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El Frente de Todos presentó una iniciativa en la que se pretendo aplicar un porcentaje de capital no declarado en el exterior y que se abone en dólares. Desde el bloque aseguran que solo una tercera parte del total de USD 400 millones está declarado.
Desde el canal oficialista C5N, la senadora JulianaDi Tullio argumentó que se recaudaría “alrededor de USD $70.000 millones”. En esa línea, explicó que el proyecto “es para enfrentar a los argentinos que lavan dinero”.
Según el documento difundido, el aporte “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberán ser abonados en dólares”.
El proyecto lleva la firma de los senadores ultra kirchneristas Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, Martín Doñate, Anabel Fernández Sagasti y JoséMayans.
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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de fomento de inversiones estratégicas. Con esta iniciativa, pretende garantizar que YPF y la petrolera malasia Petronas construyan una planta de tratamiento de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca.
“Vamos a presentar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas que promuevan grandes inversiones, producción y empleo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa en La Plata. Según el burócrata, esta ley tiene como objetivo cubrir varios de los requisitos y necesidades planteados por las compañías energéticas para avanzar con el proyecto en Bahía Blanca.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, junto al presidente de YPF, Horacio Marín
El mandatario explicó que los proyectos que se acojan a este nuevo régimen recibirán tratamiento prioritario en términos de aprobación normativa y añadió que ofrecerán estabilidad tributaria por un periodo similar al del régimen nacional.
Tras el anuncio de Kicillof, el vocero presidencial, ManuelAdorni, comentó desde Casa Rosada que “Kicillof tiene la libertad, dentro del marco legal, de hacer lo que considere necesario”, pero resaltó las deficiencias de la provincia y la importancia de generar confianza en los inversores.
El proyecto de la planta de GNL, planeado desde 2017, representa una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en los próximos ocho años. Aunque la provincia de Río Negro ya ha adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Kicillof apuesta por este nuevo régimen provincial para atraer la inversión a Bahía Blanca.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
Mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se encuentra inmersa en una fuerte disputa de poder con Karina Milei, sufre una fuerte baja en su entorno más cercano, ya que renunció su jefe de Gabinete, Federico Barttfeld.
El diplomático fue reasignado por el Gobierno como Embajador en Portugal, por lo que tuvo que oficializar su renuncia para poder tomar el cargo afuera del país. El cambio se da en medio de una fuerte pelea que la Canciller mantiene con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el propio Presidente, por sus cuestionados viajes al exterior, que paga el Estado.
La salida de la mano derecha de Mondino responde a un fuerte conflicto de intereses dentro del terreno diplomático, que no atraviesa su mejor momento, tras las críticas de Javier Milei contra su par de Brasil, Lula da Silva, que elevaron la tensión entre naciones y que la titular de la diplomacia argentina no supo manejar.
Además, la tibia respuesta de la funcionaria sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia y el enojo del presidente de ese país, Luis Arce para con el mandatario libertario por acusarlo de un “auto golpe”, elevaron la tirantez entre la cordobesa y la Casa Rosada.
Por ahora, la Canciller parece sostenerse en su cargo, a pesar de la nula relación con los hermanos presidenciales, y fue confirmado que viajará el próximo sábado a Paraguay, para participar de la cumbre del Mercosur, a la que Milei no quiere asistir para no cruzarse con Lula, tras acusarlo de “corrupto” y “comunista”.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
En un hecho que sacudió a la política local, Gabriel “Lalo” Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente del Club Deportivo Laferrere, fue detenido durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. La noticia generó un gran revuelo en el distrito comandado por el intendente ultra K recientemente procesado por abuso sexual, Fernando Espinoza, y dejó preguntas sin respuesta.
EL VIDEO DE LA DETENCIÓN
Aranda, quien ingresó al Honorable Consejo Deliberante en diciembre pasado a través de la lista del Movimiento Evita liderada por Emilio Pérsico, fue arrestado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que la policía lo saca del recinto en un móvil, generando especulaciones sobre las causas detrás de su detención.
