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El documento que llegó a Infobae (Sebastián Catalano), fechado el 15 de este mes, está dirigido al ministro de Economía, al jefe de Gabinete y al presidente. Lleva la firma de Darío Martínez, secretario de Energía y subalterno de Guzmán (al menos en el organigrama).
A tres meses de comenzar el invierno en Argentina, el país ya no cuenta con recursos para pagar el gas en marzo. Martínez rechazó el recorte por los Techos de Caja para el corriente mes: en lugar de girar $309.802 millones, como se solicitó, le fue enviado $66.015 millones, el 21% de lo pedido.
Según aseguraron fuentes oficiales, “estos ajustes de caja se vienen dando, pero no de esta manera tan violenta y explícita. Este apretón monetario pone en crisis al sistema antes del invierno y rompe con la cadena de pago y provisión. Es una verdadera crisis sectorial que afecta a todos los frentes del sector energético. Ya están implementando el acuerdo con el FMI, o no se entiende el sentido de todo esto. Es una afectación inmediata: no se puede importar más gasoil y GNL, ni pagar a los generadores”.
“Considérese que los $66.015 millones del techo mencionado, no alcanzaría siquiera para cubrir el pago del Gas que importamos desde Bolivia, el Barco Metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir la falta de Gas que produce temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada, y los 17 barcos de Gas Oíl que contrato CAMMESA para abastecer las Centrales Térmicas y sus depósitos que se encuentran en niveles mínimos, naves todas que ingresaran a puerto durante marzo; dejando absolutamente desfinanciado todo el resto las obligaciones de la Secretaría de Energía”, asegura el documento.
*Con información de Infobae
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Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.
Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.
La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo PocielloArgerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.
El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.
Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.
En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.
Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.
Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.
La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”
La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.
Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)
El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.
Las anteriores condenas a Moreno
Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que elINDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.
Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.
Felisa Miceli, exministra de Economía
El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.
Es un hecho: el Gobierno dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán aportar en la misma proporción que las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución, a través del Decreto 600/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión del Ejecutivo implica la unificación del porcentaje de las contribuciones y aportes que deben realizar todas las entidades que ofrecen cobertura sanitaria al Fondo Solidario de Redistribución en un 15%, que hasta ahora para las prepagas estaba estipulado en un 20%.
La normativa justificó la medida partiendo de la base que todas las entidades que participan del Fondo “reciben el 100 % de los beneficios y recursos generados por dicho fondo”, pero se exhibía “una discrepancia en la medida en que estas entidades no integran por el total de sus percepciones, generando desequilibrios y contradiciendo los principios de equidad”.
Ante este panorama, el Gobierno consideró necesario plantear “la necesidad de corregir esta disonancia para asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en beneficio del fortalecimiento del mencionado Fondo Solidario de Redistribución”.
En ese sentido, el texto oficial sostiene que “la simplificación propuesta busca no solo mejorar la eficiencia en la recaudación, sino también promover condiciones igualitarias para todas las entidades, independientemente de las características de las remuneraciones o del porcentaje de los aportes o contribuciones”.
Asimismo, aseguró que “la modificación propuesta simplifica el sistema de aportes y contribuciones y elimina las disparidades relacionadas con las remuneraciones brutas mensuales, garantizando una mayor transparencia y equidad”.
Al mismo tiempo, el decreto también modificó los alcances del accionar de los Agentes del Seguro de Salud estableciendo que los mismos no podrán:
Supeditar la afiliación al cumplimiento de ningún requisito no previsto en la ley o sus reglamentaciones;
Efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria;
Realizar examen psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza, como requisito para la admisión;
Establecer períodos de carencia
Decidir unilateralmente sin causa la baja del afiliado.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
El Gobierno oficializó las nuevas escalas salarialespara el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales. Esta actualización de haberes, que incluye un incremento del 9% en los sueldos, se refleja a partir de este mes y coincide con el pago del medio aguinaldo.
La Resolución Conjunta 33/2024, firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, establece un aumento del 9% en los salarios del personal militar. Esta medida se hizo pública el pasado 3 de junio en el Boletín Oficial y tiene como objetivo “reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución de la actividad”. Junto con este aumento, las Fuerzas Armadas recibirán el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, calculado sobre la mayor remuneración mensual percibida durante este período.
Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en julio de 2024
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación de junio fue del 4,6%, acumulando una variación de 79,8% en el primer semestre de 2024 y alcanzando un preocupante 271,5% en la comparación interanual. Este dato confirma un rebote en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que rompe con la tendencia a la baja que se venía observando desde diciembre.
La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 14,3% debido a las subas en las tarifas de servicios y alquileres. Otros sectores que registraron incrementos significativos fueron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%). En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%) tuvieron las menores variaciones.
Las proyecciones —tanto del Gobierno como de diversas consultoras— anticipaban que la inflación de junio superaría el 4,2% de mayo. Luis Caputo, ministro de Economía, expresó su expectativa de que la inflación general se situara por debajo del 5%, mientras que el Presidente, JavierMilei,aseguró que los datos privados estaban “en offside”, pronosticando una cifra menor al 5%.
Pese a la inflación en ascenso, el Gobierno se mantiene optimista y apunta a reducir el IPC a cifras cercanas al 2% para finales de 2024, con el objetivo de converger con el crawling peg (devaluación administrada) del dólar oficial y, eventualmente, liberar el cepo cambiario.
Reacción sindical: ATE exige una recomposición salarial del 80%
La inflación no solo impacta en los precios, sino también en los salarios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó urgentemente la convocatoria a paritarias para negociar una recomposición salarial.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, criticó al Gobierno por “no convocar a paritarias” y afirmó que la presión inflacionaria está deteriorando los ingresos de los trabajadores estatales. “La cantidad de estatales bajo la línea de la pobreza ha aumentado drásticamente, al igual que el nivel de endeudamiento de las familias”, señaló.
Según el INDEC, una familia necesita $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer en la indigencia. En respuesta, ATE demanda un aumento salarial del 80% en una sola cuota para compensar la pérdida real de los salarios, que según el sindicato, ha sido del 22,4% durante el acuerdo 2023-2024. Mientras el Gobierno apuesta por una desaceleración de la inflación y la estabilización de los precios, los analistas privados mantienen proyecciones más cautelosas, situando la inflación mensual entre el 5,5% y el 4% para el resto del año.
