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En un contexto crítico a nivel sanitario, social y económico, el accionar del Gobierno no deja de sorprender. Primero, tras el estallido del “vacunagate”, se conoció que se dio prioridad desde el Estado a los funcionarios oficiales, y después, con el transcurso del tiempo, se reveló que se vacunó (incluso con ambas dosis) a militantes kirchneristas que no son grupo de riesgo.
Otro (de los tantos) caso de vacunas VIP en Argentina, Lucía Díaz
En este caso, el hecho noticioso que sigue la línea, hace referencia al Gobierno de Tucumán, de Juan Manzur. Trascendió esta semana que se vacunó a un “actor porno”. El personaje en cuestión es Nicolás Luna, y se desempeña como Técnico Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de esa provincia.
Cuenta de Twitter en la cual publicaba sus videos sexuales
“Es uno de los tantos vacunados VIP del Ministerio de Desarrollo Social, son todos punteros políticos peronistas. Y este chico además producía y vendía su contenido pornográfico. Este es el Gobierno que tenemos en Tucumán, este actor porno trabaja en los comedores infantiles, esta gestión prefiere que los niños estén en un comedor con un actor porno y no en las escuelas con las maestras”, señaló el periodista Ceferino Decima a Data24.com.ar.
“¿Qué hacen ellos? Visitan comedores infantiles y mientras les dan una taza de mate cocido a los niños, les dicen que Perón, Cristina y Manzur los aman”, agregó el periodista.
Foto subida por Luna a su cuenta de Instagram mientras recibía su vacuna
Tras el revuelo que se generó en redes sociales, desde su cuenta de Instagram, Nicolás Luna mencionó lo sucedido: desde su trabajo en el ministerio “yo tengo que ir a zonas muy vulnerables alejadas de San Miguel y es un riesgo porque no sabemos si las familias que van a los comedores se cuidan (del coronavirus). Entonces tranqui que no fui un vacunado VIP, fui un vacunado suertudo”.
En el siguiente video podes ver la justificación que el militante kirchnerista realizó tras haber recibido la vacuna y también podes escuchar cómo respondió a un vecino que lo escrachó en redes.
“Ese pibe es empleado del Desarrollo Social y como dato, Manzur mandó a vacunar a 150 empleados la semana pasada”, confirmó a este portal otra fuente consultada. En total, los vacunados VIP en Tucumán ascenderían a 500 casos.
Mientras el Gobierno provincial vacuna militantes y actores porno, en Tucumán solamente el 12% recibió la primera dosis y apenas un 3% la segunda.
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Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) resolvió cancelar un convenio que desde 2007 mantenía con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), destinado a operar alrededor de 500 bocas de expendio en todo el país. La decisión se tomó luego de considerar que el sistema era ineficiente, carecía de controles adecuados y representaba un gasto mensual de cerca de $700 millones.
El contrato en cuestión habilitaba un esquema presencial de entrega de vales médicos a través de oficinas gestionadas por el sindicato. Según el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, ese mecanismo era “obsoleto, opaco y costoso”, y su finalización permitirá destinar los fondos directamente a mejorar la atención médica de los más de 760.000 afiliados rurales.
– Marcelo Petroni
La intervención fue ordenada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2023 con el objetivo de sanear la obra social. En los primeros informes de auditoría se detectaron irregularidades administrativas y financieras graves: una deuda cercana a los $100.000 millones y un déficit mensual de más de $4.000 millones. El informe también señaló sospechas de fraude, desvío de fondos y falta de trazabilidad en la gestión anterior.
Los resultados de la auditoría fueron presentados a la Justicia. Desde hace meses, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga al secretario general de UATRE, José Voytenco, quien fue embargado y tiene sus cuentas bancarias inhibidas por presunto lavado de activos y manejo irregular de fondos sindicales.
Voytenco, opositor al Gobierno, rechazó los señalamientos y calificó la intervención como una operación política. Desde el sindicato alegaron que, durante los casi 60 días en que recuperaron el control de OSPRERA en 2023, habían logrado implementar mejoras en la gestión. Sin embargo, el Gobierno volvió a intervenir la obra social poco después.
Petroni aclaró que la rescisión del contrato no afectará a los trabajadores de planta de OSPRERA, quienes continuarán en sus puestos. El nuevo modelo de atención incluirá telemedicina, atención personalizada mediante call center y entrega digital de vales a través de las delegaciones oficiales, con control y trazabilidad directa por parte de la obra social.
Este esquema descentralizado busca garantizar una atención médica más equitativa, moderna y eficiente, eliminando la dependencia de intermediarios sindicales. “Lejos de ser un recorte, es una transformación que apunta a una mayor transparencia y mejor acceso para los afiliados”, sostuvo el interventor.
