INÉDITO: Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por el asesinato de Luz Raquel Padilla
El presidente mexicano se refirió a la muerte de la mujer de 35 años, prendida fuego por un grupo de personas.
10 Years Experiences
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Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este asesinato como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.
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En su conferencia, en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.
En nuestro gobierno no hay impunidad, no se protege a nadie ni tenemos relaciones de complicidad. Conferencia matutina https://t.co/mOn393XA4x
“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal“, sostuvo López Obrador.
En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.
Hubo varias manifestaciones contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por hacer política del crimen
Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró. Y agregó: “Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Triste, su hijo enfermo y ella quemada”.
El crimen de Luz Raquel Padilla
Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron 3 hombres y 1 mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.
A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron y exigieron Justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer que detuvieron a 1 hombre, identificado como Sergio Ismael, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, se cansó de hacer públicas las amenazas que recibió, a través de las redes sociales
“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.
2 meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.
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La legisladora porteña Rocío Figueroa (PRO) afirmó que “siete de cada diez” personas en situación de calle que duermen en la Ciudad de Buenos Aires son oriundas del territorio bonaerense y responsabilizó del cuadro al gobernador Axel Kicillof. “Son los pobres, son los indigentes que Kicillof tira a la basura”, sostuvo en una entrevista en el programa Perdón por la Vehemencia, que se emite por CanalEy! y conduce el periodista El Presto.
Figueroa cargó contra la gestión bonaerense y aseguró que la Ciudad cumple con la ley nacional que obliga a contar con centros de inclusión social, mientras, la provincia “no hace nada”. “Nosotros atendemos a 7 de cada 10 personas de la provincia de Buenos Aires, insistió.
La legisladora describió las herramientas con las que cuenta el gobierno porteño para asistir a esa población: la línea telefónica 108, que opera las 24 horas y deriva a los equipos de calle; los Centros de Inclusión Social para hombres solos y familias; y los dispositivos específicos para personas con consumo crítico o cuadros graves de salud mental.
“Si esa persona no se quiere ir, yo no la puedo arrestar. Yo no la puedo obligar tampoco”, aclaró acerca de los traslados a los paradores. Desde ese punto, reclamó una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental: “Necesitamos que en el Congreso Nacional se debata una ley de salud mental razonable y mucho menos ideologizada”.
Sobre el reclamo económico a la provincia, Figueroa respaldó la factura por más de $27.000 millones que el 1 de abril el gobierno de Jorge Macri le envió a Kicillof por la asistencia a 2.327 personas con domicilio en territorio bonaerense. “Le pasamos la factura todos los meses a Kicillof”, precisó, y advirtió que existe “un proceso judicial” que el gobernador “en algún momento va a tener que pagar”.
“El porteño no tiene por qué bancar la no gestión a Kicillof”, cerró.
La Save Europe Act (“Ley para Salvar a Europa”) es una idea de ley política lanzada a fines de mayo de 2026 que busca recolectar firmas de ciudadanos europeos para obligar a la Comisión Europea a debatir y legislar sobre inmigración. Según los organizadores, se superó las 200.000 firmas en su primera semana, y en los días siguientes siguió creciendo hasta las 320.000 reportadas.
“Juntos vamos a salvar Europa, vamos a asegurar estas fronteras y los vamos a enviar de vuelta. Ese es el plan, nuestras demandas son simples y no podíamos hacerlo sin ustedes. Buen trabajo, y vamos a mantener ese número creciendo”, afirma la comentarista conservadora Eva Vlaardingerbroek, celebrando el numero de 250 mil firmas obtenidas.
Aquí está la clave para entender qué peso real tiene esta campaña. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un instrumento de democracia participativa de la Unión Europea (UE) que permite a los ciudadanos proponer legislación. El objetivo declarado es llegar al total de respaldo para activar un mecanismo legal de la UE llamado ICE.
Para que adquiera validez jurídica, la iniciativa debe reunir al menos un millón de firmas verificadas de ciudadanos de la UE, distribuidas en no menos de siete Estados miembros y recolectadas dentro de un plazo de doce meses a partir de su registro oficial.
