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El costo de la Canasta Básica Total (CBT)se disparó un 6,79% en el mes de julio, levemente por debajo de la inflación general que marcó un 7,4%, por tal motivo, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó durante julio $111.297,57 para no ser considerada pobre, de acuerdo a lo informado por el INDEC.
Por otra parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA)subió 6,3%, por lo que una familia necesitó $49.465,59 para no caer en la indigencia.
Durante los primeros siete meses del año, la Canasta Básica Total aumentó 46,2% y la Canasta Básica Alimentaria un 50,1% y en los últimos doce meses, el costo de la CBT aumento un 64,7%, y el de la CBA unos 70,6%, precisó el Indec.
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Se concretó hoy una baja y eliminación de retenciones a productos del campo que había sido anunciada por el presidente Javier Mileien su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Se trata del fin de los derechos de exportación para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E [son para todos los mercados, en especial China, el mayor comprador de carne de vacas]. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.
La medida se conoció a través del decreto 697 que lleva la firma del presidente Milei. También pusieron su firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas disposiciones habían sido informadas por Milei el 28 de julio pasado, cuando estuvo en la Rural.
Es la segunda promesa que cumple el Gobierno esta misma semana luego que este lunes se formalizara otro anuncio que también había realizado el jefe de Estado en la Rural: ya no será obligatoria la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para quienes comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.
Más atrás en el tiempo el Gobierno implementó una simplificación de trámites y declaraciones obligatorias para productores y exportadores con foco en agilizar el negocio. También bajó aranceles a insumos herbicidas y a la urea.
“El gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). Las medidas, anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina”, dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.
Según precisó luego, el decreto “dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina”.
Para destacar, como novedad se sumó la quita a la cadena porcina. De acuerdo a lo que había trascendido en un primer momento, iba a tener una reducción del 25%. Sin embargo, la alícuota se llevó a 0%. Agricultura dijo: “El decreto también establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial”.
Hace unos días, la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el alivio fiscal para el sector ganadero por las medidas de Milei será de US$159 millones. Esto por la baja del 25% de las retenciones desde una alícuota del 9% y el fin de los derechos de exportación para la categoría de vacas.
Para recordar, en 2023 todas las exportaciones de carne vacuna representaron ingresos al país por US$2.735.597.396, una merma de 20,1% versus el año precedente debido a la caída de los precios internacionales. El 60,3% de esas divisas vinieron de China, el mayor cliente del país.
LOS LÁCTEOS
El decreto presidencial, además, ordenó “la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones”.
Vale recordar que en octubre pasado, en plena campaña electoral, el exministro de Economía, Sergio Massa, había suspendido las retenciones a los lácteos hasta diciembre de 2023. Luego Milei prorrogó la medida hasta junio pasado y después avanzó con una extensión hasta junio de 2025. Finalmente, ahora se hizo una quita definitiva de los derechos de exportación.
En el caso de los lácteos, entre enero y junio pasado se vendieron al mundo productos por 650,5 millones de dólares, una retracción del 2% contra igual lapso de 2023. Brasil fue el principal destino en valor: pagó US$308,8 millones por los lácteos argentinos.
De acuerdo al decreto de hoy, también se implementó “una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%”. Agricultura precisó: “Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país”. Según detalló, en 2023 “el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones”.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior.A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.
Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.
Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.
Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.
La deuda soberana arranca el viernes con debilidades, borrando parcialmente el rebote que se había dado en los últimos días. El contexto de tensión global golpea a la renta fija local. En promedio, los bonos muestran mermas de 10% desde los máximos de abril.
IMPACTO GLOBAL
Todos los tramos de la curva argentina muestran una jornada en rojo, con el Global 2029 cayendo 1,04% y el Global 2030 perdiendo 0,92%.
Por su parte, el Global 2035 y el Global 2038 caen 1,4% y 1,3%, mientras que el GD41 y el GD46 caen 1,5% y 1,36% respectivamente.
En medio de temores sobre una recesión y en la que el mercado sospecha que la Reserva Federal deberá bajar la tasa de interés de una manera más acelerada respecto de lo esperado, las acciones caen, así como también los rendimientos de los bonos del tesoro americano.
Es decir, se está dando un contexto de fly to quality, o salto a la calidad, en donde los inversores buscan activos seguros en medio de la mayor volatilidad y temores de recesión. En un escenario en donde los inversores priorizan activos de menor volatilidad y seguros, la renta fija local sufre dicho panorama ya que son instrumentos de alto riesgo.
La volatilidad en la renta fija local proviene del mercado internacional, en donde los inversores comienzan a incorporar riesgos recesivos en EEUU luego de datos económicos débiles.
El mercado laboral evidenció una creación de empleo de 114.000 debajo de lo esperado, a la vez que el desempleo saltó al 4,3%, por encima del 4,1% que esperaban los economistas en EEUU. En base a todo ello, los analistas de PPI afirmaron que los factores internacionales explican casi el 70% de la performance de la caída de los bonos recientemente.
ACCIONES EN ROJO
Las acciones también operan a la baja tanto en la plaza local como en Wall Street.
