferta laboral vinculada a una empresa que contrataba personal para el ejército ruso y, al intentar darse de baja, se lo enviaron igualmente al frente. Medios especializados en cobertura de guerra confirmaron la presencia de argentinos en unidades de infantería y apoyo táctico en el este de Ucrania, y se reportaron en los últimos meses muertes de connacionales en combate, incluyendo tres casos en la región de Sumy por ataques con drones y minas. El Ejército Argentino, por su parte, aclaró oficialmente que no mantiene ninguna relación institucional con estas convocatorias.
Las cifras del negocio del reclutamiento
Los montos que circulan en este tipo de redes varían según la fuente y el nivel de riesgo asumido. Las cifras oficiales publicadas por Ucrania hablan de escalas de pago, de alrededor de 550 dólares mensuales fuera de zona de combate, 1.100 dólares en zonas de peligro y hasta 4.800 dólares para quienes están desplegados en primera línea.
En junio de 2026, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski anunció además una suba salarial que llevaría los pagos a combatientes de primera línea a unos 5.800 euros mensuales. Los 3.000 euros que ofrecía la red de Ortiz se ubican, entonces, dentro del rango “estándar” de lo que suele pagarse a extranjeros en el frente, lo que explica por qué la oferta resultó creíble para las víctimas.
De acuerdo a lo trascendido, especialistas en la cobertura de la guerra ya venían advirtiendo que “se multiplican los casos públicos de ciudadanos [argentinos] involucrados en el conflicto, con bajas confirmadas y también denuncias de captación engañosa”. Incluso se registraron denuncias sobre redes rusas que reclutaban mujeres argentinas bajo el programa “Alabuga Start”, ofreciendo empleos que terminaban vinculados a la industria de defensa rusa, lo que motivó una investigación de Interpol y denuncias judiciales en Argentina por presunta infracción al artículo 145 del Código Penal (trata de personas).
Esto sugiere que el caso de Ortiz no es un hecho nada más, sino que forma parte de una empresa de intermediarios que operan aprovechando la necesidad económica y la falta de regulación clara sobre el reclutamiento de civiles para conflictos armados en el extranjero.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel desató una fuerte polémica al abogar por ejecuciones en la Franja de Gaza. Sus dichos cuestionaron la condición humana de los habitantes del enclave y reabrieron el debate sobre sanciones ante su historial de provocaciones.
Se trata de Germán Díaz. Llegó a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante, quedó imputado por comercialización de estupefacientes tras el secuestro de cocaína, marihuana y elementos de fraccionamiento en su vivienda de O’Brien.
Los registros del Departamento de Justicia estadounidense ubican esos pagos dentro de un contrato de US$9 millones que Brad Parscale, socio de Cerimedo, ejecutó para el Estado de Israel a través de la agencia alemana Havas Media.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
