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La senadora pampeana del Frente de Todos y presidente de la “Banca de la Mujer”, Norma Durango, homenajeó a la “lucha feminista” y manifestó “preocupación” por el creciente y real numero de femicidios.
Como era de esperarse, la burócrata usó el discurso feminista dándole tintes políticos partidarios, al sostener que “a nuestra vicepresidenta, la presidenta de nuestro cuerpo, perseguida en gran parte también por ser mujer, por su inteligencia, por defender al pueblo, por gobernar. La Justicia nos ha demostrado con creces no tener perspectiva de género”.
En un encuentro celebrado este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió al intendente de Colón, José Luis Walser, para delinear posibles acciones compartidas entre ambas instituciones. El diálogo se centró en dos ejes fundamentales: la concientización sobre la importancia de no consumir alcohol al conducir vehículos y la implementación de estrategias de promoción de la salud mental, con énfasis en la prevención del suicidio.
La reunión respondió a la necesidad de articular políticas públicas que aborden estos problemas de manera integral en la provincia. En relación con la iniciativa de “alcohol cero”, Walser subrayó la importancia de contar con mayores recursos para reforzar los controles viales en su jurisdicción.
“Venimos de varias reuniones con Gustavo Hein, alguien que escucha lo que pasa en el territorio. Trabajamos en el marco de su decisión de involucrarse en temáticas que van más allá de lo legislativo, como el programa de alcohol cero”, resaltó el presidente municipal. Añadió que, próximamente, Colón podría firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para reforzar estas medidas de control:
“Estamos a punto de firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para tener un nuevo alcoholímetro en nuestra ciudad. Colón tiene una temporada turística de muchísima ocupación y permanentemente controlamos esta problemática. Por eso este compromiso del presidente es fundamental”.
En paralelo, ambas partes abordaron la necesidad de impulsar acciones de promoción de la salud mental, con el objetivo de prevenir el suicidio. Walser explicó: “Esto es muy necesario en los territorios. Sabemos que hay un alto grado de suicidios en la provincia y Colón es, lastimosamente, uno de los departamentos que tiene mayor índice. Así que vamos a trabajar de la mano”.
El intendente también destacó el trabajo que el municipio viene realizando desde el Área de Salud en materia de prevención. “Coincidimos en generar acciones concretas para poder brindar herramientas, sobre todo a los jóvenes, que son quienes atraviesan procesos complejos con las adicciones y con otras problemáticas y que necesitan el acompañamiento del Estado”, enfatizó.
Tanto Hein como Walser reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación institucional para afrontar estas problemáticas con políticas conjuntas. De este modo, procuran sumar esfuerzos para mejorar el bienestar de la comunidad y salvaguardar la seguridad vial en toda la región.
Desde hace décadas, la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires ha sido objeto de constantes licitaciones, anuncios y presupuestos multimillonarios, pero también de un patrón de fraude sistémico que ha dejado rutas inconclusas, obras mal ejecutadas y una pérdida millonaria de recursos estatales.
Entre los casos más emblemáticos de esta problemática se encuentra el camino Maipú – Labardén, donde la gestión de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Patricia Tombesi durante el gobierno de Daniel Scioli, ejecutó una serie de licitaciones fraudulentas que continúan afectando a los bonaerenses. En este esquema, la gestión de Axel Kicillof pareciera haber continuado el derrotero.
El camino de Maipú – Labardén, la historia se repite
El caso del acceso a la localidad de Labardén desde la ruta 2 es un claro ejemplo del fraude sistemático perpetrado desde la dirección de Vialidad bonaerense. En marzo de 2015, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, junto a Patricia Tombesi y otros funcionarios, anunciaron la licitación de la pavimentación del camino con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).
– Choque en ruta 6
Los habitantes de la zona ya habían denunciado incumplimientos previos: en 2011, la provincia había licitado una obra similar sin que se llevara a cabo ninguna mejora significativa. Cuando los vecinos reclamaron, funcionarios de Vialidad argumentaron que los contratos seguían vigentes y que no podían reasignar fondos hasta que no se resolvieran legalmente los compromisos con las empresas contratistas. Mientras tanto, la gestión de Tombesi y Granero realizaba “redeterminaciones de precios” y nuevos préstamos a organismos como el Banco Mundial y el BID, aumentando la carga financiera sobre la provincia sin resultados tangibles.
