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Una investigación exclusiva de Periodismo y Punto (Federico Teijeiro) publicada el pasado 10 de noviembre reveló que la novia del presidente, Fabiola Yáñez, viajó a la provincia de Misiones en 7 ocasiones mientras transcurría el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), período en el cual estaba terminantemente prohibido trasladarse entre provincias.
La detallada investigación de citado portal aclara las incongruencias oficiales dadas a la hora de comunicar los viajes. “El presidente de la Nación impartió normas, acusó a diestra y siniestra con el dedo, pero tras bambalinas ninguno de ellos las cumplía. En especial Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Se creen, viven y gobiernan como una casta”, concluye Teijeiro en su nota.
Información de los vuelos, publicados en la investigación de Periodismo y Punto
Una vez conocidos los datos de los vuelos de Fabiola, la Fundación Apolo denunció el hecho: “La Primera Dama se habría desplazado por el país cuando no debía hacerlo, en tanto que, no existiendo actividad oficial, se descuenta que Fabiola YAÑEZ no habría estado cumpliendo actividad esencial alguna. Más aún, ninguna de las ‘actividades esenciales’ a las que aluden las normas vigentes, cuando ocurrieron los hechos, toman en cuenta la actividad desarrollada por una Primera Dama, es decir, la actividad de una persona que no es funcionaria y que no cumple ningún rol de relevancia que la torne ‘personal esencial'”.
Los abogados firmantes agregan además que “Fue el mismo Exmo. Sr. Presidente de la Nación, quien en referencia al caso del ciudadano llegado de Estados Unidos que golpeó a un guardia en Vicente López, en conferencia de prensa, expresó que sería inflexible en el cumplimiento de la ley, perseguiría penalmente a los trasgresores y llamó a ser solidarios con el prójimo cumpliendo con las medidas sanitarias. Evidentemente, la inflexibilidad aludida por el Primer Magistrado cede ante los allegados al poder”.
*Con información de Periodismo y Punto
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A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.
Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.
Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.
Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.
El Senado de la provincia de Buenos Aires votó este martes por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en sintonía con el pedido del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el oficialismo no logró avanzar con las modificaciones a los plazos del calendario electoral que también formaban parte del proyecto original. La iniciativa continúa su trámite en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, solo se debatieron y aprobaron los artículos 1 y 2 del proyecto, excluyendo los incisos 3 y 4 que planteaban cambios en los tiempos de convocatoria, presentación de listas, alianzas y boletas. Esta exclusión dejó en evidencia el impacto político del comunicado difundido un día antes por la líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó: “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”.
El mensaje de CFK implicó que el kirchnerismo acompañaría solo los primeros dos artículos del proyecto, y que no avalaría alterar el cronograma electoral vigente. La exmandataria también criticó el desdoblamiento dispuesto por Kicillof, con el calificativo de “error político”.
El proyecto original del Poder Ejecutivo respondía a una recomendación de la Junta Electoral bonaerense en caso de suspenderse las PASO y avanzar con un esquema de elecciones concurrentes. No obstante, los artículos 3 y 4 que preveían flexibilizar los plazos fueron descartados. Entre ellos, se incluía la posibilidad de convocar a elecciones con al menos 100 días de anticipación, registrar alianzas 80 días antes y presentar listas y boletas con 70 y 50 días, respectivamente.
El texto aprobado finalmente establece la suspensión del régimen de PASO por única vez en 2025, con excepción de los artículos 16 y 17 de la ley vigente. De este modo, la campaña electoral podrá comenzar 30 días antes del comicio y deberá finalizar 48 horas antes del mismo.
– Carlos Curestis
En el debate parlamentario, las posiciones políticas quedaron expuestas. Sergio Vargas, senador de La Libertad Avanza, celebró el acuerdo multipartidario: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto”. Su compañero de espacio y presidente del bloque, Carlos Curestis, fue más tajante: “Venimos trabajando para eliminar las PASO. Que los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante”.
Desde la UCR, el senador AgustínMáspoli reconoció el consenso alcanzado, pero cuestionó los tiempos del debate: “Discutir cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal. Estamos fuera de tiempo por las tensiones internas del oficialismo”.
– Christian Gribaudo
El presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, apuntó en la misma dirección: “Algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero es un debate dentro de cada fuerza. No puede haber más modificaciones del Ejecutivo a las reglas del juego”.
Por el oficialismo, Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, ratificó la posición del kirchnerismo: “Creemos que es mejor una sola elección, concurrente. Este no era el momento de experimentar. Ya hubo suficiente incertidumbre con la Boleta Única. No creemos en la municipalización ni en la provincialización de la política, apostamos a un proyecto nacional”.
– Teresa García
García también destacó la decisión de Cristina Kirchner como una “salida por arriba” ante el desdoblamiento impuesto por el Ejecutivo: “Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que pagamos un costo, pero los dirigentes deben asumirlos”.
En tanto, el senador Federico Faggioli, también de Unión por la Patria, se abstuvo de la votación. Representante del sector Patria Grande, que lidera Juan Grabois, sostuvo que su espacio sigue respaldando las PASO.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos mantiene vivo el debate sobre el proyecto que busca habilitar la prisión preventiva cuando un acusado exhibe antecedentes de reincidencia. La iniciativa, presentada el 20 de mayo de 2024 por la legisladora provincial Carola Laner, avanza en doble carril: el institucional, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el territorial, con foros abiertos en distintas ciudades.