Además de su rol como funcionario, Gabriel Aranda es una figura destacada en el ámbito deportivo local. Desde hace tres años, ocupa la presidencia del Club Deportivo Laferrere, uno de los clubes más importantes de la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Aranda asumió la presidencia del club tras la sorpresiva renuncia de Roberto Zeballos, quien se desempeñaba como tesorero y era un referente de la Corriente Clasista y Combativa.
Sospechas y acusaciones: Negocios con planes sociales, barras y narcotráfico
A pesar de que las autoridades aún no confirmaron los motivos de la detención, se rumorea que podría estar relacionada con una causa de planes sociales. Este no es el primer escándalo que envuelve al club presidido por Aranda. Hace un año, el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, fue arrestado por presuntos vínculos con un conocido narcotraficante de la zona, conocido como“Chaki Chan”.
En medio de la confusión, Gabriel Aranda publicó un mensaje en su página de Facebook: “ACABAN DE SUBIRME A UNA CAMIONETA, TEMO POR MI VIDA POR FAVOR. Si me pasa algo hago cargo a Matías López de la policía de Alonso de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.
El Club Deportivo Laferrere, fundado en 1956 y conocido popularmente como “El Villero” o “El Verde”, no es ajeno a la violencia y la polémica. Por ejemplo, en febrero de este año, la barra brava del club llegó a un partido exhibiendo armas de fuego, incluyendo revólveres y al menos una ametralladora, lo que provocó una fuerte condena pública pero pocas acciones concretas para abordar el problema.
En medio de la conmoción que despertó la desaparición de Loan Peña en el paraje Algarrobal, vecinos autoconvocados señalaron la “infiltración” de diversos dirigentes ultra kirchneristas en las marchas. Los propios vecinos denunciaron que los dirigentes intentaron utilizar el trágico suceso con intenciones de desestabilizar al gobierno provincial.
Desde sus redes, el diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Braillard Poccard, señaló la “responsabilidad política” detrás del caso. “No es únicamente jurisdicción de la Justicia. Hay responsables del poder ejecutivo que no accionaron los protocolos y deben hacerse cargo por tanta inacción”. Finalmente, exigió la destitución del Ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte. Mientras tanto, en diálogo con los medios, Braillard Poccard dijo que “el gobernador Gustavo Valdés menosprecia la situación”.
Germán Braillard Poccard
Ariel Osuna, dirigente de Barrios de Pie, utilizó el caso directamente contra el gobierno nacional: “En el país de la Libertad, la libertad que pregona la venta de armas y órganos. En la provincia donde el poder político se maneja como un Feudo. Una justicia adicta a cuidar los privilegios del Feudalismo”.
Los vecinos de Corrientes que participaron de la marcha pidiendo justicia por Loan consideraron que los dirigentes “utilizan esta tragedia para hacer política” y difundieron un video en redes donde pueden verse a dirigentes y militantes del Movimiento Evita: Verónica Molina (referente, fue candidata a Diputada Nacional de Massa), a Fabrizio Bin (dirigente del PJ provincial y Secretario General del Evita de Corrientes), a Clara Aymara Mendoza (referente), María José Espíndola (del Movimiento Octubres) y al ya mencionado Osuna.
En esa línea, los usuarios de las redes recordaron que, en febrero, el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación votó negativamente el capítulo de la Ley Bases que buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la trata de personas y otros delitos, como la corrupción de niños, los secuestros extorsivos, entre otros.
Veronica Molina junto a Sergio Massa durante las elecciones del 2023
El falso audio de Valdés
La semana pasada, a través de un comunicado, el gobierno de Corrientes alertó que “circula un audio que intenta parecer la voz del gobernador Gustavo Valdés sobre el caso del niño Loan Peña”. En el audio puede escucharse: “Imagínate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte”.
“El mismo es evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado Inteligencia Artificial para su confección o algún otro método de edición, dada sus características sonoras, el cual claramente se fabricó y viralizó con fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial. Se puede advertir en el mismo, discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real, además de presentar ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”, concluye el texto.
