El Gobierno gastará más de $2 BILLONES en “políticas con perspectiva de género”
El Presupuesto 2020 prevé un gasto multimillonario en "políticas de género". En comparación con el del año pasado, el aumento es del 19,3%.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tal cual se desprende del proyecto de Ley correspondiente al Presupuesto 2022, el Gobierno nacional pretende gastar para el próximo año, poco más de $2 billones para la implementación de “políticas con perspectiva de género”.
La cifra, representa un total del 15,4% del monto total, equivaliendo un 3,4% del PIB. En comparación con 2021 registra una suba real del 19,3%.
La iniciativa del Ejecutivo, presentado en el Congreso semanas atrás por el ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé destinar ese monto “al fortalecimiento de la infraestructura de cuidados y la inclusión de mujeres y diversidades en sectores estratégicos de la economía”.
En la composición del gasto para la categoría “Igualdad entre los Géneros”, se destaca en primer lugar la ANSES con las Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, con un crédito de $1.578.630 millones para 2022.
Áreas a las que se destinará el dinero (Télam)
Le sigue en orden de importancia la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) y la Pensión para Madres de 7 o más Hijos, con un incremento del 13,6 % comparado con el presupuesto vigente de 2021. Estas políticas de la ANSES constituyen el 76,67 % del presupuesto asignado a políticas de género.
En tanto, el siguiente organismo con relevancia presupuestaria es el Ministerio de Desarrollo Social (con el 19,9 % del total) que, a través de la línea de asistencia alimentaria mediante la Tarjeta Alimentar, registraría un aumento del 108,6 % interanual y alcanzaría a 2.603.779 mujeres, con una partida de $248.646 millones.
A su vez, el Programa Potenciar Trabajo, con un monto estipulado de $161.152 millones, registró un aumento real en su presupuesto del 77,6 % anual y se dirigirá a un total de 733.868 mujeres. En el Ministerio de Obras Públicas, el programa de “Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y otras acciones en Género”, destinado a 218 obras de infraestructura para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, tiene un monto presupuestado de $12.901 millones, es decir, el 0,6 % del total del presupuesto para políticas de género.
También hay partidas para el Ministerio de Desarrollo Productivo con un monto de $1.805 millones para “Financiamiento de la Producción y Otras Acciones” que busca asignar créditos a empresas lideradas por mujeres para capital de trabajo e inversión productiva en las provincias argentinas.
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
[cm_ad_changer campaign_id=”6″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.
Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.
La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.
Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.
El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.
Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.
Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.
El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.
Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente:“Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.
El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.
Crece el escándalo por el uso del padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer “territorio” durante campaña legislativa 2025 por parte de armadores que responden a Sebastián Pareja en el sur de la provincia de Buenos Aires
Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección.
Es por la filtración de chats del grupo de WhatsApp de LLA en la Sexta donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”. Eso, dos meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.
En esos mensajes, Grippo reconoció que el material que tenía en manos era información reservada que le habían dado en papel y que tenía previsto entregar en mano a quienes vayan a la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, días más tarde . “No quieren que ande circulando”, admitió.
Frente a esas filtraciones, en el municipio de Tres Arroyos a cargo del massista Pablo Garate formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de LLA.
Una de las denunciantes, la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, dijo que, mientras eso sucedía con Grippo y su gente, “más de 1.100 personas en la Sexta sección estaban siendo sometidos a las auditorías de la Nación, que es un proceso cruel por las pensiones”.
Al denunciar una “agenda de la crueldad” por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Elgart sostuvo: “Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo”.
Grippo, que encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, es una de las personas más cercanas a Sebastián Pareja en el sur de la provincia.
De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Incluso, fue quien armó la visita de Nicolás Pino a Bahía en medio de la campaña.
Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.
Como armadora de Pareja en la Sexta, Grippo Harrington mantiene el control de oficinas de Pami y Anses en Bahía y la región, donde, desde 2024, se multiplicaron los reclamos por delegaciones cerradas y problemas en la atención.
En ese marco, además de poner a disposición el padrón de uso confidencial de la Andis, Grippo Harrigton les propuso a los referentes locales bajo su mando colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora en las filtraciones.
