16 septiembre, 2025

Florencio Randazzo, el proveedor del estado que acumula ocho juicios por evasión impositiva

La empresa, en la que figura como uno de sus propietarios, fue proveedora del ministerio de Transporte durante su gestión. Siete de las causas fueron paralizadas sin que se sepa por qué.
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Luego de que culminara su gestión al frente del ministerio de Transporte de la Nación de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo decidió pasar a trabajar como proveedor del estado. A pesar de mantenerse en un delicado ostracismo político, que fue señalado como estratégico luego de que su presencia le restara los puntos necesarios al Frente de Todos para alzarse con un triunfo en las elecciones, Randazzo se mantuvo activo en la actividad privada.

El ex ministro, que actualmente reside en una elegante vivienda en la localidad de Gonnet, una de las zonas acomodadas de la ciudad de La Plata, se transformó rápidamente en el director titular de una proveedora del estado llamada GMS SA, que sólo en los últimos meses ganó contrataciones directas por un total de 83 millones de pesos. Al parecer, su amistad con Alberto Fernández y el posible pacto de silencio luego de su retirada política comenzaron a rendir frutos.

Insólitamente, el propio Randazzo mientras era ministro de Transporte contrató en numerosas oportunidades a la empresa GMS, en un grueso conflicto de intereses. En el 2014, por ejemplo, le otorgó dos contrataciones directas por más de 225 millones de pesos. Luego del triunfo de Cambiemos, el gobierno macrista le devolvió con creces los favores electorales. Sólo en el 2017, cuando el propio Alberto Fernández era su jefe de campaña, la empresa GMS recibió nuevas contrataciones directas por más de 2 millones de dólares.

Sin embargo, y a pesar de las gigantescas ganancias de su compañía, la empresa de Randazzo acumula unos ocho juicios ejecutivos por parte de la AFIP. La mayoría de ellos, en la secretaría de Ejecuciones Fiscales en el juzgado en los Civil, Comercial y Contable Administrativo Federal Nro. 4 de la ciudad de La Plata.

Por alguna razón que aún permanece desconocida, sólo uno de los juicios se encuentran en despacho. Los otros siete restantes figuran como paralizados. Todo parece indicar que las maniobras electorales y los favores políticos van de la mano.

*Fuente: REALPOLITIK


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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