Tres de Febrero aprobó la “ficha limpia”, presentada por la Coalición Cívica
El proyecto, presentado por Fernando Trigo, impide que ejerzan cargos públicos a quienes se encuentran condenados. Como era de esperarse, el Frente de Todos se abstuvo.
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En sintonía con el proyecto nacional impulsado por el movimiento ciudadano Ficha Limpia, esta ordenanza no le permitirá ejercer cargos públicos en el Ejecutivo municipal a quienes se encuentran condenados por delitos contra la administración pública.
Es así que, en la sesión, Fernando Trigo señalo: “Es necesario que demos el ejemplo desde este recinto, acompañando esta iniciativa que surge de una demanda ciudadana que es impulsada en Tres de Febrero con la voluntad política del intendente Diego Valenzuela, por más transparencia y calidad institucional en el Estado”.
Con la aprobación de la ordenanza presentada por el concejal Fernando Trigo, el distrito del oeste es uno de los primeros de la provincia de Buenos Aires en sumarse a esta resolución impulsada por la ciudadanía, quienes juntaron más de 410.000 firmas para que Ficha Limpia se convierta en Ley Nacional.
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La exdiputada nacional Soledad Carrizo quedó posicionada como una de las piezas políticas que La Libertad Avanza eligió para ampliar su estructura en Córdoba. Tras haber cuestionado con dureza a Javier Milei en 2025, la dirigente radical fue designada como vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y pasó a desempeñar un rol central en el esquema de construcción territorial que encabezó Gabriel Bornoroni, con la mira puesta en la disputa por la Gobernación de 2027.
La incorporación de Carrizo al organismo nacional fue oficializada por el decreto 212/2026, que confirmó su llegada en representación del Poder Ejecutivo Nacional dentro de un ente que dependió del Ministerio de Capital Humano y que tuvo injerencia directa en la articulación con cooperativas, mutuales y municipios del interior. Su arribo al directorio se esperaba desde diciembre, cuando concluyó su mandato en la Cámara de Diputados.
En términos políticos, el movimiento consolidó un vínculo que ya se venía aceitando entre Carrizo y el armado libertario cordobés. Bornoroni exhibió su acuerdo con la exdiputada radical y le encomendó una tarea específica: salir a buscar intendentes radicales dispuestos a integrarse al espacio opositor que La Libertad Avanza buscó consolidar hacia 2027, cuando Martín Llaryora pusiera en juego su reelección.
De ese modo, se hizo explícito que Carrizo fue la elegida para conducir la llamada pata radical del armado libertario en la provincia. El objetivo fue tender puentes con jefes comunales boina blanca desencantados con la dinámica interna de la UCR o abiertos a cambiar de rumbo político. Esa movida apuntó, además, a disputar uno de los activos más importantes de Rodrigo de Loredo, que hasta ahora fueron los intendentes radicales sobre los que apoyó su propia proyección a gobernador.
El giro político de Carrizo contrastó con sus propias declaraciones de un año antes. Cuando Milei abrió el período de sesiones ordinarias de 2025, la entonces diputada marcó fuertes cuestionamientos al Presidente. “Las promesas mesiánicas no son el camino”, escribió en sus redes sociales al finalizar el discurso presidencial. También sostuvo: “No tuvo eufemismos en promover la intervención en el Poder Judicial. Redujo la obra pública en un mero negociado cuando sabemos que es un motor de la economía real”.
Sin embargo, con el correr de los meses, Carrizo comenzó a acercarse al oficialismo nacional. Ese viraje se produjo desde una construcción política cuya terminal fue Alfredo Cornejo, un dato que también ayudó a explicar su nuevo posicionamiento dentro del radicalismo y su sintonía con el armado libertario. Desde el tramo final de su banca acompañó casi todas las leyes clave del Gobierno y en octubre respaldó la lista libertaria que encabezó Gonzalo Roca, mano derecha de Bornoroni. Ante los suyos, repitió una definición que buscó explicar ese viraje: “Yo no me hice libertaria, pero aporto mi experiencia a un Gobierno que está cambiando al país”.
Ese reposicionamiento quedó confirmado también en una entrevista que Carrizo concedió a Perfil el 21 de febrero de 2026, donde asumió abiertamente su papel como articuladora radical dentro de una alianza encabezada por La Libertad Avanza. “Me animé a “salir del clóset”: soy una radical que no se oculta para decir que quiere una alianza con LLA, con el PRO, con el Frente Cívico y seguramente más actores”, afirmó.