El reciente paso de Javier Milei por el festival La Derecha Fest dejó una imagen que el oficialismo intenta ocultar: el estruendoso abucheo de la militancia a figuras de la casta infiltrada como el otrora kirchnerista Sebastián Pareja, presentado como un héroe por la también ex-kirchnerista Lilia Lemoine. Este rechazo de las bases es el síntoma de un movimiento que, mientras abraza a la vieja política —como el nuevo referente mileísta, Carlos Ruckauf—, ha montado un comisariato dedicado a purgar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Lejos de la superioridad moral, fuentes internas de La Libertad Avanza, La Derecha Fest y Fundación Faro confirmaron a esta redacción que el festival se ha convertido en la aduana de una doctrina donde la obediencia es el único requisito para no ser arrojado al ostracismo.
Expulsiones y persecuciones
Para justificar estas purgas, la militancia mileísta suele inventar relatos de despecho por falta de cargos para ensuciar a figuras como Eduardo “El Presto” Prestofelippo, Emmanuel Danann, Augusto “De Peroncho” Grinner, Miklos Lukacs o Álvaro Zicarelli, llegando a fundamentar de manera rebuscada las expulsiones de Diana Mondino y Ramiro Marra. Sin embargo, la realidad —corroborada por integrantes del espacio que temen ser los próximos en la lista si hacen públicas sus críticas— desmiente la narrativa oficial: voces hoy proscriptas, como Danann y Grinner, rechazaron constantes candidaturas y cargos entre 2021 y 2024 para preservar su independencia. No se tolera la divergencia ni siquiera en los cuadros técnicos y académicos.
Esta paranoia llega al ámbito privado: Milei llegó a exigir a sus allegados romper vínculos personales, como su enojo con Danann por mantener su amistad con El Presto. En este ecosistema de miedo se inscribe también el caso de Juan José Gómez Centurión, condenado al ostracismo por cuestionar una dolarización que el propio Milei nunca ejecutó. Esta purga por autonomía conecta con el desplazamiento de Ramiro Marra, un caso que ya adelantamos en Data 24. A Marra no lo alejaron por falta de mérito, sino por el recelo que generaba su popularidad entre la juventud libertaria, percibida por el Triángulo de Hierro como una amenaza a la verticalidad absoluta de Karina Milei.
El brazo de la censura oficial no tiene fronteras. Mientras desde la Casa Rosada se operan llamadas directas a periodistas para exigir que se saque del aire a críticos como Zicarelli o Presto —como ocurrió con la presión ejercida para que Emmanuel Danann fuera desplazado de Polémica en el Bar luego de unas críticas hacia el Gobierno Nacional—, el Presidente intervino personalmente ante la CPAC de EE.UU. para exigir que se le quitara la franquicia a Eduardo Verástegui en México por un simple tuit crítico.
Esta pulsión autoritaria atraviesa la interna de La Derecha Fest, donde Nicolás Márquez, actuando como brazo ejecutor del pensamiento único, procedió a cancelar la participación de Danann en un evento por pedido directo de Milei. Fiel a la falta de coraje que impera en el círculo oficialista, Márquez no se atrevió a comunicárselo de frente: Emmanuel se enteró de su desplazamiento por las redes sociales. Así, el festival se ha transformado en una herramienta de disciplinamiento que prohíbe cualquier matiz que no sea la adulación irrestricta al líder.
Mientras el Gobierno intenta marginarlos, el último informe de Oxford y Reuters ubica a los proscritos Danann y El Presto en la cima de la influencia real, muy por encima de los ejecutores que no piensan que hoy parasitan las cajas del Estado.
La estafa al padre de La Derecha Fest
La cara más oscura de esta trama es la estafa contra Cristian Iturralde, creador de la marca del festival, quien fue despojado de su creación por Márquez. Según testigos que participaron de celebraciones privadas del entorno, el propio Nicolás admitió haber intentado bajar los eventos en varias ocasiones, reconociendo que solo pudieron realizarse gracias al trabajo de Iturralde. Sin embargo, tras apropiarse legalmente del nombre haciendo uso de la confianza que Iturralde tenía en él, Márquez selló su degradación moral con una vulgaridad que define su presente: “si hay que chupar pijas, prefiero chupar la pija de Milei y no la de Caponetto… busquemos los proyectos exitosos”. Esta curiosa narrativa de sumisión se complementa con la de Agustín Laje, quien celebró que la derecha por fin pudo “salir del clóset”.