Si se alcanzan estas condiciones, la Comisión Europea está obligada a reunirse con los promotores de la medida y emitir una respuesta formal, aunque no está obligada a adoptar la legislación propuesta. Es decir, el millón de firmas no crea ninguna ley automáticamente, solo fuerza un debate institucional y una respuesta pública de Bruselas.
La iniciativa fue presentada originalmente a fines de mayo de 2026 durante el Remigration Summit realizado en la ciudad de Porto, Portugal, y es impulsada por una coalición de referentes de la derecha radical europea. Su principal rostro público es Eva Vlaardingerbroek, abogada graduada en la Universidad de Utrecht, que cuenta con una amplia influencia en las redes sociales.
Entre los principales ideólogos también se encuentra Martin Michael Sellner, activista austríaco y cofundador del Movimiento Identitario de Austria en 2012. Considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento identitario europeo, en 2024 generó una fuerte controversia al presentar a dirigentes de la Alternative für Deutschland (AfD) alemana un proyecto de “remigración” masiva hacia un supuesto “Estado modelo” en el norte de África.
— Martin Sellner, también conocido como el “hipster” de la extrema derecha en Europa
La propuesta recibió además el respaldo de Viktor Orbán, quien apoyó públicamente la campaña después de que esta superara las 150.000 firmas. Otro de los primeros respaldos políticos llegó desde el Reino Unido, donde el diputado Rupert Lowe, líder del partido Restore Britain, fue el primer legislador en adherir públicamente a la iniciativa.
El proyecto también cosechó apoyos de otros dirigentes de la AfD, entre ellos Alice Weidel, Tino Chrupalla y Björn Höcke, así como de referentes de la derecha nacionalista en Francia, Italia y España, entre ellos Jordan Bardella, Matteo Salvini y dirigentes de Vox.
— Viktor Orbán es un jurista y político húngaro. Ejerció como primer ministro de Hungría desde 1998 a 2002 y de 2010 a 2026
Esta iniciativa no surge de la nada. La UE lleva años endureciendo su política migratoria desde el centro político. En diciembre de 2025, los países miembros aprobaron la creación de “centros de retorno” fuera del bloque para solicitantes de asilo rechazados, y en marzo de 2026 el Parlamento Europeo ratificó el nuevo reglamento de retornos con apoyo de los bloques conservador y ultraderechista.
¿Qué pide concretamente?
El texto de la Save Europe Act se estructura en torno a cuatro ejes principales. El documento propone una moratoria migratoria que suspendería nuevas vías de inmigración extraeuropea, incluidas las vinculadas a la reunificación familiar, los estudios y determinadas solicitudes de asilo. A su vez plantea incorporar al derecho de la UE una protección explícita de la denominada “identidad etnocultural” de los pueblos europeos.
Otro de sus puntos centrales es la “remigración”, concepto bajo el cual se busca crear un marco europeo para facilitar el retorno, tanto incentivado como involuntario, de inmigrantes en situación irregular, solicitantes de asilo rechazados y personas que sus impulsores consideran una carga cultural o económica. A ello se suma una propuesta de soberanía fronteriza orientada a devolver a los Estados nacionales el control pleno de sus fronteras, en reemplazo del actual sistema de gestión compartida dentro de la UE.
— Una manifestación de 500 personas a favor de la remigración organizada por Martin Sellner en Viena en julio de 2023
El concepto central que moviliza a los firmantes es la llamada “Teoría del Gran Reemplazo”, acuñada por el escritor francés Renaud Camus en 2011. Esta teoría sostiene que la población blanca nativa de Europa estaría siendo reemplazada de manera deliberada por inmigrantes procedentes principalmente de África y de países de mayoría musulmana. De acuerdo sus defensores, detrás de este proceso existiría una supuesta “élite globalista judeomasónica” que impulsaría los flujos migratorios con el objetivo de transformar la composición demográfica del continente y conformar una población más fácil de controlar.
