Una pelea dentro del Partido Socialista deja sin hogar a más de 60 familias

Se trata de un edificio en el barrio de Saavedra construido en un terreno que se encuentra en litigio
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Más de 60 familias que reclaman que se levante una medida cautelar para que la empresa constructora Zentrum Developers (ubicado en Crisólogo Larralde 2491, bajo el nombre de CM Emprendimientos) finalice la obra, aunque esto representará que los propietarios inviertan más dinero para que la obra acabe. La disputa entre dos corrientes de un partido político que dura años representa más deudas para los dueños de los departamentos.

En 2014 CM comenzó la obra y las ventas en pozo después de adquirir el terreno a la Sociedad Anónima Editora La Vanguardia, que en ese momento se presentaba como la propietaria del inmueble. La operación se realizó con toda la documentación legal que establece este tipo de transacción, escribano mediante. Pero ya con la obra atrasada y sin cumplir los plazos estimados de entrega, el PS (Partido Socialista) se presentó ante la Justicia para reclamar la titularidad de la propiedad por saberse dueña de este. Los propietarios de los departamentos de uno, dos y tres ambientes, que pagaron desde 120.000 hasta 340.000 dólares, se enteraron del conflicto años después; incluso algunos compraron la vivienda cuando ya estaba abierta la causa judicial. El edificio se encuentra completado en un 70% con los trabajos de yesería, ventanas y carpintería hasta el octavo piso de los 15 totales.

El PS envió un recurso de queja a la Cámara Electoral que no le dio curso por una cuestión de competencia, y el partido recurrió entonces a la Corte Suprema solicitándole que se expida sobre la titularidad del inmueble en conflicto. Por el momento, la discusión se da en el Juzgado Civil 101 de la ciudad de Buenos Aires, donde se convocó a las partes interesadas.

Conjuntamente el edificio en Saavedra, hay otro inmueble con el mismo futuro incierto, ubicada en Avenida Rivadavia 2150, donde funcionó la Casa del Pueblo Socialista, edificada en 1927 y devastada por un incendio en 1953. El Partido Socialista reconoce que el terreno de Crisólogo Larralde estaba a nombre de La Vanguardia, pero únicamente porque cuando se creó el partido esa fue la solución que se encontró para administrar las propiedades que se adquirían con los aportes de sus afiliados.


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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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