“Prefiero chupar la pija de Milei” la polémica frase del “intelectual” Márquez.
El biógrafo presidencial apela a una lógica de purga que él mismo vincula con el pragmatismo soviético para disciplinar a quienes fueron sus socios y pasaron a la disidencia: “voy a citar a Lenin: Lenin decía que el problema no es cometer un error, el problema es justificarlo, agrandarlo y repetirlo”; el marplatense se refería al “error” de Iturralde es ejercer la crítica pública, algo que Márquez calificó luego como un “criterio insalvable” para mantener un “negocio en común”. Aunque hasta hace pocos años Márquez se refiriera a los liberales como “liber maricas”, ahora se presenta como un referente del liberalismo y resulta una ironía sangrienta que cite a Lenin para castigar a un amigo por decir en voz alta lo que él mismo reconoce en privado—y admite no hacer público para no enemistarse con el oficialismo—, que justifique que se aparte a un intelectual por hacer lo que debe: mantenerse crítico y objetivo. La advertencia es una sentencia de muerte civil: no elogiar al Gobierno es un “error groserísimo” y un “suicidio profesional”, expresiones vertidas por el escritor de Mar del Plata.
Rechazo público al librepensamiento
Esta doctrina de la obediencia ciega ha sido institucionalizada por Karina Milei y Martín Menem, dejando claro mediante algunos tuits que la lealtad no admite matices, que nadie debe cuestionar al Presidente. Es la validación de lo que la senadora mileísta Florencia Arietto anunció con crudeza: “dentro de LLA no hay lugar para el librepensamiento“.
Esta asfixia se traduce en la tropa propia con la confesión de Iñaki Gutiérrez, quien afirmó estar para ejecutar y no para pensar. El resultado es el camaleonismo visto en La Misa a fines de noviembre de 2024, donde el Gordo Dan y sus columnistas pasaron de defenestrar la ley de Ficha Limpiadurante todo el día, a celebrarla en vivo apenas supieron que la orden de Milei era apoyarla.
Manteniendo el relato: caja, fundaciones y castigos
Para sostener este esquema, el oficialismo cuenta con estructuras de contención. Fuentes de la redacción que aún operan dentro de las estructuras oficialistas facilitaron información que confirma cómo se cierran puertas laborales a quienes no son obsecuentes del Gobierno, lo que llaman “ser inteligente”. Sobre una conocida fundación oficialista, de hecho, recaen fuertes sospechas de financiamiento indirecto a través de cajas del Estado como YPF y la SIDE.
De hecho, en privado, al escritor Cristian Iturralde le explicitaron desde el mileísmo que no le podían dar trabajo en esa fundación por haberse mantenido crítico del Gobierno, a pesar de las reiteradas advertencias que le habían realizado.
Otros tiempos: Márquez junto a Iturralde, antes de que el “biógrafo” presidencial le robara “La Derecha Fest”
Frente a este sistema de premios y castigos, la figura de Cristian Iturralde emerge como un recordatorio de integridad. Ante las propuestas de guardarse las críticas a cambio de estabilidad, Iturralde fue tajante ante sus ex-amigos: “prefiero pasar hambre o manejar un Uber antes que tener problemas de conciencia”. Esta redacción se comunicó con Iturralde y posee registros que demuestran absolutamente todo lo aquí expuesto, confirmando que su dignidad es lo que hoy lo mantiene fuera de un oficialismo que no logra doblegar la realidad. La superioridad moral ha caído; solo queda el negocio de la obediencia y una paranoia creciente entre quienes, desde adentro, ya empezaron a filtrar la verdad.
La Municipalidad de Villa Allende, en Córdoba, dispuso la colocación de portones que cerró durante la noche en calles secundarias de zonas específicas, como parte de un plan que buscó combatir hechos de inseguridad. La medida se encuadró en el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que se convirtió en la ordenanza 14/25, y se puso en marcha entre febrero y marzo luego de un fallo judicial que rechazó recursos de amparo y habilitó al Ejecutivo local a avanzar con el cerramiento en barrios como Pan de Azúcar y Lomas Sur.
