FORMOSA: Insfrán aisló a una localidad con montañas de tierra
El acceso continúa bloqueado por montículos de tierra desde que entraron en vigencia las" medidas sanitarias nacionales de aislamiento social, preventivo y obligatorio" en abril del año pasado. También cuestionaron al intendente Raúl D’Zakich.
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Al comienzo de la pandemia, hace ya un año y medio, eran habituales imágenes desoladoras de las entradas a ciudades bloqueadas, ya sea con tachos de combustible y cintas de seguridad o montañas de escombro y tierra. Tal decisión buscaba aislar a los habitantes de determinado lugar en una especie de burbuja, para evitar que circule gente de otras zonas y así intentar frenar la circulación del virus que en aquel momento representaba una fuerte preocupación.
No obstante, la situación sanitaria mejoró. Con el avance del plan de vacunación, las actividades económicas volvieron a reanudarse y de a poco hay un escenario más similar a lo que era la prepandemia. Aunque esto no sucede en todo el país y una excepción a ello es la localidad de Palo Santo, en Formosa. Allí, todavía hay un panorama triste en lo que respecta al ingreso a la municipalidad y la comunidad local se lo reprocha, tanto al intendente Raúl D’Zakich como al gobernador Gildo Insfrán.
Tal indignación la reflejó un vecino de la zona mediante un video que publicó en sus redes sociales: “La entrada de Palo Santo, todavía con montículos de tierra. Véanlo porque a mí me sorprende la ineficiencia de los que nos gobiernan, esto es un castigo al ciudadano”, cuestionó. Y continuó: “Cómo puede ser que todavía tengan un montículo de tierra en el acceso, estas cosas las tenemos que terminar”.
Finalmente, solicitó un gesto de empatía al jefe comunal formoseño: “Así que intendente vamos a ponernos las pilas, vamos a darle libertad a los ciudadanos porque esto realmente indigna”. Y concluyó: “Espero que reaccione y lo haga como un símbolo de respeto a los que habitan esta bendita tierra formoseña; esto es increíble”.
*Fuente: REALPOLITIK
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Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
El concejal Cristian Beneito, de Vamos Juntos, presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon que apunta a incorporar publicidad en los polideportivos municipales para generar nuevos recursos destinados a su mantenimiento. La iniciativa plantea la modificación de la Ordenanza Municipal Nº 22.920, que regula el Código de Publicidad, mediante la adición del artículo 60.5, habilitando la colocación de anuncios en los polideportivos Las Heras, Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Centenario y los que se sumen en el futuro.
“Seguimos apostando con el sector privado para generar más trabajo y así mejorar nuestros polideportivos municipales”, expresó Beneito al presentar el proyecto. Con esta medida, se podrán formalizar convenios público-privados que permitirán ingresos a través de la publicidad en estos espacios, con el compromiso de destinar los fondos exclusivamente al mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones.
La propuesta amplía la regulación ya existente en otras instalaciones deportivas, como el Parque Municipal de los Deportes y la Laguna de los Padres. Entre sus beneficios, el proyecto pretende atraer a grandes marcas y abrir un espacio para que comerciantes locales se publiciten, generando empleo y potenciando el perfil turístico de Mar del Plata.
Beneito aseguró que la publicidad estará regulada bajo la supervisión del EMDER y no alterará la estética de los polideportivos, buscando un equilibrio entre el aspecto comercial y visual de los espacios. “Esto significa más recursos para mejorar nuestras instalaciones y hacer crecer nuestra ciudad con alianzas estratégicas”, concluyó el concejal, destacando que la iniciativa permitirá redirigir parte del presupuesto municipal a otros programas y proyectos importantes.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, se encuentra en el epicentro de una tormenta de cuestionamientos en redes tras los comentarios del presidente Javier Milei, quien denunció graves irregularidades en el uso de fondos públicos en diversas universidades del país.
En su discurso, pronunciado el sábado en el Palacio Libertad, el mandatario acusó a las universidades de malgastar dinero público en “autos caros” y sueldos desorbitados para choferes, apuntando especialmente a la UNR.
Un reclamo que recibió Bartolacci fue sobre la contratación del chofer Walter Vander Mey, quien cobró 13 millones de pesos en un lapso de tres meses (de octubre a diciembre de 2024) por los servicios de traslados del rector.
Según se detalla en la plataforma oficial de la Universidad, el pliego ofrece “servicio de traslado dentro de la ciudad de Rosario” y “dentro de media distancia”, cobra $9.500 pesos la hora y $700 cada kilómetro. Al ser consultado por diversos medios, Bartolacci aclaró que “no es un chofer personal, es para movilidad institucional”.
En medio de este escenario, insistió en que las acusaciones de Milei y otros referentes libertarios, como la diputada santafesina, Romina Diez, son parte de una campaña para “desprestigiar a las universidades públicas y justificar el desfinanciamiento”.
Además de las acusaciones sobre el chofer, la Universidad Nacional de Rosario enfrenta otro cuestionamiento relacionado con los gastos institucionales: Se supo que la Facultad de Psicología de la UNR dilapidó más de 7 millones de pesos en la construcción de una batería de “baños inclusivos para todes” (sic).
El pretexto que se detalla la contratación directa es “reacondicionar al menos un baño de los existentes para generar inclusión desde la disposición de baños sin género con sus debidas señalizaciones y con la separación entre cubículos que garanticen la privacidad de quienes los transiten”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires divulgó un libro titulado “Cometierra” de la autora Dolores Reyes, en el que contiene fragmentos inapropiados y no aptos para menores de edad, con contenido pornográfico explícito. En la página 81 del libro en cuestión, se retrata de manera bien detallada una escena de sexo explícito y lenguaje vulgar.
Este tipo de contenidos, que generó un gran rechazo y repudio por parte de familias y organizaciones que defienden los derechos de los niños, se encuentra en las antípodas de un contenido de calidad para personas en situación de desarrollo y crecimiento tanto físico como cognitivo. Materiales de esta índole pueden generar daños irreversibles en el desarrollo de un niño que se ve expuesto a este tipo de contenidos.
– Dolores Reyes
El escándalo que genera una situación como esta pone de manifiesto la deficiente gestión de Kicillof, en especial al área de cultura y educación, manejado por el kirchnerista Alberto Sileoni, quienes se encargan de la distribución de material educativo para ser utilizados en las aulas.
Una situación de esta índole representa una violación a la integridad y a los derechos de los niños, atacando su inocencia con contenidos no aptos para menores de edad. Mientras tanto, el gobierno provincial no se ha manifestado respecto a esta desagradable y repudiable noticia.
Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.
Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.
La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.
En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
