16 septiembre, 2025

¡ASCO! | Remisería vinculada a Mario Secco encubrió a un chofer que se masturba frente a los pasajeros

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando una mujer con sus hijos se trasladaba en el remis a la casa de una amiga. Al llegar, el chofer, que pertenece a la agencia COPARE, comenzó a masturbarse y, luego de retirarse, volvió a pasar por la casa en forma amenazante. La agencia trató de encubrir el hecho.
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El temor por un peligroso pervertido suelto atraviesa a la localidad de Ensenada. En horas de la mañana, Micaela Romano se trasladaba junto a sus hijos a la casa de una amiga en dicha localidad, en un remis de la agencia COPARE. Se trataba de un Volkswagen que había enviado la compañía luego de un llamado telefónico conducido por un chofer morocho, con barba de dos días, de 30 a 35 años de edad.

El viaje transcurrió sin novedades, pero el horror se desató al llegar al destino. Al bajar a sus hijos, Micaela notó que el chofer había sacado su miembro del pantalón y se estaba masturbando. Horrorizada, cerró la puerta del vehículo y corrió al interior de la casa de su amiga, tomando la precaución de anotar la patente del auto.

El chofer, en una actitud que evidencia el extremo de su perversión y peligrosidad, se alejó lentamente, luego dio la vuelta a la manzana y volvió a pasar por la casa de la amiga de Micaela, quien inmediatamente llamó al 911 y a su ex pareja para que se acerque a la remisería a pedir los datos del pervertido.

El ex concubino de Micaela, llamado Guillermo Barrera, se acercó a la remisería, contó lo ocurrido y pidió el nombre y el apellido del chofer. Pero en el local, lejos de mostrarse consternados con el episodio, decidieron no brindarle los datos y cubrir al peligroso sujeto. Luego de una acalorada discusión, Barrera terminó detenido en la Comisaría Primera de Ensenada.

La agencia COPARE pertenece a Pablo Azcarate, y tiene numerosas quejas de vecinos de Ensenada por el lamentable estado de sus vehículos. En efecto, su amistad con el intendente Mario Secco sería la única razón por la que mantiene un permiso municipal para funcionar. El nombre Azcarate es conocido en la zona, dado que uno de los titulares de la agencia de remises es el propio Pablo Azcarate, de estrecha amistad con Mario y Nicolás Secco. La agencia estaría utilizando estos contactos para proteger al peligroso pervertido que acecha a las mujeres de la ciudad.

*Fuente: REALPOLITIK


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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