Las autoridades locales explicaron que el programa incluyó la incorporación de móviles para patrullaje, la instalación de cámaras de seguridad y domos policiales, además de mejoras de iluminación y la adquisición de un dron. En distintos detalles difundidos sobre el plan, se mencionó la incorporación de cinco móviles, la instalación de 250 cámaras y 57 domos policiales; también se informó que el programa incluyó 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, con el objetivo de establecer corredores seguros.
El punto más novedoso —y el que concentró la polémica— fue la decisión de colocar portones para restringir la circulación vehicular en determinadas cuadras. El intendente Pablo Cornet confirmó que los primeros se armaron en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. “Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”.
Cornet atribuyó el origen de la iniciativa a recorridas barriales: “Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa”. También describió robos frecuentes denunciados por vecinos: “Los vecinos están indignados porque les roban herramientas, mangueras o escaleras, generalmente cuando no están en sus casas o durante la noche. Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad”.
– Pablo Cornet, intendente de Villa Allende
En la primera etapa, el esquema contempló la colocación de 14 portones, activos entre las 22 y las 6: algunos cerraron por completo la cuadra y otros permitieron el paso peatonal. Cornet la definió como una “prueba piloto” para que, sobre la base de la experiencia, vecinos de otros barrios decidieran si consideraron la herramienta efectiva para bajar la inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba se expresó una posición de respaldo a la potestad local y al rol policial: “La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública”.
La iniciativa se aplicó en la localidad ubicada a 25 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Allí rige una emergencia en seguridad desde 2023, aprobada en el Concejo Deliberante por el “incremento en forma sustancial de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y la propiedad”. En otra caracterización del contexto se consignó que el 60% de los robos se registró durante la noche, según reportan datos oficiales.
La puesta en marcha se destrabó luego de un recorrido judicial. Si bien el proyecto se aprobó a mitad de año, una serie de amparos unificados presentados por vecinos frenó su avance. Luego, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba convalidó la ordenanza y permitió la ejecución del plan.
En los fundamentos se indicó que la colocación de portones e infraestructuras de seguridad no vulneró derechos constitucionales de manera “manifiesta” y que la “seguridad como valor central” justificó las medidas adoptadas por la gestión municipal. En el caso reseñado, la Cámara también consideró que los planteos de inconstitucionalidad “no son procedentes” y calificó la iniciativa como “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”.
Vecinos Autoconvocados de Villa Allende anunciaron que apelaron el fallo y calificaron la sentencia como un “agraviante y torpe alineamiento con la gestión municipal” que “desoye absolutamente a los vecinos”. En un comunicado sostuvieron que la Cámara Contencioso Administrativa, al admitir la colocación de portones en nombre de “preservar la seguridad como valor central”, ha hecho suyo el argumento planteado por la municipalidad de que el cierre de calles mediante portones garantizará seguridad”.
Los autoconvocados cuestionaron la falta de “estudios previos, estadísticas o experiencias concretas” que respaldaran la eficacia del cierre y citaron “antecedentes desfavorables como en Guaymallén Mendoza”. También afirmaron: “Incluso el propio intendente, reconoció en declaraciones públicas que la colocación de portones es una experiencia sujeta a prueba y error. Claro que sin aclarar que el ensayo, no lo pagarán los funcionarios sino los vecinos que además veremos desvalorizarse nuestras propiedades con un portón en la cuadra o en nuestra vereda”. Además, alertaron sobre riesgos operativos: “Son públicas además, las alertas que hemos realizado sobre la inseguridad que los portones crearán frente a inundaciones, desplazamiento de vehículos de emergencias médicas, autobombas e incluso la propia policía o seguridad ciudadana”.
La “batalla cultural” parece ser el refugio predilecto de quienes no tienen mucho que mostrar en los registros oficiales. En las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de una patada a la sien que dejó en evidencia la nula gestión de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. El encargado de propinar el golpe fue Emiliano Sordi, el campeón mundial de la PFL de 2019, quien no tuvo piedad al cuestionar la labor de la cordobesa.
