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“No sé por qué no vino ningún kirchnerista, pero estamos en la Catedral, puede venir el que quiera, tal vez no quieran homenajearlo a (José Ignacio) Rucci”, lanzó en septiembre de 2010 el sindicalista José Luis Barrionuevo. Mostraba, por aquel entonces, una postura crítica con el Gobierno de Cristina Kirchner.
Continuó diciendo: “El primero que dijo que se trataba de un crimen de lesa humanidad fue Hugo Moyano, pero después parece que lo apretó Kirchner, y se corrió de los homenajes”. Y agregó que “Para los kirchneristas, Rucci es como la cruz para los vampiros, salen corriendo para el otro lado”.
La figura del sindicalista estrella de Juan Perón, quien fuese secretario general de la CGT desde 1970, es sagrada para el peronismo de centro a de derecha. Las violentas internas políticas de la época tuvieron como desenlace el asesinato de tan querido dirigente a manos de Montoneros, agrupación de extrema izquierda subversiva que reconoció (y presumió) la autoría de los hechos dos años después en la edición número 5 de la revista Evita Montonera.
Aquellos sindicalistas opositores al Gobierno K, Barrionuevo entre ellos, hicieron un pacto: Jamás apoyar a los asesinos de Rucci ni a sus socios políticos.
De ese pacto explota la furia de aquellos síndicos con Barrionuevo, quien pasó de presumir los mates que le cebaba al asesinado dirigente a estrechar postura con el kirchnerismo, dogma profundamente montonero, alejado de los ideales del ex secretario general de la CGT.
Las críticas de Barrionuevo a la actual gestión mermaron desde el millonario salvataje a los gremios que el Gobierno Nacional giró en diciembre de 2020: Del total de $334 millones, un tercio ($113 millones) fue asignado a la obra social de Gastronómicos a nivel nacional.
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Maximiliano Uceda, quien fuera secretario de Gestión Cultural durante el gobierno de Alberto Fernández, tuvo un breve y cuestionado paso por el ministerio de Cultura de la Nación bajo la conducción de Tristán Bauer, donde era responsable del Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Su renuncia, precedida por el cierre de todas sus redes sociales, levantó sospechas y especulaciones sobre posibles conflictos internos dentro del oficialismo de aquel momento, aunque mediáticamente se confirmó que el exsecretario había estado vinculado a reiterados episodios de maltrato. La denuncia de una trabajadora en redes sociales marcó el golpe final.
Desde mayo, el nuevo cargo de Uceda lo posiciona bajo la órbita de la subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural de la provincia de Buenos Aires, liderada por Cynthia Ottaviano. Desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tendrá la responsabilidad de impulsar proyectos en sectores clave de la economía cultural de la provincia, en un contexto de alta expectativa y escrutinio público.
El nombramiento no solo revive las dudas sobre su salida del ministerio de Cultura, sino que también refuerza la percepción de que el kicillofismo continúa reciclando figuras polémicas dentro de espacios estratégicos con el único objetivo de sumar cuerpo de cara a la contienda presidencial 2027.
Como es de esperarse, Maximiliano Uceda no es nuevo en la administración pública. Antes de ser desvinculado del ministerio de Cultura de la Nación por maltrato laboral, desempeñó funciones en la provincia de Mendoza durante la gestión del gobernador Francisco Pérez. quien lo designó asesor en el ministerio de Cultura provincial en 2012 y 2015. Luego, fue designado para conducir el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Entre 2016 y 2018 además cobró un contrato en la Universidad Nacional de las Artes. Ese mismo año ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, mientras que a la par se mantuvo vinculado al gobierno de la provincia de Mendoza, que lo cobijó incluso durante la era Javier Milei.
Vale destacar que el flamante funcionario de Kicillof es hermano de la ex diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Lourdes Uceda, quien viene de ocupar una banca en el periodo 2019–2023. Finalmente, tras el fin de su mandato, Marisa tampoco optó por la actividad privada: consiguió otro contrato en la Cámara de Diputados de la Nación, donde actualmente desempeña tareas bajo el legajo 800861, en el escalafón A-3-T.
En el primer aniversario del gobierno de La Libertad Avanza, la vicepresidente Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un video que resume su gestión en el Senado. Con apenas una breve mención al presidente Javier Milei, la publicación evidencia la tensa relación entre ambos. “Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!”, escribió Villarruel junto al audiovisual que destaca momentos clave de su labor.
El video, de poco más de dos minutos, incluye un repaso de actividades como el retiro del busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias, una decisión que justificó afirmando: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”. También recordó su papel crucial en la aprobación de la Ley Bases, cuando tuvo que desempatar en el Senado, declarando: “Mi voto es positivo, pensando en los argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos”.