En paralelo, el Gobierno también pidió judicialmente la intervención del sindicato UATRE por supuestas irregularidades en su congreso general ordinario realizado en noviembre de 2023, donde se aprobó la memoria y balance y se reafirmó el liderazgo de Voytenco. La medida fue impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.No obstante, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del Gobierno. En su fallo, los jueces Carlos Pose, Gabriela Vázquez y Manuel Diez Selva destacaron que la justicia no puede intervenir en conflictos internos entre afiliados y dirigentes, en resguardo de la autonomía sindical.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.
Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.
“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.
El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.
Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.
El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria
En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.
– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.
En una jugada inesperada, Héctor Daer le puso fecha de vencimiento a su ciclo en la CGT. Este martes, durante una reunión a puertas cerradas en Azopardo, avisó que en noviembre no buscará la reelección. Y con ese gesto, pateó el tablero sindical: empieza una nueva etapa con recambio de nombres y alianzas cruzadas.
Hasta ahora, muchos daban por hecho que Daer quería ser el secretario general único, en reemplazo del triunvirato. Pero la sorpresa fue doble: no solo da un paso al costado, sino que ya dejó en puerta el nombre de su sucesor. Se trata de Jorge Sola, actual secretario de Prensa de la CGT y referente del Sindicato del Seguro, apadrinado por Andrés Rodríguez, jefe de UPCN y aliado histórico de Daer.
El anuncio lo hizo antes de una conferencia de prensa y frente a una mesa sindical de peso: estaban Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Rodríguez, SergioRomero (UDA), Juan CarlosSchmid (Dragado y Balizamiento), JulioPiumato (judiciales) y su hermano RodolfoDaer (Alimentación).
Como argumento, habló de un desgaste natural después de tantos años en la conducción, aunque dejó claro que no se va ya mismo: primero quiere “acomodar todo esto”, en alusión a la pelea contra la reforma laboral que busca reinstalar el Gobierno. Una agenda que la CGT piensa resistir con un nuevo paro general, el tercero contra la gestión de Javier Milei.
Lo cierto es que la decisión de Daer llega justo cuando enfrenta elecciones en su gremio, ATSA Buenos Aires, que conduce desde hace 32 años. Todo indica que adelantará los comicios para junio y así evitar el armado de una lista opositora aprovechando la transición en la CGT.
La salida de Daer también reacomoda internas. En los últimos tiempos se había alejado de su perfil dialoguista y endurecido su postura, más cercana a la de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, hoy críticos del Gobierno. En cambio, dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) apuestan aún al pragmatismo y al diálogo con la Casa Rosada. Y en el medio, aparece Luis Barrionuevo (gastronómicos), que alienta una renovación con figuras propias.
Con Daer fuera de juego, la pregunta es quién tomará las riendas. Nadie parece tener hoy el consenso para asumir como líder único, por lo que vuelve a tomar fuerza la idea de una conducción colegiada de tres o cuatro cabezas. Además de Sola, suenan Cristian Jerónimo (vidrio), apoyado por Sasia y Martínez, y Daniel Vila (Carga y Descarga), el hombre de Barrionuevo que le ganó la pulseada a Camioneros por el encuadramiento sindical en Mercado Libre.
Joaquín De la Torre abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la provincia de Buenos Aires y decidió conformar un monobloque, aunque aseguró que seguiría alineado con Javier Milei en el plano nacional. Su salida respondió a las diferencias con el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, y marcó un cambio en la composición de la Cámara alta, donde el bloque libertario quedó ahora con cuatro miembros.
Desde el entorno de De la Torre aclararon que “no se siente representado por las decisiones que se están tomando en cuanto al armado provincial, pero en lo nacional sigue alineado con el gobierno de Javier Milei”. En tanto, desde la bancada libertaria minimizaron el impacto de su alejamiento al sostener que la relación legislativa con el exalcalde “fue ‘muy buena’” y atribuyeron la ruptura a diferencias con el rumbo provincial del partido. De la Torre, por su parte, negó conflictos con Karina Milei, pero reconoció la tensión con Pareja y también con José Luis Espert, a quien el Presidente promovió como candidato a diputado nacional.
La relación del exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal con el oficialismo libertario había sufrido roces en mayo del año anterior, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, echó a Pablo De la Torre —hermano de Joaquín— de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por una denuncia de retención de 5 millones de toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno avanzó entonces con una denuncia penal. A pesar de esos conflictos, De la Torre permaneció algunos meses más en la bancada de LLA, hasta que finalmente se alejó por las discrepancias con el armado bonaerense.
Paralelamente, surgieron detalles sobre una presentación del municipio de San Miguel —bajo la órbita de De la Torre— por una deuda del Ejército en tasas impagas de Campo de Mayo que ascendió a más de 650 millones de pesos. Ese reclamo alcanzó al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con una intimación de pago y posible remate de predios.
