SUMISIÓN TOTAL | Alberto anunció a figuras ULTRA K en puestos clave del Gabinete
En contexto de la severa crisis política del Frente de Todos, desatada tras la humillante derrota electoral, Alberto Fernández anunció cambios en el Gabinete.
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Tras la crisis política dentro del oficialismo, Alberto Fernández, sometido ante el yugo de Cristina Kirchner, realizó cambios en el Gabinete. En el día de ayer, la vicepresidente publicó una contundente carta atacando a quien colocó en el poder Estatal, y antes, para complicar aun más el panorama, se “difundieron” los audios de la diputada Fernanda Vallejos.
Mientras tanto, durante la tarde de hoy, renunció el secretario de Fernández, Juan Pablo Biondi, tras ser acusado por Cristina de hacer operaciones de prensa.
En este sentido, el mandatario comunicó oficialmente los nuevos cambios en el Gabinete oficialista:
JUAN MANZUR. Jefe de Gabinete. Reemplaza a Santiago Cafiero.
ANÍBAL FERNÁNDEZ. Ministro de Seguridad. Reemplaza a Sabrina Frederic.
SANTIAGOCAFIERO. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Reemplaza a Felipe Sola.
JULIÁN DOMÍNGUEZ. Ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería. Reemplaza a Luis Basterra.
JAIME PERZYK. Ministro de Educación. Reemplaza a Nicolás Trotta.
DANIEL FILMUS. Ministro deCiencia, Tecnología e Innovación. Reemplaza a Roberto Salvarezza.
JUAN ROSS. Secretario de Comunicación y Prensa. Reemplaza a Juan Pablo Biondi.
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El bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo al decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que establece la suspensión de actualizaciones salariales para funcionarios del Ejecutivo. La medida forma parte de un paquete de control del gasto público, en un contexto de marcada restricción presupuestaria.
A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la decisión responde a “la delicada situación a la que fue conducida la provincia de Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación directa de transferencias del Gobierno nacional”, a lo que se suma “la realidad de tener que afrontar el vencimiento de la deuda generada por épocas de descontrol que nos precedieron”.
Desde la bancada remarcaron que el momento exige dejar de lado reproches pasados para dar prioridad a las soluciones inmediatas: “Somos conscientes de que no es tiempo de mirar para atrás, sino de anteponer soluciones o paliativos inmediatos ante la difícil situación. Y sabemos también que es necesario contarle a los entrerrianos por qué se toman esas medidas”.
En esa línea, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de romper con viejas prácticas de administración: “La provincia vivió décadas de desapego a la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, pero eso quedó atrás. Ahora es tiempo de afrontar las consecuencias de aquello. Por eso avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.
El dirigente de Escobar y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, advirtió que el Consejo Escolar local aprobó obras de infraestructura sin los permisos exigidos, realizó compras mediante procedimientos irregulares y consintió “abusos de poder”, mientras dos establecimientos de Maquinista Savio permanecieron dos meses sin suministro de gas. La comunidad educativa denunció en redes sociales que “Los están haciendo entrar a las 10 hs para que los chicos no pierdan más días de clases”, sin que las autoridades ofrecieran respuestas.
Klix difundió un video para contextualizar la denuncia: “Estoy haciendo este vídeo como vecino de Escobar para contarles una preocupante situación que se está atravesando en el distrito de Escobar en el Consejo Escolar y sobre el derecho de los chicos a estudiar y acudir a la escuela en un ambiente seguro”. Explicó que “hace semanas venimos acudiendo con mi equipo a las sesiones del Consejo Escolar para interiorizarnos de la situación y para acompañar y eventualmente profundizar proyectos que acompañen a los chicos a estar más seguros y a poder estudiar de una mejor manera”.
Klix puntualizó que recibió “denuncias de obras adjudicadas sin permiso, compras irregulares y abuso de poder” y que, para documentar cada caso, solicitó las actas oficiales por correo electrónico a la casilla institucional del Consejo. Ante la falta de respuesta, volvió a requerir la documentación por mesa de entrada: “Cuando hicimos la misma solicitud por mesa de entrada dilataron la situación, algo que hace dudar sobre la transparencia de lo mismo”. Mientras tanto, advirtió, “la plata de los chicos se estaría malgastando o desapareciendo”. Y subrayó: “La plata de la educación no se toca”.
Aunque las reuniones son públicas —“Estas sesiones por ley son abiertas y cualquier vecino puede participar de ellas”— el dirigente aseguró que “se nos negó la entrada a la siguiente sesión del Consejo Escolar, algo que fue totalmente irregular porque para que pase eso debería votarse por mayoría”.
Entre las anomalías enumeró la “contratación de empresas para llevar adelante obras de infraestructura sin los permisos correspondientes”, “compras en procesos irregulares” y “demoliciones en jardines de infantes sin permiso”. Agregó que “mientras tanto pasan este tipo de irregularidades que el municipio al día de hoy todavía no pudo explicar” y expuso que “caen denuncias de firmas de contratos irregulares y se hacen pagos que después el municipio no puede justificar porque los hizo”.
“Aquí hay escuelas que dependen del clima para poder dar clases”, enfatizó el dirigente de Escobar. “Los chicos en jardines de infantes o en escuelas secundarias o primarias no tienen los avances en las obras necesarias para poder llevar adelante una educación de calidad”, señaló, y advirtió que la situación demanda una solución integral y urgente.
El organismo, ubicado sobre la calle Independencia, acumula reclamos por la ausencia de condiciones básicas en los edificios escolares del partido. En ese contexto, adelantó que va a “solicitar las actas pero también se las voy a pedir al Ministerio de Educación de la provincia” y se comprometió a mantener informada a la comunidad.
“Por supuesto vamos a pelear con mi equipo para que haya transparencia. Transparencia que hace rato el municipio de Escobar le debe a todos los vecinos del distrito. No vamos a permitir que jueguen con la educación, con la seguridad y con el futuro de nuestros chicos”, concluyó el funcionario, quien reiteró que continuará investigando hasta garantizar el uso correcto de los recursos y la normalidad en las escuelas del distrito.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, ha denunciado públicamente un sistema de usurpación de terrenos públicos en el municipio bonaerense de Ciudad Evita, señalando la complicidad de intendentes kirchneristas y describiendo un patrón operativo que se repite en diferentes jurisdicciones.
“Este predio, que ustedes pueden observar, pertenecía al Banco Hipotecario. Se lo cedió al Colegio Técnico Islas Malvinas, acá de Ciudad Evita”, afirmó en el vídeo, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hace dos sábados atrás, una nueva toma, de las muchas y tantas que suceden a diario en la provincia de Buenos Aires”, agrego.
La dirigente política, una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, ha venido realizando estas denuncias en el marco de su trabajo político territorial y su enfrentamiento con la gestión del intendente Fernando Espinoza, enfocándose sobre la Av. Güemes entre las calles El Ñanduty y El Crispín.
El Municipio de La Matanza, habría denunciado la usurpación de estos terrenos ya en 2022, pero la Justicia dictó una medida de “no innovar” que, en la práctica, permitió que la situación se mantuviera sin resolverse, quedando las denuncias en la Fiscalía N°2. Esta inacción judicial facilitó que continuaran las ventas ilegales de terrenos y el ingreso de nuevos ocupantes.
Fuentes municipales confirmaron que la comuna “en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, pero que la medida judicial “aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”.
“El día de las elecciones apretan para que voten al señor feudal bajo amenaza que serán desalojados, ¡Esto tiene que terminar de una buena vez!”, aseguró en la descripción de su posteo.
“Caen con sus camionetas, con alambrados, con postes y comienzan a hacer los pozos para hacer el cerco perimetral”, destacó, agregando: “Le venden los pedacitos de terreno a familias que sueñan con tener una vivienda propia. Y después, el título de propiedad nunca aparece.”
Según las investigaciones y testimonios recopilados, grupos organizados toman los terrenos tanto privados como públicos, generalmente durante la noche y venden el mismo a diferentes personas, “a la mañana se los venden a una persona y a la tarde, a otra”. Se designan intermediarios o “brokers” que manejan la organización y colocan a distintos grupos en función de la actividad ilegal, utilizando “amenazas de arma de fuego” y “amedrentan a los vecinos” para mantener el control de los territorios ocupados.
“Quieren tomar también la plaza donde juegan los pibes todos los fines de semana.”, subrayó Gianni.
El pasado 20 de junio, fecha en la que la Argentina conmemora el legado de Manuel Belgrano, la Escuela Primaria N.º 154 del barrio El Frutillar, en Bariloche, incluyó la bandera mapuche Wenufoye en la tradicional promesa de lealtad a la enseña nacional realizada por alumnos de cuarto grado. Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron a los niños, de guardapolvo blanco, izando la insignia indígena junto a la celeste y blanca, escena que de inmediato generó una fuerte polémica.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, repudió el hecho en su cuenta de X: “Argentina tiene una sola bandera, la celeste y blanca. El legado de Belgrano que hoy honramos. En varias escuelas de Río Negro se hizo la promesa a la bandera mapuche. Es inadmisible y repudiable. Los docentes que lo promovieron deben ser sancionados”. La publicación se viralizó y recibió decenas de apoyos; entre ellos, mensajes que exigieron incluso “inhabilitación de por vida”.
En diálogo con el diario Río Negro, las maestras defendieron la inclusión de la Wenufoye: “Que hoy los niños vengan y nos digan que quieren presentar la Wenufoye, sin que uno se lo imponga, te llena de satisfacción”, expresó una de ellas, aludiendo al origen mapuche de varios alumnos.
El episodio destapó una práctica extendida en distintas escuelas rionegrinas. Según la Coordinadora del Parlamento Mapuche, desde 2005 los establecimientos de la provincia incorporaron actividades interculturales y, en algunos casos, el izamiento de la bandera indígena. El organismo recordó que la presentación de la Wenufoye “cuenta con un amplio respaldo legislativo” a partir de la Ley Provincial 2287/88, el artículo 42 de la Constitución de Río Negro, la Ley de Educación 4819/2013, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 24.071.
La entidad respondió a Avruj con un comunicado en el que señaló: “‘Es inadmisible y repudiable’ que un personaje nefasto, como lo es Claudio Avruj, ejerza el cargo de presidente del INAI”. Afirmó además que “la presencia de la Wenu Foye junto a la bandera Argentina en las escuelas no niega ni ofende al emblema patrio”, sino que “refleja la diversidad cultural del país”.
El debate se intensificó tras conocerse otros actos escolares similares. En General Roca, treinta alumnos de cuarto grado presentaron la Wenufoye pocos días antes del Xiñoy Tripantu (Año Nuevo Mapuche). Claudia Durjera, coordinadora de Enseñanza Intercultural Bilingüe y madre de uno de los niños, explicó que la bandera “pasa a ser propiedad de los chicos” y subrayó que cada vez más alumnos “buscan su identidad y la reafirmación” pese a posibles casos de bullying.
La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.
La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.
Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.
Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.
Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.
Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.
Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