Misticismo vs. realidad: El sermón de Ponce
Todo comenzó cuando Ponce publicó un video con una encendida defensa de Israel, mezclando interpretaciones bíblicas y afirmando que“defender a Israel es entender la civilización”. La diputada, en un tono místico, llegó a decir: “Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el imperio romano… El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos”.
La respuesta de Sordi fue corta y al hueso: “Hola celeste, cuál es el próximo proyecto que vas a presentar? Supongo lo tenes listo, ya que estás perdiendo tiempo en estas pelotudeces”.
Ponce, lejos de responderle mostrando su agenda legislativa, y por atreverse a cuestionar la labor parlamentaria de la mileísta, ésta redobló la apuesta con un video grabado desde el asiento de atrás de un auto, calificando a Sordi como un mediocre: “sólo el mediocre cree que una cosa anula a la otra. Defender a Israel… no es perder el tiempo. Es hacer política en serio“, disparó. Además, intentó ligar al luchador con el discurso de la “entrega de la cultura”, una chicana para intentar asociar al deportista con el kirchnerismo y la tibieza política.
Ante la insistencia de Ponce por justificar su batalla cultural, Sordi no se quedó callado y la remató con una respuesta directa: “¿Y pero los proyectos? Está ahí hace 2 años señora”.
No conforme con eso, el luchador lanzó un RT lapidario para sentenciar la discusión: “Y sigue pelotudeando… Se cree que es influencer, no sabe el puesto que ocupa”.
La gran hipocresía: del plan social a la banca millonaria
El intento de Ponce por dar lecciones de “batalla cultural” choca de frente con el archivo. La diputada intentó desacreditar a Sordi, cuando la realidad es que He-Man (como se lo apoda) ya se enfrentaba a la intervención estatal cuando Ponce era una beneficiaria de subsidios.
En 2019, Sordi saltó a la fama no sólo por su título mundial, sino por su postura frontal contra el Estado argentino que quería pesificarle sus premios y retenerle una fortuna en impuestos. En contraste, como ya reveló Data 24, en 2018 Ponce cobraba el plan social “Hacemos Futuro”. Es decir: mientras el deportista triunfaba producto de su esfuerzo personal y combatía el saqueo estatal, la hoy Diputada vivía del dinero de los contribuyentes.
7 millones mensuales por defender a Bolsonaro + retornos
Para los trabajadores que pagan su dieta de 7 millones de pesos, el aporte de Ponce es inexistente. Según los registros oficiales, en sus dos años de mandato, la legisladora sólo presentó dos proyectos, y ambos son meras declaraciones de repudio sobre la situación política en Brasil (defendiendo a Bolsonaro y criticando a un juez).
El punto máximo de confusión llegó cuando un usuario le recordó a Ponce un polémico tuit de su colega de bloque, Sabrina Ajmechet, en el que afirmaba ser “primero judía, después argentina”.
Lejos de brindar una respuesta coherente con la identidad nacional, Ponce redobló la apuesta con una declaración que desafía toda lógica religiosa: “Yo soy judía, soy cristiana. Un abrazo”.
Esta afirmación es un oxímoron teológico y una contradicción insalvable: no se puede aceptar y rechazar la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Mientras el judaísmo sostiene que el Mesías aún no ha llegado, el cristianismo se funda en que ya vino; por ende, esta “neo-teología” de conveniencia demuestra que Ponce no entiende las raíces de la civilización que dice defender. En su afán por dar cátedra de religión en redes, la Diputada terminó confirmando lo peor: ni siquiera ella sabe definir en qué cree, mientras los argentinos le pagan 7 millones de pesos para que juegue a ser una influencer iluminada que no legisla porque se ocupa de “dar la batalla cultural” con sus videos.
Radio y Televisión Argentina cerró un acuerdo extrajudicial con el comunicador mientras el caso seguía sin definición en la Corte Suprema. Periodistas Argentinas pidió embargar el dinero para garantizar una “reparación efectiva” a 19 mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual.
La firma Coteminas notificó la desvinculación de una parte de su plantel de trabajadores en su planta de La Banda, por caída del consumo y el aumento de competencia importada
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
