14 julio, 2025

SEGUIMOS RETROCEDIENDO | La pérdida de poder adquisitivo superó el 20%

Un informe de una consultora, señaló como responsables de que el salario no deje de caer, a los bonos y distintos manotazos de ahogado por parte del Gobierno Nacional.
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La pérdida del poder adquisitivo supera el 20% desde el 2017 al 2022, contra el máximo de noviembre 2017. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es del 22,9% promedio. Ahora bien, en el caso de los trabajadores informales, la caída real alcanza el 33,7%. Así lo aseguró el último informe de la Consultora LCG.

En el mes de febrero, el nivel general de salarios tuvo una caída real del 1,5m/m. En el caso de los trabajadores del sector privado no registrado, experimentaron una caída del 2,4% m/m real y los públicos un 2,2% m/m real. Por su parte, los asalariados registrados sufrieron una caída de sólo el 0,8% m/m real.

En la comparación interanual, los asalariados públicos acumularon una mejora del 3,2% anual por la reapertura de paritaria 2021 y los trabajadores privados una suba del 1,4% anual real promedio, que distan de la caída del 8,2% anual real en los salarios de trabajadores no registrados.

Sin conocer todavía el índice de Salarios de Marzo que publicará el INDEC, la Consultora LCG asegura que con la aceleración de la inflación, los salarios acumulan una retracción del 1,6% real promedio, con caídas del 1,2% en el caso de los registrados y del 3,7% en los no registrados. En ese sentido, con una inflación del 6,7% en el mes de marzo, “será difícil una recomposición del salario real. El aumento por paritarias pactado para gran parte de los privados con convenio fue menor al aumento del IPC en la mayor parte de los casos. Es de esperar que los no registrados se vean más perjudicados”.

“No esperamos que este año los salarios ganen la carrera contra los precios. Aun cuando las paritarias comenzaron a cerrarse y algunas con promesa de revisión, la mayoría incluye aumentos menores a nuestra proyección de precios. En promedio los ajustes pactados toman una inflación proyectada en torno al 40% anual. Aun cuando sectores ya comprometieron una revisión, el rezago en los ajustes terminará reflejando un nuevo año de caída real de los salarios”, remarca la consultora.

Sobre el impacto de las paritarias, Econviews la consultora de Miguel A. Kiguel y Asociados señaló que pese a las paritarias y los bonos, el salario real privado caerá 0.5% este año: “Nuestro índice proxy de salarios, que toma las paritarias ya cerradas, arroja una suba anual de 64% en 2022. Punta a punta, quedarán algo abajo de la inflación de 66%. Por la naturaleza de los acuerdos, los salarios podrán ajustar más rápido a futuros shocks de precios, aunque con riesgo de retroalimentación”.

Para los trabajadores formales, “en los papeles, los arreglos de 45/55% están en línea con, y en algunos casos debajo de, aquellos firmados en 2021. La novedad está en los recursos empleados para cubrirse de otro shock como el de marzo: más revisiones, bonos, y plazos acortados”. “Por ahora se evitó una descomposición total del régimen de paritarias anuales escalonadas, pero exhibe más y más fisuras conforme se acelera la inflación”.


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Redacción

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Por la presión fiscal de Llaryora | En Córdoba, viajar en colectivo interurbano es más caro que volar a Buenos Aires

En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido. 

En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.

La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.

La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas. 

Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.

Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.

La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.

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Redacción

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Córdoba Capital: Passerini impulsa una regulación que dejará sin trabajo a casi el 80% de choferes de Uber

El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.

“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.

La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.

Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.

Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.

El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.

Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.

“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.

Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.

Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.

El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.

Redacción

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ARCA endurece controles para compras en el exterior: nuevos límites y productos prohibidos

En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.

Controles de ARCA sobre compras en el exterior

La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.

La información que deberán enviar al organismo de control incluye:

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país.
Número de tarjeta.
Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Fecha de la operación.
Identificación del país.
Identificación de la moneda de origen.
Monto de la operación en moneda extranjera.
Monto de la operación en pesos.
Nombre del comercio.
Código de rubro del comercio.
Número de identificación del comercio.
Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.

Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país

Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales.
Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Explosivos, inflamables y estupefacientes.
Material arqueológico y cultural.
Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos.
Límites y excepciones para ingresar compras del exterior
A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.

Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:

300 dólares para quienes regresen por vía terrestre.
500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.

Consejos para evitar inconvenientes con ARCA

Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:

Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos.
Declarar los productos ante Aduana.
Evitar productos prohibidos.
Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración.
Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales.
Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado.
Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar.
Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes.
Empaquetar bien para facilitar inspecciones.



*Fuente: El Cronista Comercial

Redacción

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La Legislatura de Santa Cruz protege a un diputado que acumula siete causas penales

La semana pasada, en la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la bancada oficialista Por Santa Cruz‑SER bloqueó por tercera vez el debate sobre el desafuero de Fernando Españón, solicitado el 7 de febrero por la diputada opositora Lorena Ponce. Con esa maniobra preservó la inmunidad del legislador pese a tres requerimientos judiciales que exigieron su disponibilidad procesal.

Transcurrieron 135 días desde el primer pedido. Españón está señalado por la Justicia porque acumula siete causas que abarcan abuso de autoridad, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y tres denuncias de abuso sexual bajo coerción en un vínculo laboral.

Dos de esos expedientes ya alcanzaron procesamiento y los cinco restantes permanecen en etapa de instrucción. El Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz fija 180 días para resolver un desafuero; si el plazo expira, los procesos se archivan y la impunidad queda sellada.

EL INVENTARIO DE CAUSAS: 

  1. Expte. 13460/2019 – “Sr. Agente Fiscal s/ Requiere Instrucción”. Elevado a la Cámara Criminal el 11 de diciembre de 2022 (Oficio 1488/22).
  2. Expte. 14538/2020 – “Juzgado Federal de Río Gallegos s/ Remite Actuaciones”. Procesamiento por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
  3. Expte. 16710/2021 – “Sosa, Yanina Beatriz s/ Denuncia”. Imputación por abuso sexual simple con coerción o intimidación (art. 119 CPA, ley 26.485).
  4. Expte. 14409/2020 – “Mariscal, Carmen Elizabeth s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
  5. Expte. 14464/2020 – “Gatica, Erna Isabel s/ Denuncia”. Procesamiento como coautor de falsificación de documento público agravado (arts. 292 y 298 CPA) y abuso de autoridad (art. 248 CPA) en concurso real (art. 55 CPA).
  6. Expte. 14626/2020 – “Aravena, Aldo Manuel y otros s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos; replica los cargos de falsificación del expediente 14464/2020.
  7. Expte. 16470/2023 – “Gordillo, Analía Celeste s/ Denuncia”. Indagatoria del 13 de diciembre de 2023 por abuso sexual simple (tres hechos) con modalidad coactiva (art. 119 CPA, ley 26.485).

Los magistrados pidieron retirar los fueros para habilitar allanamientos, nuevas indagatorias y eventuales medidas coercitivas. Sin esa autorización, las siete causas permanecen a media marcha: la producción de prueba está limitada y ningún expediente puede elevarse a juicio. El art. 258 del CPP provincial ordena resolver en 180 días; de no hacerlo, las acusaciones prescriben, dejando a las víctimas sin tutela y al Estado sin herramientas de control penal.

Catorce diputados oficialistas —incluido el propio Españón— votaron en contra del desafuero: Patricia Urrutia, Alfredo Martínez, Javier Jara, Fernando Pérez, Cristina Ojeda, José Luis Quiroga, Santiago Aberastain, Mario Boffi, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Claudia Barrientos y Fabián Leguizamón. Se sumaron dos legisladores kirchneristas de Los Antiguos y Perito Moreno, completando el muro de protección.

