2023: La UCR le pide a Macri que detenga las críticas y los reciba en JxC
En camino a las elecciones presidenciales, algunos integrantes de la UCR pidieron espacio en JxC a pesar de las denostaciones del ex presidente a su partido.
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El diputado nacional, Emiliano Yacobitti aseguró que “no cayeron bien” los dichos del exmandatario, Mauricio Macri, quien se había referido, en una reunión del PRO, a los integrantes de la UCR como unos controladores: “No se dejen manejar por la UCR en el Congreso, como sucedió en las últimas votaciones”, les comentó Macri a los dirigentes de su partido y agregó: “Tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo”.
Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.
Tras esos dichos, el diputado Yacobitti, en búsqueda de la unión, pidió que escuchen las voces del radicalismo: “El radicalismo hoy está dispuesto a que su voz sea escuchada. Entiendo que no vale la pena formar parte de un frente si una fuerza no es protagonista y no puede expresar sus ideas. Tenemos varios dirigentes que pueden ser precandidatos en las PASO 2023”, declaró Yacobitti en Radio 10.
En la misma entrevista aclaró: “Los radicales estamos trabajando a los largo y ancho del país para tener un partido mucho más presente y fuerte. Es hora de renovar la política porque es lo que la gente les pide”.
En cuanto a las conflictivas declaraciones de Macri, Yacobitti señaló: “Nuestra responsabilidad es crear consensos, no lo podemos hacer en base al odio, por eso tenemos una gran responsabilidad en la coalición que viene en 2023”.
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En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.
El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.
Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.
Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.
La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.
Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.
El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.
Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.
El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.
Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.
El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.
La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.
En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.
Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.
Con un amplio respaldo del sector deportivo y político entrerriano, avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa busca facilitar el financiamiento de proyectos deportivos mediante aportes privados a cambio de beneficios fiscales, con el objetivo de fortalecer a clubes, federaciones y deportistas en toda la provincia.
La propuesta legislativa fue el eje central de un encuentro organizado en conjunto por la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Deportes, en el que participaron representantes de instituciones deportivas, legisladores y autoridades provinciales. Durante la reunión se destacó el carácter colectivo y consensuado del proyecto, así como su enfoque inclusivo y federal.
Al mismo tiempo, una nota de adhesión firmada por instituciones deportivas de diversos tamaños y localidades circuló ampliamente, demostrando un sólido respaldo al proyecto.
La voz de los clubes
La iniciativa recibió apoyo explícito de dirigentes deportivos que asistieron al encuentro, como Ariel Bello, presidente del club Ciclón del Sur del barrio Anacleto Medina, quien resaltó: “Para un club como el nuestro, esta ley representa la posibilidad de volver a competir, de terminar nuestra sede y de recibir el apoyo que tanto necesitamos para cumplir un sueño”.
En la misma línea, Adolfo Cislaghi, presidente del Paraná Rowing Club, celebró la articulación entre el sector público y privado promovida por la ley, destacando que “permitirá integrar a clubes grandes y pequeños, e incluso abrirá la puerta para pensar en un desarrollo turístico y deportivo más amplio para la ciudad y la provincia”.
Entre los clubes representados también estuvieron Tilcara, Paracao, Pescadores, Bajada Grande, Náutico Paraná y Atlético Neuquén, además de Viale FBC. Por parte del ámbito legislativo participaron los diputados provinciales José Kramer, Carolina Streitenberger y Débora Todoni, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.
Consenso e impulso institucional
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el origen participativo de la propuesta: “Esta ley no surge solamente del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, sino del consenso amplio con deportistas, instituciones y espacios políticos de todos los colores: queremos que ayude a los clubes a desplegar todo su potencial”.
Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes provincial, enfatizó la relevancia histórica de esta normativa, calificándola como “la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano”, agregando que “viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”.
Finalmente, la diputada Débora Todoni, una de las impulsoras clave del proyecto, subrayó que se trata de una iniciativa “muy positiva y fruto del consenso”, afirmando que “esta ley le da al deporte entrerriano una herramienta moderna y transparente que permitirá avanzar en infraestructura y desarrollo”.
El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.
Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.
Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.
Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.
Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.
El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.
Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.
Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.
En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.
Un nuevo round se sumó este fin de semana al escándalo cada vez más visible entre dos de las diputadas más polémicas del oficialismo: Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Lo que comenzó como una burla en redes terminó en un duelo cargado de insultos, chicanas personales y hasta una propuesta para someterse a estudios físicos y psicológicos en un hospital público. Todo, claro, a la vista del electorado y en medio de una interna libertaria que ya dejó de disimular sus heridas.
