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Se llevó a cabo un encuentro de vital importancia entre el intendente de La Plata, Julio Garro, y su equipo de trabajo para definir los ejes en los que se profundizará de cara a lo que resta del 2021, previo al año electoral. El tema seguridad fue una de las principales cuestiones que abordó el Gabinete local.
En ese sentido, el jefe comunal confirmó que se va a reforzar la presencia policial con nuevos móviles que se sumarán a la flota actual, mientras que se estudia la posible adquisición de nuevas motos. Vale recordar que el Municipio abrió la convocatoria para sumar nuevos agentes y planea realizar una segunda convocatoria antes de fin de año.
Julio Garro presentando la Guardia Urbana de Prevención Municipal (2019)
Garro destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad y la jefatura departamental, más allá de cualquier diferencia entre los organismos. La idea es seguir en esa línea, por eso les pidió a los secretarios seguir enfocados en la gestión sin distraerse en internas políticas ni discusiones de bandos o sectores que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
En cuanto a la luminaria, la Municipalidad de La Plata continuará instalando luces LED en los diferentes barrios de la ciudad, algo que resulta fundamental para el ahorro energético pero también funciona como mecanismo de disuasión y prevención del delito. Mientras que, en los próximos meses, se colocarán 150 nuevas cámaras de seguridad de última tecnología.
AHORA✅ En Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos. #LaPlata pic.twitter.com/d0jBZ5pcDk
Las obras ocupan un lugar central en el proyecto político de Garro. En la reunión deslizó la intención de ejecutar 5 Centros Integrales Comunitarios (CICs) y distintas obras a través del programa “Argentina Hace”, que permitirían mejorar la avenida 66 de 131 a 137 y la avenida 31 entre 520 y 514. Además, se contemplan mejoras en los centros de salud municipales para mejorar la atención de primera instancia.
El Municipio se encuentra trabajando para reactivar el Parque Industrial 2, actualmente está terminando el proceso de habilitación y de dotación de servicios para poder avanzar hacia la venta de lotes a empresas e industrias que quieran radicarse en la ciudad.
Por último, en el encuentro del Gabinete de Julio Garro, se remarcó la necesidad de potenciar el perfil industrial del conocimiento de la ciudad. Para ello, la Municipalidad de La Plata tiene como objetivo lanzar 300 capacitaciones gratuitas, mediante la Agencia de Desarrollo, para que alumnos del secundario se capaciten en este ámbito.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos.
Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.
Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.
Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.
La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.
El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.
Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.
Axel Kicillof volvió a protagonizar un controvertido anuncio, esta vez relacionado con Aerolíneas Argentinas. Durante una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense, el mandatario dejó en clara su postura: si el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de la aerolínea estatal, Buenos Aires está dispuesta a asumir su control.
“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo y la conectividad. La Provincia sí la quiere”, expresó, acompañado por representantes sindicales y antiguos directivos de la compañía. El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre los sectores que abogan por el ajuste fiscal y quienes defienden el modelo estatal.
Kicillof detalló que la cabecera genera ingresos de más de 2.600 millones de dólares anuales y sostiene 81.000 empleos directos e indirectos, resaltando su impacto en el turismo y las economías regionales. Además, calificó la posible privatización como “un intento de vaciamiento” que la Provincia no permitirá.
“Si el gobierno nacional quiere liquidarla, que sepa que la Provincia la va a sostener. No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. La patria no se vende”, sentenció, en un claro desafío a la administración de Milei.
El gobernador también anunció un plan para convocar a otros mandatarios provinciales y sectores estratégicos con el objetivo de construir una “estrategia colaborativa” que impida la privatización. Los gremios aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, respaldaron su postura, alertando sobre el impacto social y laboral que podría una eventual venta.
La propuesta de Kicillof, sin embargo, genera interrogantes. Los especialistas advierten que un traspaso de este tipo requeriría la aprobación del Congreso Nacional y exigiría enormes recursos para garantizar la operatividad de la aerolínea, la cual depende de subsidios multimillonarios.
Pese a esto, el gobernador no escatimó en elogios hacia Aerolíneas Argentinas, calificándola como “una pieza clave en el rompecabezas de la Argentina federal” y sugiriendo que la compañía es “de las mejores del mundo”. Según afirmó, la Provincia ya está “explorando todos los caminos posibles” para asumir el control si la Nación decide desprenderse de ella.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio inicio al Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, un proyecto destinado a intervenir el 100% de las rutas provinciales en un plazo de 24 meses. El acto de apertura tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 20, en el departamento Gualeguaychú, donde comenzaron las primeras tareas de bacheo.