– De izquierda a derecha: Favio Granero, Patricia Tombesi, Karina Arbia y Maria Inés Tombesi
Para 2017, la falta de pavimentación había provocado varios accidentes y los vecinos seguían exigiendo respuestas. Sin embargo, en 2023, el actual gobernador Axel Kicillof anunció una nueva licitación para asfaltar el mismo camino, con un presupuesto de 4.137 millones de pesos (aproximadamente 3,5 millones de dólares). Al día de hoy, las obras siguen sin completarse y el camino de Maipú-Labardén permanece en condiciones precarias.
Ruta nacional 6, otra obra incumplida
Lejos de ser una excepción, el caso del camino Maipú – Labardén pareciera uno más de un extenso derrotero. Por caso, en noviembre de 2014, la entonces administradora de Vialidad, Patricia Tombesi, anunció la finalización de una serie de obras en la ruta nacional 6, una vía clave que atraviesa municipios como Zárate y Campana. Según Tombesi, el presupuesto asignado para estas mejoras ascendía a 1.700 millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares en ese momento), con el objetivo de renovar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y rehabilitar 500 kilómetros de rutas.
No obstante, estas obras comenzaron a sufrir dilaciones y anuncios reiterados de finalización, sin avances concretos. A pesar de las reiteradas inyecciones de fondos y de la supuesta finalización del 60 por ciento de los trabajos, la realidad en la carretera mostraba otra cosa: capas de asfalto provisorias, ausencia de banquinas seguras, mala señalización y tramos enteros donde la ruta se convertía en una sola mano.
– Otro accidente en ruta 6, año 2014
La situación generó una serie de accidentes viales y, más tarde, se agravó con las inundaciones de 2014, que dejaron a Zárate y Campana aisladas debido al desborde de los arroyos cercanos.
La administración de Vialidad bonaerense, bajo el mando de Tombesi, se convirtió en un entramado de intereses familiares. La funcionaria contaba con la asesoría de sus primos María Inés Tombesi y Favio Lautaro Granero, además del escribano Alan Lynch, quienes se involucraron directamente en la gestión de fondos públicos. Posteriormente, estos mismos nombres aparecerían como aportantes a la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015.
Reiteración de fraudes
Sin importar el color político, el patrón se repitea a lo largo de la historia provincial: licitaciones anunciadas, presupuestos multimillonarios, obras iniciadas pero nunca finalizadas y nuevas licitaciones que buscan reparar lo que nunca se construyó. Esta dinámica ha costado miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, mientras las condiciones viales siguen siendo deficientes y las comunidades afectadas continúan sufriendo las consecuencias.
– Postal de la inundación de Zárate, en el año 2015
A pesar de las numerosas denuncias y de la apertura de causas judiciales, figuras clave en este entramado, como Patricia Tombesi, Favio Lautaro Granero y Alan Lynch, siguen sin enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el endeudamiento de la provincia sigue en aumento y los mismos problemas estructurales continúan afectando a los bonaerenses.
La falta de transparencia y la impunidad han permitido que este esquema de fraude continúe operando a lo largo de distintas administraciones.
Marcelo Peretta, farmacéutico, sindicalista y candidato a las elecciones porteñas de 2025, presentó oficialmente su plataforma política bajo el nombre de Movimiento Plural, un “nuevo partido liberal” que busca agrupar a los desencantados con el gobierno de Javier Milei y ofrecer una alternativa a los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo de Miguel Pichetto, Peretta apuesta a consolidar un espacio político que promueva “la verdadera libertad” y reformas laborales y sindicales.
Peretta, quien también es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), presentó su marca, que lleva su nombre en blanco y negro, acompañada del lema “La receta y los remedios para la Ciudad”, en referencia a su profesión y su enfoque en soluciones concretas.
En su discurso, Peretta criticó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señalando que “es contradictorio escuchar al Jefe de Gobierno hablar de generar empleo o crear un fuero laboral propio cuando hace 5 meses tiene acéfala la Secretaría de Empleo”. Además, cuestionó el desgaste de la administración porteña tras “casi 18 años del mismo color político”.
