CORREO ARGENTINO | Los Macri mejoraron la oferta a último momento

El Grupo Socma ofreció pagar el 100% de la deuda al Estado Nacional; mejoró su propuesta horas antes de la audiencia que debía definir el salvataje o la quiebra de la empresa.
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Por orden de la familia Macri, los abogados del Grupo Socma presentaron una nueva propuesta. Incluyó el pago del 100% de lo que se le adeuda al Estado, en una cuota.

El holding familiar mejoró su oferta al Estado y a los acreedores quirografarios horas antes de que comenzara la audiencia que la Justicia convocó para definir el futuro de Correo Argentino.

Los abogados del Grupo Socma ofrecieron “el pago íntegro (100% cien por ciento) del capital verificado y/o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”, que se abonaría en una cuota a los 30 días de adquirida firmeza la homologación del acuerdo preventivo”.

Para el Grupo Socma, su oferta permitirá verificar si los representantes del Estado buscan defender los intereses públicos o si, por el contrario, buscan otro instrumento para perseguir al expresidente Mauricio Macri y su familia.

“El principal responsable de la cesación de pagos de la empresa y su posterior agravamiento es el Estado Nacional al incumplir sus obligaciones contractuales y luego expropiarle por decreto, y sin compensación alguna todos los bienes de su propiedad y sin absorber (como en todo proceso de expropiación de una empresa), sus deudas”, argumentaron. “Con posterioridad a semejante acto de arbitrariedad, el Estado Nacional ha demostrado en este expediente una hostilidad manifiesta que ha ido oscilando en su virulencia en función de los intereses políticos del Poder Ejecutivo de turno, atento el vínculo del expresidente de la Nación con la sociedad accionista de Correo Argentino.”

Con abogados del Banco Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Procuración del Tesoro presentes en la audiencia, representantes de la sindicatura general y verificante, una primera pregunta derivada de la propuesta del Grupo Socma pasa por la cuantía definitiva de su propuesta.

El Grupo Socma determinó la deuda en $1011 millones, mientras que el Estado Nacional sostiene que podría rondar los $4300 millones y el Ministerio Público Fiscal entiende que superaría los $70.000 millones.

El holding familiar presentó la semana pasada otro escrito en el que cifró esa deuda con el Estado Nacional en $1011 millones, presentación que la Procuración del Tesoro rechazó “en todos sus términos”.

El monto de esa deuda es objeto de todo tipo de cálculos. Si para el Grupo Socma apenas superaría los $1000 millones, para el Estado nacional podría rondar los $4300 millones, en tanto que un cálculo actualizado por Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, elevó ese monto hasta superar los $70.000 millones.


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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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