Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Este martes desde la página compr.ar se lanzó un acta de apertura solicitando un servicio de catering aéreo. La empresa beneficiaria será FUERZA AEREA ARGENTINA, que ofertó 6 millones de pesos por este servicio.
Por el momento no hay informes, detalles, ni pliegos del servicio solicitado.
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.
El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.
De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.
Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.
Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).
Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.
Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.
Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.
A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".
Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.
Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.
Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.
"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.
-
Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
–
El concejal Cristian Beneito, de Vamos Juntos, presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon que apunta a incorporar publicidad en los polideportivos municipales para generar nuevos recursos destinados a su mantenimiento. La iniciativa plantea la modificación de la Ordenanza Municipal Nº 22.920, que regula el Código de Publicidad, mediante la adición del artículo 60.5, habilitando la colocación de anuncios en los polideportivos Las Heras, Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Centenario y los que se sumen en el futuro.
“Seguimos apostando con el sector privado para generar más trabajo y así mejorar nuestros polideportivos municipales”, expresó Beneito al presentar el proyecto. Con esta medida, se podrán formalizar convenios público-privados que permitirán ingresos a través de la publicidad en estos espacios, con el compromiso de destinar los fondos exclusivamente al mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones.
La propuesta amplía la regulación ya existente en otras instalaciones deportivas, como el Parque Municipal de los Deportes y la Laguna de los Padres. Entre sus beneficios, el proyecto pretende atraer a grandes marcas y abrir un espacio para que comerciantes locales se publiciten, generando empleo y potenciando el perfil turístico de Mar del Plata.
Beneito aseguró que la publicidad estará regulada bajo la supervisión del EMDER y no alterará la estética de los polideportivos, buscando un equilibrio entre el aspecto comercial y visual de los espacios. “Esto significa más recursos para mejorar nuestras instalaciones y hacer crecer nuestra ciudad con alianzas estratégicas”, concluyó el concejal, destacando que la iniciativa permitirá redirigir parte del presupuesto municipal a otros programas y proyectos importantes.
–
En una decisión que busca cambiar el rumbo de la empresa estatal, la asamblea de accionistas de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas decidió remover de su cargo al secretario general del gremio de pilotos (APLA) Pablo Biró, quien fue el responsable directo de al menos 13 paros en el último año, situación que generó millonarias pérdidas económicas, atentando contra la operatividad de la empresa y afectando a aproximadamente 100.000 pasajeros.
A través de esta medida, el Estado Nacional, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, busca que Biró deje de ser el representante de los trabajadores de la empresa. Su lugar lo ocupará Eduardo Juan García, director suplente y también miembro de APLA. Se estima que el gremio hará una presentación judicial para revertir esta situación.
Desde el inicio del mandato, el gobierno ha intentado avanzar en la privatización de la empresa, en un primer momento se la incluyó dentro de la Ley Bases para su privatización, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, nuevamente el gobierno buscará, con apoyo del Pro, más negociaciones con la oposición dialoguista, para poder aprobar una ley que permita privatizarla.
En el mientras tanto, el gobierno avanzó en una racionalización de la empresa sumamente deficitaria, y en este sentido, la decisión de expulsar a Biró continúa en esa dirección: un sindicalista que defendió los privilegios de una casta aeronáutica, con salarios exorbitantes lejos del valor de mercado, más choferes privados y beneficios en pasajes de primera línea. Privilegios pagados con los impuestos de todos los argentinos.
Se estima que el gobierno logró reducir en un 70% el déficit de Aerolíneas Argentinas, y en ese sentido muchas empresas ya han manifestado el interés de adquirir la empresa en caso de ser privatizada. De esta manera se la haría más eficiente aún y no dependería para su funcionamiento de los impuestos de los ciudadanos de a pie, que en muchos casos nunca han podido subirse a un avión.
–
Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
–
Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
–
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
— Gaby Neme (@gabrielaneme) October 22, 2024
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
