INSÓLITO | El primo de Kirchner intentó justificar una fortuna de más de 2 millones de dólares

El ex secretario de Coordinación de Obras Públicas declaró en indagatoria durante más de 10 horas intentando justificar una fortuna de 2,5 millones de dólares.
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Carlos Kirchner, el ex Subsecretario de Coordinación de Obras Públicas y primo del ex presidente Néstor Kirchner declaró ante el juez Julián Ercolini durante más de 10 horas intentando justificar una fortuna valuada en 2,5 millones de dólares donde afirmó que la obtuvo mediante una herencia de su padre y su abuelo. Recordemos que el primo de Néstor, esta siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

Durante su declaración, marcó que distintos bienes eran de su padre y de su abuelo, los cuales pasaron a su poder por un juicio sucesorio del que también formaron sus hermanos, además, aportó al juzgado “constancias de esas actuaciones judiciales”. En los próximos días serán citados a declarar su esposa Catalina Saade y su hijo Carlos Jorge Kirchner.

La causa comenzó en 2017 luego de una denuncia por parte de la UIF (Unidad de Información Financiera) durante el gobierno de Macri. En ese entonces, Mariano Federici estaba al frente de la unidad. Al ex funcionario le encontraron 14 vehículos valuados en 3,5 millones de pesos, propiedades en más de 2 millones de dólares y una embarcación valuada en 40 mil dólares.

De acuerdo al informe de la UIF, Kirchner “procedió a ocultar parte de su patrimonio, junto con la participación de su grupo familiar primario, mediante la constitución de una sociedad, a la que ha dotado de activos por sumas siderales”. Durante la investigación, el fiscal Pollicita detectó 23 propiedades que le pertenecerían al ex funcionar, la más importante ubicada en Miami con un valor de 650 mil dólares.

La fiscalía determinó, que para que Kirchner haya ampliado su patrimonio, se utilizaron distintas empresas para realizar las operaciones, entre ellas la firma Ksanc S.A. y la sociedad extranjera K, Joro Real Estate Investments LLC.

Cuando asumió en su rol de funcionario público, Carlos Kirchner tenía un inmueble y dos vehículos. Curiosamente, cuando abandonó su cargo, tenía 17 propiedades, cinco autos por 612.100 pesos y una lancha por 42.000 pesos. Sumando los ahorros, depósitos y los dólares ahorrados, su patrimonio declarado en el 2014 era de 9,3 millones.

¿El detalle de los autos? Porsche Cayenne, Audi A3, Audi A5, Mercedes Benz E350 coupé, Mercedes Benz C63 AMG, Peugeot 4008 feline, Subaru Forester, Peugeot 308 y Toyota Hilux, dos Volkswagen Golf, Volkswagen Saveiro, Renault Torino y Volkswagen Escarabajo. Todo con un valor de 3.525.457,88 de pesos.

El juez Ercolini esta investigando una serie de operaciones en las que “El ex funcionario -a título personal o a través de personas interpuestas- realizó operaciones de cambio por prácticamente un millón de dólares (USD 917.461), incorporó aportes societarios en efectivo por un total de 435.000 dólares y 1.167.264 pesos”.

Entre las operaciones está una donación a su esposa y a sus hijos por la suma de 2.932.068,80 de pesos. Por otra parte, se detalló “millonarios plazos fijos en moneda local y en dólares estadounidenses y poseyó cientos de miles de pesos y dólares en efectivo, todo ello en forma desproporcionada en relación al nivel de ingresos y gastos generados”.

Carlos Kirchner esta procesado por asociación ilícita en la obra pública, en la que se terminó favoreciendo a Lázaro Báez con 52 contratos viales con un valor de 46 millones.


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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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