En esa misma entrevista, explicó que su decisión respondió a una construcción política más amplia y confirmó su trabajo conjunto con Bornoroni y otros referentes del oficialismo. “Gabriel (Bornoroni) me invitó y ya estamos trabajando con otras figuras como Laura (Rodríguez Machado) y Patricia Bullrich. Tenemos campañas al hombro con Laura. Me tildaron de traidora, pero cuando me decían que el candidato radical no movía el amperímetro, entendí que esta es una confluencia lógica”, señaló.
Frente a las acusaciones internas por su acercamiento a Milei, Carrizo rechazó haber traicionado al radicalismo. “No me considero traidora. Muchos radicales hicieron sociedades con anterioridad sin preguntarle al partido. Soy una dirigente con más de 20 años en política y nadie puede dudar de mi radicalismo; nunca transé con el peronismo”. Y agregó: “Hay mucha hipocresía de quienes no quieren hablar sobre la mesa de cuestiones lógicas mientras esconden arreglos con el peronismo”.
Carrizo también definió cuál sería su función concreta dentro del nuevo esquema. “Mi rol es ser nexo con las generaciones nuevas y la articuladora entre los dirigentes del radicalismo que se quieran sumar a la mesa provincial de LLA. Gabriel ve esa posibilidad en mí, de explicar qué queremos de cara al futuro”. En paralelo, remarcó que buscó construir un camino propio dentro de la UCR. “Hace mucho decidí tomar un camino propio y abrirme de Confluencia (mestrismo). Sentía que mi ciclo ahí había culminado”.
La apuesta territorial de Carrizo no quedó limitada al plano partidario. Su desembarco en el INAES le dio una plataforma con volumen propio para intervenir en el interior provincial. En Córdoba funcionaron más de 250 cooperativas de servicios públicos distribuidas en distintos municipios, estructuras con peso político y capacidad de gestión local. En muchos casos, sus presidentes tuvieron tanta influencia como los propios intendentes. Allí se concentró una parte central de la estrategia libertaria.
Con ese giro, la exdiputada que en 2025 condenó el “mesianismo” de Milei pasó a ocupar un lugar dentro del Gobierno nacional y a convertirse en una de las armadoras del proyecto libertario en Córdoba, con la tarea de atraer radicales, disputar territorio y fortalecer la candidatura provincial de Bornoroni.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
El médico Abel Albino, titular de la Fundación Conin, advirtió a medios locales que el único hospital para niños desnutridos del país, ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, cerró hace seis meses por falta de financiamiento. El establecimiento, diseñado para la internación y recuperación de pacientes, quedó sin actividad pese a que funcionó como un centro de referencia nacional en el tratamiento de la desnutrición infantil.
“Es una pena. Cerró porque no puedo pagar los sueldos”, explicó Albino. También destacó el nivel de atención que alcanzó el centro: “Trabaja tan buena gente y tan correctamente trabajan que prácticamente no tenemos mortalidad”.
Albino atribuyó la crisis al atraso en los aportes públicos. “Estoy contratado por el Estado, pero el Estado no me actualiza hace más de cuatro años”, sostuvo, y precisó: “me está aportando el Estado 7% de lo que yo gasto para recuperar. Si no me ayuda la comunidad, no puedo seguir”. En la misma línea, cuestionó la falta de respuestas oficiales: “Nos tratan muy bien… pero no nos llevan el apunte”.
Según explicó, la falta de giro de fondos impidió cubrir los costos operativos mínimos, el pago de salarios del personal especializado y los insumos necesarios para sostener el funcionamiento del hospital. Esa situación obligó a la fundación a suspender el ingreso de nuevos pacientes críticos, en un contexto en el que, de acuerdo con la información suministrada, estos niños no encontraron en el sistema público de salud una alternativa de la misma complejidad y especificidad.
“Hace seis meses que lo cerré, y hace seis meses que estoy llorando por no tener el hospital, porque sé que es necesario”, insistió Albino. También afirmó: “El hospital funcionaba a pleno pero ahora no puedo pagar los sueldos. Hay chicos con desnutrición que necesitan estar internados. Que este edificio esté vacío es una maldad”.
