En el marco de las diversas acusaciones de corrupción, fiscales de la provincia pidieron, ayer jueves, 12 años de prisión, inhabilitación permanente para ejercer un cargo público y una multa de $180 mil más accesorias legales y costas para el exgobernador y actual embajador de Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
La fiscalía estima que el desvío total de fondos equivale a la abultada cifra de 9 millones de dólares. El megajuicio comprende 5 causas de corrupción, donde se investigan a 13 imputados.
Al burócrata se lo acusa de una serie de delitos que incumben negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los magistrados que trabajan en la causa (Yedro, Ramírez Montrull y Badano) dijeron que existió de un plan de desvío de fondos con diversas contrataciones de publicidad, la elaboración de productos de imprenta, la publicación de una solicitada, refacciones edilicias para la realización del encuentro de presidentes del Mercosur y la instalación de un parador de promoción turística en Mar del Plata.
CONCLUSIONES Y DECLARACIÓNES
Los fiscales dijeron que hubo “pagos que no debieron hacerse” y contrataciones a empresas que no estaban en el registro de proveedoras del Estado; que se adulteraron fotografías que se usaron de prueba de trabajos realizados y que se hicieron contrataciones sin justificaciones previas ni explicaciones de por qué el cual se llevaban a cabo, falta de justificativo para contratar por la vía de la excepción, falta de reserva presupuestaria para los trabajos, irregularidades en los expedientes y sobreprecios.
El juicio unificó cinco causas por distintos hechos y diversas figuras penales, todas ellas referidas al desvío de fondos. El tramo del juicio por la contratación para el parador turístico fue llamado “Sueño Entrerriano”, que responde al slogan del fallido intento proselitista. El fiscal Ramírez Montrull aseguró que en el “Sueño Entrerriano” hubo “una desviación de poder y una parcialidad de los funcionarios públicos hacia un interés particular de Sergio Urribarri”. En su alegato afirmó que la instalación de un parador en la playa de Mar del Plata tenía como “objetivo clandestino” la promoción de la figura del exgobernador. También sostuvo que se pagó con sobreprecios y que se aplicaron retornos a favor del cuñado de Urribarri.
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