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El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, encabezó una nueva asamblea del Consejo Federal de Educación con la participación de las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones del país y representantes gremiales.
En la reunión, Soledad Acuña, titular de la cartera educativa porteña, y de José Thomas, director general de escuelas de Mendoza, no aceptaron el acuerdo. Luego de que se conozca este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que el presidente Alberto Fernández violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con el decreto que había dispuesto el cese de las clases presenciales, continuarán defendiendo la autonomía provincial y desacatando el DNU presidencial.
Tras la nueva asamblea, el Consejo Federal de Educación de la Argentina emitió este martes un comunicado donde enviaron una norma para todo el sistema educativo argentino en la que aseguraron: “Hay que suspender momentáneamente la presencialidad para mejorar las condiciones epidemiológicos”.
“Afirmamos con convicción que la prioridad es la agenda educativa que en este ámbito de aplicación de políticas públicas no puede ser reducida a la presencialidad en lugares donde ponemos en riesgo la vida. La agenda educativa se vincula a los consensos y a la inversión que debe acompañar nuestros discursos. Tenemos que transitar unidos este tiempo y el desafío que implica debe ser avalado por los gobiernos jurisdiccionales”, manifestó Trotta.
Estas restricciones “tendrán carácter transitorio, con tiempos de realización claramente establecidos”, indicó el Consejo y agregó que cada jurisdicción “podrá reorganizar la frecuencia de asistencia presencial de toda la población escolar”. También dispuso la suspensión de toda actividad extracurricular, el sostenimiento del régimen actual de asistencia de los grupos priorizados, y el del régimen actual de asistencia de los grupos priorizados para el retorno a clases presenciales.
Además, el Ministerio de Educación de la Nación establece para en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria, la asignación de un aporte adicional igual al Fondo Escolar Insumos COVID-19 con el objeto de fortalecer las actividades de acompañamiento educativo; la ampliación de las sumas asignadas para las líneas de asistencia financiera para obras menores y la asignación de hasta una suma equivalente al Fondo Escolar Insumos COVID-19 a las cooperadoras escolares reconocidas legalmente por las jurisdicciones; entre otras medidas.
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En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
En una declaración que generó un intenso debate, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, defendió enfáticamente la inclusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol. “Nadie obliga a nadie a nada. Es impresionante cómo da miedo la libertad. Es a total discreción y voluntad de los socios de los clubes”, expresó Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre.
El ministro explicó que la iniciativa del gobierno tiene como objetivo atraer inversiones, elevar la calidad del deporte y transformar el fútbol argentino en una marca globalmente competitiva: “Queremos que las instituciones deportivas puedan no solo exportar talento, sino también el producto final. Mis hijos los fines de semana ven la Premier League, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Queremos transformar el fútbol en un producto final atractivo”.
El Gobierno y las SAD: ¿Una apuesta por la modernización?
La defensa de Sturzenegger se fundamenta en la Resolución General 15/2024, publicada en el Boletín Oficial, que apunta a corregir las restricciones estatales que limitan el desarrollo empresarial. Este documento, subraya la necesidad de la inversión extranjera para el crecimiento de economías emergentes, destacando que la llegada de capital foráneo puede generar nuevas empresas, empleo formal y reducir la pobreza y la desigualdad.
Sturzenegger sostuvo que la adopción de modelos de gestión como el de las SAD es un estándar internacional que ha demostrado su efectividad en numerosos clubes alrededor del mundo. “Es casi el estándar y lo hacemos con ánimo de mejorar la calidad del deporte en Argentina”, afirmó.
Las declaraciones de Sturzenegger se produjeron en respuesta a un firme comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ratificó la inalterabilidad de su estatuto frente a las normativas que promueven las SAD. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del organismo, reiteró que sigue siendo indispensable ser una “Asociación Civil sin fines de lucro” para ser miembro de la AFA. “Nos reunimos con el Comité Ejecutivo de la AFA y de la Liga Profesional en Ezeiza para, entre otros temas, aclarar la inalterabilidad del Estatuto frente a las SAD”, destacó Tapia en una publicación en Instagram.
El comunicado de la AFA, titulado “Aclaración sobre la inalterabilidad del Estatuto de AFA frente a los supuestos cambios introducidos por cierta normativa en materia de Sociedades Anónimas Deportivas”, enfatiza que las modificaciones dictadas por la Inspección General de Justicia no afectan el estatuto social de la AFA. Los clubes que adopten el modelo de SAD no podrán competir en la Liga Profesional, ya que mantener el estatus de “Asociación Civil sin fines de lucro” es un requisito indispensable.
La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.
La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.
“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.
La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.
A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.
Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.
En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.
David Adrián “El Dipy” Martínez es funcionario del gobierno nacional desde el 1° de abril pasado, a pesar de que este miércoles negó tener un cargo y dijo que le hicieron una “opereta”.
El documento de designación del cantante cumbiero lo nombra como “asesor en bandas emergentes”, con fecha de inicio el 1° de abril de 2024 y finalización el 31 de diciembre de este año. El documento está firmado por el secretario de Cultura, Leo Cifelli.
La designación oficial establece queEl Dipy percibirá por mes el equivalente a 3450 unidades retributivas de servicios (URS). En julio, eso implicaba un sueldo de algo más de 1,7 millones de pesos. En agosto, por el aumento de la URS el sueldo de El Dipy superará los 2 millones de pesos. Es septiembre llegará a 2,35 millones.
El martes que El Dipy había sido designado en Cultura y un día después el cantante salió a desmentirlo. “Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”, dijo a América TV.
