La ex empleada doméstica de Victoria Donda había denunciado a su empleadora por tenerla trabajando en negro 10 años, además porque le ofreció un cargo en el INADI o un plan social para evitar indemnizarla lo que conlleva a el delito de defraudación contra la Administración Pública. El bochornoso accionar de Donda no tardó en divulgarse en diciembre del año pasado, a pesar de las capturas de pantalla de WhatsaApp y audios que fueron cedidos a la justicia por parte del abogado de Arminda Banda Oxa, el juez federal Casanello determinó que la conducta de la investigada no concluye ningún delito.
Para llegar a esta conclusión, el juez investigó si en algún momento se habría comenzado a ejecutar algún tipo de acto administrativo para un supuesto nombramiento de algún cargo en el INADI para Banda Oxa.
Fuentes judiciales explicaron que durante ese proceso no se halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, actos preparatorios para una eventual contratación, ni siquiera se hallaron pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar. Pruebas que evidentemente no encontrarían nunca porque Arminda no aceptó dicha propuesta de parte de Donda.
A principios de año, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que tras las pruebas recolectadas, como las declaraciones testimoniales tomadas, “se encuentra probado que Donda Pérez estaba abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- e insertando su interés particular, ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social exigiéndole para ello que renunciara al trabajo que desempeñaba como empleada doméstica y evitando con ello, tener que hacer frente a cualquier tipo de reclamo indemnizatorio que le correspondía a título personal”.
El fiscal Guillermo Marijuan había considerado que los delitos de los que se acusaba a Victoria Donda eran verídicos, por ello, realizó dos pedidos a indagatoria que fueron rechazados de inmediato por el juez que lleva la causa Sebastián Casanello. Marijuan cuestionaba y declaraba para Clarín el día 3 de febrero, “resulta incuestionable, a la luz de la prueba reunida, la existencia de una contingencia de índole laboral que era conocida por la imputada Donda, con independencia de la formalización –sea judicial o extrajudicial- de reclamo alguno”.
Lo cierto es que a pesar de las idas y venidas por parte del juez Casanello, el fiscal Marijuan y las pruebas cedidas por parte del abogado de Arminda, queda expuesto una vez más que el poder gubernamental sobrepasa cualquier pedido de justicia por parte de los ciudadanos comunes. La impunidad sigue siendo sinónimo de este gobierno.
-Especial para Data24.com.ar-
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