¡LA LIBERTA AVANZA! | Milei, a menos de un punto del ultra K Leandro Santoro
Un relevamiento de una consultora demostró que el candidato libertario, Javier Milei, está a menos de un punto de ocupar el segundo lugar, cosechando más del 20% de los votos.
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Tras la buena elección realizada por La Libertad Avanza, a manos del economista libertario Javier Milei, una reciente firma publicó un relevamiento con la intención de voto para las próximas elecciones, que se celebrarán en noviembre. En este marco, CB Consultora Opinión Pública argumentó que el candidato liberal se ubicaría a menos de un punto de distancia del postulante del Frente de Todos, Leandro Santoro.
Los números alarman al ultrakirchnerismo: Milei se posiciona tercero en intención de voto, pisándole los talones a Santoro, con un 22% para el candidato del K y un 21,3% para el de La Libertad Avanza.
Mientras tanto, María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, cosecharía según la encuesta un 49,1%. La cuarta colocación figura Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores con 4,5%.
El informe, que incluye una proyección de indecisos y de votos en blanco, muestra que Milei sumaría 7,64 puntos porcentuales más con relación a su desempeño en las PASO anteriores, mientras que Santoro retrocedería, de igual modo que la izquierda con Bregman.
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El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosaporque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.
“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.
A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
“Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.
ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En un intento por frenar un sistema corrupto que lleva años perjudicando a los usuarios y al Estado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ordenó la intervención de las cooperativas eléctricas de Rawson y Trelew. En conferencia de prensa, Torres expuso cómo estas entidades, en coordinación con un estudio de abogados de Mar del Plata, implementaron un mecanismo que les permitía evitar el pago de electricidad a Cammesa, la mayorista nacional de energía. Además, subrayó que esta práctica ilegal afecta no solo a la provincia de Chubut, sino también al sistema energético nacional.
La denuncia de Torres reveló que las cooperativas utilizaban amparos judiciales emitidos en supuesta connivencia con jueces, lo que les permitía evadir sus obligaciones financieras con Cammesa. “Acá se está robando mucho dinero. Me pregunto cuál sería el sentido de firmar un convenio que le quita a la cooperativa 600 mil dólares por absolutamente nada”, declaró Torres. Además, explicó que el convenio firmado por la presidenta de la Cooperativa de Rawson no pasó por el Consejo de Administración, lo que constituye una irregularidad grave que derivará en una denuncia penal.
El esquema no solo afecta a Chubut —donde la deuda de las cooperativas alcanza los 20 mil millones de pesos— sino que también tiene implicancias nacionales, con un perjuicio estimado en 160 mil millones. Cammesa, que enfrenta un déficit acumulado por este tipo de maniobras, está implementando un plan de saneamiento liderado por Mario Cairella. Este plan incluye la reestructuración de deudas con un período de gracia de 12 meses y un plazo de pago de seis años, además de medidas para garantizar que no se acumulen nuevas deudas.
“Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Este tipo de fraudes sistemáticos no solo perjudican las finanzas públicas, sino que también afectan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones”, agregó el gobernador.
Torres, en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la ministra Sandra Pettovello, inició los trámites para intervenir las cooperativas de Rawson y Trelew. Estas medidas buscan desarticular una red que, según el gobernador, también podría involucrar a otras entidades en la provincia. La intervención incluye auditorías detalladas y una revisión de los contratos firmados por estas cooperativas en los últimos años, con el objetivo de identificar otras posibles irregularidades.
El mandatario señaló que los responsables de la Cooperativa de Rawson incurrieron en “una maniobra de mala fe” que perjudica a los usuarios y financia un sistema corrupto. “La creatividad de algunos para robar es sorprendente, pero también lo es la estupidez de quienes no dimensionan semejante estafa”, enfatizó. Además, destacó la importancia de garantizar que los pagos de los vecinos se destinen exclusivamente a mejorar los servicios. En este contexto, Torres adelantó que las denuncias penales incluirán nombres específicos y pruebas documentales que respalden las acusaciones.
A nivel nacional, muchas de estas entidades funcionan como “cajas políticas”, según explicó una fuente de la Secretaría de Energía. En Chubut, cooperativas como la de Gaiman son ejemplo de gestión eficiente, pero otras, como las de Puerto Madryn y Sarmiento, están profundamente endeudadas.
El gobernador también planteó la creación de una empresa provincial de energía que absorba aquellas cooperativas incapaces de prestar un servicio adecuado. “No podemos permitir que operen como clubes de amigos sin rendir cuentas”, afirmó Torres. Según el mandatario, esta nueva entidad tendría como objetivo garantizar la provisión de servicios esenciales con mayor transparencia y eficiencia, además de reducir los costos operativos.
La investigación llevó a Cammesa a sospechar de un mecanismo aceitado entre abogados, jueces y funcionarios para defraudar al Estado. Un ejemplo paradigmático es el caso de la Cooperativa de Villa Gesell, que inició el sistema de amparos que luego se extendió a otras cooperativas. Estas prácticas, según fuentes del sector, contaron con la complicidad de funcionarios que optaron por mirar hacia otro lado.
La Cámara Federal de Mar del Plata revirtió recientemente un fallo que favorecía a estas cooperativas y ordenó que paguen las deudas acumuladas, estimadas en más de 160 mil millones de pesos. Este fallo representa un avance crucial para recuperar los fondos evadidos y frenar las prácticas corruptas. Además, Cammesa implementará nuevas políticas de monitoreo para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
El ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, detalló las acciones emprendidas por la provincia: “Desde la asunción del gobernador Torres, hemos trabajado en una estrategia para normalizar las entidades cooperativas, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo provincial y el Inaes. Este es un paso crucial para garantizar la transparencia y la calidad del servicio”.