La chispa que encendió el último fuego fue un posteo de Lemoine en X (ex Twitter), donde se rió abiertamente del proyecto de ley presentado por Pagano sobre “Ficha limpia psicológica”, una iniciativa que propone que los funcionarios públicos se realicen estudios de aptitud mental antes de asumir cargos. Para acompañar su burla, usó tres emojis de risa y un mensaje sarcástico que derivó en algo mucho más personal.
Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9
Minutos después, Lemoine volvió a comentar su propio posteo, esta vez yendo directo al hueso: le pidió a Pagano que revele la identidad del padre de su hija. “Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque de lo contrario perdés el fideicomiso”, escribió, sin detallar a qué tipo de fondo o beneficio hacía referencia. El comentario detonó una réplica feroz por parte de la experiodista.
“Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos”, disparó Pagano, quien además aprovechó el mensaje para tildar a su compañera de bancada de “lacra” y de usar su banca exclusivamente en beneficio personal. La diputada también aseguró que la identidad de su hija es pública y que suele llevarla al Congreso durante las sesiones.
Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ
Pero la cosa no terminó ahí. Pagano fue más lejos y acusó a Lemoine de “faltar el respeto al presidente por celos”. “Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer”, arremetió con dureza, en un posteo que generó respuestas divididas incluso dentro del espacio oficialista.
Como cierre de esta cadena de agravios, Pagano lanzó un reto público: se ofreció a someterse a todos los estudios previstos en su propio proyecto de ley, incluyendo análisis de sangre, orina, test psicológico y examen físico. “Yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc.”, escribió, desafiando a Lemoine a acompañarla a un hospital público para realizarse juntas la pericia psicofísica… y una rinoscopia.
Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de…
El enfrentamiento entre ambas diputadas no es nuevo. Ya se habían cruzado fuertemente durante una sesión en el recinto, con insultos cara a cara e incluso forcejeos que incomodaron a más de un legislador oficialista. Pero este nuevo capítulo, más violento en lo simbólico y personal, suma tensión a un clima interno que el bloque de La Libertad Avanza no logra descomprimir.
Roberto Fiochi, expresidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), presentó su renuncia alegando “motivos personales”, tras apenas siete meses en el cargo. Su gestión estuvo marcada por un severo deterioro financiero de la obra social, que acumula una deuda millonaria y crece a un ritmo alarmante.
Fiochi se convirtió así en el tercer presidente del IOSFA en apenas 15 meses de gobierno de Javier Milei. Su antecesor, Oscar Sagás, había sido el primero en asumir durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pero también renunció en medio de controversias.
Para reemplazar a Fiochi, el ministro de Defensa, Luis Petri, designó a la contadora Betina Surballe, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Durante su gestión en el IAF, Surballe logró resultados destacados, como crecimiento del 87% en la cartera de inversiones, incremento del 98% en préstamos personales, reducción del 26% en el costo laboral y disminución del 50% en el gasto operativo.
– Betina Surballe asume como presidenta del IOSFA, en medio de una deuda que supera los $160.000 millones
Según fuentes de efectivos militares, la deuda actual de la obra social de las fuerzas armadas, oscila entre los $120.000 millones reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa. Más preocupante aún, esta deuda crece a un ritmo de $15.000 a $19.000 millones mensuales.
Para dimensionar la magnitud de la crisis, es importante recordar que en diciembre de 2023, cuando Luis Petri asumió en el cargo, el IOSFA tenía “reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos” y “prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos”.En apenas 17 meses, la obra social pasó de tener un balance positivo a acumular una deuda que supera los $160.000 millones.
El general de brigada retirado José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, calificó la situación como “crítica y desesperante”, producto de “la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas por el ministro Luis Petri”.
Con aproximadamente 600.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y del IOMA de la provincia de Buenos Aires. Brinda cobertura médica y asistencial a todo el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), además de sus familias.
Las principales causas del déficit es la deuda que el Estado Nacional mantiene con la obra social por “aportes y contribuciones patronales” no liquidados, lo que impacta negativamente en el pago a proveedores. El 92% de los ingresos del IOSFA se destinan al pago de prestaciones, sin recibir aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. Esta estructura hace que cualquier incremento en los costos médicos genere un déficit inmediato.
El cambio de gobierno trajo consigo un “sinceramiento” de precios que disparó los costos en medicamentos y servicios médicos, agravando la situación financiera, que arrastra problemas como la falta de auditorías, escasez de contribuciones patronales adecuadas por parte de las propias fuerzas, y una estructura administrativa ineficiente. Prestadores han rescindido contratos por falta de pago, las farmacias de IOSFA enfrentan problemas de stock por deudas con proveedores, incluso los afiliados esperan meses para recibir reintegros de gastos médicos.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