El sitio LPO ya había mostrado la documentación que presentó El Dipy para ser funcionario ante la dirección general de Recursos Humanos del Ministerio de Capital Humano. En el CV, el cantante villero detalla que sólo tiene el primario completo y que su experiencia laboral incluye la grabación de dos discos, incluido el de oro y platino. También destaca que en 2021 ganó un premio Gardel por su trabajo “Es lo que hay”.
*Por Walter Klix – Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad y referente político en Escobar, Prov. de Buenos Aires
Cada mañana cuando salgo de mi casa me cruzo con una pequeña bandera con el lema “Fuerza Mauricio”. Recuerdo que la tenía colgada sobre mis hombros en la última marcha del “Si se puede” en la ciudad de Buenos Aires posterior a la contundente victoria en las PASO de Alberto Fernández. Volvían ellos y con ellos lo inevitable.
Acababa de ser padre primerizo y me preguntaba a qué país estaba trayendo a Delfina.
En esa marcha, estaba defendiendo un proyecto de país, mis valores, mis ideas.No sé si son las acertadas, pero son en las que creo y las que considero mejor para mi país y, por ende, para que todos vivamos mejor.
Hace varios meses, a raíz del distanciamiento político entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, me vienen preguntando de qué lado estoy. Hago política desde los 19 años, desde el 2003. Siempre lo hice al lado de Macri, pero no por una cuestión de fanatismo, porque fanatizarse con un político es carecer de ideas propias. Confíe siempre (y lo sigo haciendo) en el proyecto de país que planteaba y plantea Mauricio, y si eso significaba ser del PRO, bueno soy un “chico PRO” (como nos decían promediando el primer mandato en la ciudad de Escobar, Entre Ríos).
El PRO, las ideas de Macri, siempre se caracterizó por reglas básicas como el respeto a las instituciones, los valores morales, el respeto a las ideas y las opiniones del otro, la democracia. Y, por supuesto, luchar contra quienes se oponen a todo eso, llámese en este caso “Kirchnerismo”
La democracia siempre tiene razón, y en las últimas elecciones decidió que el PRO no fuera parte del balotaje.Y allí estuvimos, sin mezquindades de por medio ni solicitud de cargos apoyando a quien iba a enfrentar al Kirchnerismo, en este caso Javier Milei. Y lo ayudamos a que pudiera ganar, y por suerte ganó y evitó la continuidad del modelo K.
Y ahora toca ayudarlo a gobernar, en caso que el presidente desee ser ayudado, y entiendo que así debe ser, NOSOTROS MÁS QUE NADIE SABEMOS A DÓNDE CONDUCE LA ARROGANCIA Y LA SOBERBIA.Los del club del helicóptero están siempre preparados para abrirle la puerta de salida al presidente de turno. El desafío entonces es doble, requiere de una enorme grandeza de quien conduce el barco, llámese Milei, como de quien quiere colaborar a llegar a buen puerto.
¿Es coherente entonces que el presidente elija a la mejor ministra del gobierno de Mauricio para ir a su gabinete al mismo lugar en el que ya supo lucirse? Por supuesto que sí, y eso no debiera generar malestar alguno y en nadie, menos en quienes decimos defender una idea de país.
Por otra parte, entiendo también que existan a contrapuntos con algunas acciones o formas del gobierno de Milei, y que desde la buena leche tratemos de colaborar con una crítica constructiva, porque en definitiva no somos lo mismo, somos parecidos pero no lo mismo, por eso fuimos en listas separadas en las elecciones. Pero esa crítica, además de ser con altura, debe estar basada y fundada en la coherencia. ¿Es coherente pedir que se restituya el porcentaje de coparticipación qué le corresponde a la ciudad de Buenos Aires y que tiene además fallo positivo de la corte suprema? Por supuesto que sí. ¿Es coherente hacer esa crítica desde una fundación cuya cúpula directiva en el balotaje apoyó abiertamente a Massa? Definitivamente no.
Soy y seré del PRO mientras sus ideas no se tergiversen. Porque en definitiva ser de un partido político no es ser hincha de un club de fútbol donde por supuesto uno se deja llevar por la pasión. Ser parte de un espacio político nos obliga a actuar con la razón.
Celebro y acompaño que nuestro líder quiera presidir el partido y por ende las ideas, pero siempre respetando lo que hemos pregonado, el valor de la palabra. Por eso no me gustó en absoluto que no se respete lo acordado y que desplacen a Patricia de la presidencia de la asamblea, por más mal rodeada y asesorada qué esté. Patricia fue la cara visible de nuestro espacio los últimos 4 años y encabezó la lucha contra el avasallamiento K en cada rincón del país, no merece semejante destrato.
El kirchnerismo perdió las elecciones, pero aún está. Está en el Senado, está en diputados, está en la provincia más grande del país, está en la Justicia.Está agazapado esperando que volvamos a equivocarnos.
Nosotros tenemos algo que el presidente Milei aún no tiene, y es la experiencia de verlos volver a causa de errores propios. La Argentina nos pone de nuevo el desafío de estar a la altura de la historia, porque estamos en ese punto de inflexión en el que salimos definitivamente de la debacle o nos sumergimos en ella para siempre.
Estar a la altura requiere grandeza, por supuesto en primer lugar de quien gobierna, pero también de quienes queremos que a Milei le vaya bien para que en definitiva nuestras ideas triunfen. Porque eso es en definitiva lo que debería importar, qué ganen nuestras ideas más allá de si las enarbola el PRO o no.
Apelo a la grandeza de los 3 grandes líderes qué tuvo la política no Kirchnerista del siglo 21 como lo son Mauricio, Patricia y Milei, para que las ideas le ganen a la soberbia y podamos definitivamente encontrar el rumbo que saque a la Argentina de la pobreza, la desidia y el abandono al cual nos ha llevado el Kirchnerismo.
Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.
El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.
El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".
El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.
"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.
El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.
