16 septiembre, 2025

Los bolsos de Milagro Sala: El rol de Máximo Kirchner y el “Cuervo” Larroque

Se conocieron nuevos testimonios de una de las víctimas de la líder de Tupac Amaru. El dinero a Máximo Kirchner y Andrés Larroque, las amenazas y las obras que se cobraron pero no se hicieron. ¿Cómo llegaban los bolsos a la Quinta de Olivos?
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La dirigente jujeña Milagro Sala continúa presa desde la pronunciación de su condena en el año 2016. Cayó tras un tendal de denuncias por malversación de fondos, corrupción, abusos y amenazas sobre sus propias agrupaciones y militantes.

En forma exclusiva, el portal REALPOLITIK tuvo acceso a los detalles de una de las declaraciones de los testigos que durante el juicio tuvieron el beneficio de la identidad reservada, pero que ahora lograron quebrar el silencio y trascender a la luz pública. Se trata de Mabel Balconte, quien no dejó detalle librado al azar.

En el relato, se aportan datos significativos sobre el mecanismo de amenazas y corrupción que atravesaba a la Tupac Amaru y la forma en la que estos le rendían cuentas en efectivo y en numerosos bolsos a los dirigentes Máximo Kirchner, Julio De Vido y Andrés “Cuervo” Larroque.

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La denuncia de Balconte fue realizada ante la fiscalía Penal Nro. 7 de Jujuy, en donde la dirigente de la organización social “14 de Febrero”, que dependía directamente de Sala, explicó cómo funcionaba el oscuro entramado por dentro. La organización se dedicaba, al menos en los papeles, a la concreción de obras como viviendas de uno y dos dormitorios, refacciones en escuelas y mejoras en general.

De acuerdo a Balconte, la dirigente Milagro Sala tenía un trato abusivo y amenazante a sus propias dirigentes, para asegurarse que ninguna fuera a renunciar o a llevar adelante una denuncia respecto a lo que sucedía puertas adentro. “Hija de puta, cajeta de mierda”, era la forma habitual de referirse a sus principales subordinadas, de acuerdo a Balconte.

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“La organización llevaba adelante obras en localidades como San Pedro, El Acheral, Rodeito, Villa Monte, El Fuerte, Calilegua, El Palmar, etcétera. Milagro nos amenazaba y nos pedía que facturemos por obras supuestamente ejecutadas en otros barrios, que nosotros no conocíamos y no sabíamos si se habían hecho o no. Después nos presionaban para que hagamos los trámites administrativos en el Instituto de la Vivienda”, afirmó.

De acuerdo al testimonio, los cheques del Instituto de la Vivienda eran retirados y entregados al contador de la propia Sala, llamado Lucio Abregú. De allí, se los trasladaba al Banco Nación de la calle Alvear y Necochea, en Jujuy, para ser cobrados.

“Quienes iban al Banco Nación eran Gladis Díaz, Mirta Aisama, Mirta Guerrero y Patricia Jaldín, quienes lo metían en bolsos, lo cargaban en dos autos y se iban a la casa de Milagro Sala”, aseguró la testigo.

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Balconte era uno de los que iba entonces a la casa de Milagro Sala a contar el dinero. De acuerdo a la testigo, allí estaban Marcia Sagardia y Javier Nieva. “Íbamos a lo de Milagro porque ella tenía la contadora de billetes”, aseguró. “Quien siempre estaba allí controlando la plata era Alejandro ‘Coco’ Garfagnini, quien es el vocero de la Tupac y era el nexo con Máximo Kirchner y Andrés ‘Cuervo’ Larroque”.

En efecto, los bolsos eran llevados desde la casa de Milagro Sala directamente a la Quinta de Olivos. “A veces íbamos en varios autos y, cuando era mucha plata, lo dividíamos en varias valijas y nos íbamos en avión”, asegura Belconte.

“Primero llevábamos la plata a un departamento alquilado por Sala en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Lima 265, frente al ministerio de Desarrollo Social. Ahí contábamos por última vez el dinero y Milagro lo llevaba a la Quinta de Olivos. En la Quinta sólo entraba ella con los bolsos, el resto esperábamos en una confitería de la esquina”, detalló.

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De acuerdo a la declaración, Sala obligaba a algunos de sus dirigentes a prestar la firma para convenios con Julio de Vido. “Nos llevaban a firmar convenios de obras, y de ahí Milagro se reunía con José López, que era quien autorizaba los pagos”, aseguró. Asustada, Balconte relata las amenazas a las que era sometida. “Si decís algo, vas a terminar en el fondo de un dique mirando los pececitos de colores”, relató angustiada.

Vale aclarar que, gracias al cierre del juicio oral y público, en el que finalmente se condenó a Milagro Sala, estos testimonios pueden ser dados a conocer luego de un extenso tiempo de reserva judicial.

*Fuente: REALPOLITIK

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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