El Min. de la Mujer contrató MÁS DE UN EMPLEADO POR DÍA desde su creación
En el primer mes de su creación, el ministerio sumó 223 empleados. Un año después, la planta ascendía a 672 contratados. En abril del 2022, según los datos oficiales, el número alcanzó la suma de 1004. Ningún ministerio del gabinete de Alberto Fernández sumó esa cantidad de empleados.
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A 900 días de su nacimiento, según los datos oficiales que consiguió La Cornisa tras un pedido de acceso a la información pública, contrató a 1004 empleados. O sea, más de un empleado por día se sumó al equipo de Elizabeth Gómez Alcorta.
La estructura ministerial está compuesta por tres secretarías y seis subsecretarías, 211 asesores, 21 asistentes, 92 trabajadores “nivel A”, 245 “nivel B”, 145 en el “nivel C”, 128 en el nivel “D”, 34 en el “nivel E” y solo 2 en el último nivel. Otros 71 empleados, el ministerio no informó su rango actual.
En el primer mes de su creación, el ministerio sumó 223 empleados. Un año después, la planta ascendía a 672 contratados. En abril del 2022, según los datos oficiales, el número alcanzó la suma de 1004. Ningún ministerio del gabinete de Alberto Fernández sumó esa cantidad de empleados. El Ministerio de Seguridad de la Nación, por ejemplo, sumó 62 empleados desde la asunción de Alberto Fernández.
En los recibos de sueldo que accedió la Cornisa aparece el cobro de $79.480 en concepto de “desarraigo” de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, la ex senadora mendocina María Cristina Perceval cuyo salario asciende a $447.831,28 en el mes de mayo de este año. La suma supera al salario percibido por la ministra Gómez Alcorta que es de $374.219,23. Neila Kelly, Secretaría de Políticas contra la Violencia por razones de género también supera a la ministra con un sueldo de 396.169 pesos en mayo de este año.
Según el equipo de prensa del Ministerio de la Mujer, Perceval cobra desarraigo en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1840/86 que faculta a los ministros a compensar los gastos en que incurran los funcionarios al ser convocados a cumplir funciones de nivel político y que viven a más de 100 kilómetros de distancia.
El Ministerio también informó que ingresaron por concurso público los empleados categorizados en el SINEP PP -Planta Permanente-. Según los datos oficiales, sólo 15 empleados pertenecen a esa categoría. O sea, menos del 5% ingresó por un concurso público.
Entre los ingresantes aparecen decenas de militantes del Movimiento Evita, de “Garganta Poderosa”, de los movimientos sociales de Juan Grabois, feministas que reivindican la figura de Cristina Kirchner, integrantes del espacio Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y familiares de periodistas militantes y/o funcionarios nacionales como una sobrina del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
*Fuente Periodismo y Punto PyP
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La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
La exsecretaria general de UTHGRA y actual concejal de Mar del Plata, Mercedes Morro, se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia que la señala por haber utilizado fondos del sindicato para comprar un departamento. El caso tomó mayor notoriedad luego de una tensa entrevista con el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto. Lo que pretendía ser un derecho a réplica, se convirtió en más de 30 minutos donde Morro mostró contradicciones constantes y evasivas ante preguntas directas.
“Si me equivoqué, me equivoqué. No me quedé con la plata. Si tengo que ir presa, iré presa”, afirmó Morro, admitiendo a su vez haber metido a familiares con ayuda de sus funciones, pero intentó torpemente defender que “todos trabajaron y cumplieron horario como cualquiera”.
La exsecretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos en Mar del Plata, de 78 años, con un mandato en el Concejo que finaliza en diciembre de 2025 y sin posibilidad de reelección, enfrenta una denuncia penal por presunta malversación de fondos sindicales utilizados para la compra de un departamento a su nombre propio.
“Yo compré un pozo de departamento. Lo pagué durante unos años, pero lo tuve que vender porque no podía seguir pagando la cuota”. subrayó Morro, enfatizando que a UTHGRA “se le devolvía el dinero después”. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre los documentos que acrediten dichas devoluciones.
En ese momento, la dirigente deslizó una confusa nueva versión en la que veía como posible que “en la Tesorería se quedaban con la plata".Según ella, su sueldo rondaba los tres millones de pesos.
Morro dijo desconocer la existencia de las actas que avalaran estas operaciones: "No te lo voy a decir, porque eso se va a decir en el juicio". Fuentes locales argumentaron que cinco miembros de su propia gestión en la Comisión Ejecutiva, que fueron consultados en el proceso de auditorías del sindicato, declararon que jamás se autorizó en acta ningún préstamo personal ni la compra del inmueble.
