18 septiembre, 2025

¡ESCÁNDALO! | Atraparon a una jueza BESANDO a un ASESINO condenado a PERPETUA

La magistrada fue parte del Tribunal que determinó la sanción para el preso, pero ella votó en disidencia la condena a perpetua y solicitó una pena menor por el crimen.
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El Superior Tribunal de Justicia de Chubut inició actuaciones administrativas contra una jueza de Comodoro Rivadavia que había mantenido “conductas inadecuadas”, ya que en un video se ve a la magistrada a los besos con un preso de alta peligrosidad condenado por un tribunal que ella misma integró. 

El hecho ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew y fue protagonizado por Mariel Suarez, una jueza penal de Comodoro Rivadavia, quien fue vista en el citado video a los besos con Cristian “Mai” Bustos, un recluso que debe cumplir prisión perpetua. 

Según informó el sitio Diario Jornada de Chubut, Bustos fue condenado el 22 de diciembre pasado a cadena perpetua por el asesinato del policía “Tito” Roberts en Corcovado, en un hecho que ocurrió en 2009. 

La jueza fue parte del Tribunal que determinó la sanción para el sujeto en un juicio realizado en Esquel, pero el dato trascendental es que Suárez votó en disidencia la condena a perpetua y solicitó una pena menor por el crimen. 

Diario Jornada on Twitter: “#Exclusivo El #video que elevaron las autoridades penitenciarias a la Justicia de #Chubut en el que se ve a la jueza y al condenado dentro de un aula de la cárcel de #Trelew https://t.co/7zPqst2Hdr pic.twitter.com/4rUqU1HIQK / Twitter”

Exclusivo El #video que elevaron las autoridades penitenciarias a la Justicia de #Chubut en el que se ve a la jueza y al condenado dentro de un aula de la cárcel de #Trelew https://t.co/7zPqst2Hdr pic.twitter.com/4rUqU1HIQK

En un informe al que accedió el mencionado medio chubutense se indica que el agente de guardia reporta a su superior, el jefe de la División Seguridad Interna, todo lo sucedido dentro de un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew

El parte oficial del Poder Judicial detalló: “A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”

“De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”, concluyó el escrito.

*Fuente: PeriodismoyPunto

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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