Nadie es K gratis: Grabois se quedó en el FdT porque le prometieron un nuevo plan social
El Gobierno destinará $100.000 millones a un nuevo subsidio para los indigentes. Será distribuido por Grabois a través del Movimiento de los Trabajadores Excluidos.
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Tras amenazar con sacar al Frente Patria Grande del Frente de Todos, Juan Graboisdio marcha atrás y resolvió en asamblea partidaria no romper con el bloque en la Cámara de Diputados.
La decisión no se habría dado así porque sí: un día después, y por pedido de Massa, Alberto firmó un DNU para evitar la salida del líder piquetero. Con esta nueva disposición, el Gobierno destinará una parte de la liquidación de soja, que en realidad debería ir a las reservas del Banco Central, a la creación de un nuevo plan social que será administrado por el MTE de Grabois.
“Fue totalmente determinante esta garantía para no irnos del bloque”
Según Alberto, se trata de una “prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. El plan consistirá en la entrega mensual de $16.000, alcanzará a 2.100.000 beneficiarios y se abonará durante el último trimestre del año.
Se estima que el gasto total será de $100.000 millones y saldrán del Fondo Incremento Exportador que, aunque no se difundió, está incluido en el DNU 576 anunciado el 4 de septiembre por Massa, donde se crea un “dólar soja” a $200 para la liquidación de exportaciones.
Se estima que el gasto total será de $100.000 millones y saldrán del Fondo Incremento Exportador.
Grabois confesó, en diálogo con Infobae, que “pocas horas antes del intento de asesinato de Cristina, recibimos directamente de ella el compromiso de que los hombres y mujeres sin ingresos registrados ni ayudas sociales de ningún tipo recibirían un refuerzo de ingresos en octubre, noviembre y diciembre”.
Por esto se vio a Grabois y a sus piqueteros atacando a policías fuera del departamento de Cristina: el líder piquetero venía de cerrar un acuerdo con el Gobierno.
Grabois dio marcha atrás y resolvió en asamblea partidaria no romper con el bloque
El número de 2.100.000 destinatarios viene del índice de indigencia del INDEC. La gran mayoría de personas que se encuentran bajo la línea de indigencia se encuentran ubicados en el conurbano y muchos están afiliados al MTE.
“Fue totalmente determinante esta garantía para no irnos del bloque, aunque el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner nos hubiese hecho suspender la definición. Con esta medida, se cumple nuestro principal reclamo, tardía e insuficientemente, pero se cumple”, finalizó Grabois.
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Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y se tatuó en el tobillo izquierdo una tobillera floral con la inscripción “dignidad”, gesto que difundió el jueves en sus historias de Instagram. “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”, escribió al publicar la secuencia fotográfica y los videos del procedimiento.
El homenaje llegó apenas dos semanas después de que la Corte Suprema dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en la causa Vialidad: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo ratificó también la obligatoriedad de la tobillera electrónica, dispositivo que la ex mandataria debió portar las 24 horas durante toda la pena.
En las imágenes se observó a Mendoza recostada en una camilla mientras la tatuadora completó el ramillete que rodeó el tobillo y colocó la palabra “dignidad” en el centro, en alusión directa al brazalete que permaneció sujeto a la pierna de Cristina Kirchner. La dirigente camporista sumó así un nuevo tatuaje a la colección de símbolos kirchneristas que ya ostentó en la piel —entre ellos, alusiones a Néstor y a la propia Cristina— y reforzó la identidad que exhibe desde hace años.
Dos días antes de plasmar el dibujo, la jefa comunal visitó a la ex presidenta en el departamento de San José 1111, barrio porteño de Constitución, y fue además una de las organizadoras de la convocatoria “Argentina con Cristina”, que reunió a unas 500.000 personas en Plaza de Mayo, según datos difundidos por el kirchnerismo. “No es justo todo lo que vivimos, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. No tuvo un juicio justo”, denunció Mendoza durante la marcha. También afirmó: “La Corte violó la Constitución desde su inicio con el invento de designación de los jueces… Partiendo de eso, es una inocente, mal juzgada y hoy teniendo que cumplir condena ilegal”. Luego agregó: “Lo hacemos con mucha energía y ganas porque sabemos lo que significa “Cristina para este país”.
Durante la movilización, la ex mandataria agradeció el apoyo mediante un mensaje grabado y remarcó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Mendoza sostuvo que “la militancia siempre va a estar presente donde la expresidenta esté” y prometió asumir un rol clave en el armado de las listas legislativas bonaerenses del próximo año.