Tras el cierre, los pacientes dejaron de ser internados y fueron enviados nuevamente a sus hogares. “Los tuvimos que devolver a su casa, con un nudo en la garganta”, señaló Albino. No obstante, aclaró que la asistencia continuó de manera territorial: “Los tratamos en sus casas. Van nuestros médicos y los asisten en sus casas”.
El hospital recibía derivaciones de todo el país, lo que lo consolidó como un dispositivo único en su tipo. Para intentar reabrirlo, Albino planteó un esquema de financiamiento basado en pequeños aportes individuales. “Si yo tuviese 1.500 socios más que me dieran lo que vale una pizza, o medio tanque de nafta, una caja de leche… puedo salir adelante”, afirmó.
La Fundación Conin —Cooperadora para la Nutrición Infantil— nació en Mendoza en 1993, inspirada por el modelo del doctor Fernando Mönckeberg en Chile. Su misión consistió en atacar las causas de la pobreza desde un enfoque integral: no solo se centró en la alimentación, sino también en la educación de la madre y en la transformación del entorno familiar. La organización contó con más de 100 centros en 18 provincias, tuvo una trayectoria que salvó a más de 30.000 niños y desarrolló una metodología científica reconocida internacionalmente.
El material también remarcó la importancia del primer año de vida como la etapa más crítica para el desarrollo cerebral. Según los especialistas citados, si un lactante no recibió los nutrientes esenciales y la estimulación adecuada en esos primeros doce meses, las secuelas neurológicas y físicas solieron resultar irreversibles. En esa línea, la fundación sostuvo un abordaje integral que combinó alimentación, estímulos afectivos y condiciones de higiene.
Albino también alertó sobre la magnitud del problema nutricional que detectaron en territorio. “Cada vez que vamos y hacemos un testeo, porque nos metemos en la comunidad con un camión que tenemos, encontramos 30% de chicos desnutridos, 30% de chicos con sobrepeso… y 30% de chicos normales”, sostuvo. Sobre las consecuencias de la desnutrición, agregó: “La desnutrición genera debilidad mental… la principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro”.
En ese marco, reclamó una respuesta conjunta de distintos sectores. “Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales… y la comunidad toda debemos trabajar juntos como hermanos que somos”, afirmó.
La paralización del hospital se produjo además en un contexto social crítico en Mendoza. Según las mediciones más recientes del INDEC citadas en la información suministrada, la pobreza infantil en el Gran Mendoza afectó a poco menos de la mitad de los chicos menores de 14 años. A eso se sumó la reciente clausura del servicio de maternidad del Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia, una medida que generó protestas de profesionales y contribuyentes encabezadas por el intendente Ricardo Manzur. La información aportada también señaló un incremento en los registros de maltrato infantil.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
Para entender la patética imagen de un joven oculto bajo una capucha en pleno microcentro, es imperativo analizar cómo se gestó su descomposición pública. No es un evento aislado, sino la culminación de un naufragio que comenzó cuando la defensa de las ideas fue reemplazada por la sumisión del mandadero.
Entre 2020 y 2023, Iñaki Gutiérrez habitaba los sets de televisión con una soltura que hoy parece de otra vida; defendía principios sin mochilas pesadas y caminaba por la calle con la frente alta. Sin embargo, el roce con la estructura estatal dinamitó aquel idilio. El termómetro de la realidad marcó temperaturas hostiles mucho antes de su intento de disfrazarse de anónimo, con un asedio que se volvió constante, entre los que repasaremos algunos casos:
Marzo de 2024: El inicio del fin; Javier Milei debió denunciar públicamente el “bullying” y hostigamiento sistemático que Gutiérrez sufría en los pasillos de la Universidad de Belgrano, donde sus pares le recordaron que el prestigio no se construye con visualizaciones.
Mayo de 2025: En Oberá, Misiones, el repudio de productores yerbateros lo obligó a una retirada poco glamorosa bajo gritos de “vendepatria”, evidenciando que el interior del país no compraba su estética de redes.
Agosto de 2025: En Corrientes, la situación escaló a la violencia física y agresiones a la prensa durante una caravana, dejando en claro que el personaje ya no generaba admiración, sino un rechazo visceral.
Aquel joven que antes era frenado para una foto, hoy colecciona escraches como trofeos de una derrota cultural que no supo ver venir.
