09 mayo, 2025

SANTA CRUZ | ¿Un “VIOLÍN” en el Gobierno?

Mientras el vicegobernador Quiroga se encuentra de licencia, la Justicia persigue y silencia a la prensa independiente en la provincia.
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La justicia santacruceña ha tomado una decisión sin precedentes e ilegal, un fallo en el que se le prohíbe a todos los medios de la provincia publicar o difundir cualquier información referida al acusado o a la víctima en el marco del vicegobernador, es decir, completa y total censura periodística.

La escandalosa resolución judicial fue tomada por la doctora María Florencia Olivera a cargo de la Secretaría de Violencia Doméstica del juzgado en el cual subroga la doctora Rosa Elene González, quien prohíbe «toda publicidad, divulgación y/o difusión de las circunstancias de hecho” de la causa. Lo curioso es que al leer el oficio se puede notar que la justicia omitió, por error o a propósito, referirse a la causa que prohíbe a los medios locales comentar, lo cual dificulta su cumplimiento.

Sobre el vicegobernador pesa una denuncia penal vinculada a su ámbito familiar, tiene dictada una “Exclusión de Hogar”, medida judicial que le fue aplicada por el Juzgado provincial de Familia de Caleta Oliva, en plena función como Vicegobernador.

Como consecuencia de esta medida judicial aplicada al presidente de la Cámara de Diputados los abuelos maternos de los 4 menores que tiene Quiroga, producto de su matrimonio con su esposa ya fallecida, se mudaron desde Córdoba a Caleta Olivia, para hacerse cargo del cuidado de los menores, en virtud de la medida restrictiva impuesta por la justicia al actual vicegobernador. El Juzgado del Menor y la Familia funciona, casualmente con la Oficina de la Niñez, la cual está dentro de la órbita administrativa del Intendente Fernando Cotillo, amigo personal de Quiroga.

La denuncia fue presentada por una persona cercana a la familia, la misma se encuentra radicada en el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco y que la presunta víctima de violación sería la hija menor transgénero del vicegobernador, quien además es padre de tres hijos más. Fuentes oficiales aseguraron que la Legislatura aceptará el pedido de licencia y asumirá temporariamente en el cargo la vicepresidenta primera de ese cuerpo, la diputada y ex concejal por Río Turbio Karina Nieto.

Los santacruceños no confían en la Justicia, por ende, tampoco confían en el Estado. Y esto es extremadamente peligroso, ya que la confianza de los ciudadanos es la piedra angular de todo gobernante democrático, democracia que cada vez se vive menos en la provincia de los Kirchner.

– Especial para Data24.com.ar –


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Caso $Libra | Maniobras cruzadas, internas en la UCR y pulseada con Martín Menem 

La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.

Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.

A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.

Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.

Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.

Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.

Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).

El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.

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Un año después de la marcha “en defensa” de las universidades, la oposición insiste con el financiamiento

En el primer aniversario de la marcha en defensa de la educación pública, la oposición retoma el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.

Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a otros legisladores de bloques dialoguistas, presentaron un proyecto de ley que propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes. La iniciativa toma como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y establece una fórmula mixta de actualización para 2025, que incluye el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio oficial para importaciones y las tarifas de servicios públicos.​

Además, el proyecto prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.​

Por su parte, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) presentó otra iniciativa con objetivos similares, que instruye al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La propuesta contempla ajustes bimestrales retroactivos al 1 de enero de 2025 y la recomposición de los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, según la inflación acumulada informada por el INDEC.​

Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional, y en la importancia de establecer mecanismos de actualización que eviten la pérdida del poder adquisitivo de las becas estudiantiles.​

Desde la oposición señalaron que el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, les anticipó a los ministros provinciales que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro” porque contarán con las partidas ejecutadas en el 2024, ante la falta de un Presupuesto 2025.

El proyecto de Tavela y Ferraro cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques, en los que se encuentran Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Nicolás Massot, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi y Pablo Juliano.

En tanto, la iniciativa de Carro lleva las firmas de sus compañeros de bancada Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky y Mónica Macha, entre otros.

Tal como ya advertían el año pasado, en la Casa Rosada mantienen firme la línea: no pasará ningún proyecto que comprometa el equilibrio fiscal. Así, si la oposición logra avanzar con su iniciativa, el final podría repetirse con un nuevo veto del Presidente.

Redacción

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El kirchnerismo festejó la caída de Ficha Limpia y Milei redobló su promesa de convertirla en ley

La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.

El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.

Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.

Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.

Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.

Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.

El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.

Redacción

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Avanza en Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.

El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.

La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.

Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.

La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.

Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín, cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.

Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad. 

El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.

Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.

Redacción

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La UBA usa sus redes sociales para promocionar a la candidata de Martín Lousteau

A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.

Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.

Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.

Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Macri ahora patea el acuerdo en provincia con Milei y analiza reeditar Juntos por el Cambio

Mauricio Macri analiza reeditar a Juntos por el Cambio en la provincia para freezar el acuerdo con Javier Milei y llegar en una posición menos débil a una negociación antes del cierre de listas de agosto.

El PRO bonaerense se reunió este martes y, en medio de la falta de defunciones, hubo señales respecto de un regreso de Juntos al menos de manera parcial.

Si bien la mayoría de los presentes en la reunión que encabezó Cristian Ritondo en sede del partido en San Telmo se mostraron favorables a un acuerdo con los libertarios, no se pudo imponer una postura. Principalmente porque Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López que reporta a Jorge Macri, se opuso a cerrar con La Libertad Avanza.

Del cónclave, en el que estuvieron los intendentes del PRO, surgió la idea de invitar al próximo encuentro a los intendentes radicales. Fue llamativa la coincidencia con las palabras del propio Macri desde Balcarce, donde pidió integrar a los radicales a un acuerdo para volver a gobernar la Argentina. No parecieron las definiciones de alguien que busca acordar ya con Milei.

En el PRO dijeron al medio La Política Online que el escenario bonaerense puede quedar abierto si recrean Juntos con los radicales que gobiernan buena parte de los distritos del interior, más la porción de peronistas de Juan Schiaretti y algunos aliados que formaron parte de la alianza que gobernó el país y la provincia entre 2015 y 2019.

Más aún considerando que los libertarios tienen serios problemas para encontrar candidatos competitivos tanto a nivel seccional como para la lista de diputados nacionales.

El acuerdo que quiere Karina Milei con los dirigentes del PRO por separado, sin cerrar con el propio Macri, tiene dos trabas fundamentales. Una es la del propio Macri, que quiere estirar la definición para luego de las elecciones porteñas. El líder del PRO dice que si logran dejar a Manuel Adorni en un tercer puesto, serán los libertarios los que deberán venir a golpear la puerta para un acuerdo.

En el gobierno también quieren evitar forzar el acuerdo subterráneo con los dirigentes del PRO para evitar que se rompa el bloque amarillo en Diputados, que necesitan como agua hasta diciembre para garantizarse el tercio del que Milei se valió para tener gobernabilidad.

*Con información de La Política Online

Redacción

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