La investigación penal preparatoria número 20.440-25 radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de Mar del Plata investiga 14 transferencias bancarias realizadas desde las cuentas oficiales de UTHGRA hacia la empresa constructora Cuarzur Edificios SA entre 2016 y 2017. Estas transferencias, que a valores actuales superarían los 800 mil pesos, fueron destinadas al pago de cuotas de un departamento ubicado en la calle Salta, que figura registrada a nombre de Morro, no del sindicato.
Morro reconoció que "por ahí en ese sentido sí... podría haber cometido un abuso", aunque defendió que todos en su gestión "trabajaban y cumplían horario". Su hija, Nancy Todoroff, incluso se candidateó posteriormente para ser secretaria general del gremio, continuando lo que parecía ser una sucesión familiar hereditaria.
La Libertad Avanza y el PRO acordaron hoy competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El frente se inscribió dos días antes del cierre oficial y confirmó un reparto que consolidó la supremacía libertaria: las dos candidaturas titulares al Senado y los tres primeros lugares de la lista a Diputados quedaron en manos del oficialismo; el PRO obtuvo los lugares 5 y 6.
Karina Milei y Mauricio Macri lideraron una negociación exprés que destrabó el pacto luego de varias jornadas de tensión. En la etapa preliminar, las tratativas estuvieron a cargo de Pilar Ramírez por LLA y Ezequiel Sabor por el PRO.
– Las conversaciones se frenaron cuando el PRO rechazó inicialmente los puestos que consideró de baja competitividad
La boleta porteña exhibirá exclusivamente la marca libertaria y su color violeta: no contendrá ni el nombre ni el tradicional amarillo PRO, condición central impuesta por LLA y aceptada por el macrismo. Entre los nombres propuestos por el PRO para sus posiciones figuran la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis y el escritor Hernán Iglesias Illa.
La lista al Senado estaría encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada por otro referente libertario. El PRO no ocupará lugares titulares en la Cámara Alta, pero podría ubicar un suplente de confianza de Macri.
Las conversaciones se frenaron cuando el PRO rechazó inicialmente los puestos que consideró de baja competitividad. Desde la sede de Uspallata, Jorge Macri y María Eugenia Vidal reclamaron lugares más altos; sin embargo, el macrismo adoptó finalmente una estrategia pragmática y se integró a la alianza. Vidal confirmó que no será candidata en esta tanda y adelantó que no acompañará los vetos del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados.
Además del reparto de candidaturas, Karina Milei y Mauricio Macri acordaron crear una mesa de coordinación entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno porteña para gestionar préstamos internacionales destinados a obras de infraestructura, entre ellas la ampliación de la red de subterráneos.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei fue citada por la Comisión Investigadora al estar mencionada en la causa $LIBRA tras haber permitido el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda. Su papel resulta clave en la investigación, ya que fue quien facilitó las reuniones entre su hermano, el Presidente, y los creadores de la estafa cripto.
Según lo recabado, los registros de la Casa Rosada muestran múltiples visitas de los principales involucrados en el esquema, incluyendo a Hayden Mark Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (KIP Protocol), los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (organizadores del Tech Forum), y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, han surgido acusaciones más graves. De acuerdo con mensajes de texto revelados por el sitio web CoinDesk, Hayden Davis subrayó que podía “controlar” al actual mandatario debido a los pagos que realizaba a su hermana.
– La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA designó al diputado nacional Maximiliano Ferraro, del bloque de la Coalición Cívica, como presidente
“Yo controlo a ese negro. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, afirmó Hayden Davis.
La comisión aprobó un reglamento interno que le otorga facultades extraordinarias, incluyendo la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados. Esta medida fue pensada específicamente para casos como el de Karina Milei, donde existía la posibilidad de que los señalados se rehúsen a comparecer ante la Justicia.
En total, 19 personas fueron convocadas a declarar ante la comisión investigadora. Entre los funcionarios gubernamentales figuran la propia Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial, Damián Reidel, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik y la exintegrante de la UTI $LIBRA, María Florencia Zicavo.
A la lista se suman otros nombres vinculados a la investigación, cómo Walter Kerr, traductor de Casa Rosada, Diógenes Casares, empresario que denunció el pago de sobornos y Charles Hoskinson, cocreador de Ethereum.