BBVA lidera las pérdidas, con una caída de 12,1%.
Vista Cae %, 7,3 por Grupo Supervielle que pierde 7,1% e YPF, y Banco Macro, con mermas de 5,9%.
Le siguen YPF, Despegar, Corporación América, TGS y Grupo Financiero Galicia, que caen entre 4% y 5%
El S&P Merval baja 2,9%, mentras que medido en dólares retrocede 4,7%
En cuanto al impacto local, Santiago Ruiz Guiñazú, Head of Equity Sales & Trading de Adcap, señaló que la volatilidad global puede afectar a los activos argentinos.
Hacia delante, Ruiz Guiñazú remarcó que la Argentina necesita un viento de cola para consolidar la recuperación.
“Las empresas argentinas se mueven con cierta diferencia porque están más afectados por los indicadores macroeconómicos en Argentina. Las empresas argentinas con baja deuda y buenos resultados operativos han tenido caídas. Necesitamos que el contexto pueda ayudar a la macro y las empresas puedan desbloquear su potencial”, sostuvo.
Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, espera que el ajuste actual en Wall Street se mantenga, pudiendo contagiar a los activos locales.
“Creo que la volatilidad actual en Wall Street se va a prolongar y de ocurrir, Argentina podría contagiarse del contexto global. Creo que los bonos podrían ajustar a paridades cercanas a u$s 40 y el S&P Merval a la zona de u$s 1000. Allí podría ser un buen punto para volver a comprar”, indicó.
Además, agregó que las valuaciones de los activos locales estaban muy elevados, por lo que el mercado ajusta también en expectativas.
“Veníamos con un valor en dólares de los activos muy alto basado meramente por expectativas. Ahora el mercado sigue a la espera mientras tanto de conclusiones finales en el plan económico y la salida política que se está acomodando. Pero esto es una buena excusa para acomodar también los activos locales que venían recontra sobre exigidos o sobrevaluados”, afirmó.
En ese sentido,Bagilet entiende que, de corto plazo la recomendación es quedarse fuera, aunque de mediano plazo sigue apostando a la Argentina.
“Con paridades más cercanas a 40 e índice Merval cercano a los u$s 1000 dólares, es una caída aproximada de 10% a 11% en dólares”, detalló.
Con una visión similar, los analistas de Don Capital, advierten que la volatilidad en el mercado puede perdurar.
“Dada la volatilidad observada en las últimas sesiones, impulsada por las decisiones de la Fed y los datos macroeconómicos de Estados Unidos, es probable que este escenario persista en el futuro cercano”, afirmaron.
Sin embargo, también entienden que los drivers locales son preponderantes en la deuda local.
“Al comparar bonos representativos, como el GD30 con el EMB, vemos que en el último año existe una correlación del 85%, lo que evidencia la estrecha relación de Argentina con sus pares de mercados emergentes. Creemos que, a pesar de la volatilidad futura, si la política económica local sigue siendo efectiva y el escenario externo se orienta hacia una reducción de tasas, los bonos argentinos podrían recuperar atractivo para los inversores”, dijeron desde Don Capital.
LOS BONOS EN MODO AJUSTE
El contexto de mayor volatilidad en los mercados globales se da en un escenario negativo para la renta fija argentina.
En promedio, los bonos muestran mermas de 10%.
Tomando desde el pico de abril, el GD29 cae 6,5%, mientras que el GD30 cae 11%.
En el tramo medio, las debilidades son de 13% y 12% para el GD35 y el Global 2038 desde los picos de abril.
Finalmente, en el extremo más largo, los títulos caen 14% y 12% en el GD41 y en el GD46 desde sus máximos previos.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que la volatilidad de Wall Street no afecta de manera significativa a los activos locales.
“Si en septiembre hay una baja de tasa por parte de la FED, ayudaría a que los bonos argentinos a mejorar su performance como los del resto del mundo”, estimó.
En cuanto a la dinámica de los activos locales, Lazzati aclaró que los bonos y las acciones argentinas están en un período de stand by durante 60 días, esperando los resultados del blanqueo a ver si se juntan entre u$s 2000 y u$s 3000 millones, algo que ayudaría a fortalecer la reserva.
“Creemos que estamos en un periodo stand by en donde bonos y acciones van a fluctuar positivamente ante una demanda futura”, comentó Lazzati.
A su vez, el ajuste actual se dio en un contexto en donde el diferencial por legislación se achicó, generando posibilidades de arbitraje entre legislaciones, es decir, pasar de ley local a internacional y ganar la cobertura legal sin costo.
Agustín Helou, trader de Portfolio Investments, considera que ante bajos spreads por legislación, luce lógico pasarse de bonos local a ley extranjera.
“No creo que vaya a ocurrir algun evento crediticio. Pero ante spreads tan bajos, si un día se estresa la deuda, el inversor con bonos de ley NY está mejor parado que el que posee ley local“, comentó Helou.
Los riesgos sobre la deuda local no se eliminaron, y si bien el Gobierno muestra voluntad y capacidad de pago al remarcar que tiene (o va a tener) los dólares disponibles para pagar la deuda en 2025, el mercado aun desconfía.