El bloque oficialista esgrimió “tecnicismos”, “falacias jurídicas” y, en un paralelismo con el kirchnerismo, alegó que la oposición carece de autoridad moral para reclamar transparencia. La oposición replicó que existen tres oficios judiciales firmes y que el reglamento de la Cámara obliga a tratarlos sin dilaciones.

El expediente de desafuero duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por el SER. La presidencia de la Cámara, a cargo de Leguizamón, jamás fijó fecha para dictamen ni para su inclusión en el orden del día.

– El Gobernador de la provincia, Carlos Vidal, junto a Españón

Desde que asumió, el gobernador Claudio Vidal protegió a Españón: lo designó jefe de bloque y vocal ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en mayo lo sustituyó por Pedro Luxen, “tal vez por vergüenza”, según fuentes legislativas; la maniobra no alteró la línea de defensa. El Ejecutivo se mantuvo en silencio frente a los pedidos judiciales y habilitó —por acción u omisión— el encubrimiento parlamentario.

Si en los próximos 45 días la Legislatura no modifica su postura, las causas por abuso de autoridad, malversación, falsificación documental y abuso sexual quedarán extinguidas. El próximo período ordinario comienza en agosto; hasta entonces el reloj corre, el expediente sigue congelado y la Justicia carece de herramientas para indagar al legislador.

*Con información de OPI Santa Cruz

Redacción

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Docentes de Chaco denunciaron que fueron sustituidos por piqueteros

El conflicto en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 del barrio Toba en Resistencia, Chaco, representa un complejo entramado de disputas políticas, educativas y comunitarias que afecta directamente a la educación de cientos de estudiantes de la capital chaqueña.

Rosilda Morales, auxiliar docente, fue quien denunció haber sido desplazada de su cargo sin justificación clara. Morales, que está inscripta en la Junta de Clasificación y cuenta con formación reconocida por el Estado, señaló que “están metiendo políticamente a su gente, sus amigos piqueteros” y que “se están violando todos mis derechos como docente”.

La docente destaca que su función profesional es ser “un nexo articulador con la docente a cargo del aula” para “implementar la cultura y el idioma en el espacio curricular”, y que es “perito traductora de la provincia”. “Hay muchos referenciados en el peronismo, pero otros son piqueteros”, afirmó, agregando: “Cada uno corta la ruta por su cuenta para pedir mercadería y vivienda”.

Académicos denuncian que la actual gestión del Consejo Comunitario ha despedido a docentes con varios años de experiencia en la escuela, sustituyéndolos por “personas totalmente ajenas a la educación bilingüe intercultural, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Educación y al Presidente del Consejo Comunitario Escolar”.

El establecimiento presenta funciones bajo un sistema de cogestión entre el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo Comunitario Escolar, donde el 50% de los cargos docentes se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.

Carlos Núñez y Norma Inés Ojeda fueron presidente y vicepresidente del Consejo Comunitario del barrio Toba respectivamente. Núñez, quien es miembro fundador del EPI KAMBA (Espacio Plurinacional Indígena) e integrante de la Comisión de Inclusión del Instituto Patria, ganó las elecciones del Consejo Comunitario en marzo de 2021 con el 28,5% de los votos.

El conflicto escaló cuando Nuñez y Ojeda “tomaron el establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin clases”. El Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, ha trabajado para garantizar la continuidad de las clases. Las autoridades educativas han confirmado que “sí se designó con títulos”.

Según la información que trascendió, el alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año. La docente presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente.

El director regional Manuel Acevedo confirmó que se encuentra investigando “si los procedimientos se ajustaron a normativa y si se cumplieron los plazos administrativos”. Una situación particularmente preocupante es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Rosilda Morales. Durante las elecciones de 2021, se habría revelado que “lamentablemente hay docentes que no son docentes” y que “designaron a quienes no son docentes, nombraron a amigos y compañeros para devolver favores”.

