El jefe de la custodia de Cristina Kirchner multiplicó su patrimonio 27 veces en 10 años
El comisario Diego Carbone goza de beneficios como viajes junto a la actual vicepresidenta. En el 2012 su patrimonio era de 363 mil pesos y hoy cuenta con bienes por casi 3 millones de pesos.
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Diego Carbone fue el principal encargado de la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner mientras ella fue presidenta. Luego de que Cristina dejó el poner, el comisario (ascendido a ese rango en la gestión K), tomó la decisión de seguir cerca de ella como jefe de la custodia que le corresponde como ex mandataria, desde el final de su mandato en 2015 hasta hoy.
Teniendo en cuenta el contexto, el crecimiento de Carbone en los últimos años es llamativo: pasó de declarar bienes por apenas 363.888 pesos a fines del 2011 a 2.906.572 pesos para 2017, ante esto, se vio obligado a informar como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción. Casi un 700% de crecimiento patrimonial, según precisó el medio Border Periodismo.
En 2012, Carbone declaraba:
La mitad conyugal de un departamento y de una cochera en la localidad de Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires por apenas 28 mil pesos.
El 50% de un lote de 1.072 metros cuadrados en Benavídez que tasaba en 211 mil pesos.
Un auto Volkswagen Crossfox 1,6 modelo 2007 tasado en 55 mil pesos.
Dinero en efectivo por 51 mil pesos.
Ya a fines del 2013, el lote se transformaba en una casa que Carbone tasaría en 488 mil pesos. Desde entonces ampliaría su patrimonio:
En 2014 declara acciones en la firma Propulsider SRL por 25 mil pesos. La firma, dedicada a la metalurgia, fue creada con un compañero de trabajo de su mujer Mariana, que también se dedica al rubro. Desaparece de sus declaraciones juradas el auto.
En 2015 declara que compró 10 mil dólares para ahorro. Hasta allí su patrimonio llegaba al millón de pesos.
Lo curioso es que el gran salto patrimonial que declara Carbone se da ya sin Cristina en el Gobierno.
Para 2016, la participación de Carbone en la empresa Propulsider SRL pasa a ser revaluada en 606 mil pesos.
Se compra una camioneta Peugeot 2008 Feline Tiptronic HDI que tasa en 580 mil pesos.
En 2017 las acciones de la empresa vuelven a revaluarse y Carbone la cotiza en 1.014.647 pesos. La firma había logrado la habilitación de impacto ambiental de parte del Gobierno de la Ciudad, para una planta de 4 pisos y 1.092 metros cuadrados en Moliere al 2500, en el barrio de Villa Real.
El comisario compra Lebacs por 543 mil pesos y bonos en dólares por 54 mil pesos.
De esta manera, el patrimonio de Carbone pasó a cotizar en 2.906.572 pesos con 77 centavos, según la última declaración jurada que presentó. Es un incremento del 698,75% entre 2012 y 2017.
Por otra parte, para enero del 2013, la pareja de Carbone (Mariana Cristina Núñez) había creado una firma, Comarca de la Ventana SRL, con sede en Capital, pero dedicada a “servicios de alojamiento en camping” (incluidos refugios de montaña). En su constitución, el objeto fue preciso: una empresa turística dedicada “en general (a) todo lo relacionado con la reconstrucción, refacción, ampliación, instalación, implementación (y) puesta en marcha del camping municipal Villa Ventana”.
La firma explota la concesión del camping principal de Sierra de la Ventana, que depende del municipio bonaerense de Tornquist, y también unos dormis que se alquilan para el turismo.
*Fuente: Border Periodismo
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.
En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.
Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH
El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.
El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.
El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.
En el tercer trimestre de 2024, la pobreza en Argentina registró una notabledisminución, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La incidencia de la pobreza cayó del 52,9% al 38,9%, mientras que la indigencia también mostró un descenso significativo, del 18,1% al 8,5%. Estos datos fueron respaldados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y corroborados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El informe del INDEC señaló que la mejora en los indicadores sociales respondió, principalmente, a la desaceleración de la inflación y al incremento en los ingresos familiares, que superaron las líneas de pobreza e indigencia. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un aumento interanual del 351,5%, pasando de $20.661 en diciembre de 2023 a $93.281 en diciembre de 2024, lo que contribuyó al fortalecimiento del poder adquisitivo en los hogares más vulnerables.
“La población en situación de pobreza se ubicó en niveles similares al tercer trimestre de 2023 (38,6% en 2023 y 38,9% en 2024)”, afirmó Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA. Según este organismo, la caída en la indigencia fue incluso más marcada, alcanzando valores significativamente inferiores a los del primer trimestre de 2024, cuando había llegado al 20,2%. La estabilización macroeconómica y el fortalecimiento de las transferencias sociales fueron señalados como factores determinantes en esta evolución.
Por otro lado, el informe también reveló una ligera reducción en la desigualdad. La relación entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 19 veces en 2023 a 18 veces en 2024. Sin embargo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, permaneció en 0,435, evidenciando que persisten inequidades estructurales en el sistema económico.
