A través de ilegales resoluciones, el Poder Ejecutivo pretende intimar a las empresas vinculadas al sector alimenticio, en el marco de la arbitraria congelación de precios justificada por la pandemia, a que produzcan “al máximo de sus capacidades”, vulnerando absolutamente la propiedad privada, garantizada en la Constitución. Ahora pretenden avanzar aún peor sobre el mercado de la carne, que, de hacerse realidad, podría ser absolutamente perjudicial en el mediano plazo.
“Indignada” con los incrementos visibilizados en las góndolas, Paula Español (Secretaria de Comercio Interior de la Nación Argentina), dijo que, si la situación no cambia, no les “temblará el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne”. También aseguró que de continuar los comportamientos especulativos, desde Nación prohibirán la exportación, obligando a los productores a liquidar todo en el mercado local.
Para los productores es como vivir un deja vu a los primeros años del kirchnerismo que intentaron algo similar. En esta ocasión, si el oficialismo tiene éxito, tendrá un grave impacto en materia de inversión y por ende en la producción y los precios a futuro.