Peretta dirigió su mensaje a los “huérfanos, maltratados, silenciados, exiliados, ninguneados y degradados” por el gobierno de La Libertad Avanza. A través de un “Decálogo de bienvenida a los auténticos liberales”, invitó a quienes se sienten traicionados por las promesas incumplidas de Milei a sumarse a su proyecto. “No más promesas vacías, acá hay compromiso real. No más silencio, tu voz es nuestra fuerza”, afirmó.
En sus ejes, detalló algunas de las iniciativas que impulsará para fomentar el trabajo registrado en la Ciudad. Entre ellas, propuso “impuesto 0 para el primer año a todo CUIT que se instale en la Ciudad y que registre a sus trabajadores; simplificar las habilitaciones vía electrónica; y pagos de cargas sociales a cuenta del ABL”. Además, destacó que su objetivo es “recuperar a los 500 mil trabajadores porteños que están en negro o percibiendo salarios de pobreza”.
Respecto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Peretta reconoció su capacidad de trabajo y adaptación, pero criticó el enfoque del gobierno en la “especulación financiera”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expulsó y denunció penalmente a 18 miembros de la Policía Bonaerense que dejaron sus puestos de trabajo en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero para reclamar mejoras salariales. Las autoridades indicaron que los efectivos fueron acusados de sedición y “echados” de la fuerza tras haberse presentado con patrulleros y uniformes en horario de servicio.
La cartera de Seguridad bonaerense explicó que la legislación prohíbe a las fuerzas de seguridad llevar adelante huelgas o protestas de carácter sindical. En ese sentido, los voceros oficiales señalaron: “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.
Los efectivos sancionados quedaron bajo investigación luego de un “sirenazo” registrado el 17 de febrero en la estación de servicio Shell, ubicada en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado, en Ituzaingó. Un episodio similar ocurrió en El Palomar, partido de Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros. Según la denuncia, se emplearon móviles oficiales para la protesta y algunos policías concurrieron con uniforme durante su turno laboral. El jefe de la Estación Policial de Ituzaingó, Hernán Humbert, inició una de las causas que tramitan en los tribunales de San Martín, mientras que la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, también intervino en otro expediente.
El conflicto se dio pocos días después de que el gobierno provincial anunciara un nuevo incremento salarial del 9% para los trabajadores estatales, incluido el personal policial. Dicho ajuste comprendió un 7% en febrero y 2% en marzo, además de mejoras en la compensación por uniforme y en los montos del servicio de Policía Adicional (Polad). Aun así, algunos sectores de la fuerza rechazaron la propuesta y reclamaron un aumento del 100%, libre elección de obra social, asistencia psicológica gratuita y mejores condiciones de trabajo.
Las demandas de estos grupos no resultaron novedosas. En septiembre de 2020, alrededor de 1.200 efectivos se sumaron a una protesta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquel momento, el ministro de Seguridad era Sergio Berni. Voceros oficiales indicaron: “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, amenazaron los funcionarios.
La tensión en la provincia de Buenos Aires coincidió con una serie de episodios violentos que incluyeron asesinatos de policías y ataques de motochorros. Estos hechos desencadenaron acusaciones cruzadas entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. “Que nos devuelva los $ 700 mil millones que nos robaron el año pasado que estaban destinados a Seguridad”, afirmó Kicillof. Milei respondió: “La provincia es un baño de sangre”, y calificó al gobernador de “inútil”.
A nivel salarial, el nuevo ajuste implicó que un comisario general pasara a ganar $1.425.000 en febrero y $1.452.000 en marzo, mientras que un oficial principal recibió $711.000 en febrero y $724.000 en marzo. Un agente con menor rango percibió $655.000 y $677.000, respectivamente. Sobre estos montos se aplicaron sumas fijas y no remunerativas que incrementaron el sueldo entre un 30 y un 40%, dependiendo del escalafón. Además, los efectivos tienen la posibilidad de acceder al servicio adicional (Polad) o a las llamadas horas “Cores”, que les permiten trabajar en sus días de descanso o cubrir eventos. Dichas tareas se pagan entre $25.000 y $35.000 por evento, o $1.200 por hora extra.