Torres aseguró que seguirá adelante con las denuncias penales y las intervenciones necesarias para garantizar la transparencia en el sistema de servicios públicos. “Nuestra decisión es ir a fondo para que nadie se robe más plata y los usuarios tengan el servicio que merecen”, concluyó el gobernador. Además, se prevé la implementación de un plan de modernización para las cooperativas intervenidas, con énfasis en la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura existente. “No solo se trata de corregir errores del pasado, sino de construir un sistema que sea sostenible en el futuro”, subrayó Torres.
Las guías de hacienda municipales, un tributo históricamente cobrado por municipios y comunas para el traslado de ganado, desataron una fuerte controversia en el arco noroeste de la provincia de Córdoba. Las Sociedades Rurales de la región emitieron un comunicado tildando esta práctica de “una desagradable costumbre de currar” y exigieron su inmediata eliminación por la falta de contraprestaciones.
En una reunión realizada el 22 de noviembre con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, dirigentes de las rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Villa Dolores, Arroyito, Deán Funes y la Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero (ACIPRO), plantearon su descontento y recibieron el compromiso del funcionario para trabajar en la derogación del impuesto junto a otros organismos provinciales.
UN TRIBUTO BAJO LA LUPA
Las guías de hacienda son tasas que deben abonarse por cualquier movimiento de ganado, desde el traslado entre campos propios hasta la venta en ferias o frigoríficos. Este tributo, exponen los productores, no responde al principio fundamental de toda tasa municipal: la prestación de un servicio.
“Estos animales transitan por rutas y caminos por los cuales ya abonamos como contribuyentes. Además, las operaciones generan impuestos provinciales y nacionales que retornan a los municipios. Sin embargo, no hay ninguna contraprestación local”, señalaron los trabajadores rurales en su comunicado.
Además de la falta de justificación, las entidades advirtieron que este cobro impacta directamente en los costos de producción, lo que finalmente se traslada al precio que paga el consumidor. “Es un impuesto injusto que penaliza a un sector que siempre ha aportado, sin recibir nada a cambio”, lamentaron.
Los ruralistas también enfatizaron que este tributo representa una carga adicional para los pequeños productores, quienes muchas veces operan al límite de la rentabilidad. “No se trata solo de un impacto económico; es también un obstáculo para el desarrollo del sector y una muestra de inequidad tributaria”, explicaron.
UN RECLAMO CON HISTORIA
Aunque el rechazo a estas tasas no es nuevo, las críticas se han intensificado en un contexto económico adverso. Las rurales del Arco Noroeste destacaron que los productores enfrentan crecientes costos impositivos y burocráticos que dificultan la competitividad. “Se trata de una carga punitiva y de bloqueo que no tiene sentido. Incluso se cobra si el movimiento es entre campos del mismo propietario. Una locura adicional”, denunciaron.
Esta situación generó tensiones entre los productores y las autoridades locales. Según los ruralistas, los municipios y comunas utilizan los fondos recaudados sin transparencia, lo que genera dudas sobre el destino real de estos recursos. “No solo estamos frente a un cobro injustificado, sino también ante una gestión opaca que mina la confianza de los ciudadanos”, agregaron.
Durante la reunión con el ministro Sergio Busso, las entidades encontraron apoyo a sus reclamos. “La autoridad del Poder Ejecutivo provincial, en coincidencia de criterios, reconoció el planteo y se comprometió a trabajar desde su lugar con los organismos pertinentes”, aseguraron los ruralistas. Sin embargo, el desafío radica en transformar este compromiso en acciones concretas que alivien la carga tributaria para el sector. “Es hora de terminar con estas prácticas anacrónicas y establecer un sistema tributario más justo y transparente”, subrayaron.
En este sentido, los productores destacaron la importancia de una reforma integral que no solo elimine las guías de hacienda, sino que también garantice un marco impositivo que fomente la productividad. “No pedimos favores ni privilegios; exigimos un trato equitativo que reconozca el esfuerzo de quienes sostenemos la economía local”, manifestaron.
El comunicado también apuntó contra los municipios y comunas por la opacidad en el uso de los fondos recaudados a través de estas guías.“El ‘frasquito de recaudación’ se sigue incrementando, pero nadie sabe cuál es su destino final”, criticaron. Para las rurales del Arco Noroeste, el fin de las guías de hacienda no solo aliviaría la presión fiscal sobre los productores, sino que también beneficiaría a los consumidores al reducir los costos finales de la carne vacuna. “Los ciudadanos exigen que los administradores de nuestros fondos cambien de paradigma. Es momento de dejar atrás estas prácticas que perjudican a todos y no aportan ningún valor”, concluyeron.
Además, las entidades hicieron un llamado a la sociedad para unirse en este reclamo. “La lucha por un sistema tributario justo no es solo una causa del sector rural, sino de todos los ciudadanos que buscan mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, subrayaron.
Por último, los productores reiteraron su compromiso de seguir insistiendo en la derogación de las guías de hacienda y en la construcción de un diálogo constructivo con las autoridades. “El futuro de nuestro sector depende de políticas que promuevan el desarrollo y no de cargas que lo obstaculicen”, concluyeron.
Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.
El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.
La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.
LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:
Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.
“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.
“Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.
Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.
EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”
La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.
“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.
AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:
La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.
Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.
Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
