LAVADO Y AFILIACIONES TRUCHAS: La POLÉMICA causa que PREOCUPA a Milei y a su entorno

La presentación judicial la realizó una de sus propias autoridades certificantes. Manifestó que falsificaron su firma en cientos de fichas de adhesión presuntamente apócrifas. La mano derecha de Milei es el principal sospechoso por haber utilizado una base de datos de una escribanía para conseguir las afiliaciones.
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*Por Adrián González

En el juzgado Federal Nro. 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramón Padilla, la ex autoridad certificante del Partido Libertario de la provincia de Buenos Aires, Silvana Beatriz Prino, denunció a autoridades de los partidos libertarios bonaerense y porteño por utilizar su nombre en cientos de fichas de adhesión apócrifas que fueron supuestamente manipuladas para conseguir los avales correspondientes que requiere el tribunal electoral para competir en los comicios.

El modus operandi habría sido mediante diversas computadoras donde se cargaron las presuntas fichas truchas al sistema. Fuentes judiciales dejaron entrever una especie de protección, debido al hecho de que la denuncia todavía no se encuentra en mesa de entradas, razón por la cual no se publicó dentro del sistema.

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Ahora bien, en cuanto a las adhesiones presentadas por la denunciante, solamente 300 de 1609 son reconocidas por ella como con su firma, y muchas corresponden a fallecidos y menores de edad, según lo dictaminó Ramos Padilla. Además, entre otros de los motivos de las fichas incongruentes se destacan: “Elector no encontrado a la fecha de adhesión; fecha de adhesión anterior al inicio de las actuaciones; carecer de lugar y fecha de adhesión; elector inhabilitado; difieren los nombres de los padres; electores extranjeros; electores con domicilio en otro distrito; carecen del nombre de la agrupación política o de la firma o sello del certificador”.

En cuanto a los acusados, según la también ex candidata a concejal en Berazategui por Avanza Libertad, el apoderado del Partido Libertario de provincia de Buenos Aires, Bruno Galleni, fue sindicado por “autor ideológico de los hechos denunciados” al haber utilizado “el usuario y contraseña” de la denunciante para subir los datos de las fichas al sistema de la Justicia Electoral en su nombre, según consignó en el expediente judicial. Otro de los apuntados es un referente liberal de Olavarría, Sergio Palahy, quien habría convocado a un grupo de personas del partido para “llenar las fichas de adhesión falsas e imitar la firma de la denunciante”.

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“Esta irregularidad fue aparentemente no sólo conocida por la cúpula del Partido Libertario, sino también impulsada por la misma, especialmente por Emma (Nicolás), Calandra (Alejandro), Galleni y Gazzotti (Lucas), agregó Prino en relación a los máximos responsables del presunto ilícito. Mientras que Calandra, el secretario General del Partido Libertario bonaerense, es el señalado por ejecutar estas maniobras en su territorio, en la Ciudad de Buenos Aires lo es el abogado y presidente del partido libertario de CABA, Nicolás Emma.

Nicolás Emma, acusado de asociación ilícita, falsificación de firmas y lavado de dinero

El letrado es la mano derecha del diputado nacional de Avanza Libertad, Javier Milei, y es acusado como “jefe de la asociación ilícita” por “usar una base de datos” de una escribanía donde anteriormente trabajaba para “llenar fichas de afiliación truchas de su partido y causas por lavado de dinero”. Por otra parte, Prino resaltó la responsabilidad de los doctores Galleni y del vicepresidente del Partido Libertario de territorio bonaerense, Juan Facundo Dominoni, en su calidad de abogados: “Deberían ser citados al menos a declarar (…) ya que siendo letrados no podían desconocer los medios de financiación de la campaña, ni tampoco irregularidades en las adhesiones y afiliaciones, y además tienen responsabilidad funcional por los hechos denunciados”.

Sergio Palahy y Lucas Gazzotti

Concretamente, todas las personas citadas están acusadas por el “delito de asociación ilícita contemplado y/u otros posibles actos ilícitos, hechos de cibercrimen y delitos electorales por cometer estafa procesal contra la Justicia Electoral”. En tanto, la denunciante aclaró que en caso que las fichas de adhesión hubieren sido destruidas, “ello no elimina el delito per se, y da mucha más relevancia a las testimoniales ofrecidas y a las constancias del expediente ofrecidos como prueba, como así también a cualquier constancia escrita en el expediente de constitución del Partido Libertario PBA”.

MÁS DENUNCIAS

La patrocinante legal de Prino, la doctora Mariela Pérez Cesaratto, ya había denunciado hechos similares que involucran al Partido Libertario, previamente a ser contratada por su representada. En diciembre último, interpuso en Córdoba una denuncia por “1600 adhesiones apócrifas y lavado de dinero”, más la presentación de “facturas apócrifas” para el acto del Luna Park del Partido Libertario porteño, cuyo escenario fue el búnker de campaña de Milei en las elecciones generales de noviembre.

Servini de Cubría

Posteriormente identificó a las “personas jurídicas irregulares” que se presentaron como intermediarias. Tras ratificar su denuncia efectuada en la fiscalía del juzgado de la doctora María Romilda Servini de Cubría, solicitó “medidas de protección personal” por “diversas amenazas y operaciones en mi contra”. Entre estas, resaltó que recibió “balas” que fueron exhibidas ante la fiscalía, como agravios en las redes sociales “utilizando en repetidas oportunidades cuentas trolls con dichos injuriosos y lesivos de mi honor, y un par de amenazas directas”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Anteriormente, el vicepresidente del Partido Libertario Dominoni ejercía como juez, cargo por el que fue destituido luego de media docena de denuncias de sus propios empleados cuando todavía estaba en funciones. En esta sintonía, Lucas Gazzotti, según Cesaratto el “supuesto” presidente del Partido Libertario de PBA porque se desempeña en su rol “de facto” ya que en los papeles figura como máxima autoridad bonaerense Ignacio Raffo, posee una de acoso reciente. Y Palahy también arrastra denuncias por violencia de género.

*Fuente: REALPOLITIK

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

HUMOR por Argüelles​

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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