Río Negro | La ruptura en el Frente de Todos divide en tres a la coalición peronista
El Frente de Todos rionegrino se disputa el podio del 2023 y cuestionan a Juntos Somos Río Negro por la crisis económica que afecta a nivel nacional.
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El panorama peronista en Río Negro viene perdiendo adeptos y rompe con lo establecido, que venía en unión desde hace muchos años. El Frente de Todos (FdT), a nivel provincial, se encuentra dividido en tres, donde por una parte están los allegados al clan de Martín Soria, por el otro a La Cámpora y partidos peronistas echados por este último.
Por una tercera vía, partidos chicos que unen pequeñas organizaciones barriales y dirigentes de poco peso, como Magdalena Odarda o Nicolás Rochas. Buscando así sobrevivir a lo que será un detonante 2023.
Los que quieren proscribir a @CFKArgentina necesitan sembrar odio, violencia política y desesperanza. Pero el pueblo siempre está, y hoy salió a la calle, una vez más, a defender la Democracia. pic.twitter.com/8hS5SFp2Ca
Este fin de semana se concretó una nueva reunión que congregó a sectores del PJ, como la unidad básica Tres Banderas con la participación del legislador sorista Pablo Barreno, Convocatoria 2023 (la concejal Zulma Romero), el Movimiento Evita (representada por las ex diputadas nacionales Silvia Horne y Ayelén Sposito), el Frente Grande (Julio Accavallo), el ParTE (con la ex senadora Magdalena Odarda y su presidente Ernesto Montecino Odarda) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (Raúl Rajneri).
Estas “fuerzas” de poco margen, ratificaron “la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio del Frente de Todos como alternativa electoral para el 2023”, acordando “mantener un encuentro programático” el 24 de septiembre en Roca.
Reunión de ciertos sectores peronistas en Río Negro
En un comunicado, esas fuerzas cuestionan al gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) como “responsable de la debacle financiera que nos endeuda por generaciones, seguidor de las recetas neoliberales, que priorizaron los negocios al desarrollo, que desalienta la producción y el empleo, y después las políticas de dan sustentabilidad del uso de los recursos naturales y a la justicia distributiva”.
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Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.
La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.
Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.
La corroboración que deja en evidencia a Orozco
Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad.Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:
Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.
Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.
¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.
La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja
La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).
Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.
Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce
Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.
Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?
El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio
Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.
En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.
No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.
Conclusión:
Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.
El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.
La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno
Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.
Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.
– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación
Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.
En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.
– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz
En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.
– Baños con duchas improvisadas y el menú del día
Conducción y designaciones cuestionadas
Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.
Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.
“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.
Operativos bajo tensión
Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.
Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.
Chaparro Fresco, denuncia y antecedente
En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.
Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.
– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco
Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.
El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Giles, ya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.
Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.
– Jerónimo Chaparro Fresco
Silencio oficial
Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.
El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.
En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.
Drones dotados con inteligencia artificial surcaran los cielos de Buenos Aires para cazar a los contribuyentes que tengan construcciones sin declarar en propiedades urbanas y rurales.
El pasado 23 de enero, según consta en el Boletín Oficial (licitación 380-1549-LPR25), la gestión de Axel Kicillof invirtió más de $310 millones en ampliar las capacidades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal.
El engorde de las arcas estatales del último bastión K se apoya en la más sofisticada tecnología: el sistema se llama “M2” y utiliza algoritmos con inteligencia artificial que detectarán, a lo largo de 55.861 hectáreas de 10 distritos bonaerenses, cualquier ampliación edilicia, cerramientos de balcones, nuevas plantas, piletas, silos, galpones, tanques australianos y movimientos de tierra que indiquen nuevas explotaciones o mejoras.
La técnica, según difundieron las autoridades del Gobierno provincial, se apoya en relevamientos fotogramétricos que generan una reconstrucción 3D del terreno y ortomosaicos con resolución de hasta 5 centímetros por píxel. En términos simples, cada “cuadradito” de la imagen representa 5 cm del suelo, lo que permite distinguir bordes y modificaciones que una satelital estándar suele perder.
– La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús
La medida orwelliana se enmarca en un contexto delicado para el campo. La política fiscal de los últimos años registró severos aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200% para casi la totalidad de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.
La violencia se produjo durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Vecinos que protestaban pacíficamente denunciaron agresiones que atribuyeron a “patoteros” del intendente Walter Cortés.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial reformó el protocolo de actuación policial para reforzar el resguardo administrativo de los efectivos.
Impulsada por Ignacio Torres, la medida fijó la verificación de antecedentes fiscales y administrativos para otorgar, renovar o transferir permisos y habilitaciones en la actividad pesquera. El oficialismo la presentó como una herramienta de transparencia y control.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
