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*Por Camilo Cagnacci
El Gobierno dispuso este jueves un aumento de 23,32% para los contratos políticos, a través de una Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros que ajusta el valor de las unidades retributivas de servicios (URS) con las que se fijan las contrataciones de personas físicas para la prestación de «servicios personales destinados a desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales».
En la práctica se trata de una artilugio administrativo que le permite a las «autoridades superiores» –vicepresidente, ministros, secretarios y titulares de organismos desconcentrados y descentralizados– sumar personal sin engrosar la planta transitoria y –en algunos casos– hacer caja, pues no son pocos los beneficiarios que deben entregar parte de sus honorarios a sus jefes para financiar «la política».
«Establécese el valor de la unidad retributiva de servicios (URS), aplicable a los contratos regidos por el Decreto Nº 1109/17, a partir de PESOS OCHENTA Y OCHO CON 30 CENTAVOS ($88,30)», dice el artículo 1º de la Decisión Administrativa 488/2022, que lleva las firmas del jefe de Gabinete Juan Luis Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Si bien la disposición no hace mención a la inflación, en los considerandos se explica «que en esta instancia corresponde actualizar el valor en pesos de dicha URS, aplicable a los citados contratos».
La última actualización se había dado en octubre, cuando llegó a los $71,60 por unidad. Desde entonces, el IPC acumuló una suba del 25,1%.
Por otra parte, corresponde destacar que este «salariazo» encubierto para los colaboradores de funcionarios de alto rango se da luego de una reestructuración en el reparto de las URS.
Mediante otra decisión administrativa –la 371/2022, publicada el 12 de abril–, Manzur estableció que la Jefatura de Gabinete podría disponer de 30.000 URS; lo que hoy se traduce en $2.649.000 mensuales. En tanto, la Secretaría General de la Presidencia, a la que también le correspondían 30.000 URS, le sumó «la cantidad adicional de VEINTINUEVE MIL CIEN (29.100)». En total: $5.218.530 mensuales.
Cristina Kirchner, en este caso, perdió: a su disposición pusieron 10.000 URS ($883.000 mensuales). Es poco más de la mitad de lo que se le asignó a las secretarías de Legal y Técnica, Asuntos Estratégicos y Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, las cuales son conducidas por funcionarios que responden directamente a Alberto Fernández. Cada una recibe 17.000 URS mensuales ($1.501.100).
Debajo de ellos se ubican, por ejemplo, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (8000 URS), el procurador del Tesoro Carlos Zannini (7000 URS), las autoridades superiores con rango de secretario de Estado (5000 URS) y las autoridades superiores con rango de subsecretario de Estado (3000 URS).
*Periodismo y Punto PyP
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El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, SantiagoCaputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.
El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.
– Héctor Daer
De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.
Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.
Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); RobustianoGeneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); LuzMarinaJaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).
“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos
Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.
Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.
Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.
A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".
Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.
Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.
Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.
"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.
En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.
Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.
En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.
Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
– El Presidente Javier Milei junto al Director Regional de LAFISE, Carlos Melo, y al Presidente del CEAL, Roberto Zamora
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
El ConcejoDeliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.
En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.
La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.
“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.
Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.
El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.
LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO
Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
Solicitud de deuda líquida y exigible.
Aprobación para instalación medidor de luz.
Venta de planos del municipio.
Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
Inscripción de comercio, industria, etc.
Los recursos contra resoluciones administrativas.
Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
Por presentación de denuncias contra vecinos.
Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
Sellados municipales de planos.
Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
Carnet sanitario.
Desinfección y desratización.
Derechos de edificación.
Actuaciones administrativas.
Tasa por servicios especiales.
Tasa por servicios eventuales.
Sobretasa General Inmobiliaria.
Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