El último de esos encuentros se desarrolló en Gualeguaychú, bajo la organización conjunta del municipio y el Concejo Deliberante. Antes, una primera mesa de discusión había reunido a funcionarios y vecinos de Colón. Para Laner, llevar la conversación al interior resulta indispensable: “Si algo teníamos claro era que queríamos federalizar el proyecto, llevarlo al interior, a discutirlo en los municipios, en los consejos de seguridad y de cara al ciudadano”.
El texto propone que la “reiterancia delictiva” —definida como la comisión de hechos punibles mientras existen investigaciones o causas previas— se convierta en causal autónoma para dictar prisión preventiva. La diputada afirma que la propuesta nació “de cercanía y escucha”, tras el recurrente reclamo sobre la “puerta giratoria” judicial: “los acusados entran por una puerta y salen por la otra”, sintetizó.
La inquietud ciudadana coincide, sostiene Laner, con datos recogidos por las fuerzas de seguridad. “El área de Criminalística de la Policía hizo un informe muy completo. Por ejemplo, en Concordia, de 1.000 detenciones, el 70 % son reingresantes que tienen más de dos causas en curso”, detalló. A ese diagnóstico se suma, de acuerdo con la legisladora, la preocupación del Ministerio Público Fiscal: fiscales consultados admitieron que suelen solicitar la preventiva en casos de reiterancia, pero “los jueces de garantías no tenían una postura única, justamente por falta de una norma”.
En el plano legislativo, la comisión que analiza el expediente celebró una sesión inicial “positiva”, con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que ofrecieron distintos enfoques técnicos. Según fuentes parlamentarias, se prevé convocar a especialistas en derecho penal y procesal para afinar la redacción antes de girar el dictamen al recinto.
Mientras tanto, Laner continuará la ronda de debates locales. La próxima parada sería Paraná, donde se planea sumar a asociaciones de víctimas y organizaciones civiles. “Queremos que cada ciudadano entienda qué cambia y por qué”, subrayó la diputada.
Si prospera, la reforma colocará a Entre Ríos entre las primeras jurisdicciones del país en regular la reiterancia delictiva como causal expresa de prisión preventiva. El destino del proyecto, no obstante, dependerá de los consensos que la autora logre tejer dentro de un mapa político que, en materia penal, rara vez ofrece unanimidades.
Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
El exdiputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, también fue hallado culpable y recibió una pena de 12 años. Así lo resolvió el Tribunal Penal N°1 de Posadas, en una sentencia que marca un precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil.
Durante el juicio, se comprobó que los acusados poseían y compartían un total de 603 archivos digitales con contenido de abuso sexual infantil, además de material vinculado a prácticas zoofílicas. Las pruebas fueron obtenidas a partir de un operativo internacional coordinado por la Child Rescue Coalition y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (IMEC), que alertaron a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) en Argentina.
“Se trata de un caso histórico, no solo por el volumen del material incautado, sino porque afecta directamente a una figura del poder político”, declaró el fiscal Martín Alejandro Rau durante su alegato final. Junto al fiscal Antonio Glinka, solicitaron 15 años de prisión para el exdiputado y 12 para su hermano.
Durante el juicio, Germán Kiczka intentó desvincularse de las acusaciones al afirmar: “Soy totalmente inocente. Nunca descargué ni compartí material ilegal. Esta es una persecución política en mi contra”. En contraparte, las pruebas digitales fueron concluyentes, se hallaron archivos incriminatorios en dos computadoras y un pendrive en su poder, uno de ellos identificado con el nombre Fiat.
Glinka desestimó de lleno la estrategia defensiva: “Nunca hubo persecución política. Hubo una investigación internacional que llegó hasta los Kiczka por rastros concretos. Lo demás es una construcción para intentar eludir la Justicia”.
En tanto, Sebastián Kiczka buscó asumir la responsabilidad total del caso: “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”. Más tarde, justificó su accionar diciendo: “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet. Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”. Pese a sus declaraciones, los peritos informáticos confirmaron que los dispositivos estaban configurados con perfiles a nombre de Germán Kiczka, y que ambos participaron activamente en la descarga y distribución del material.
El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, también solicitó que se investigue por falso testimonio al diputado Pedro Puerta y al padre de los acusados, Leonardo Kiczka, por posibles declaraciones engañosas ante la Justicia.
Cabe destacar que la mayoría de las audiencias fueron a puertas cerradas, en resguardo de la identidad y la dignidad de las víctimas, cuyas imágenes circulaban en los dispositivos secuestrados.
Germán Kiczka se desempeñaba como diputado provincial por el partido Activar. Luego de que la Legislatura de Misiones le suspendiera los fueros a fines de agosto del año pasado, se dio a la fuga. Fue localizado días después en un camping de la localidad de Loreto, en la provincia de Corrientes. Finalmente, la Cámara legislativa decidió su expulsión, mediante una resolución aprobada por unanimidad.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025