Aparte de las citaciones, la comisión decidió enviar un cuestionario escrito a Javier Milei, quien tiene cinco días hábiles para responder. Esta decisión se tomó como una vía intermedia antes de considerar una citación directa al mandamás.
El caso ha escalado a acusaciones de corrupción severas. Casares, hijo del empresario millonario Wenceslao Casares, aseguró en una entrevista que una autoridad estatal cobró por el tuit de Milei donde promocionaba el activo. Hoskinson, reveló que allegados al gobierno le ofrecieron sobornos para organizar una reunión con el presidente. Estas acusaciones se han visto reforzadas por el análisis de las transacciones de dinero digital, que revelan que tres de las cuatro billeteras que se beneficiaron con 100 millones de dólares aparecen etiquetadas con el nombre “Milei”.
– Gabriel Bornoroni (LLA): “se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías, en un mecanismo que va a dejar un precedente que vamos a impugnar”
La nueva estructura investigativa está bajo el liderazgo de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien fue designado presidente de la Comisión Investigadora después de cuatro meses de parálisis institucional. La comisión había permanecido empantanada debido al empate de 14 diputados oficialistas y 14 de oposición, situación que se resolvió cuando la oposición impuso una resolución que permite elegir autoridades basándose en los bloques que representen más diputados.
Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), fue nombrado secretario, mientras que la vicepresidencia quedó vacante debido al retiro del oficialismo. El oficialismo libertario impugnó esta designación y anunció que apelarán la decisión.
El gobierno intentó crear una “autoinvestigación” a través del Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción. Zicavo fue designada al frente de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), aunque críticos señalaron que era imposible que una funcionaria investigue seriamente a su propio jefe. La Oficina Anticorrupción, dirigida por Melik (exsocio del ministro de Justicia), cerró su investigación en junio de 2025 sin encontrar irregularidades, una acción que generó desconfianzas adicionales.
Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.
El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.
El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.
– Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores
Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.
De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.
La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.
A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).
Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.
Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi(Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo(Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.
MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”
Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país.
Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos
Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.
Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.
– Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ
La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.
– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)
Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”.Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.
La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.
Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.
Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.
Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.
Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.
El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.
Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.
En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.
– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento
El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.
La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.
Tomás Ise Figueroa no es un improvisado ni un desconocido. Hasta diciembre de 2023 se movía como asesor de José Emilio “Pichón” Neder en el Senado, histórico operador del zamorismo y una de las espadas políticas más fuertes del norte argentino. Hoy aparece con el sello de La Libertad Avanza como candidato a senador nacional en Santiago del Estero.El giro desconcierta a propios y ajenos: de engranaje de la maquinaria kirchnerista y zamorista a “libertario” de pura cepa en cuestión de meses.
El burócrata aportó $1.778.400 para la campaña de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo a través de una transferencia bancaria, el 8 de agosto de 2019, según confirman los registros de la Cámara Nacional Electoral. Fue el segundo financista individual más importante del Frente de Todos, solamente superado por el empresario santafesino Walter Grenón.
A valores de hoy, el monto aportado por Figueroa ronda los $70 millones.
El contraste no termina ahí. Además de haber sido asesor del zamorismo y financista del kirchnerismo, Figueroa ni siquiera reside en Santiago del Estero: vive en la Ciudad de Buenos Aires.
La militancia libertaria, que esperaba renovación y ruptura, estalló en redes sociales. Varios jóvenes lo tildaron de “caballo de Troya” y otros directamente de “garrón”. El descontento se hizo sentir: quienes apoyaron a Milei en la calle no entienden cómo la dirigencia eligió a un exfinancista K como la cara visible en una provincia clave.
La conducción de LLA en Santiago defiende la jugada. Figueroa no solo asumió la presidencia provincial del partido de Karina Milei, sino que además diseñó el armado junto a dirigentes locales y se encargó de garantizar recursos para una campaña que, de otra manera, sería imposible de financiar. Para ellos, pesa más la capacidad técnica y económica que la “pureza ideológica” que reclaman los militantes de primera línea.
El contraste es brutal. Milei construyó su discurso sobre el rechazo frontal al populismo y a la casta política, pero en Santiago lo representa un hombre que trabajó con el zamorismo y aportó a la caja del kirchnerismo.
La lista completa de LLA en la provincia también muestra un armado con nombres variados: Andrea Jorge acompaña a Figueroa en el Senado, mientras Laura Godoy y Matías Faila encabezan las candidaturas a diputados nacionales. Ítalo Cioccolani, por su parte, competirá por la gobernación. Un mix de dirigentes jóvenes, empresarios y técnicos que intentan vender como “renovación”.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