Durante su gestión, la lista encabezada por Núñez y Ojeda recibió el acompañamiento de distintas organizaciones sociales como el Frente Chaqueño, movimientos y referentes comunitarios, y tuvo como base de construcción a la Organización Indígena 19 de Abril. El actual Consejo Comunitario “Nuevo Comienzo” está presidido por Luis Alberto López, conocido bajo el alias “Chocho”. Esta nueva gestión ha generado controversias por las decisiones tomadas respecto al personal educativo.

Redacción

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Un impuestazo de Llaryora dispara las comisiones de Mercado Libre y encarece las ventas de los emprendedores

La decisión del gobernador Martín Llaryora de aumentar el impuesto a los Ingresos Brutos en Córdoba generó un efecto dominó en el comercio digital. Mercado Libre confirmó que, a partir del 8 de julio, cobrará tarifas más caras a los vendedores cordobeses para compensar la suba impositiva provincial. En la práctica, la plataforma de Marcos Galerín se transformará en un recaudador indirecto del fisco cordobés. Lo mismo sucederá en Santa Fe y Jujuy: otras provincias con alícuotas elevadas.

La medida fue anunciada en medio de una fuerte presión de las provincias por recaudar más, tras la caída de fondos nacionales. Córdoba subió la alícuota de Ingresos Brutos a servicios digitales y financieros, lo que llevó a Mercado Libre a ajustar automáticamente los cargos para vendedores radicados en la provincia. Según datos oficiales, las comisiones en Córdoba podrían trepar al 17,14 %, mientras en otras provincias bajarán hasta el 11,8 %.

– Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y el gobernador Juan Schiaretti durante la inauguración de oficinas en Córdoba (2019)

En un comunicado oficial, la plataforma explicó:

“La diferencia en los cargos por provincia responde a la presión fiscal local. Cada gobierno establece las alícuotas de Ingresos Brutos y eso impacta de forma directa en el costo de operar en nuestra plataforma. No existe un cargo adicional de Mercado Libre: solo reflejamos el efecto impositivo provincial”.

Y agregó:

“En Córdoba, Santa Fe y Jujuy se aplican alícuotas más altas, por eso allí los costos para el vendedor terminan siendo mayores”.

Esto no es un fenómeno nuevo. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó una suba de Ingresos Brutos a mediados de 2024, su argumento recayó en la necesidad de sostener el gasto público. Allí, la alícuota para plataformas digitales pasó del 5 % al 9 %, lo que generó que la empresa ajustara sus cargos y desatara críticas de comerciantes y pymes locales.

En Jujuy ocurrió algo similar con un incremento de Ingresos Brutos en servicios financieros que impactó sobre toda la cadena de pagos digitales. A partir de ese cambio, Mercado Libre anunció allí también cargos más altos para los vendedores jujeños, lo que despertó protestas de pequeños emprendedores que denunciaron “doble imposición” y falta de alternativas de venta.

En Córdoba, el caso es aún más fuerte porque la provincia, altamente dependiente de la recaudación tributaria, decidió subir la alícuota a servicios digitales cuando la inflación ya golpea al consumo. Los vendedores cordobeses sostienen que esto termina por asfixiar la actividad comercial y afecta principalmente a emprendedores y pymes, que no tienen margen para trasladar el aumento a sus clientes.

EL COMUNICADO DE MARCADO LIBRE

La Cámara de Comercio Electrónico advirtió que Córdoba es uno de los distritos con mayor crecimiento del e-commerce en la última década, pero la suba de costos puede generar una contracción de ventas e incluso empujar a la informalidad.

Analistas tributarios coincidieron en que el impuesto a los Ingresos Brutos es “distorsivo” y encarece el precio final que paga el consumidor, además de desalentar la competitividad. La polémica, entonces, no es solo técnica: se cruza con el modelo de financiamiento provincial y la puja por retener recaudación propia en medio de una fuerte crisis fiscal.

Para Llaryora, la suba se justifica en la necesidad de cubrir servicios básicos, pero para miles de cordobeses que venden online significa un nuevo golpe al bolsillo.

Redacción

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