La Justicia CONDENÓ al militante K Guazzora por VIOLENCIA DE GÉNERO

El TOF 3 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por amenazar en reiteradas ocasiones a una exdiputada del FPV.
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El militante K, Carlos Ezequiel Guazzora, fue condenado hoy a tres años de prisión en suspenso. El Tribunal Oral Federal 3 lo encontró culpable por amenazar (coacción reiterada) a la ex diputada del FPV, Stella Maris Córdoba.

El veredicto expandido por los jueces Andrés Fabián Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos, dictamina que Guazzora no irá a prisión ya que la condena fue dejada en suspenso. Sim embargo, el ferviente militante deberá cumplir ciertas pautas de conductas como las de “abstenerse de mantener todo tipo de contacto con Stella Maris Córdoba y realizar un curso sobre perspectiva de género”.

El imputado conoció a la actual directora del Instituto de la Vivienda de Tucumán en un bar, cuando era mozo. Construyeron un vínculo amoroso que se extendió a un vínculo laboral: Guazzora se desempeñó en el Ministerios de Justicia, luego en la Auditoría General de la Nación y finalmente recaló en comisión en el Consejo de la Magistratura, donde la legisladora fue consejera.

Data24.com.ar publicó en mayo de 2020 una noticia contando el hecho:

http://data24.com.ar/eze-guazzora-el-militante-k-que-amenaza-mujeres-y-tiene-causas-judiciales/

En un momento terminó el noviazgo pero siguió lo laboral. En este sentido, el militante argumenta que la diputada lo echó porque él empezó una relación con otra mujer.

Frente a estos dichos, el tribunal fue lapidario con Guazzora: “Están probados los hechos. No fue una reacción de enojo sino una reacción deliberada, reiterada en cuatro oportunidades, mediando violencia de género. No es relevante por qué fue cesanteado; una diputada puede decidir cómo conforma su equipo de trabajo. Lo que aquí se analiza es la conducta de Guazzora”.

La fiscalía confirmó la existencia de, por lo menos, cuatro episodios de amenazas por parte de Guazzora hacia su expareja.


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ESCÁNDALO: Detuvieron a un concejal de LLA por amenazar a su pareja con un arma

El concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio “Nacho” Contreras, de 51 años, fue detenido ayer domingo acusado de amenazar a su pareja con un arma de fuego y de realizar disparos dentro de su vivienda. El dirigente liberal, empresario y propietario de la reconocida cadena de comercios “Lácteos Mi Viejo”, había sido electo en las elecciones municipales del 7 de septiembre y tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre.

El episodio tuvo lugar en el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre el camino Once Boca, una propiedad rural perteneciente a Contreras. Según indicaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Prevención Rural de San Vicente acudieron al lugar luego de recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un conflicto familiar y detonaciones de arma de fuego en el interior del inmueble. Cuando los agentes llegaron, la situación estaba bajo tensión y fue necesario intervenir con precaución para resguardar la seguridad de los presentes.

Los uniformados se entrevistaron con su pareja, una mujer de 24 años, quien declaró que había mantenido una fuerte discusión con el libertario y que, en medio del altercado, el hombre habría efectuado al menos dos disparos dentro de la casa. Durante la inspección ocular, los agentes hallaron una pistola calibre 9 milímetros en el baño de la planta baja, junto a varias vainas servidas, además de constatar un notable desorden general en el interior de la vivienda. El arma fue secuestrada y será sometida a peritajes balísticos para determinar si coincide con los proyectiles encontrados.

Tras comunicarse con la fiscal Karina Guyot, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de San Vicente, se ordenó la inmediata aprehensión del concejal electo, la intervención de peritos especializados en criminalística y el secuestro de los elementos encontrados en la escena. La causa fue caratulada como amenazas agravadas, dado el uso del arma de fuego como medio de intimidación.

El mensaje del armador de LLA, Sebastián Pareja

Contreras fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente, donde permanece detenido a la espera de una resolución judicial sobre su situación procesal. Por su parte, la joven fue acompañada a la Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito, donde brindó su testimonio formal y recibió asistencia del personal especializado en casos de violencia de género.

De forma paralela, en las últimas horas se viralizó un video, presuntamente grabado por la víctima, en el que se observa una discusión entre ambos por una supuesta infidelidad del dirigente libertario. El material fue difundido inicialmente en redes sociales y en grupos de mensajería, y según las fuentes consultadas, el intercambio habría precedido a los disparos que derivaron en la denuncia y posterior intervención policial.

Las autoridades judiciales trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad del acusado. Mientras tanto, el hecho provocó una fuerte conmoción política en San Vicente, ya que Contreras encabezó la lista local de La Libertad Avanza en las últimas elecciones y estaba próximo a asumir su banca en el Concejo Deliberante. Hasta el momento, el espacio político no emitió declaraciones oficiales sobre la detención de su representante.

Tucumán | La Justicia prohibió a un medio televisivo emitir críticas a fiscales y jueces durante seis meses

La Justicia de Tucumán dictó como medida cautelar prohibir al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de dicha empresa realizar críticas a jueces y fiscales. La decisión judicial generó reacciones negativas y la Asociación de Prensa (APT) de esa provincia calificó que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”.

La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán y a su personal emitir contenidos que desacrediten o cuestionen la labor de fiscales y jueces provinciales. El fallo advierte que cualquier incumplimiento será sancionado por “desobediencia judicial”.

La sentencia, fechada el 4 de noviembre, responde a una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC. Se lo acusa de “entorpecer y ofender el ejercicio de funciones públicas, ejercer coacción institucional e incitar a la violencia o al descrédito institucional” a través de su labor periodística.

El conflicto de fondo surge por el malestar del jefe de los fiscales tucumanos, luego de que en distintas entrevistas y programas emitidos por CCC se cuestionara el desempeño de los fiscales alineados con Jiménez en “causas de alto perfil público”. Según la sentencia, el propietario del medio de comunicación habría “llevado a cabo una campaña pública de hostigamiento y ataque mediático contra distintos fiscales”.

El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados y el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al ser consultado sobre la controversial resolución, respondió ante la prensa: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones”.

Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.

En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) cuestionó la medida y planteó que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.

Por su parte la APT señaló en un comunicado: “La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohibir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”.

Y concluye: “Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales”.

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