“Creo que es conveniente pasarse de bonos ley local a NY, por una cuestión, de ´por las dudas´. Si el inversor tiene ciertos miedos sobre el tema reservas, que vienen vendiendo, esa estrategia no está mal. En algún momento se va a tener que llegar a un acuerdo con acreedores. Dado el stock de deuda y flujo de dólares, este no alcanza para pagar el perfil que tiene hoy la Argentina”, advirtió Helou.
Lucas Decoud, analista Renta Fija en Grupo IEB, detalló que si bien el spread de GD30/AL30 pasó de 2,65% a 5,1% actualmente, este se ubica en niveles cercanos al spread promedio entre 2020 y 2021 que fue de 5,78% luego del canje de Guzmán.
Además, recordó que en el periodo que va desde 2022 hasta antes de las elecciones primarias del 2023 el spread promedio se ubica en 16%.
“Creemos que el premio que brinda el pasarse de legislación extranjera a local todavía no es significativo o compensa adecuadamente la mayor robustez legal de los bonos globales sobre los Bonares”, dijo.
En cuanto a la estrategia, el especialista de Grupo IEB agregó que sigue prefiriendo posicionarnos en GD35 y GD41.
“Estos bonos operan con paridades más bajas que el tramo corto, lo que los vuelve defensivos en escenarios adversos y si la curva comprime a niveles de créditos emergentes presentan un upside potencial superior”, comentó Decoud.
El rubro de la construcción sigue en caída y ya son 10 meses consecutivos en los que se registra una cantidad de despidos masivos, ya son más de 95.000 personas que perdieron su puesto de trabajo.
Un informe publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción remarcó que en el sexto mes del año hubo 348.777 trabajadores registrados en la construcción.
Desde el IERIC comentaron que “la dinámica de junio se mantuvo dentro del sendero de desaceleración del ritmo de caída, mostrando señales de cierta estabilización luego de un periodo de sensible caída en el empleo sectorial”.
En términos interanuales se registró un desplome del 21,2% muy similar a los promedios que se vieron en abril y mayo. Este suceso se registró como el segundo peor mes solo superado en el año 2020 durante la pandemia.
“La cantidad de puestos de trabajo registrados en junio se encuentra entre los registros más bajos de la serie histórica superando solo en 2020 y 2021 cuando sucedió la pandemia del Covid-19“, remarcó la institución.
Debido a todo esto, los salarios también bajaron significativamente y se registró que en el mes de junio el salario promedio era de 1.067.732 pesos con el medio aguinaldo incluido. De este modo la media de la remuneraciones percibidas por los trabajadores presentó una expansión interanual del 246% contra una inflación que era del 271%.
En un nuevo avance en su política de reducción de impuestos, el Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para las ventas realizadas mediante tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pago electrónicos. La medida entrará en vigor a partir de septiembre, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta es la primera de una serie de medidas que se implementarán en el próximo mes con el objetivo de disminuir el “costo argentino”, una carga impositiva que, según el Gobierno, ha frenado el desarrollo económico del país. “Estamos comprometidos con la eliminación de impuestos que afectan negativamente al sector privado y obstaculizan el crecimiento”, expresó Caputo.
La decisión de eliminar estas retenciones, que hasta ahora afectaban a las transacciones realizadas a través de tarjetas y otros medios electrónicos de pago, fue bien recibida por el sector privado. Según el Ministerio de Economía, la normativa original había establecido un límite de facturación (equivalente a 10 mil unidades UVA) para acceder a este beneficio. Sin embargo, la reglamentación final amplió la exención a todas las empresas, sin importar su nivel de ingresos.
El comunicado oficial subraya que la medida no solo beneficiará al sector privado, sino que también promoverá la formalización de las transacciones y la inclusión financiera, además de reducir los costos de los sistemas de pago. “Esta iniciativa es fundamental para avanzar en los objetivos del Gobierno Nacional de fomentar la actividad económica y la utilización de medios de pago que aporten mayor transparencia y formalidad a la economía”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
El nuevo régimen será oficializado esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, las retenciones mencionadas quedarán sin efecto para todos los pagos realizados desde el 1° de septiembre de 2024 en adelante. Además, el Gobierno instó a las provincias a adherirse a esta medida, eliminando las retenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos locales sobre los pagos alcanzados por la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo junto a miembros de su equipo de trabajo (de izquierda a derecha) Federico Furiase, Martín Vauthier y Santiago Bausili
La medida más reciente del paquete fiscal se suma a la reducción del impuesto PAIS, prevista también para septiembre. Luego, se espera que el Gobierno avance con la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, conocido como “impuesto al cheque”, y con las retenciones a las exportaciones.
Caputo, en un discurso ante empresarios, subrayó la importancia de estas políticas para lograr un superávit fiscal y, con ello, poder continuar reduciendo la carga impositiva. “Nosotros vinimos acá para reducir la inflación y bajar los impuestos. Es decir, hacer lo opuesto a lo que ha hecho Argentina durante los últimos 100 años. Con el tiempo, sus empresas ganarán mayor competitividad y crecerán”, concluyó el ministro.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
