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La consigna es clara: el próximo 31 de mayo, los comercios abren “sí o sí”. La furia por parte de los trabajadores, originada por las políticas totalitarias implementadas por el Gobierno, empujó a diversos sectores a “patear el tablero”.
Los trabajadores de los diversos rubros (gimnasios, gastronómicos, etc) se embanderan bajo el mismo slogan: “¿Tu trabajo te da de comer? Tu trabajo es esencial”.
“Junto a la fuerza de sus asociados llamamos a defender la fuente laboral del sector, que abarca tanto a propietarios como al personal. Las restricciones son imposibles de cumplir ya que se nos acabaron las reservas y se pretenden ejecutar, sin medidas económicas que atenúen el daño que provocan las prohibiciones”, señalaron desde la Cámara de Actividades Gastronómicas.
“Abrimos el 31 de mayo, sosteniendo empleo, protocolos y aforos, medidas que nos han permitido demostrar que no hubo registros de contagios. Proponemos control y severa sanción a quien no cumpla con los protocolos aprobados. Generemos trabajo digno para los hombres y mujeres de nuestro país”, agregaron en el comunicado.
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Mientras que el Gobierno acelera su plan para que los ahorristas utilicen los dólares del colchón y los vuelquen al sistema, una parte de los que compraron billetes verdes en la salida del cepo no solo no los pusieron a funcionar sino que los devolvieron al colchón.
Según Profit Consultores, los depósitos en dólares desde que se lanzó la Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos (el 22 de mayo) caen US$ 429 millones. En abril, último dato oficial, 1 millón de personas compraron US$ 2.000 millones por el homebanking, inaugurando la era poscepo.
“Si medimos por gobiernos (los periodos ajustan casi perfecto con las épocas de cepo), entre 2016 y 2019 la demanda por atesoramiento promedió US$ 1.806 millones mensuales. La diferencia es que en ese momento las empresas también podían acceder al mercado”, recuerda Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.
Además de la compra de billetes en abril, algo que fue a contramano de lo que quiere el Gobierno que suceda (se verá qué pasó en mayo, se cree que habría sido menor), destaca la consultora 1816, se aceleró el gasto en turismo y sigue la salida de divisas por Inversión Extranjera Directa, “con algunas matrices aprovechando el momento para concretar decisiones de salida tomadas hace años (este efecto más que compensa el RIGI)”.
Así, todo dependerá de si funciona o no el plan oficial para que entren más dólares y no sean una puerta giratoria. Muchos economistas, como Lucas Llach o Camilo Tiscornia, creen que el efecto será marginal. O sea, que no habrá un aluvión de gente entrando sus billetes de vuelta al sistema.
“Chapeau para el nuevo régimen informativo con cifras más lógicas. Pero eso no tiene nada que ver con sacar los dólares del colchón. En un país donde, como digo, el canuto no se mancha. ¿Por qué el canuto no se mancha? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en la Argentina? Por las dudas”, explicó hace una semana Carlos Melconian, uno de los más escuchados por el Círculo Rojo.
“El canuto lo tengo que tener por las dudas. ¿Por las dudas de qué? De este gran quilombo que es la Argentina. Vos no querés estar sin el canuto”, afirmó “Melco” en una charla privada.
El Gobierno anunció la segunda etapa del proyecto para incentivar el uso de los “dólares del colchón” bajo el nombre de “régimen de inocencia fiscal” y estableció nuevos pisos para investigación por evasión y por otro lado detalló el blindaje del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
“Estas disposiciones, junto con las anunciadas con anterioridad, constituyen el inicio de una reforma integral, que permitirá abandonar el régimen persecutorio en el que vivimos, donde todos son culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio”, destacaron desde la Casa Rosada. La idea es que esos dólares “remoneticen” la economía ya que no se emiten pesos. La duda es qué pasará si la gente no empieza a sacarlos del colchón. Por ahora, hay más dudas y miedos, que dólares entrando.
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
Roberto Fiochi, expresidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), presentó su renuncia alegando “motivos personales”, tras apenas siete meses en el cargo. Su gestión estuvo marcada por un severo deterioro financiero de la obra social, que acumula una deuda millonaria y crece a un ritmo alarmante.
Fiochi se convirtió así en el tercer presidente del IOSFA en apenas 15 meses de gobierno de Javier Milei. Su antecesor, Oscar Sagás, había sido el primero en asumir durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pero también renunció en medio de controversias.
Para reemplazar a Fiochi, el ministro de Defensa, Luis Petri, designó a la contadora Betina Surballe, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Durante su gestión en el IAF, Surballe logró resultados destacados, como crecimiento del 87% en la cartera de inversiones, incremento del 98% en préstamos personales, reducción del 26% en el costo laboral y disminución del 50% en el gasto operativo.
– Betina Surballe asume como presidenta del IOSFA, en medio de una deuda que supera los $160.000 millones
Según fuentes de efectivos militares, la deuda actual de la obra social de las fuerzas armadas, oscila entre los $120.000 millones reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa. Más preocupante aún, esta deuda crece a un ritmo de $15.000 a $19.000 millones mensuales.
Para dimensionar la magnitud de la crisis, es importante recordar que en diciembre de 2023, cuando Luis Petri asumió en el cargo, el IOSFA tenía “reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos” y “prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos”.En apenas 17 meses, la obra social pasó de tener un balance positivo a acumular una deuda que supera los $160.000 millones.
El general de brigada retirado José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, calificó la situación como “crítica y desesperante”, producto de “la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas por el ministro Luis Petri”.
Con aproximadamente 600.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y del IOMA de la provincia de Buenos Aires. Brinda cobertura médica y asistencial a todo el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), además de sus familias.
Las principales causas del déficit es la deuda que el Estado Nacional mantiene con la obra social por “aportes y contribuciones patronales” no liquidados, lo que impacta negativamente en el pago a proveedores. El 92% de los ingresos del IOSFA se destinan al pago de prestaciones, sin recibir aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. Esta estructura hace que cualquier incremento en los costos médicos genere un déficit inmediato.
El cambio de gobierno trajo consigo un “sinceramiento” de precios que disparó los costos en medicamentos y servicios médicos, agravando la situación financiera, que arrastra problemas como la falta de auditorías, escasez de contribuciones patronales adecuadas por parte de las propias fuerzas, y una estructura administrativa ineficiente. Prestadores han rescindido contratos por falta de pago, las farmacias de IOSFA enfrentan problemas de stock por deudas con proveedores, incluso los afiliados esperan meses para recibir reintegros de gastos médicos.
Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei.
Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.
En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.
Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.
En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.
Controles de ARCA sobre compras en el exterior
La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.
La información que deberán enviar al organismo de control incluye:
Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país. Número de tarjeta. Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Fecha de la operación. Identificación del país. Identificación de la moneda de origen. Monto de la operación en moneda extranjera. Monto de la operación en pesos. Nombre del comercio. Código de rubro del comercio. Número de identificación del comercio. Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.
Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país
Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:
Mercadería con fines comerciales o industriales. Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Explosivos, inflamables y estupefacientes. Material arqueológico y cultural. Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos. Límites y excepciones para ingresar compras del exterior A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.
Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:
300 dólares para quienes regresen por vía terrestre. 500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.
Consejos para evitar inconvenientes con ARCA
Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:
Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos. Declarar los productos ante Aduana. Evitar productos prohibidos. Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración. Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales. Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado. Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar. Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes. Empaquetar bien para facilitar inspecciones.
La medición de junio de 2025 del ÍndiceFADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.
Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.
La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.
Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.
El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.
El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.
La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.
El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.
Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.
FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