Los demógrafos y politólogos refutan este postulado como pseudociencia. El demógrafo francés Hervé Le Bras demostró que incluso en los escenarios con mayor migración, la población inmigrante y sus hijos nunca superaría el 50% de ningún país europeo. El politólogo neerlandés Cas Mudde la califica de “racista”, basada en la premisa falsa de que la “población no blanca es inferior”. La hipótesis, además, ha servido de inspiración directa para ataques terroristas, como el de Christchurch (2019, 51 muertos) y el de Buffalo (2022, 10 muertos), cuyos perpetradores publicaron manifiestos explícitamente fundamentados en ella.
Lo que los analistas independientes señalan es que la teoría toma datos demográficos reales (bajas tasas de natalidad en Europa, presión migratoria) y los descontextualiza, añadiéndoles una narrativa conspirativa sobre intencionalidad y coordinación que no tiene respaldo empírico.
Diversos académicos han señalado una serie de contradicciones y obstáculos jurídicos que podrían dificultar el avance de la Save Europe Act. Uno de los principales cuestionamientos radica en que invoca como fundamento legal la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque varias de sus propuestas, especialmente las vinculadas a la denominada “remigración” basada en criterios étnicos o culturales, entrarían en conflicto con el principio de no discriminación consagrado tanto en esa Carta como en la Convención Europea de Derechos Humanos.
A ello se suma que, al momento de su lanzamiento, la campaña todavía no había completado el registro oficial como ICE ante la Comisión Europea. En consecuencia, las adhesiones recolectadas a través de la página web de los organizadores carecen de validez legal hasta que se habilite formalmente el procedimiento correspondiente.
Además, la Comisión Europea conserva la facultad de rechazar la propuesta antes de que avance en su tramitación si considera que el contenido de la iniciativa no se encuentra dentro de las competencias sobre las que el organismo tiene capacidad para legislar o actuar.
Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que le reclamó la salida de ManuelAdorni. El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Marra, exlegislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, instó al Presidente a tomar “la decisión que corresponde” frente a una situación que “viene desgastando al gobierno desde hace meses”.
El reclamo llega en un momento clave para Adorni. El Senado tiene previsto avanzar, el 25 de este mes, con la habilitación de la interpelación del funcionario para que comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.
Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. Escribe, aclara, “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible”. El exdirigente remarcó que su reclamo nace del apoyo al rumbo del gobierno: “Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante”.
El argumento central del texto giró en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona. “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza”, escribió. “Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”, completó.
La situación “viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”.
El exlegislador apeló a la promesa fundacional del espacio para reforzar su demanda. Recordó que los argentinos “no votaron solamente números”, sino “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.
Para Marra, ninguna lealtad afectiva puede ubicarse por encima del rumbo trazado: sostuvo que “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”.Sobre esa base lanzó una advertencia: cuando un vínculo personal termina pesando más que la coherencia del proyecto, este “empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”.
El exdirigente respaldó su reclamo con su propia experiencia dentro del espacio. Aseguró hablar “con autoridad moral”, porque le tocó atravesar una situación parecida “del otro lado”. Así trajo a la memoria su salida de La Libertad Avanza, en enero de 2025, cuando lo apartaron “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”. Reconoció el dolor de aquel momento, pero remarcó que eligió el silencio: no rompió nada, no dañó al proyecto ni se transformó en “bandera de la oposición”. Según explicó, asumió que el espacio “era más grande” que él y que su orgullo no podía anteponerse a lo que esperaban millones de personas.
Con ese antecedente como respaldo, formuló su pedido central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.
El cierre de la carta condensó el reclamo: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”. Y remató: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.
El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
Reunidos en Paraná, el ministro de Economía y el gobernador entrerriano propusieron un acuerdo federal que fije un horizonte para eliminar Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. En el mismo encuentro firmaron un convenio que compensa deudas cruzadas entre Nación y la provincia.
La fiscalía analiza si el foco tuvo origen deliberado tras una denuncia municipal y testimonios que apuntan a movimientos extraños en la zona. El Concejo Deliberante declaró la emergencia forestal por 18 meses.
Crecen las críticas por la carga del Inmobiliario Rural y por la posibilidad de nuevos impuestos en una de las regiones de mayor presión sobre una chacra agrícola, pagando hasta 13 veces más que en provincias como Santa Fe o Córdoba.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
