La Justicia busca determinar quién convocó a la Fiesta de Olivos y señala que se dieron pocos datos

La Justicia considera que hasta el momento se aportaron datos pocos claros y pidió más precisiones.
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Luego de que la Cámara de San Martín sostuvo que se tenía que seguir investigando a Alberto Fernández en la causa de “la fiesta de Olivos” por violación de la cuarentena, el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, lanzó una serie de medidas para determinar quién convocó a las personas que asistieron al cumpleaños de Fabiola Yañez.

El hecho ocurrió el 14 de julio de 2020, cuando en plena pandemia y bajo una cuarentena estricta ordenada por Alberto Fernández, invitados al cumpleaños de Yañez, comenzaron a llegar a la quinta de Olivos. En ese momento, estaba totalmente prohibido circular libremente en todo el territorio argentino ni mucho menos se podían llevar a cabo eventos sociales.

La falta de respeto al pueblo argentino por parte de Fernández y compañía, se dio a conocer recién en 2021, cuando no solo aparecieron fotos del cumpleaños, sino que, además, se pidieron y se mostraron los registros de ingreso a la quinta presidencial.

Todos los participantes de la fiesta, junto al presidente Fernández como principal imputado, son investigados por violación al decreto que estableció la cuarentena, además, el jefe de Estado está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, es lo que sostiene el artículo 205 del Código Penal y recae sobre los implicados en la fiesta de Olivos.

Este año, la Cámara de Apelaciones de San Martín le dio la razón al juez de instrucción que había rechazado el planteo del presidente para anular la causa por inexistencia del delito, justiciándose al decir que la fiesta “tuvo lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”.

Ahora bien, la justicia sostiene que todavía hay elementos para dejar el caso abierto y que el presidente debe continuar bajo investigación, al igual que su mujer Fabiola Yañez y el resto de los invitados.

Hace una semana, el fiscal Fernando Domínguez pidió nuevas medidas para conocer si existe registro de quien fue el responsable de realizar la convocatoria a la fiesta en Olivos el 14 de julio del 2020. El pedido fue a Casa Militar, y se busca saber, además, si las personas que concurrieron fue por pedido de alguien en particular y bajo que justificación. El caso, no solo es por la fiesta, sino también por un brindis de fin de año con funcionarios del Frente de Todos.

El gobierno ya entregó informes, y desde la Justicia consideran que lo entregado es poco claro, por lo que se pidieron mayores especificaciones sobre la columna de ingresos a la quinta de Olivos, ya que en la información brindada figuran, por ejemplo “chalet”, “primera dama”, “Jefatura”, “señor presidente” y “administración”.


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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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