Imagen Política | Los K encabezan el top 10 de los políticos con peor imagen
Los datos son de la Universidad de San Andrés (Udesa) y publica un amplio informe de coyuntura cada dos meses
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Según un estudio realizado cada dos meses por la Universidad de San Andrés (UdeSa) los dos referentes del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Cristina Fernández son los dos peores de la lista.
Si bien, la gran mayoría de los dirigentes argentinos están en una lista negra imaginaria pero contundente que escribe continuamente la sociedad, el ojo se centró esta vez en 10 referentes políticos que terminan el año involucrados en una incómoda posición, apuntados como los que tienen imagen más negativa.
Las imágenes involucran a más de 20 dirigentes del oficialismo y la oposición. El trabajo incluye 1.000 casos relevados entre el 13 y el 17 de diciembre, con +/- 3,15% de margen de error. Para medir la encuesta, Udesa ofreció seis diferentes variantes en sus respuestas: «Muy buena», «Algo buena», «No sé», «No lo conozco», «Algo mala» y «Muy mala». La imagen negativa se conforma por la gran cantidad de personas que respondieron con las dos últimas. En varios casos, llamó la atención el nivel del rechazo más alto.
Máximo Kirchner tiene 75% de valoración en contra, eso lo convierte en el peor de todos en este rubro, y casi toda la compone la «Muy mala» (63%). Lo mismo pasó con su Madre y vicepresidente de la Argentina, Cristina Kirchner, la segunda en este ranking incómodo, que totaliza 73% de negativa, de los cuales 61% son de «Muy mala».
En este top 10 se encuentra en el tercer lugar Daniel Scioli con un 43% de «Muy mala», aunque muchas encuestas ya no miden al actual embajador de Brasil, siempre queda su nombre ligado al oficialismo. Por debajo, vienen otros tres referentes del Frente de Todos: el gobernador Axel Kicillof (70% de negativa con 53% de «Muy mala»), el titular de Diputados Sergio Massa (69% y 46%) y el presidente Alberto Fernández (68% y 48%).
Pará terminar, los últimos personajes pertenecen a la oposición, el primero que aparece es Mauricio Macri, con números similares a los de los kirchneristas más cuestionados. El ex presidente llega a 68% de negativa. Más abajo, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió (59% de negativa total, con 36% de «Muy mala»), el diputado del FIT Nicolás del Caño (59% y 32%), y la diputada del PRO María Eugenia Vidal (55% y 33%).
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Drones dotados con inteligencia artificial surcaran los cielos de Buenos Aires para cazar a los contribuyentes que tengan construcciones sin declarar en propiedades urbanas y rurales.
El pasado 23 de enero, según consta en el Boletín Oficial (licitación 380-1549-LPR25), la gestión de Axel Kicillof invirtió más de $310 millones en ampliar las capacidades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal.
El engorde de las arcas estatales del último bastión K se apoya en la más sofisticada tecnología: el sistema se llama “M2” y utiliza algoritmos con inteligencia artificial que detectarán, a lo largo de 55.861 hectáreas de 10 distritos bonaerenses, cualquier ampliación edilicia, cerramientos de balcones, nuevas plantas, piletas, silos, galpones, tanques australianos y movimientos de tierra que indiquen nuevas explotaciones o mejoras.
La técnica, según difundieron las autoridades del Gobierno provincial, se apoya en relevamientos fotogramétricos que generan una reconstrucción 3D del terreno y ortomosaicos con resolución de hasta 5 centímetros por píxel. En términos simples, cada “cuadradito” de la imagen representa 5 cm del suelo, lo que permite distinguir bordes y modificaciones que una satelital estándar suele perder.
– La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús
La medida orwelliana se enmarca en un contexto delicado para el campo. La política fiscal de los últimos años registró severos aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200% para casi la totalidad de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.
Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).
Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos.
– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.
El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.
Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.
“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”
El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.
Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.
En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.
– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados
Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.
Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.
Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.
En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.
La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.
Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.
La corroboración que deja en evidencia a Orozco
Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad.Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:
Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.
Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.
¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.
La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja
La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).
Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.
Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce
Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.
Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?
El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio
Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.
En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.
No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.
Conclusión:
Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
La provincia de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota de la Policía provincial tras su recuperación en procedimientos judiciales. Los vehículos, que habían sido secuestrados en operativos vinculados a delitos, fueron reasignados por decisión de la Justicia para tareas de prevención y seguridad, en una medida que apunta a reforzar el patrullaje con recursos ya recuperados por el Estado.
La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, ClaudioGonzález.
Las unidades fueron recuperadas luego de operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos resultados reflejan el trabajo realizado en controles viales y rurales.
Roncaglia remarcó el valor simbólico y operativo de la medida al señalar que los bienes utilizados en hechos delictivos pueden convertirse en herramientas para la prevención: “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”.
El ministro también puso el foco en el criterio de uso de los recursos públicos y en la rápida puesta en funcionamiento de los vehículos recuperados. “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
Un informe de CICCRA describió un mercado con menos hacienda en Cañuelas y nuevas presiones de suba en el mostrador. Matarifes advirtieron que la cadena de pagos en carnicerías quedó “rota”.
Mensajes revelados en correos electrónicos intercambiados por Jeffrey Epstein muestran consultas políticas en Londres sobre la “reputación” del magnate británico, Joe Lewis.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