Finalmente, otro grupo de policías bonaerenses inició en las últimas horas una protesta en Puente 12, partido de La Matanza, con amenazas de paro total. Los manifestantes consideraron “insuficiente” el 9% de suba en medio de la “alta inflación” y la compleja situación de inseguridad en la provincia. A pesar de ello, las autoridades reiteraron que las fuerzas de seguridad no pueden abandonar sus puestos ni manifestarse bajo mecanismos que involucren la utilización de recursos oficiales. Los 18 efectivos desafectados en Tres de Febrero e Ituzaingó afrontaron, a raíz de ello, procesos penales y sumarios internos que desembocaron en su expulsión.
En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.
Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.
“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.
En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.
Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.
El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.
Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.
EL COMUNICADO DEL GRUPO
– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda“
“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.
“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.
La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles la primera sesión especial del 146° periodo legislativo, bajo la presidencia de GustavoHein. En esta oportunidad, se dio sanción definitiva a los proyectos remitidos en revisión por el Senado, referidos a las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley N° 5.140 de Contabilidad Pública.Además, los legisladores aceptaron la renuncia de Stefanía Cora (Más para Entre Ríos), quien asumirá en el Senado de la Nación.
Durante el transcurso de la sesión, se dio ingreso y se aprobó por mayoría el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se modifican artículos del Código Fiscal (T.O. 2022). La iniciativa fue aprobada aceptando los cambios introducidos por el Senado al texto que había obtenido media sanción de la Cámara baja a fines del año pasado.
Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, argumentó en favor de la iniciativa. “Este proyecto ya lo habíamos tratado el año pasado y la Cámara de Senadores hizo modificaciones con aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y funcionarios del Poder Ejecutivo y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). También se escuchó a algunas ONGs”, describió.
“Es un proyecto para celebrar, ya que el gobernador sabe interpretar lo que la sociedad está demandando, que es la baja de impuestos.Esto, obviamente, no se puede hacer de un día para el otro, pero hay que buscar el equilibrio fiscal y de todas maneras ir reduciendo la carga impositiva en el sector privado, para tener una provincia más competitiva con la Región Centro y para que las empresas empiecen a generar mayor rentabilidad y empleo genuino”, amplió el legislador.
Carlos Damasco (Fe y Libertad), por su parte, manifestó su desacuerdo con la propuesta legislativa y su voto en contra: “Con la reforma se elimina el beneficio por buen cumplimento y no se lo reemplaza con ningún incentivo para los contribuyentes cumplidores. Esto hace que se desaliente el pago en término de los tributos. Un tema no menor son los adicionales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor, que no tenían vigencia para el año 2024 y se cobraron igual, por lo cual se debería inducir a la devolución o compensación”.
En tanto, Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), expresó el apoyo del bloque que integra: “Vamos a acompañar el proyecto por el trabajo que hicieron nuestros senadores. Nos hubiera gustado que el tiempo que se dio en el Senado, lo hubiéramos tenido en Diputados el año pasado. Seguimos sin compartir el criterio que sostiene el proyecto al fijar las alícuotas en Ingresos Brutos a los distintos sectores productivos”. Respecto de esto último, dijo que “se le quita flexibilidad al Poder Ejecutivo”. También hizo referencia a la “omisión involuntaria de haber cobrado un adicional de impuestos, que significa alrededor de 18.000 millones de pesos, sin el debido respaldo legislativo” y agregó: “Se pretendía subsanar ese error con otro error, que era legislar en materia impositiva con retroactividad. No era la manera de solucionarlo. Afortunadamente el Senado ha salvado este error, pero lo que no ha quedado salvado es lo que pagaron de más los entrerrianos. Eso tiene que ser devuelto u otorgado como un crédito fiscal”.
Por su parte, Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), agregó sobre el mismo tema: “Estamos para acompañar porque no se puede dilatar más y hay una incertidumbre en el contribuyente”.
Roque Fleitas (La Libertad Avanza), sostuvo: “Acompañamos porque consideramos que hay que darle al gobierno las herramientas necesarias para que gestione”. No obstante, aclaró: ”No estamos de acuerdo, en el artículo 17, con incrementar la alícuota a las maquinarias agrícolas, porque el campo es el motor de la producción”.
Por otro lado, tuvo ingreso y se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se incorpora el punto 15 al apartado b), inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 5.140. Con este cambio, se agrega a las contrataciones directas por vía de excepción aquellas que están “destinadas a proveer determinados bienes y /o servicios en zonas de islas del territorio provincial vinculadas a finalidades esenciales del Estado: educación, salud y seguridad”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs
