Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El pasado martes, en diálogo con LN+, la diputada nacional de Juntospor el Cambio explicó que junto a su equipo presentarán un escrito en Estados Unidos para que Pfizer dé a conocer qué pasó durante la negociación con la Argentina.
La legisladora apuntó contra el Gobierno y dijo: “Carla Vizzotti y Ginés (González García) mienten, la Argentina nunca le quiso comprar a Pfizer”. Antes, en diálogo con La Once Diez, la funcionaria había acusado también a la empresa estadounidense de estar “violentando las normas de acceso a la información tanto en la Argentina como en Estados Unidos”.
Según el relato de Ocaña, ella junto a otros legisladores nacionales enviaron en marzo una carta a la empresa Pfizer invitándole a participar de las sesiones en el Congreso de la Nación para que pudiera explicar los verdaderos motivos por los cuales no se podían firmar acuerdos con la Argentina.
La legisladora contó que la respuesta de Pfizer no fue dada por el presidente de la empresa, sino uno de los gerentes, y este le dijo que “estaban negociando con el gobierno nacional y que, como todas las negociaciones son secretas, no iban a venir al Congreso”.
LN+ EN VIVO las 24 horas Suscribite a LA NACION: https://bit.ly/2GU7jVv Mirá más contenidos en: https://www.lanacion.com.ar/ln-t58215 Seguinos en: Facebook: https://facebook.com/lanacion Twitter: https://twitter.com/lanacion Instagram: https://instagram.com/lanacioncom Gracias por mirar. LN+, el canal de televisión de LA NACION.
Pero la exministra de Salud aseguró que “las negociaciones no son secretas” y por este motivo es que tienen pensado llevar adelante una presentación formal en los Estados Unidos para exigir explicaciones a Pfizer.
“Lo que tiene que entender Pfizer es que las negociaciones se deben conocer. Como no hay contrato con la Argentina, queremos saber cuál fue la oferta y cuáles fueron los motivos para que no se concrete”, añadió la legisladora.
La diputada planteó que “el Gobierno argentino prefirió comprarle vacunas a un empresario amigo del poder, que es Hugo Sigman, y privilegió esas vacunas frente a otras opciones”.
Tras apuntar contra el Gobierno, Ocaña expresó: “Necesitamos que Pfizer aporte lo necesario porque los argentinos queremos conocer la verdad”. Y concluyó: “Los argentinos tenemos que saber si el Gobierno ha decidido privilegiar negocios con las vacunas o cuidar al pueblo argentino”.
– Especial para Data24.com.ar –
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
Entrevistada por medios locales, la diputada GabrielaLena (de Juntos por Entre Ríos) se refirió a los temas que se plantea como objetivos para el año 2025, entre los cuales mencionó principalmente dos reformas: a la Ley de Municipios y a la del Consejo de la Magistratura, así como el alivio fiscal anunciado por el gobernador.
“Todavía nos quedaron pendientes algunos temas importantes del año pasado. En Diputados hemos avanzado bastante en reformas que tienen que ver con la institucionalidad en la provincia, en el marco de la comisión que yo presido (Legislación General), y de esto nos quedan dos temas que para mí van a ser el inicio del año legislativo”, indicó la legisladora.
LAS DECLARACIONES DE LENA:
En ese sentido, dijo que uno de esos temas será la reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación de las regulaciones sobre municipios y comunas, en un trabajo conjunto con la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside María Elena Romero.
“Esto va a llevar un tiempo, porque necesita mucho debate. Es un tema sensible, porque afecta directamente a cada uno de los municipios de la provincia, y hay dos proyectos de ley que hay que consensuar”, dijo sobre las propuestas para reformar la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 que comenzaron a ser tratadas en comisiones en 2024 y que pertenecen a Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) y Romero.
Por otro lado, mencionó a la reforma electoral como uno de los pasos más importantes de la actividad parlamentaria del 2024. “Si bien hubo muchas leyes importantes que han sido aprobadas, ésta ha sido una de las más importantes”, comentó. “Ojalá este año podamos tener una ley que para mí también es muy importante, que está todavía en el Senado, que es la de Ética Pública y Ficha Limpia”, agregó.
Finalmente, dijo que los diputados están a la espera del ingreso del proyecto de ley anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio sobre “alivio fiscal” a través de la reducción de alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. “Cuando ingrese el proyecto, va a ser seguramente uno de los primeros temas a tratar”, señaló.
“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
▶️ Suscribite y enterate todo lo que pasa en #ElObservador1079 ▶️ Seguinos en nuestras redes sociales: INSTAGRAM: https://www.instagram.com/elobservador1079/ PROGRAMACIÓN ————————————————————— LUNES A VIERNES 06 a 07 hs | El Arranque de El Observador con Agustina Girón 07 a 10 hs | La Mañana de El Observador con Luis Gasulla 10
Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.
Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.
En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.
Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.
El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.
Alfredo De Angeli, quien asumió como jefe del PRO en el Senado el 29 de enero de 2025, afirmó que “habrá una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), aunque la definición dependerá de las realidades locales, sin un acuerdo nacional unificado. Destacó que el PRO es el partido “más cercano ideológicamente” al oficialismo, pero rechazó cualquier sumisión automática hacia este. Hizo hincapié que apoyarán los proyectos de Milei solo si benefician a los argentinos, dejando claro que la postura será evaluada “en tanto y en cuanto” sea favorable “distrito por distrito”.
Además, cuestionó que el Senado actúe como mero validador de iniciativas del Ejecutivo, exigiendo diálogo previo para evitar que el kirchnerismo logre cuórum propio si lograra contar con la cantidad de senadores necesarios para que el Senado apruebe iniciativas sin la necesidad de apoyo o aliados de otros sectores.
“Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”, expresó.
Señaló que su posición responde a una postura desligada de Ariel Lijo, rectificando que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada” y “no lo vamos a acompañar”en su nominación como Juez de la Corte Suprema.
De Ángeli recalcó su preocupación por la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha señalado que “no es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel”, pero que “ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos”, pero que la posibilidad de que obstaculicen el Senado, “es algo que lo tienen que entender”.
“Si no tenes 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado”. Según detalló, si la oposición consigue asegurar ese número de escaños, podría paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo. “El kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora”,
“Ellos con solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice, nosotros desde el PRO pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, refiriéndose a la ayuda que recibió LLA en todo lo que va de su gestión.
Tras meses de desgastes y cuestionamientos, Eduardo Serenellini renunció este martes a su cargo de secretario de Prensa de Javier Milei. El funcionario, que resistió como pudo durante largos meses en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada, era duramente cuestionado por la secretaria general Karina Milei desde que se enteró que había habilitado el pago de pauta a medios de comunicación en los que trabajó y se dedicaba a promover decisiones favorables con otras empresas, según las versiones que daban en la cúpula libertaria.
El ahora ex funcionario no tenía el respaldo ni de la hermana del presidente ni de Santiago Caputo, los dos integrantes del Triángulo de Hierro junto al líder libertario. Además arrastraba una interna feroz con Manuel Adorni, el portavoz de Milei.
Pero pese a eso se mantuvo en su cargo de manera insólita durante más de un año. Su estadía en la Rosada le generó enfrentamientos a Milei con el campo y tuvo su capítulo más polémico cuando quedó envuelto en una situación delicada por la aparición de una agencia de publicidad privada cursando pauta oficial, como reveló el sitio La Política Online
Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.
La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”
En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.
La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.
En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