“Esto marca el fin de años de abandono. Hemos trabajado intensamente para llegar a este día y aunque contamos con recursos limitados, empezamos a ejecutar las obras que siempre debieron realizarse”, expresó Frigerio, quien firmó el acta de inicio de las obras correspondientes al Grupo 1 del plan.
La primera etapa incluye la reparación de rutas clave en ocho departamentos: Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy. Entre las rutas a intervenir se encuentran la N° 11, N° 16, N° 20, N° 26, N° 45 y N° 51, totalizando 469 kilómetros de obras.
El proyecto se desarrollará en cuatro etapas. El Grupo 2 abarcará rutas de Concordia, Colón, San Salvador y otras localidades, mientras que el Grupo 3 y 4 cubrirán accesos y caminos regionales en diferentes zonas de la provincia. “Mañana firmaré en Concordia los convenios para el tramo dos y en un mes más haremos lo propio con el tramo tres”, adelantó Frigerio.
El gobernador enfatizó que esta iniciativa fue posible gracias a una política de austeridad y recorte de privilegios. “Nunca en la historia de la provincia un gobierno tuvo tan pocos recursos como este año. Sin embargo, hemos trabajado con transparencia y eficiencia, logrando destinar fondos a la obra pública que antes se perdían en los bolsillos de los vivos”, señaló, aludiendo a las irregularidades de gestiones previas.
Frigerio subrayó la importancia de las rutas para el desarrollo económico de Entre Ríos. “Estos caminos son fundamentales para nuestra producción y la seguridad vial. El estado calamitoso de las rutas ha sido una preocupación constante de los entrerrianos, y estamos aquí para cambiar eso”, afirmó.
El mandatario también destacó los esfuerzos realizados para reactivar obras paralizadas y saldar deudas de la provincia. “Encontramos un panorama desolador. Negociamos 30 mil millones de pesos en deudas y desneutralizamos la mayoría de las obras. Ahora estamos en condiciones de avanzar”, explicó.
Si bien Frigerio evitó entrar en detalles sobre otros desafíos como infraestructura educativa y sanitaria, cerró con una promesa: “El próximo año, el 100% de las rutas provinciales estarán intervenidas. Vamos a demostrar que la obra pública es un motor clave para el bienestar de los vecinos”.
En paralelo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo secundó al expresar su deseo de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza en una nueva gran formación liderada por el partido libertario de cara a las próximas elecciones legislativas, en lo que pareció traducir el “juntos o separados” esgrimido por el mandatario frente a la posibilidad de una alianza con la agrupación política de Mauricio Macri.
Las palabras de Bullrich, al igual que las de Milei, también estuvieron acompañadas de un tono de ultimátum: “Estamos convencidos de que esta elección va a ser entre el apoyo a profundizar la transformación o ‘soy del club del helicóptero’” afirmó.
“La lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos. Y que el partido de Gobierno tenga la prioridad, hay que adaptarse” dijo la ministra, quien ejemplifico el tipo de relación de fuerzas que propone para esta eventual “fusión” con la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia en 2015, y cuyo gabinete se compuso por una mayoría de integrantes del PRO y una minoría del radicalismo.
Patricia Bullrich se refirió al partido del expresidente como una formación dividida en forma desigual entre quienes apoyan irrestrictamente al presidente y quienes mantienen sus reparos: “Hay miles de dirigentes, algunos vienen del PRO, otros del radicalismo. En nuestra campaña nuestras verdades eran muy similares a las que decía Milei. Yo recuerdo una frase de mi campaña que era ‘es todo o nada’. Todo ese PRO se siente oficialista y se siente parte del Gobierno“.
Acerca de los que mantienen sus reticencias respecto al Ejecutivo libertario y se limitan a un apoyo “crítico”, la ministra se refirió a ellos como un espacio aislado y en el que “cada vez son menos”. En ese sentido, sobre Mauricio Macri expresó que “habla de algunas virtudes, pero ya ponerte en la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar”.
La alta funcionaria del Gobierno de Milei aseveró que las bases del PRO están de acuerdo con lo que se hace desde el Ejecutivo y eso puede marcar una distancia con el bureau político de dicha formación, en el que aún ejerce una influencia considerable el expresidente.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
