17 septiembre, 2025

Rodríguez Saá alojó a las ASESINAS DE LUCIO “con todos los gastos cubiertos”

Acordó con el mandatario pampeano hospedar en su provincia a las autoras del crimen que indigna al país.
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El gobierno de Alberto Rodríguez Saá reconoció que rige un convenio con La Pampa, comandada por Sergio Ziliotto, que permite brindarle alojamiento a Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez.

El acuerdo “con todos los gastos cubiertos” aleja del epicentro del conflicto a las autoras del crimen que termino con la vida de la criatura de 5 años.

La autopsia al cuerpo de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado en La Pampa, comenzó a las 6.10 del sábado. Apenas el equipo de forenses, comandado por el doctor Juan Carlos Toulouse observó el cuerpo, se sobresaltó. No porque nunca hayan visto el tipo de lesiones que tenía el cadáver del chico sino por la multiplicidad de heridas y el ensañamiento que había padecido, y que saltaba a simple vista. El cuerpo del chiquito presentaba un golpe fuerte producto, probablemente, de una patada, heridas compatibles con quemaduras de cigarrillos y múltiples mordeduras. Algunas lesiones eran antiguas, otras muy recientes.

Fue ingresado al Hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa, por su madre Magdalena Espósito Valiente (24) y su novia Abigail Páez (27). Llegó prácticamente sin signos vitales y a los pocos minutos constataron que estaba muerto.

La primera reacción de las mujeres fue decir que habían sido víctimas de un robo. Nadie les creyó. Una hora y media después la policía pampeana allanó el domicilio donde vivían y, luego de ese operativo, la pareja quedó detenida acusada de homicidio simple. En el caso de la madre, la imputación está agravada por el vínculo.

El día que murió Lucio no era la primera vez que las mujeres llevaban al nene al hospital Evita. Todo lo contrario. Según pudo saber Infobae de fuentes médicas, el chico ingresó hace pocos meses con una fractura en su mano. En ese momento, la aparente excusa que ofreció la madre a los pediatras que lo atendieron fue que se había caído de una bicicleta.

Luego, figura otra entrada al mismo centro de salud, esa vez por la fractura de un dedo. Luego, los documentos registran varias entradas más, aunque se desconocen los motivos.

En las últimas horas, el médico forense Juan Carlos Toulouse, que fue quien realizó la autopsia, confirmó que Lucio tenía cicatrices y lesiones de vieja data además de las recientes, y remarcó la brutalidad de la violencia con la que fue asesinado: “No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”.

*Con información de El Puntano


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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