El bloque libertario en el Senado provincial quedó integrado por Curestis, Arietto, Reich y Riva. Una bancada aparte, compuesta por tres senadores que también se identificaron con el nombre de La Libertad Avanza pero que no respondieron al Gobierno nacional, se mantuvo en el recinto como otro espacio diferenciado. Al mismo tiempo, De la Torre pasó a ser el único representante de su monobloque. Así, el mapa de la Cámara alta bonaerense quedó conformado por 21 bancas de Unión por la Patria, 9 del PRO, 8 de la UCR + Cambio Federal, 4 de LLA1, 3 de la otra bancada libertaria y la monobanca de De la Torre.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el exsecretario de Seguridad de San Miguel, Juan José Esper Zamar, continuó por el momento en el bloque libertario que conduce Agustín Romo, sin replicar la determinación de su referente político. De la Torre confirmó, además, que no competiría en los comicios de medio término de 2025: “En San Miguel, nuestro grupo tiene como regla no dar reelección a los cargos legislativos y tengo que dar el ejemplo. Vamos a aspirar a que San Miguel siga teniendo una representación, pero no voy por la reelección”.
El exintendente explicó que esa decisión respondía a su proyecto local y añadió: “Creemos que tenemos una historia y que, si la elección es desdoblada, tenemos cosas para decir y mostrar, como nuestros sistemas de seguridad y de primera infancia. Eso lo vamos a sostener y seguramente intentaremos desde lo local construir una fuerza que permita que los bonaerenses discutan temas provinciales. Estamos dispuestos a dar esa discusión, creyendo que la provincia debe ser reconstruida desde lo local hacia lo provincial”.
De la Torre, exintendente de San Miguel y dirigente que en su carrera política pasó por el massismo, el macrismo y el kirchnerismo, había llegado al Senado bonaerense en 2021 bajo la lista de Juntos, encabezada por Facundo Manes. Posteriormente se distanció de ese espacio debido al acuerdo entre el sector cambiemita y el peronismo por el pliego de Federico Thea para el Tribunal de Cuentas, y en 2023 fundó su monobloque Derecha Popular. Sin embargo, en marzo de 2024 se sumó a la bancada libertaria que presidía el senador Carlos Curestis, junto con Florencia Arietto, Betina Riva y Daniela Reich.
De esta manera, La Libertad Avanza perdió a uno de sus alfiles en la Cámara alta bonaerense, que quedó con cuatro senadores afines al Gobierno de Javier Milei y diferentes expresiones liberales divididas en otros bloques. Pese a la ruptura, De la Torre insistió en que mantendría su respaldo nacional a la gestión presidencial, al tiempo que buscó reforzar su influencia territorial a través de la experiencia adquirida en San Miguel.
El legislador porteño Ramiro Marra confirmó la semana pasada que competiría por fuera de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 18 de mayo y adelantó los principales lineamientos de su nueva campaña. “Que se prepare Kicillof”, arengó eldirigente libertario luego de anunciar que lanzaría una propuesta para cobrarle a la administración de Axel Kicillof el servicio de salud que brindan los hospitales públicos de la Ciudad a los bonaerenses.
Marra subrayó que “el 40 % de la gente que se atiende en el sistema público de la ciudad viene de la provincia de Buenos Aires” y explicó que su iniciativa consistiría en “pasarle la factura” a la provincia cuando esos pacientes se atendieran en hospitales porteños. “Cuando vienen le pasas la factura a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires”, resumió el legislador en diálogo con Paulino Rodrígues, en LN+. Según aclaró, no buscó confrontar con LLA ni ser funcional al kirchnerismo o a Pro, sino que quiso “aportar desde su espacio a la consolidación del ideario liberal en la Ciudad”.
Al detallar otras propuestas, Marra hizo hincapié en la importancia de impulsar reformas en materia educativa, entre ellas, un proyecto para transparentar el financiamiento del sistema escolar. “Queremos que haya transparencia en la educación. Saber cuánto recibe cada establecimiento, tanto privado como público. Queremos información y a partir de ella, se van a poder tomar decisiones. Porque sabemos que de los 2500 escuelas que hay la mayoría, hasta los privados, reciben subsidios”, señaló. “Vos mandás a tu hijo a un parroquial que recibe subsidio y no tenés información de cuánto es y pagás un cuota sin saber esto”, advirtió.
El legislador consideró urgente revisar los contenidos de las currículas para incorporar tecnología. “Hay que estar más enfocado en el mundo moderno, la educación siempre llega tarde. Los chicos están más preocupados por ver qué hay en el teléfono que lo que dicta el profesor. Porque lo que dicta el profesor capaz ya está en una alguna inteligencia artificial”, planteó. “Hay que incorporar la tecnología en los colegios”, reclamó.
Marra también recordó su reciente desvinculación del bloque libertario en la Legislatura porteña, aunque afirmó que mantendría su respaldo a las iniciativas del Gobierno. “Acompaño las políticas de este Gobierno porque desde mi salida no cambiaron las políticas. Entonces, ¿por qué cambiaría mi apoyo?”, expresó. Al mismo tiempo, ratificó su respeto personal hacia la figura del presidente Javier Milei y prefirió no dar más detalles sobre su relación con el mandatario: “Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo”, sostuvo días atrás, al explicar que su objetivo principal apuntó a reforzar las propuestas libertarias en la Ciudad.