El dispositivo que Cristina Kirchner portó consistió en un brazalete hermético, hipoalergénico, resistente al polvo y al agua, conectado a una unidad domiciliaria instalada en su vivienda. Ambos equipos emitieron reportes en tiempo real al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana. El sistema informó ubicación, nivel de batería, intentos de manipulación y cualquier salida del perímetro fijado.
La unidad domiciliaria se comunicó tanto por línea fija como celular, contó con una batería de respaldo y permitió actualizaciones remotas. Además transmitió señales codificadas que alertaron sobre cortes de energía, salidas no autorizadas, desconexiones y la necesidad de reemplazo, previsto cada año. El sistema incluyó dos teléfonos celulares: uno que pudo recibir llamadas en cualquier momento —que la ex presidenta debió atender obligatoriamente— y otro dedicado al control perimetral por radiofrecuencia. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra Patricia Bullrich, instaló el dispositivo, elaboró informes técnicos y socioambientales previos y asumió el monitoreo permanente.
Desde el primer día de la condena, militantes kirchneristas lucieron tobilleras de utilería decoradas con flores, luces e imágenes de Cristina frente al edificio de Constitución. Ese atrezzo callejero inspiró el tatuaje definitivo de Mendoza, quien lo presentó como un “signo de dignidad” y como recordatorio de la supuesta inocencia de la ex mandataria.
La intendenta, considerada una pieza de confianza para Cristina Kirchner, reiteró que acompañará cada convocatoria que pida la ex jefa de Estado y que redoblará esfuerzos para “visibilizar la injusticia” que, según dijo, recayó sobre ella. La decisión de la jefa comunal quilmeña cerró la jornada con un mensaje inequívoco: su lealtad a la líder condenada trascendió el plano político para inscribirse de forma permanente en su piel y proyectarse hacia la arena electoral bonaerense.
El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.
Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.
El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.
Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.
El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.
La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.
En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.
Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
Con un amplio respaldo del sector deportivo y político entrerriano, avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa busca facilitar el financiamiento de proyectos deportivos mediante aportes privados a cambio de beneficios fiscales, con el objetivo de fortalecer a clubes, federaciones y deportistas en toda la provincia.
La propuesta legislativa fue el eje central de un encuentro organizado en conjunto por la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Deportes, en el que participaron representantes de instituciones deportivas, legisladores y autoridades provinciales. Durante la reunión se destacó el carácter colectivo y consensuado del proyecto, así como su enfoque inclusivo y federal.
Al mismo tiempo, una nota de adhesión firmada por instituciones deportivas de diversos tamaños y localidades circuló ampliamente, demostrando un sólido respaldo al proyecto.
La voz de los clubes
La iniciativa recibió apoyo explícito de dirigentes deportivos que asistieron al encuentro, como Ariel Bello, presidente del club Ciclón del Sur del barrio Anacleto Medina, quien resaltó: “Para un club como el nuestro, esta ley representa la posibilidad de volver a competir, de terminar nuestra sede y de recibir el apoyo que tanto necesitamos para cumplir un sueño”.
En la misma línea, Adolfo Cislaghi, presidente del Paraná Rowing Club, celebró la articulación entre el sector público y privado promovida por la ley, destacando que “permitirá integrar a clubes grandes y pequeños, e incluso abrirá la puerta para pensar en un desarrollo turístico y deportivo más amplio para la ciudad y la provincia”.
Entre los clubes representados también estuvieron Tilcara, Paracao, Pescadores, Bajada Grande, Náutico Paraná y Atlético Neuquén, además de Viale FBC. Por parte del ámbito legislativo participaron los diputados provinciales José Kramer, Carolina Streitenberger y Débora Todoni, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.
Consenso e impulso institucional
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el origen participativo de la propuesta: “Esta ley no surge solamente del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, sino del consenso amplio con deportistas, instituciones y espacios políticos de todos los colores: queremos que ayude a los clubes a desplegar todo su potencial”.
Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes provincial, enfatizó la relevancia histórica de esta normativa, calificándola como “la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano”, agregando que “viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”.
Finalmente, la diputada Débora Todoni, una de las impulsoras clave del proyecto, subrayó que se trata de una iniciativa “muy positiva y fruto del consenso”, afirmando que “esta ley le da al deporte entrerriano una herramienta moderna y transparente que permitirá avanzar en infraestructura y desarrollo”.
En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.
El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.
Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.
Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.
La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.
Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