La relación entre Villarruel y Milei, que mostró daños desde el inicio de la gestión, se tensó aún más con decisiones como la designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Justicia y Luis Petri en Defensa, áreas que Villarruel consideraba propias. A lo largo del año, también protagonizó episodios polémicos como un conflicto diplomático con Francia, su ausencia en la firma del Pacto de Mayo, y una visita a España en la que se fotografió junto a Isabel Perón, lo que generó malestar en el Ejecutivo.
En una entrevista reciente, Milei fue contundente al referirse a la vicepresidente. Señaló que Villarruel “no tiene injerencia en la toma de decisiones” y que su diálogo con ella es “meramente institucional”. Además, la vinculó al “círculo rojo” y la inclusión en lo que denomina “la casta”. Villarruel, por su parte, continúa marcando un camino independiente dentro del Gobierno, con protagonismo propio y lejos del liderazgo de su compañero de fórmula.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, JorgeD’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, FedericoAchával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.
El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de CésarMansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.
A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio.Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.
Silencio forzado y caza de filtraciones
Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.
La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.
El entramado judicial y los nexos locales
El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.
Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.
Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas
El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.
Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.
Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.
En medio de una agitada discusión legislativa por el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada bonaerense Viviana Guzzo, perteneciente a Unión por la Patria, presentó un proyecto que causó sorpresa y polémica: declarar al inodoro como “un lugar para la paz”. Pese a su afán por instalar la curiosa temática en la agenda, la propuesta no fue debatida ni aprobada sobre tablas, en un contexto marcado por demandas sociales urgentes y necesidades básicas insatisfechas.
La iniciativa de Guzzo se apoya en el Día Mundial del Retrete, establecido cada 19 de noviembre por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el proyecto, se buscaba “declarar de interés legislativo el lema ‘El retrete es un lugar para la paz’ en el marco del Día Mundial del Retrete (inodoro) 2024 establecido cada 19 de noviembre por la ONU”. La diputada oriunda de Los Toldos —Partido de General Viamonte— argumentó que “el saneamiento es un derecho humano” y que la falta de acceso a un inodoro adecuado y seguro “minimiza la capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La legisladora sostuvo que “todo el mundo debería tener acceso a un retrete seguro, higiénico y privado que esté conectado a un sistema de saneamiento gestionado de forma segura para eliminar adecuadamente los desechos”. En el texto presentado, además, se advirtió que los sistemas inadecuados, dañados o rotos “pueden provocar contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.
Guzzo también enfatizó en la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la falta de saneamiento: “La falta de servicios de saneamiento, agua e higiene gestionados de forma segura hace más vulnerables a las mujeres y las niñas, en particular, a los abusos, los ataques y la mala salud, lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La diputada, al fundamentar su propuesta, consideró que el “Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales”. En este sentido, mencionó el Plan Federal Sanitario “Mi Baño”, lanzado en 2023, que buscaba erradicar letrinas y mejorar las condiciones de saneamiento para las poblaciones más vulnerables.
La iniciativa describía tres líneas de acción para el Día Mundial del Inodoro 2024:
“El inodoro es un lugar para la paz”: Según el proyecto, este espacio esencial “debería ser seguro y no suponer un riesgo”, y se señaló que el saneamiento mundial “corre peligro a causa de los conflictos, el cambio climático, los desastres y la falta de cuidado”.
“El inodoro es un lugar de protección”: Al aislar los desechos, el saneamiento adecuado resulta “crucial para la salud pública y ambiental”, evitando así la proliferación de enfermedades mortales.
“El inodoro es un lugar para el progreso”: Un adecuado servicio sanitario protege la dignidad y transforma vidas, especialmente la de mujeres y niñas. “Más inversión y una mejor gestión del saneamiento son claves para un mundo más justo y pacífico”, puntualizó la diputada.
A pesar de los argumentos presentados, la propuesta no logró avanzar en la Legislatura. Este resultado se atribuye tanto a la falta de consenso como a la sensación de desconexión entre las prioridades reales de la ciudadanía y las temáticas planteadas por ciertos legisladores. La propuesta, vista por muchos como trivial en un contexto de crisis económica y social, también generó un debate sobre el uso del tiempo legislativo para cuestiones percibidas como menos relevantes.
Por otro lado, Guzzo intentó justificar su iniciativa destacando el papel central que tiene el acceso al saneamiento en los derechos humanos y en la lucha contra las desigualdades. “El acceso al saneamiento es fundamental para garantizar la dignidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. En especial, las mujeres y niñas que son las más afectadas por la falta de servicios higiénicos seguros”, afirmó la diputada en declaraciones posteriores a la presentación del proyecto.
Cabe destacar que este no es un caso aislado en la trayectoria legislativa de Guzzo. La diputada también estuvo involucrada en otros proyectos que han generado opiniones divididas, como el intento de declarar al cantante Carlos “Indio” Solari como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires.Aunque la iniciativa logró cierta tracción en un principio, finalmente perdió estado parlamentario, dejando en evidencia los desafíos de lograr consenso en temas que no siempre son prioritarios para la agenda política.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.
En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.
Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH
El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.
El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.
El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