En cuanto al mercado laboral, las tasas de actividad y empleo se mantuvieron altas, pero con un aumento en la precarización y el subempleo. El CNCPS destacó la relevancia de las políticas de desintermediación implementadas por el Ministerio de Capital Humano, que permitieron que el 93,5% de los recursos llegaran directamente a las familias necesitadas, comparado con el 50% que se transfería de forma directa al inicio de la gestión. Este cambio mejoró la eficiencia y el impacto de los programas sociales.
El Observatorio de la UCA también advirtió que, sin las ayudas sociales, los indicadores serían mucho más alarmantes: la pobreza habría alcanzado el 55,4% y la indigencia, el 23,2%. “Este descenso se explicó por dos factores clave: las políticas económicas que lograron estabilizar la macroeconomía y las transferencias focalizadas en los sectores más vulnerables”, señaló el informe.
Entre las medidas destacadas, se subrayó el aumento acumulado del 137,5% en la Prestación Alimentar, que amplió su cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Estas intervenciones han sido fundamentales para mitigar el impacto de la crisis económica en los sectores más desfavorecidos. “Sin estas iniciativas, los resultados habrían sido considerablemente peores”, concluyó el CNCPS.
A pesar de los avances, las autoridades y especialistas advirtieron que la recuperación es frágil. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, reconoció que “aún queda mucho por hacer”, aunque destacó los progresos logrados. “Somos optimistas porque las políticas implementadas están dando resultados, pero debemos consolidar esta tendencia”, afirmó.
Por su parte, Agustín Salvia alertó sobre la necesidad de abordar los problemas estructurales del mercado laboral y fortalecer las políticas sociales para garantizar un impacto sostenible. “La mejora en los ingresos no debe ser temporal; se requiere una estrategia de largo plazo que contemple a las clases populares”, subrayó.
En última instancia, el Gobierno destacó que las políticas de contención social han sido fundamentales para evitar un deterioro mayor. “Estos resultados nos muestran que estamos en el camino correcto, pero también nos desafían a redoblar los esfuerzos para acompañar a quienes más lo necesitan”, concluyó Pettovello. Según los especialistas, el mantenimiento de esta tendencia dependerá de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de los ingresos de seguir superando a la inflación.
A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.
– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni
El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.
– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo
Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.
– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa
Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.
– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones
Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.
– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales
Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.
– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco
El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.
– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones
La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.
– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio
El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.
*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias
En los primeros diez meses de 2024, la agroindustria alcanzó un desempeño exportador destacado, según un informe reciente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.Entre enero y octubre, el país exportó 86,48 millones de toneladas de productos agroindustriales, lo que representa un aumento del 51% en volumen respecto al mismo período de 2023.
Este comercio generó ingresos por U$S 39.813 millones, un incremento del 23% en valor, limitado por la retracción de los precios internacionales de productos clave como la soja, el maíz y el trigo.
– Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
La Secretaría atribuyó estos resultados a una combinación de factores. Entre ellos, destacó “la mejora en las condiciones climáticas y las medidas gubernamentales para simplificar y facilitar el comercio exterior”, así como la apertura de 70 nuevos mercados internacionales, un hito que amplió las oportunidades para los productos argentinos. Además, se mencionó el impacto de las políticas de desburocratización implementadas durante el año, que facilitaron la logística y redujeron los costos asociados al comercio exterior.
De los 54 complejos agroindustriales analizados, 16 alcanzaron sus mayores valores de exportación en los últimos cinco años, mientras que 28 registraron incrementos superiores al 10% en valor respecto a 2023. Entre los complejos con variaciones más significativas en valor se encuentran:
Azúcar: +512%
Algodón: +221%
Bebidas alcohólicas: +139%
Trigo: +135%
Además de estos complejos, también se destacaron el maní y la vitivinicultura, que lograron consolidar su presencia en mercados tradicionales y abrir nuevos destinos. Esto fue posible gracias a estrategias de promoción internacional y acuerdos bilaterales que incentivaron la demanda en países como Estados Unidos y China.
Diez complejos concentraron el 86,4% del valor total exportado, destacándose los de soja, maíz, bovinos, trigo, pesca y acuicultura, girasol, cebada, lácteos, maní y vitivinicultura. Este grupo de productos fue el pilar de la economía exportadora del sector, generando ingresos clave para el equilibrio de la balanza comercial.
– Javier Milei junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino
Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas durante este período fueron China, la Unión Europea, Brasil, Vietnam, India, Chile, Estados Unidos, Perú, Indonesia y Malasia. Estos mercados se consolidaron como socios clave para la colocación de los productos nacionales. En particular, China y Brasil continuaron liderando como los mayores compradores, con una creciente demanda de soja y maíz, mientras que la Unión Europea se posicionó como un importante receptor de productos lácteos y vitivinícolas.
Según analistas del sector, el desafío ahora radica en sostener este crecimiento a largo plazo. Para ello, será fundamental continuar con políticas que impulsen la innovación tecnológica, mejoren la productividad y fomenten la sostenibilidad de las prácticas agropecuarias. En este sentido, iniciativas como la incorporación de energías renovables y la digitalización de procesos productivos podrían marcar la diferencia en la proyección futura del sector agroindustrial argentino.
En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores MarianoGallegos y MarinaAlegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo.Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.
La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.
Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.
Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.
En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.
Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.
El golpe a los afiliados
Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre.Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.
Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.
Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.
Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.
“La eficiencia administrativa es esencial“
Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.
Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.
Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.
Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.
Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