Iñaki Gutiérrez junto a Javier Milei.
El avestruz digital
Esta acumulación de repudio moldeó la conducta actual de Gutiérrez: la del fugitivo social. El registro de un vecino interceptándolo en la vía pública es la prueba obscena de su decadencia. Allí, mimetizado con el pavimento, el joven que alguna vez pretendió ser la voz de una generación se exhibió bajo una capucha negra, en un intento tan desesperado como inútil por recuperar un anonimato que él mismo dinamitó.
Captura de Gutiérrez encapuchado.
La escena roza lo tragicómico: Iñaki, lejos de la verborragia punzante de sus años en la defensa de las ideas, optó por la mudez y el refugio en un audio de WhatsApp sostenido contra su oído como un escudo de kevlar. Ante el reclamo del ciudadano por el uso del disfraz para evitar el escrache, Gutiérrez ensayó una mirada perdida, lanzó una respuesta inaudible y se retiró con la premura de quien sabe que el territorio ya no le pertenece. Es la metamorfosis del avestruz: esconder la cabeza y esperar que el entorno desaparezca.
El video viral del escrache contra Iñaki Gutiérrez encapuchado, en octubre de 2025.
El ejecutor que dejó de pensar
La degradación de su imagen pública se aceleró al ritmo de una gestión plagada de torpezas. El primer gran síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió en diciembre de 2023, cuando confundió el Memorial de las Piedras de las víctimas del Covid-19 con “escombros” dejados por la gestión anterior; una profanación por ignorancia que marcó su bautismo de fuego en el error.
Semanas después, en el brindis de Año Nuevo de 2024, utilizó la cuenta oficial de Casa Rosada para fines personales (subió una foto junto a su novia, Eugenia Rolón, y lo republicó con la cuenta oficial) bajo un presunto estado de embriaguez o de intoxicación con estupefacientes, lo que le valió el desplazamiento inmediato del manejo de las redes institucionales.
El retuit de Casa Rosada de la foto de Gutiérrez con su novia.
A este historial de negligencias se sumó el fuego amigo: en una interna feroz, Lilia Lemoineexpuso públicamente las supuestas adicciones de Gutiérrez, enviándolo vía X a “dejar las drogas” (porque Gutiérrez criticó un proyecto de Lemoine), y rompiendo el blindaje de impunidad del que gozaba; luego Lemoine pasaría a criticar a Javier Milei por su breve alianza con Luis Barrionuevo, por prometer cortar relaciones con el Vaticano, y por “hablar de vender niños y órganos”.
El golpe de gracia a su pretendida superioridad moral llegó en enero de 2026, cuando Eugenia Rolón, su novia, chocó un Honda Fit —propiedad del padre de Iñaki— en Mar de Ajó con 1.89 g/l de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, resultando en una inhabilitación para manejar hasta el año 2099.
Hoy, despojado de la mística de sus inicios, el propio Gutiérrez terminó por sellar su acta de defunción intelectual en una entrevista televisiva. Allí, con una sumisión alarmante, admitió que su rol no es el de un cuadro político, sino el de un simple engranaje: “yo no estoy para pensar, estoy para hacer lo que me digan”. Es la confesión final de quien cambió la libertad de ideas por la obediencia de un jefe, y que ahora, encapuchado y en silencio, parece finalmente estar cumpliendo la orden de desaparecer.
El tuit de la ahora diputada Lemoine acusando a Gutiérrez de “drogarse”.
La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso paraFiorella Damiani,consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.
Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.
La prueba irrefutable y la burla judicial
El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.
El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.
Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.
Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.
El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.
Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.
El patrón del daño irreversible
El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.
En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.
Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.
Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.
Con billones bajo su gestión, utilizó su poder accionarial para impulsar cambios en gobernanza, clima y diversidad en compañías de todo el mundo para que adoptarán su modelo.
La licitación fue tramitada por la Secretaría de Energía y Ambiente, no por Educación. Además se descartó la oferta más barata, lo que abrió interrogantes sobre los criterios técnicos aplicados y el costo por alumno.
La Gendarmería los sorprendió en plena faena en la cordillera sanjuanina y la Fiscalía Federal les atribuyó tres delitos, entre ellos la tentativa de contrabando de exportación de oro.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
